En el marco de la crisis desatada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe al haber asesinado a un grupo de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, se realiza hoy en Colombia y otros países la Marcha por las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado. Esta movilización está convocada hace más de un mes y surgió como respuesta de los familiares de las víctimas del terrorismo de estado de Colombia ante la marcha anti-FARC impulsada por Uribe y el gobierno norteamericano el pasado cuatro de febrero.

En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al menos a 15.000 personas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde 2002, después de su "desmovilización", han asesinado 600 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones.

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El 14 de febrero la dirección de la planta de Gafa empezó a echar trabajadores que habían protestado por el incumplimiento por parte de la patronal del acuerdo suscripto en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe el 11 de enero de 2008. A partir de ese momento se fueron sumando despidos hasta alcanzar a un total de 52. De ellos, la mayoría - unos 30 - renunciaron a reclamar su reincorporación a cambio de una suma de dinero ofrecida por la empresa en concepto indemnizatorio, pero hay 20 trabajadores que instalaron una carpa en la puerta de la empresa y exigen volver a trabajar. El miércoles a la mañana, endurecieron la medida realizando un corte de calle frente a la planta, recibiendo el apoyo de los no despedidos que no ingresaron a trabajar, por lo cual la fábrica estuvo paralizada a lo largo de todo el día. La respuesta la llevó la policía, que montó un amplio operativo alrededor de la carpa de los obreros y los amenazó con el desalojo mediante la fuerza.

Además: PELEA DE LOS DOCENTES POR UN SALARIO PARA LA FAMILIA TRABAJADORA / INFORME DEL IEF-CTA / TESTIMONIAL DEL REPRESOR "TUCU" CONSTANZO

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El viernes 22 de febrero a las 6 de la mañana, 50 familias que se dedican a la recolección del cartón, fueron desalojadas violentamente por la policía federal, en el barrio de Belgrano. El operativo estaba sostenido apenas por un proyecto de resolución del Ministerio de Medio Ambiente. En el desalojo los cartoneros y cartoneras perdieron sus pertenencias y sus carros, una herramienta fundamental para el trabajo que realizan. La empresa TBA afirma que el Tren Blanco no vuelve a pesar de haber sido intimado por las justicia. A fines del mes de Enero, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, aceptó el recurso de amparo presentado por un grupo de cartoneros. La jueza María Isabel Forns justifica su fallo considerando que debe primar el "derecho al trabajo".

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Vecinxs de la localidad cordobesa de Morteros denuncian que desde hace varios años la Policía lleva adelante sistemáticas torturas sobre los detenidos considerados sospechosos de distintos hechos delictivos. Estos actos atroces se realizan en la Comisaría y pese a haber realizado distintas denuncias ante la Fiscal Dra. Bettina G. Croppi, el Concejo Deliberante, la Central de Policía de Córdoba, y medios de prensa de la localidad, la conducta delictiva policial se ha mantenido. Los testimonios indican como responsables de estos hechos fundamentalmente a los policías Demarchi, Aguirre y Colombo, quienes se encuentran bajo las órdenes del Comisario José Rovere.
Cansadxs de tanto abuso policial e indeferencia por parte del poder local, lxs familiares de las víctimas, conformaron el año pasado una coordinadora antirrepresiva para poner fin a estas violaciones a los DD HH.

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El operativo policial comenzó a las 7 de la mañana, en el barrio de Belgrano, cuando un grupo de cartoneros se resistiò a ser desalojado del predio ubicado en la intersección de las calles Pampa y vías del ferrocarril Mitre. Estas personas se encontraban hace un tiempo en el lugar reclamando por la suspensión del tren blanco. Luego de la represión hubo nueve detenidos, bajo los cargos de “atentando y resistencia a la autoridad”. El desalojo de las más de 50 familias fue ordenado por un decreto firmado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad y no por una orden judicial.

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