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Cive quiere seguir trabajando
Por Cooperativa de Trabajadores de CIVE -
Monday, Jun. 08, 2009 at 9:11 PM
Algunos trabajadores de CIVE se encadenaron frente al Palacio Municipal para solicitar un pronto despacho del intendente Giacomino sobre la ordenanza del Consejo Deliberante. Si bien el jefe comunal tiene plazo hasta el viernes 12 para expedirse, la indefinición se presenta preocupante. Simultáneamente a la declaración de Utilidad Pública, con una velocidad llamativa, la Jueza Antenucci decidió entregar CIVE a Ardiles y en ese marco apresurar todos los trámites judiciales que culminarían aparentemente con el cierre definitivo de la fábrica.
Pero la trama también tiene otros actores. Marcel Bonetto, Secretario de Gobierno de Giacomino es uno de los socios principales de Ardiles y quien influiría en que Giacomino vete el proyecto de expropiación. Inclusive, Adrián Vitali, ex director del CPC Villa El Libertador, denunció en su momento que Ardiles y Bonetto se presentaron el año pasado en su despacho presionándolo para que realizara inspecciones y clausurara la planta con la intención de apresurar el trámite de quiebra con las instalaciones paradas y vacías.
Tras los rumores generalizados del veto que el Intendente ejecutaría sobre la declaración de Utilidad Pública por parte del Consejo Deliberante, la Cooperativa a través de sus representantes legales entregó una propuesta que fue recibida por el ministro de Justicia, Luis Angulo, y el secretario de Trabajo, Omar Sereno, quienes la giraron a los abogados de Ardiles. El texto propone un acuerdo para que en el caso de que Ardiles tome posesión de la fábrica, existan garantías firmadas sobre el futuro de CIVE. Más precisamente, que los trabajadores no pierdan la antigüedad, la continuidad de todas las fuentes de trabajo y un plazo de estabilidad laboral en torno de los cinco años.
Los abogados que representan al empresario Hugo Ardiles ratificaron su postura sobre el acuerdo judicial por medio del cual se entregó el control de la firma quebrada afirmando que no harían un acuerdo “con una cooperativa que no existe” y que sólo concurren al Ministerio de Justicia “por respeto” a la citación. Las palabras de los abogados dan cuenta del menosprecio y poca importancia que le dan a los trabajadores, eludiendo que la cooperativa si existe (matricula de INAES nro. 34859), la cual surge como respuesta ante el avasallamiento hacia las fuentes de trabajo de CIVE.
En nuestra provincia, durante el gobierno de Mestre, un proceso similar terminó con la quiebra de la Cervecería Córdoba y la posterior venta de sus instalaciones a capitales chilenos. En aquella ocasión, lxs trabajadores también hicieron una toma pacífica con un amplio apoyo popular. En aquel momento los chilenos se comprometieron a mantener la empresa en funcionamiento (al igual que hoy lo hace Ardiles en el caso CIVE), bajo la pena de pagar una multa millonaria si no cumplían lo prometido. No obstante lo anterior, al otro día de firmado el fallo mudaron la fábrica a Río II, despidieron prácticamente a todo el personal y jamás nadie tuvo sanción alguna.
Con estos antecedentes, y considerando que el empresario que promete la reincorporación a los empleados es el mismo que tuvo participación en la quiebra de CIVE, se entiende la desconfianza por parte de los trabajadores hacia Hugo Ardiles y más aún cuando se conoce la escandalosa vista gorda en que incurre el Poder Judicial en casos como este.
CIVE es una empresa dedicada a la fabricaci ón industrial de cristales templados y laminados para automotores y vidrios.
La empresa ocupa un amplio terreno de 2 hectáreas, ubicadas sobre Vélez Sársfield 4337 (Barrio Artigas), una de las avenidas principales de Córdoba, y a solo 30 cuadras del centro de la ciudad, esta localización estratégica ha despertado desde el principio la ambición de unos cuantos por su atractivo valor para emprendimientos inmobiliarios.
A principios del 2006 es declarada en Quiebra Indirecta con Continuidad. Esto significa que se apartó a los dueños y se nombró una sindicatura. Es decir profesionales nombrados por el juzgado para llevar adelante la fábrica: Dra. Tequillo y Dr. Pose.Ese mismo año se les quedó debiendo a los obreros una suma de 5 mil y 6 mil pesos.
Ante esta situación de inestabilidad los trabajadores decidieron constituirse en cooperativa para preservar las fuentes de trabajo.
"¿Qué se esconde detrás de la quiebra de CIVE SA, decretada por la Jueza Antonucci?.
¿Por qué no contempla lo que fija la Ley de Concursos y Quiebras sobre la propuesta de los empleados para la continuidad de la empresa?.
Por qué si hay empresas recuperadas en el país y en Córdoba como Clínica Junín?.
¿O es que la Jueza entiende que los empleados de CIVE SA son infradotados?.
