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La Comunidad El Traslado fue forzada a “acordar” con la finca El Alamo
Por Nuevo Diario de Salta -
Thursday, Jul. 31, 2008 at 3:14 AM
(Publicado en su edición del 30 de julio de 2008)
Los más instruidos apenas cursaron segundo grado del nivel primario, el que mejor habla español necesita un traductor para entender algunas expresiones y contar sus vivencias. Ninguno tiene idea de terminología técnica, y su cultura les impide reiterar la negativa si el interlocutor es insistente. Su idiosincrasia está siendo puesta a prueba por la injerencia de los blancos, que ocupan las tierras de uso, extienden alambrados, talan árboles, ahuyentan los animales y, encima, les dicen, cada vez más imperiosamente, que ellos deben abandonar los sitios en los que siempre han vivido.
En ese contexto la Comunidad Indígena El Traslado, del pueblo wichi, en el departamento Rivadavia, “negoció” con los propietarios de la finca El Álamo las condiciones de un acuerdo para poner fin al conflicto que se suscitó con la oposición aborigen a un desmonte selectivo sobre una superficie de 30.962 hectáreas.
La mediadora fue la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli. Aunque la Secretaría trata de presentar su mediación como una garantía de que se respetaron los derechos de la Comunidad, el simple relato de los aborígenes, con quienes habló Nuevo Diario, desmiente una visión de equidad de las partes confrontadas: el órgano estatal no aseguró que los siete representantes de El Traslado que participaron de las conversaciones estuvieran acompañados por un asesor; en cambio, el estadounidense Paul David Gabel, dueño de la finca, contó siempre con asesoramiento. Tampoco hubo un traductor que ayudara a entender los tecnicismos y algunos giros del español; antes de que estampara su firma de trazo forzado el cacique Roberto Sánchez solo escuchó una lectura del acta, que encontró ya redactada cuando llegó a las oficinas de Política Ambiental.
Presiones
Y hubo una persistente insistencia, no solo de parte de la finca, sino también de la propia funcionaria, para que la Comunidad aceptara la propuesta de donarles 1.900 hectáreas. Camardelli los visitó cuatro veces entre el 4 y el 16 de julio para acercar la propuesta de la empresa. Les dijo, contó Sánchez, que debían aceptar el ofrecimiento porque la Comunidad “nunca” iba a conseguir las tierras porque “el Gobierno no les va a dar porque son privadas”. Una vez habría comentado que el combustible para estos viajes se lo proveía la propia empresa.
La primera reunión formal, en Política Ambiental, se hizo el 14 de julio. Allí los representantes de la finca les propusieron construir casillas, pozos de agua y darles trabajo, a cambio de que aceptaran las tierras, una fracción que la empresa ya había previsto como reserva porque es una zona inundable. Según el relato de los wichi, Camardelli “estaba a la par del otro (el finquero)” e insistió en que debían firmar los papeles primero y después les darían el número de catastro. Para Sánchez esa reunión fue una forma de presión: “Así fue la amenaza que nos dieron”, concluyó su relato sobre ese encuentro.
Y aunque ese día les dijeron que iban a darles tiempo para tomar una decisión, el sábado 19 de julio el encargado de la finca, Andrés Ruiz, les anticipó que el lunes 21 viajarían a Salta capital. Ese día salieron a las 7 de la mañana en camionetas de la finca. En la Secretaría los esperaban Camardelli, Gabel y otras personas. Las mismas camionetas los llevaron de regreso.
“Hubo insistencia, ellos insistían en que nosotros hagamos el acuerdo”, sostuvo Sánchez, quien destacó que los wichi “ante esta situación siempre nos achicamos”.
Lógica cultural
El antropólogo Juan Palmer, que ofició de traductor, explicó que se debe a que no tienen incorporada la cultura de la negociación. “La lógica cultural de los wichi es no provocar conflicto”, indicó. Dijo que esta pauta cultural no implica que la Comunidad no se haya opuesto a los desmontes, sino que lo hizo hasta donde pudo: “Es una aceptación involuntaria de lo que la otra parte los obliga a asumir”.
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Reclamo judicial
El cacique Roberto Sánchez afirmó que la firma del acuerdo no implica un renunciamiento al reclamo judicial que plantearon en 2006 junto a las comunidades Zopota y El Escrito.
Para los aborígenes la finca debió esperar el pronunciamiento del Juzgado Federal de Orán, que debe resolver un amparo en el que los aborígenes piden que se delimiten las tierras de su uso.
En la reserva ahora El Traslado enfrenta la presencia de unas 300 vacas de los criollos. Las vacas ahuyentan a algunos animales salvajes, parte de la dieta aborigen. A pesar de estos daños, el cacique cree que se hará Justicia: “Si sale la decisión no importa que esté desmontado, las plantas volverán a crecer”, se esperanza.
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Cinco mil hectáreas
El gobernador Juan Manuel Urtubey defendió el acuerdo celebrado entre la finca El Álamo y la Comunidad Indígena El Traslado. Dijo que no solo se consiguieron 1.900 hectáreas para los aborígenes, sino que se redujo el área de desmonte a solo 5 mil hectáreas.
Según el mandatario, la finca se comprometió a disminuir la superficie desmontada a solo 5 mil hectáreas. El proyecto inicial, autorizado el 26 de noviembre de 2007, a dos días de que se aprobara la ley de bosques, proponía el desbajerado de 21.457 hectáreas, en una finca de 30.962.
Nuevo Diario intentó corroborar la afirmación del gobernador, pero ninguna de las fuentes oficiales consultadas coincidieron con su afirmación. Se indicó que la firma mantiene su proyecto inicial, de desmontar selectivamente 21.457 hectáreas para dedicarlas a la ganadería. “Puede ser que haya habido un compromiso verbal con el gobernador”, especuló una fuente. Añadió que en los papeles lo único que existe es el proyecto inicial y, ahora, el acta de cesión de 1.900 hectáreas a la Comunidad El Traslado.
En ese acta nada se dice de una disminución de la superficie a desmontar, y sí se precisa que en realidad las tierras entregadas a los wichi serán un poco menos de 1.900 hectáreas, 1.897, o tal vez menos, según den las mediciones que se realizarán para escriturar las tierras.
En las conversaciones previas, la Comunidad pidió un poco más de las 2.000 hectáreas de las que se hablaba al principio, pero el argumento del finquero fue, contó Roberto Sánchez, que no podía ceder más porque “ya estaba gastando mucho”.
El acta acuerdo que se firmó el 21 de julio es distinta a la que s pretendía hacer firmar el 14 del mismo mes. En la primera se hablaba de 2.000 hectáreas y el apoderado de la finca era Ramiro Fernández Figueroa. En el acta del 21 figura como apoderado, “y propietario comprador en comisión”, Adolfo Arias Linares.
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