Recientemente, la Cámara de Apelaciones de Pergamino rechazó una presentación realizada por los abogados defensores de los cinco policías imputados y confirmó la elevación a juicio que habían solicitado el fiscal Néstor Mastorcchio y el juez de garantías César Solazzi. Los camaristas entendieron que existían, en la investigación penal, elementos de pruebas suficientes para dilucidar en un debate oral y público la responsabilidad de los acusados. Alexis Eva, César Carrizo, Matías Giulietti, Sergio Rodas y Carolina Guevara serán juzgados por el delito de abandono de persona, seguido de muerte con multiplicidad de víctimas. El comisario Donza, que estuvo prófugo durante más de un año, enfrentará proceso judicial por separado.
(Agencia Andar) No hay cuestionamientos puntuales a las pruebas que hacen a la materialidad y autoría de los hechos denunciados ni arbitrariedad en la actuación del Ministerio Público ni peligro para el ejercicio del derecho de defensa en juicio de los imputados. En esos términos, la Cámara de Apelaciones de Pergamino —integrada por los magistrados Gabriel Jure, Mónica Guridi y Martín Morales— rechazó el recurso de apelación interpuesto por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio de los cinco policías imputados por la muerte de siete jóvenes en la masacre de la comisaría 1ª.
De esta manera, la decisión de los camaristas reconoce que existen, en la investigación penal, elementos probatorios suficientes para determinar en un debate oral y público la responsabilidad de los funcionarios policiales. En ese sentido, los magistrados también sostuvieron que la defensa en su apelación no adujo ninguna prueba para cuestionar la apreciación del fiscal y el juez en torno a la conducta de los imputados.
Tal como lo había requerido en su momento el fiscal Néstor Mastorcchio y el juez de garantías César Solazzi, los policías Alexis Eva, César Carrizo, Matías Giulietti, Sergio Rodas y Carolina Guevara serán juzgados por el delito de abandono de persona, seguido de muerte con multiplicidad de víctimas y pueden recibir penas de entre 5 y 15 años. Cabe destacar que la elevación a juicio es por una parte de la causa, el proceso penal contra el comisario Donza, que permaneció prófugo casi 400 días, se realizará por separado.
Los seis agentes policiales fueron exonerados de la fuerza por el Estado provincial. Y, actualmente, sólo Donza y el oficial Eva aguardan el juicio en prisión. El resto de los imputados están con arresto domiciliario.
El 2 de marzo de 2017, Sergio Filiberto, Franco Pizarro, Fernando Latorre, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, John Claros y Federico Perrota murieron asfixiados y quemados en la comisaría 1ª de Pergamino. Los policías que estaban en la dependencia no hicieron nada para prevenir la expansión del foco ígneo que se inició en las celdas, desoyeron los pedidos de auxilio, no abrieron ninguna de las puertas de los calabozos o del patio trasero de la comisaría, no llamaron de inmediato a los bomberos y obstaculizaron su accionar, a pesar del deber de garantizar la integridad física de las personas encerradas bajo su custodia.
Esta reconstrucción, sostenida por el Ministerio Público Fiscal en su elevación a juicio y ahora confirmada por la Cámara de Apelaciones, se basa no sólo en las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes sino también en la información que se desprende de las distintas pericias. Entre ellas, el informe de acústica forense que confirma que era imposible que los imputados no escucharan el pedido de auxilio a viva voz de los detenidos.
Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en la causa en representación de las familias de cuatro de los siete jóvenes, venía sosteniendo que existían elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad de los funcionarios policiales. La confirmación del pedido de elevación a juicio así lo confirma.
Asimismo es indispensable avanzar en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial que avalaron y generaron las condiciones de posibilidad para que se produjera la masacre.
En ese sentido, también resulta indispensable y urgente avanzar a reformas que modifiquen estructuralmente las condiciones de detención. Como sostuvo la CPM en su último Informe Anual, la situación en las comisarías es sumamente grave: sobrepoblación del 200%, hacinamiento, más de 1.200 personas detenidas en dependencias policiales inhabilitadas para alojar personas. A su vez, más del 80 % de las comisarías no tenían medios para enfrentar siniestros: ni siquiera un matafuego adecuado y, mucho menos, redes de prevención de incendios o planes de contingencia. A casi un año y medio de la masacre de Pergamino, el hecho más grave ocurrido en una comisaría en democracia, la situación no ha cambiado.