Su Señoría ¿tiene idea de que hay un tremendo problema social en sus manos?.
¿Por qué acepta la propuesta de Hugo Ardiles acreedor privilegiado de la quiebra?.
¿Dónde está el dinero para pago de sueldos e indemnizaciones que desapareció?.
¿Por qué Ardiles, acreedor privilegiado, va a cobrar cuando es deudor de la empresa?.
¿Porqué Ardiles llegó a ser acreedor de la empresa?. ¿Por la compra de la deuda de CIVE con el Banco de Córdoba?. ¿Cuánto debía CIVE?. ¿Cuánto pagó Ardiles por ese pasivo?. ¿Un precio inferior a la deuda?. ¿Si fue así, porqué?. ¿Es normal que esto suceda o Ardiles tiene algún contacto en el gobierno?. ¿De quién hablamos?
¿Fue una operación programada para desalojar la empresa y dejar limpio el terreno?
¿Por qué subvaluaron los bienes que Ardiles pagará con el crédito de los trabajadores?.
¿Por qué los plazos para el pago son monedas para el valor venal de los bienes?.
¿Por qué la jueza excede los plazos para concebir la garantías que ofrece el señor Ardiles que estaría muy endeudado, y hasta se dice, con patrimonio negativo?.
¿Por qué Ardiles no la adquirió en el proceso previo de licitación cuando la fábrica estaba funcionando?.
¿Por qué siendo apoderado de los dueños de la empresa hoy se convierte en el adquirente por la decisión de una Jueza que no advirtió, o no quiso advertir, estos hechos que, presuntamente, resultan incompatibles por la doble función?.
La Jueza ¿investiga si, Ardiles, sería un testaferro de empresarios interesados en “otros” negocios más rentables que la fábrica en sí misma?.
¿Por qué no investiga la relación de GRIVES S.A., empresa de la que sería dueño Ardiles y Monguillot, que fuera gerente de la Sindicatura de CIVE SA?.
¿Qué pasa con la administración y quiebra fraudulenta y vaciamiento de la empresa?.
GRIVES S.A., u otras empresas vinculadas a Ardiles y Monguillot,¿ compraron a precios de costo la producción de CIVE, con plazos inusuales en plaza, hasta vaciarla?.
¿Por qué el gobierno provincial, que subvenciona empresas multinacionales y otorga subsidios escandalosos, no abre la boca sobre el tema ni toma una decisión política?.
El ex director del CPC Villa Libertador, el ex sacerdote, Adrián Vitali, denuncia vinculación y apriete del ex funcionario de Recursos Humanos y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Marcel Bonetto en las oficina del CPC de Villa Libertador para que clausurara o cerrara CIVE?.
¿Fue antes o después de la venta que, según dice, le hizo a Ardiles de su propia fábrica de vidrios?.
¿Quién es el dueño, finalmente, de la fábrica de Marcel Bonetto?. ¿Los hermanos?.
El capitalista, ¿es Ardiles?. ¿Tiene recursos para hacerlo?.
¿Nadie piensa en 70 familias que quedarían sin trabajo porque de accederse a la propuesta de Ardiles la fábrica emigraría a Río III?
¿Cuál es el valor de las 25 hectáreas que dejaría libres el traslado de la fábrica?.
¿Esconde otro fin estas operaciones?.
¿Hay una línea entre la legalidad y la corrupción que ee finita como un hilo de coser?.
¿Quiénes están detrás de este supuesto negocio?.
¿Qué destino tendrían esas 25 hectáreas a 30 cuadras del centro de Córdoba?.
¿Emprendimiento inmobiliario quizás?.
Giacomino, sancionada la ordenanza, ¿qué hará?, ¿la aprobará o vetará?.
¿Saldrá antes del 28 de Junio como ofrenda electoral?.
Córdoba ha sido tierra regada para los negocios en los últimos años.
Propiciados por el gobierno provincial y, algunos, motivados por el municipal.
Demasiadas sospechas hablarían de grosería, como CRESE y su expansión en Río IV, por ejemplo.
Es probable que esto no tenga derivaciones en el corto plazo, o sí.
Depende de las expectativas electorales.
Años ha se estimulaba y se tomaban decisiones, (en buena hora), apretados por las necesidades de todo tipo como el caso de la Clínica Junín.
No parece ser este el caso.
El negocio no es el mismo.
25 mil metros cuadrados, fraccionados a 1000 dólares hablan de cifras aproximadas a los 15 y 20 millones de dólares.
Datos sin mucha matemática y cuando ya nadie se acuerde de esto, de lo que decimos, de lo que sucedió -un gran negocio- los cordobeses admirarán por su belleza.
Tampoco se acordarán de 70 familias cuyo destino no es de nadie.
Y la Justicia de Concursos y Quiebras estará esperando nuevos incautos. "
Ricardo Fonseca, Periodista.
