Bolivia: "que importan los derechos humanos" : Argentina Indymedia (( i ))

El Ministerio Público exige a Radio Soberanía que identifique a quienes, a través de ese medio de comunicación, llaman a realizar actos contra “la paz social”.
Todos. La maquinaria policial, militar y legal buscan arrinconar a los cocaleros del trópico.

A las denuncias de que un grupo de uniformados ingresó a la casa de uno de los dirigentes de la Federación del Trópico, se sumó el lunes un requerimiento fiscal al representante de Radio Soberanía (ubicada a unos ocho kilómetros de Villa Tunari) exigiendo la identidad de quienes mandan a publicar avisos llamando a realizar actos de violencia y de quienes autorizan su publicación.

El requerimiento, que fue entregado el lunes al mediodía al director de la radio, René Laime, está firmado por los fiscales de Villa Tunari Mario Chambi, David Ledezma Salazar y Abdón Camacho.

Los fiscales llegaron hasta la radio acompañados de ocho policías. “Esta es una radio sindical y lo único que hacemos es hacer conocer lo que se decide en las asambleas”, explicó Laime por teléfono.

Ante la disposición del Ministerio Público, dirigentes de la central campesina Chipiriri anunciaron que realizarán una vigilia en torno a su emisora.
Laime se presentará hoy ante los fiscales en Villa Tunari.
A su vez el dirigente de los trabajadores de la prensa Freddy Morales afirmó que la organización nacional del sector hará una representación ante el Ministerio Público para precautelar el trabajo de Radio Soberanía.

“No es la primera vez que el Ministerio Público hace de censor del trabajo que realizan los periodistas. El año pasado varias radios del altiplano sufrieron el corte de energía eléctrica, la incautación de sus antenas por autorizaciones de fiscales que interpretan mal el trabajo de las redioemisoras rurales”.

Una de esas emisoras afectadas constantemente fue Onda Azul, en el altiplano. El requerimiento fiscal dice respaldarse en la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero viola los artículos 1ro. y 8vo. de la Ley de Imprenta que se refieren al derecho de las personas a expresarse libremente y a la inviolabilidad de una fuente informativa, respectivamente.

Ese requerimiento, como la “toma” del domicilio del dirigente cocalero Delfín Olivera, y antes la denuncia de otros dirigentes, fueron interpretados por los cocaleros como señales del Gobierno para silenciar a los dirigentes cocaleros que insisten en plantar un cato de coca y llaman a sus bases a defender lo que creen es su derecho.

El Gobierno aseguró que todas sus acciones en el trópico y la actuación de fiscales de materia destacados a la zona están respaldadas por la ley.
En La Paz, el ministro de Justicia Mario Serrate afirmó que en el Chapare lo que importa no son los derechos humanos, sino el cumplimiento de las metas de erradicación de coca.
Los cocaleros dicen ser víctimas de persecución y amedrentamiento de los organismos de seguridad del Estado.

Los miembros de la denominada Coordinadora de las seis federaciones, Luis Cutipa, Felicia- no Mamani y Delfín Olivera, afirman haber recibido llamados anónimos con amenazas de muerte. Incluso señalaron que sus familias fueron visitadas por algunos agentes de Inteligencia, policías y personal de la DEA que “tomaron” la casa de la madre de Delfín Olivera, en Eterazama.

Este dirigente explicó que está en Cochabamba hace más de una semana y, sin embargo, el Ministerio de Gobierno habría instruido “amedrentar a su familia” que vive en el Chapare.

Autoridades de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de Chimoré, consultadas por este medio vía telefónica, dijeron que no conocen ninguna orden de detención de dirigentes cocaleros y que, cualquier acción legal está a cargo de un grupo de fiscales que fue asignado a la zona por la Fiscalía General de la República