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Pocho- Excelente artículos
Por xls -
Thursday, Jul. 25, 2002 at 12:04 PM
excelente artículo enviado por la agencia Rodolfo Walsh
Pocho Lepratti
El periodista no creyó en el dato que le habían pasado.
Aunque por puro acto reflejo del oficio se paró frente a un funcionario judicial de rango y le preguntó si el día 20 de diciembre, en el medio de una convulsión social dramática, había entrado al juzgado correccional Nº 2 alguna denuncia por resistencia a la autoridad.
El hombre, un veterano experto en derecho penal y conocedor de las mañas del sistema, entornó los ojos. Luego sonrió y replicó con otra pregunta. "¿Por casualidad también le interesa saber si el denunciado era un muerto?".
Bajo esa complicidad los interlocutores hablaban de la misma persona. Claudio "Pocho" Lepratti, el militante social fusilado ante cuatro testigos por policías en el techo de una escuela del barrio Las Flores, había sido revictimizado.
Resultar fulminado por un balazo de plomo sólo por recriminarle a policías que no tiraran contra la escuela, en ese momento repleta de alumnos, fue la brutal supresión de todos sus derechos.
Pero un día después la Unidad Regional II, a través de la División Judiciales, le dedicó una violencia postrera al culparlo por su muerte. Lo acusó planteando que él había sido, con su actitud de resistencia a la fuerza policial, el detonante de la fatalidad. Difícil imaginar como pudo resistirse a tres vigilantes un hombre desarmado desde una terraza. Siendo blanco distinguible para quien resolviera, como ocurrió, dispararle con un arma de fuego.
La policía tiene el poder de llegar a la Justicia con una herramienta que puede condicionar todo un proceso penal. Esa arma es el sumario que la misma policía labra sobre sus propias intervenciones.
En este caso, acusar a Lepratti de resistencia a la autoridad, cuando media decena de testigos narró el modo en que lo vieron expirar, se parece mucho más a una imbecilidad que a un acto de distorsión de los sucesos.
Pero no es una imbecilidad. "Esto es lo más parecido que vi en mi vida a lo que en Derecho Penal denominamos una prueba preconstituida", murmuró el vocero judicial.
Quería decir que la policía había fabricado una prueba para plantarla en un proceso en el que sería muy improbable que no hubiera uniformados acusados de asesinato.
Efectivamente eso ocurrió. Por la muerte de Lepratti hay dos policías con prisión preventiva por homicidio simple. Pero si se tuviera en cuenta el sumario policial que dice que "Pocho" se resistió, y que incluso dañó la patrulla de sus matadores, la figura penal podría cambiar y favorecer a Rubén Pérez y Esteban Velázquez, los inculpados.
Es que si hay resistencia la represión, según la interpretación, se puede volver legítima.
Entonces una pena posible de 8 a 25 años puede atenuarse hacia una sanción excarcelable. O, incluso, desaparecer. José Manuel Maldonado es el oficial rosarino de mayor confianza del jefe de policía provincial, el también rosarino Ricardo Milicic. Maldonado, el Lolo, es el jefe de la División Judiciales, que un día después de la muerte de Lepratti, que se produjo el 19 de diciembre, amañó de una manera inverosímil y temeraria la descripción de lo ocurrido en la Escuela 756 de Barrio Las Flores.
El día 20, de la oficina que conduce el Lolo remitieron el sumario del caso Lepratti al juez de instrucción en turno, Osvaldo Barbero, quien a la postre sería encargado de investigar las 7 muertes ocurridas en Rosario en esas jornadas.
Barbero recibió el sumario y leyó que Lepratti estaba acusado de un delito que tiene penas menores a tres años y que, por lo tanto, son competencia de tribunales correccionales. Lo giró entonces al juzgado de esa instancia que estaba de turno el 19 de diciembre a cargo de Juan José Alarcón.
La carátula del caso, que lleva el número 20/02, dice "Lepratti, Claudio Hugo (obito) por resistencia a la autoridad y daños calificados". El juez Alarcón ni siquiera le echó un vistazo por motivos obvios: el imputado estaba muerto y por esa razón lo archivó. Si bien es correcto desistir de la pretensión punitiva cuando el imputado está muerto, es jurídicamente inaceptable que el hecho quede sin ser investigado cuando otras dos personas no individualizadas aparecen mencionadas como partícipes en el presunto delito. Y esto va mostrando como la acusación no busca criminalizar a la víctima, aunque ese sea finalmente su efecto, ni mucho menos aclarar el hecho, sino proteger a quienes le dispararon a Pocho atravesándole la tráquea y causándole una mortal hemorragia.
Según otra fuente consultada en tribunales, no sería esta la única causa que habría fabricado la policía para condicionar la causa Lepratti y eventualmente las de los demás homicidios. Una causa por tenencia de arma de guerra ingresó a fines de diciembre en el Juzgado de Instrucción 13, donde se le asignó el número de sumario 2102/01, sin que se le diera particular trascendencia.
La causa se inicia a partir de actuaciones policiales desarrolladas con motivo de la "búsqueda de activistas involucrados en los enfrentamientos". La "búsqueda" da como resultado la detención de una mujer y un hombre, que viajaban en un taxi, en posesión de una escopeta Itaka (similar a las utilizadas por la policía) y gran cantidad de cartuchos con munición de plomo. Tanto el arma como la munición es similar a la utilizada por la policía.
La pericia realizada a la escopeta indicó que la misma había sido disparada y el dermotest efectuado a los imputados que éstos tenían rastros de pólvora deflagrada en sus manos, indicios de que habrían disparado con el arma.
