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El caso Skanska del cine nacional
Por v8 -
Sunday, Aug. 05, 2007 at 5:44 PM
Plata dulce Cómo es la operatoria entre empresas privadas para malversar fondos públicos. El acecho de la justicia. Por Gustavo Cirelli *
(…) Otras costumbres siguen intactas. Como en un thriller de suspenso en el que algo se esconde, nada es lo que parece hasta que un protagonista rompe con la omérta y desnuda una trama compleja de intereses millonarios, vanidades y miserias. Y en esta historia hay mucho de todo eso.
Adolfo Aristarain pateó un hormiguero y ya nada será igual. Desde que el director de Un lugar en el mundo denunció que “se truchan facturas para filmar y robar subsidios”, alumbró un intrincado entramado que recuerda al del caso Skanska, el primer gran escándalo por corrupción de la gestión K.
Aristarain puso en alerta a sus colegas. Pero sobre todo a la Justicia: según pudo confirmar Veintitrés, un fiscal federal ya estaría analizando la posibilidad de iniciar una investigación sobre el tema no bien terminar la feria judicial.
Los dichos del cineasta –que primero vertió en una charla radial con Matías Martín y Gabriel Schultz, en le programa Basta de todo que conducen cada tarde por la Metro, y que amplió en diálogo con esta revista-responden, sin dudas, a su propio enojo con un sector del “nuevo cine argentino” y a una realidad inobjetable confirmada por una docena de participantes de la industria. Lo que Aristarain señaló existe. Y no es ficción.
El paso de Julio Maharbiz por la dirección de Instituto durante el menemismo (1) dejo secuelas que aún persisten, nichos por los que circulan decisiones clave para la cinematografía. Y dinero. Siempre dinero. Plata dulce. Tanto la Sindicatura (sigen) como la Auditoria General de la Nación (AGN) realizaron objeciones en informes sobre ejercicios pasados del INCAA, en los que subrayaron su falta de transparencia en “actividades sustantivas”, lo que se traduce como un laxo control de los gastos y de los otorgamientos de créditos y subsidios.
Para entender bien esta película hay que detallar cómo es el camino que debe recorrer un productor/director en el Instituto antes de estrenar su film. Cada instancia de decisión está integrada por representantes de las distintas entidades que conforman la propia industria: directores, productores, técnicos, extras, actores y un delegado por cada una de las cinco regiones en las que está subdividido el país con respecto a las secretarias culturales de cada provincia.
Un realizador presenta su proyecto en el comité de precalificación que está compuesto por siete miembros. Allí, si se decide que el proyecto tiene interés para el INCAA, ya cuenta con derecho a recibir los subsidios post estreno que entrega la entidad, y pasa al comité de crédito, integrado, también, por dos representantes de directores y uno de los productores. El tope de crédito, en la actualidad, es de 800 mil pesos, que se otorga en siete cuotas desde la preproducción hasta el final del rodaje.
Para ceder el crédito se evalúa el proyecto, la estructura de producción y las garantías.
Un caso reciente dejó al descubrimiento el intento por concretar una maniobra que ha sido usual en administraciones anteriores. Un productor presentó como garantía una propiedad tasada tres veces más que su valor real, con la que superaba el crédito pedido. La jugada fue detectada en el Instituto y más allá de que el realizador contaba con el aval de miembros de su sindicato, deberá dar explicaciones en la Justicia. Un caso testigo que expone una práctica corriente. Ahí apuntó Aristarain. Y hay más.
Según el último informe de la Sigen, que fue elevado a Kichner el 19 de julio último, el presidente del INCAA, Jorge Álvarez, y su segunda María Lenz habrían mejorado los controles de las “áreas sustantivas”, pero fue observada por falta de transparencia el área de compras. Una alta fuente del Instituto asegura que la dirección de la gerencia administrativa ya fue removida.
Sigamos. Cuando la película se estrena el realizador está en condiciones de percibir los subsidios del INCAA. Son dos: uno por “recuperación industrial”, que es la suma del promedio de todas las entradas vendidas en el país por ese film, por lo que su monto es variable. El otro subsidio es por “medios electrónicos”, y su monto es fijo: $475.500, según datos oficiales. Para acceder a este subsidio, un productor debe justificar ante el Instituto el paso a DVD o VHS del film, y seis meses después del estreno en salas lo cobra. En este punto reaparece la voz de Aristaraín en escena.
Cada subsidio se paga de acuerdo con los gastos que fueron reconocidos en la producción de la película por parte del Instituto. En la calificación previa se determina si el film e de interés simple o especial. En el primer caso, el subsidio sería hasta el 50% del costo presupuestado, y en especial, hasta el 70%. Para cobrar los subsidios antes debe cubrir el crédito.