La empresa se encuentra tal como quedó el día de su cierre con toda la estructura y las maquinarias como para empezar a funcionar. Incluso los trabajadores hasta hace unas semanas seguían recibiendo los pedidos de sus clientes. Los 72 trabajadores de CIVE poseen el conocimiento e idoneidad especifica para seguir trabajando y responder a una demanda concreta y latente.
Ante las trabas impuestas por la Jueza, la Cooperativa presentó ante el Consejo Deliberante una solicitud para que la empresa sea declarada de utilidad pública y sujeción a ocupación temporaria y puesta en producción por parte de sus trabajadores, quienes genuinamente están interesados por la continuidad productiva de la misma. Ello significa que el Consejo Deliberante, por declaración de utilidad pública, concede la empresa en comodato a los trabajadores para que la exploten por dos años y demuestren que en sus manos es viable. El proyecto fue aprobado por el Consejo Deliberante y ahora se está a la espera de que el intendente promulgue esta ordenanza. Si esto sucede la Municipalidad no va a tener que indemnizar al acreedor privilegiado actual, dado que esto no se encuentra establecido por ninguna figura jurídica (al contrario de lo afirmado por Marcelo Coser, concejal por la UCR).
De acuerdo a lo contemplado dentro del Código Penal, se presentó la denuncia por el vaciamiento de la empresa con la documentación respaldatoria pertinente.
Cuando la Jueza Antenucci desestima la propuesta de la Cooperativa, las denuncias presentadas sobre el Sr. Ardiles (sobre las que nunca inició investigación alguna), y le concede la categoría de acreedor privilegiado, le está adjudicando la venta directa de toda la empresa.
Los trabajadores ante esta situación presentaron un recurso reposición y apelación, el cual deja en suspenso la ejecución de la resolución de la Jueza para que la decisión sea revisada por ella misma o por la Cámara en caso de que ella la reafirmara.
La Jueza Antenucci cuando le adjudicó la empresa a Ardiles lo exhortó a que cumpla con la promesa de reabrirla, a pesar de que legalmente no tenga la obligación de hacerlo y no se pueda asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo. ¿Se puede confiar en la buena voluntad de una persona con la trayectoria del Sr. Hugo Ardiles?
La Jueza no dispuso medidas de tipo investigativas ante las irregularidades evidentes en la quiebra de CIVE. Ante su negativa a investigar, los trabajadores lo tuvieron que hacer por su cuenta. Se ha presentado la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento reclamando la destitución de la Jueza Marcela Antenucci por mal desempeño en sus funciones.
Como medida tendiente a garantizar sus derechos de acreedores privilegiados, la cooperativa toma la empresa. La usurpación no es tal técnicamente, dado que los trabajadores permanecen dentro del establecimiento en el marco de un grave conflicto laboral en defensa de las fuentes de trabajo y reclamando por sus indemnizaciones. Además, el ocupamiento se hizo sin violentar, sin dañar, sin roturas sobre la propiedad, lo cual fue constatado por una escribana pública.
La sindicatura hizo la denuncia de ocupación como usurpación, violación de domicilio. Sin embargo, el fiscal a cargo definió que la situación de los trabajadores de CIVE no encuadra en ningún tipo delictivo.
El acreedor privilegiado determinado por la jueza es el Sr. Hugo Ardiles, quien ingresa a la empresa como representante del 33% de uno de los tres dueños de CIVE en el 2004. Esta persona fue parte de la empresa entre los años 2004 y principios de 2006, cuando CIVE es declarada en quiebra. Durante el 2006 el Sr. Ardiles se interesa en la compra de los créditos prendarios e hipotecarios de CIVE en el Banco de Córdoba, en manos de Córdoba Bursátil. Algo que realizó por un valor de 1.350.000 pesos pagaderos en 19 meses, y no por 11 millones de pesos como afirmó Marcelo Coser, concejal por la UCR a La Voz del Interior.
Paralelamente a este proceso, entre los años 2004/2006, se forma GRIVAS, empresa localizada en Río Tercero, integrada por Ardiles. Esta nueva empresa se dedicaba a la distribución y colocación de vidrios templados y laminados, para automóviles y camiones, siendo CIVE la proveedora principal de GRIVAS. Ésta última compra la producción a precio de costo –en ocasiones con cheques sin fondo- gestándose el proceso de vaciamiento de CIVE. Hoy GRIVAS también se encuentra quebrada y adeuda a CIVE $65.000. Lo cual constituye una de las mayores paradojas del caso: el acreedor privilegiado –Hugo Ardiles - es también deudor de la quiebra.
En este contexto, Ardiles presenta a la Jueza Marcela Antenucci un plan de trabajo deficitario para el primer año de gestión, y que no asegura la plena continuidad de las fuentes de trabajo. A pesar de ello, la Justicia decide favorecerlo como acreedor privilegiado y rechaza el plan presentado por la Cooperativa.