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Preocupación por la deficiente aplicación de la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena
Por La Flecha (Radio Estación Sur) -
Monday, Jul. 21, 2008 at 10:57 PM
laflecharadio@gmail.com
“En ningún lado se está haciendo el relevamiento en campo. Esta ley prevé el freno de los desalojos por 4 años y un financiamiento del Estado por año de $10 millones, lleva más de un año en vigencia y todavía no comenzó el relevamiento como tal. Lo que
sí están son las unidades técnicas operativas que se van a encargar, que en la
gran mayoría de los casos son universidades locales”, señaló el abogado
diaguita Benito Espíndola. En diálogo con La Flecha (Radio Estación
Sur 91.7 FM) el dirigente de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios
(ORCOPO) criticó al gobierno nacional por no cumplir la Ley 26.160
de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, sancionada en noviembre
de 2006, y cuestionó la puesta en marcha del Consejo de Coordinación que,
con autoridades nombradas 'a dedo', eclipsa al Consejo de Participación Indígena
(CPI).
“Los encargados de llevar a cabo [el relevamiento] eran los Consejos
de Participación Indígena, lo preveía la Ley [26.160], pero ahora aparece el Consejo de Coordinación, que hace un mes
lo designó totalmente a dedo el actual presidente del INAI, y todo este proceso que se venía dando con el CPI quedó parado”, denunció Espíndola.
“Veremos cuál va a ser la política del Estado de acá en más en lo que tiene que ver con la participación, porque justamente el CPI era uno
de los encargados de proponer las unidades técnicas operativas”, agregó. Cabe
resaltar que la creación del Consejo de Coordinación es ordenada por la
ley 23.302 de 1985 y el decreto 155 de 1989; la no apertura de esa instancia consultiva
por más de una década le valió una derrota en los estrados al Estado nacional.
El dirigente de ORCOPO recordó que hace cuatro años en una denuncia internacional
se plantearon dos problemas centrales: el acceso y permanencia de las comunidades en sus territorios - “en ese momento había desalojos y el gobierno lo negaba”
- y la participación indígena en el diseño de políticas que los afectan. “A
cuatro años, en la víspera de un nuevo informe, el Gobierno puede mostrar como
efectos positivos la participación indígena y la titularización de tierras, que
en la práctica vemos que no es tal”, sostuvo. “No hay tal participación,
porque todo este proceso que se venía dando con el CPI – más allá de los cuestionamientos
que había, que se podía ir perfeccionando – lo deja de lado y hace una Coordinación
completamente a dedo. Y por otro lado vemos que la Ley [26.160] tampoco
va avanzando. No sólo no va avanzando con este relevamiento sino que además hay
lugares donde se están dando desalojos aún a pesar de la ley. O sea que nada de
las dos cuestiones centrales, que es la participación y la titularización de tierras,
se está dando en la práctica”, afirmó Espíndola.
“Nos preocupa que el tiempo va pasando y todo lo que está presupuestado por
la ley no es acumulativo, se va perdiendo. Son 10 [millones de pesos] por
año y ya prácticamente este año, sino se hace, se va a perder. Ese es el tema”,
remarcó. “Pasó más de un año y medio de la Ley, no hay nada todavía y nos quedan
solamente dos años y medio de 'Emergencia' -más que en algunas provincias es bastante
conflictivo. No va a ser fácil”, advirtió.