Ahí surge la justificación de los costos y la sobrefacturación o aparición de facturación trucha –cual caso Skanska, que recordó la existencia de “cuevas” proveedoras de facturas truchas- que les permiten a ciertos productores cubrir gastos. En este punto varios realizadores coinciden –siempre fuera de grabador- con el director de Roma. La palabra de un joven cineasta permite resumir la opinión del resto de sus colegas y productores consultado. Explica:
- “La fiscalización existe, pero, según el caso, es más o menos eficiente. Los productores con padrinazgos políticos suelen tener menos presión, en la presentación de facturas y justificación de estructuras de costos”.
- “Uno presenta el porcentaje de la película que quiere cubrir con el crédito, y luego, por lo general, se gestiona ese mismo porcentaje como subsidio”.
- “Si los controles no funcionan, el sistema favorece los curros. Cuando una va a un inversor privado y le cuenta cómo funciona el sistema de créditos, el privado automáticamente propone inflar los costos de producción, para que el INCAA pague todo. Te dicen: porqué poner la plata si la pone el Estado”.
- “Por reglamento, el subsidio cubre hasta el 70% del costo. Con inflar los costos para salir hechos. Y están los que aprovechan para bicicletear los créditos”.
Desde el machismo, en el capítulo destinado al cine nacional del libro Cultura, nuestra PROpuesta, Hernán Guerschuny define: “Como los subsidios son liquidados en función de los gastos reconocidos, es una práctica bastante generalizada entre los productores de films de costo inferior al tope, que sobredimensionen los costos reales, para de esa manera mantener mayores recursos a los realmente erogados”. Y lo explica con un ejemplo: “En ese sentido, por cada $1000.- de presupuesto artificial, una productora recibe $350.- adicionales de subsidio por medios electrónicos, y dependiendo del éxito que tenga, el correspondiente subsidio de taquilla”.
Si Aristarain tuvo el mérito de hacer público este sistema, él y el resto de los consultados que confirmaron tales prácticas y apuntaron a segundas líneas del Instituto mantuvieron en reserva los nombres de los protagonistas centrales de esta trama. ¿Porqué? Obvio: porque algunos de ellos no están dispuestos a declarar en su contra. Otros, simplemente por temor o decoro. “Todos nos conocemos”, se justifican. Algunos, los más atrevidos, especulan con imprecisiones. Apuntan a directores exitosos de décadas pasadas que supieron hacer negocios con esta práctica e invirtieron sus ganancias en lujosas casas en mar del plata: o fructíferos realizadores que hacen una película tras otra con dudosa calidad y que nunca en las pantallas se refleja el costo presupuestado. O a productores de indisimulables films de bajo costo –uno, recuerdan, de hilarante terror bizarro estrenado en 2002- con casi nula cantidad de espectadores que inflaron sus gastos y sacaron buena tajada con el recupero por “medios electrónicos”. Vaguedades en un mundo de supuesta ficción por el que se escurren miles de pesos cada año. Saben, pero callan.
El presupuesto del INCAA del 2006 fue de 108 millones, conformado por dinero derivado del CONFER y por un porcentaje de las ventas de entradas y de DVD. Desde el Instituto –entusiasmado por el informe de la Sigen- destacan que los controles se extreman cada vez más, pero no desconocen que desde hace tiempo se habla de este tema. También saben que Aristarain no puntó contra ellos sino contra personajes clave de la industria, algunos con sillón en el INCAA. Pero en el Instituto aseguran que el control se realiza sobre la documentación presentada por los realizadores: facturas de los gastos por un lado, y por otro, contratos de servicios que deben ser homologados por cada sindicato, los mismos que participan en los comités de precalificación y de crédito. Un manejo, al menos, que se presta a la duda.
Dos años atrás Veintitrés llevó el boom del nuevo cine argentino en tapa: “Un país de película”, fue el título. Un fenómeno que se refleja en aulas de todo el país con más de 16 mil jóvenes que siguen la carrera de cine. Los subsidios y los créditos a esta actividad fundamental para la cultura de una nación son más que necesarios. Ante el mercado interno que consume películas nacionales, sin el apoyo del INCAA la cinematografía –que da trabajo a miles de personas- quebraría. Sus costos reales son altos. Pasar un film a formato de 35mm como exige la ley 24377- que con el avance técnico y de calidad de filmación digital debería ser reconsiderada –cuesta más de $115 mil, según el INCAA. Pero no es menos cierto que si no se esquilmase parte del presupuesto del Instituto con enjuagues sucios, el reparto sería más equitativo. Justo. (…)
*Fragmento de la nota El caso Skanska del cine nacional. Revista Veintitrés. 26/07/2007. Año 10. Número 473. Comunicación Grupo Tres SA.
(1) Herencia Maharbiz
La suerte cambió para Julio Maharbiz, ex director del INCAA durante el gobierno menemista. El juez federal Daniel Rafecas lo procesó un mes atrás por presuntas irregularidades en el contrato de alquiler del edifico de Suipacha y Corrientes donde funciona el completo Tita Merello.
El magistrado lo encontró responsable de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, un delito que contempla una pena de entre uno y seis años de prisión. Aunque no le dictó la prisión preventiva, el juez Rafecas trabó un embargo de un millón de pesos sobre los bienes del ex funcionario.