La detención ocurre a cuadras de la escuela en la que Lepratti fue baleado.
Según indica el vocero judicial, recientemente la causa habría sido solicitada por un fiscal de la Cámara Penal, algo nada habitual en la práctica tribunalicia. Los imputados tendrían características que sugieren cierta familiaridad con la policía, dada por la interacción de unos y otros en las redes de ilegalidad y corrupción.
La mujer, a quien se le concedió la excarcelación, tendría varias entradas por moralidad, relacionadas con el ejercicio de la prostitución, y el hombre, a quien se le denegó, antecedentes por tenencia de arma de guerra, robos calificados y fraude. Según la fuente, también los abogados que defienden a ambos imputados suelen atender a clientes con un perfil similar.
Sugestivamente, el taxista sólo declaró como testigo, a pesar de lo improbable de que no hubiera notado que sus dos pasajeros portaban semejante arma y municiones.
Luego de aportar estos datos, la fuente concluyó: "todo indicaría que la policía, probablemente en connivencia con funcionarios judiciales, está armando las dos causas paralelas a la del homicidio de Lepratti, para hacer coincidir las tres en el momento oportuno y lograr mejorar la situación procesal de los policías imputados".
Remató su conjetura, explicando cual sería el paso final de la maniobra: "en la causa por resistencia y daños, se prueba que el patrullero recibió disparos efectuados con la escopeta; la otra causa da credibilidad a esto ya que la hipótesis que Lepratti disparaba sería descabellada pero no la de que los disparos los realizaron los dos ´activistas´; así la reacción de los policías podría encuadrase en un homicidio culposo o en un exceso en la legítima defensa, evitando la pena por homicidio."
Hechos y conjeturas demuestran que la policía, y el Poder Político si no interviene, no tienen límites a la hora de brindar tutela a sus asesinos.
El juez Barbero no le dio trascendencia al sumario que acusa a Lepratti. "No se justifica disparar a alguien en una terraza porque se resistió", le dijo a una periodista. Tampoco a la causa por tenencia de armas, según la fuente.
El magistrado, no obstante, aguarda una pericia balística que puede favorecer a los acusados, que dicen ignorar que tiraban con balas de plomo y que se defendían de un ataque.
Si eso ocurre, y aquí el juez parece darle crédito a los policías, estos podrán darle las gracias a la Jefatura y al Poder Judicial por los servicios prestados.
Coincidencias
A más de dos meses de los homicidios, sólo hay un par de policías imputados por su responsabilidad en el asesinato de Lepratti.
Hasta ahora ningún funcionario político ha prestado siquiera declaración informativa. Incluso, varios operadores judiciales relataron que, por "sugerencias" de un fiscal de cámara, la fiscal que interviene en todas las causas, Elida Rivoira, no impulsará la citación de Domínguez, que ella solicitara ante el Juez Barbero recientemente.
En todas las causas es la policía la que sigue controlando la realización de las pruebas fundamentales. La judicialización de las declaraciones de los periodistas Marcelo Nocetti y Quique de María, no fue promovida con la premura que la trascendencia de sus declaraciones requería.
Al demorarse la recepción de estos testimonios, los testigos quedan expuestos a distintas formas de intimidación: el tiempo que pierden el juez y la fiscal es aprovechado por quienes quieren lograr la impunidad.
Nocetti fue amenazado telefónicamente y en dos días consecutivos, policías de la Comisaría 2ª se presentaron en LT8 en la madrugada, con la excusa de que debían citarlo a la audiencia testimonial.
Lo mismo le ocurrió a Mónica Cabrera, amiga de Graciela Acosta y testigo fundamental en esa causa. Antes de su declaración en el juzgado debió soportar todo tipo de presiones.
Durante varios días un agente de las TOE permaneció apostado en la entrada del edificio donde ella vive.
Una noche, dos disparos sonaron debajo de su ventana: la "procedencia" de la intimidación resultó obvia para Cabrera, quien juntó las vainas servidas 9 mm que quedaron en el lugar. Con tácticas dignas de un ejército de ocupación, la policía de Villa Gobernador Gálvez detuvo a un grupo de jóvenes, vecinos de Mónica, diciéndoles que se los llevan "porque Cabrera los había denunciado", sin advertir que entre los detenidos estaba el hijo de Cabrera.
Lo mismo le dijeron a Cabrera cuando llamó, sin dar su nombre y preguntando por su hijo. Según Cabrera "durante más de un mes no podía militar, porque era seguida por un móvil que se me paraba al lado y me impedía trabajar con los desocupados por que se espantaba toda la gente."
Ha dicho el ministro que "no hay punto de contacto ni comparación entre lo ocurrido en Buenos Aires y lo de Rosario" y en parte está en lo cierto.
La gravedad y brutalidad de lo ocurrido es tal que la policía provincial ha logrado, en Rosario, un triste record: encabeza el "ranking nacional" de la represión, con el mayor número de víctimas fatales por habitantes, superando a la "maldita" policía bonaerense y a la maquinaria homicida de la Federal en Plaza de Mayo.
En contraste, las respuestas aquí se limitan a un proceso administrativo interno y a una burocrática instrucción judicial sobre la que ya pesan sospechas de parcialidad y connivencia con la policía.
Hasta aquí algunas diferencias, ya que en el uso cotidiano de la violencia, en el encubrimiento, la connivencia institucional y en la impunidad, las coincidencias son cada vez más evidentes.
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