El Juzgado Federal de Dolores, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento por lavado de activos de los herederos de uno de los integrantes de “la banda de Aníbal Gordon” durante la última dictadura cívico militar.
En la causa, en la que también se investigan crímenes de lesa humanidad, se analiza el origen y el destino dado a las millonarias sumas de dinero que Aníbal Gordon y su grupo obtuvieron a partir de los secuestros, torturas y privaciones ilegitimas de la libertad llevada a cabo en el marco del terrorismo de estado.En particular, se expuso el caso del uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue privado ilegalmente de su libertad el día 26 de septiembre de ese 1976 en un procedimiento conjunto realizado por fuerzas uruguayas y argentinas, estas últimas bajo el mando de Aníbal Gordon en el marco del Plan Cóndor.
De lo actuado surge que las fuerzas conjuntas irrumpieron de forma violenta en el domicilio en el que éste vivía junto con su familia en la ciudad de Buenos Aires y le sustrajeron una suma de entre 2 a 8 millones de esa moneda extranjera. Su cuerpo fue hallado a los pocos días dentro de un tambor arrojado en la desembocadura del Río Luján e identificado años más tarde en mayo de 2012, por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
A partir de las pruebas recabadas en la causa se pudo determinar que parte del dinero sustraído fue destinado a comprar dos terrenos en Chascomús para construir allí un barrio náutico, que finalmente se vio frustrado por una interna que se produjo con otra facción del gobierno militar, encabezada por Saint Jean y Ramón Camps, que ingresó por la fuerza a los terrenos del grupo de Gordon, privó de la libertad y torturó a los trabajadores contratados para llevar adelante las edificaciones y reformas.
El mega proyecto inmobiliario de Aníbal Gordon y su gente, conocido como “Boating”, se frustró y durante años los terrenos fueron abandonados, hasta que en 2008, los hijos de uno de los integrantes de la banda de Gordon, a través de distintas operaciones simuladas y utilizando personas con identidades y poderes falsos colocaron a su nombre la titularidad de esos terrenos, lo que según el juez constituye el delito de lavado, por haber “blanqueado” bienes que tenían un origen ilícito, vinculado con crímenes de lesa humanidad. De este modo el magistrado ordenó el procesamiento de las tres personas que declararon y dispuso el embargo por seis millones y medio de pesos sobre estas parcelas de tierra como objeto de futuro decomiso.
Fuente: http://www.anred.org/?p=101169
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