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Promesa incumplida

¿Golpe a la privatización?

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AREQUIPA, Perú -- Cientos de manifestantes chocaron con la policía en la sureña ciudad peruana de Arequipa el lunes, durante unas protestas contra la privatización de dos empresas de electricidad que han dejado un muerto, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales, lo que obligó al presidente Alejandro Toledo a declarar el estado de emergencia.

El mandatario tomó la decisión después de que la protesta se iniciara hace cinco días y se agudizara el fin de semana en la segunda ciudad más importante del país, cuyo control fue asumido por 1.700 miembros del ejército y la policía.
GALERIA Revuelta en Arequipa
"¡Arequipa, revolución!", ¡Fuera Toledo!", y "¡Arequipa no se vende!", gritaron unos 150 manifestantes, en su mayoría jóvenes, antes de ser desalojados de la plaza principal de Arequipa con gases lacrimógenas lanzadas por las fuerzas de seguridad.

Toledo decretó el domingo el estado de emergencia por 30 días en Arequipa y dejó la ciudad en manos de las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes, que rechazan la venta de las firmas de generación eléctrica Egasa y Egesur por temor a que ello provoque alzas de tarifas públicas y despidos.

Es la primera vez en sus 11 meses de gobierno que el mandatario impone un estado de emergencia. La medida significa la suspensión de las garantías constitucionales de las personas, entre ellas las del derecho de reunión, de libre tránsito y de estar protegido de detención sin mandato judicial.

El ex presidente Alan García propuso la formación de una comisión multipartidaria "para que inicie un trabajo de promoción, acercamiento y diálogo entre las partes, para superar esta situación que alarma a los peruanos".

García instó a Toledo a levantar "el estado de emergencia, pues no resuelve nada ni va a cambiar el punto de vista de arequipeños y tacneños. El diálogo es imprescindible".

Desde el jueves, un día antes de que Egasa y Egesur fueran adquiridas por la empresa belga Tractebel --controlada por la francesa Suez-- las protestas han dejado pérdidas materiales por 100 millones de dólares y 122 heridos entre civiles y policías, según la Cruz Roja.

Un joven universitario que había sido herido el viernes con una bomba lacrimógena que le cayó en la cabeza, murió el lunes en el hospital estatal de Arequipa, dijeron fuentes médicas.

En la tarde, durante una hora, se escuchó por la ciudad el ruido de "cacerolazos" como otra medida de protesta, mientras que la policía continuaba lanzando bombas lacrimógenas para evitar que se reagrupen los manifestantes, que permanecían alrededor de la plaza central, muchos de ellos detrás de barricadas formadas con adoquines extraídos de la calzada.
Promesa incumplida
La protesta de Arequipa se sumó la de la pequeña ciudad sureña de Tacna, fronteriza con Chile, donde centenares de manifestantes, que realizaban destrozos a la propiedad pública y privada, se enfrentaron con la policía.

El prefecto (representante del gobierno) de Tacna, Wilson Mazuelos, dijo a Reuters que ha solicitado al gobierno que decrete el estado de emergencia para la zona, donde se han registrado dos heridos y 30 detenidos.

Grupos de exaltados saquearon pequeños mercados, bloqueando la carretera panamericana con piedras y neumáticos encendidos, impidiendo el tránsito vehicular a Chile.

Héctor García, del departamento de seguridad de la municipalidad de Tacna, dijo telefónicamente que quedaron destrozados los vidrios de la oficina principal de la empresa Telefónica española y varias cabinas de teléfonos callejeros.

Indicó que manifestantes exaltados también apedrearon la fachada del palacio de justicia y del concejo, destruyeron con diversos objetos las vitrinas de establecimientos comerciales y saquearon la Caja de Crédito Municipal.

En Lima, Toledo se reunió en el Palacio de Gobierno con todo su gabinete para analizar como contrarrestar las protestas.

Esta sería la mayor protesta que enfrenta el gobierno de Toledo, quien asumió en julio del año pasado y cuya gestión, según dos nuevas encuestas difundidas el lunes, es desaprobada por siete de cada 10 peruanos, que le reclaman que cumpla su promesa de dar empleo y reducir la pobreza.

Irónicamente, la manifestación ocurre en uno de los departamentos que más votos le dio a Toledo para llegar a la presidencia, en parte por las promesas electorales del mandatario de no privatizar las empresas eléctricas.

Durante su campaña, Toledo insistió precisamente que no vendería las firmas de energía a Tractebel, que además enfrenta una investigación por un presunto soborno en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, destituido por un escándalo de corrupción en noviembre del 2000.

"El que siembra promesas y las incumple, cosecha tempestades como ésta", dijo el líder de la oposición y ex presidente Alan García, a la radio local RPP.

Perú, con una población de 26 millones de habitantes, de los cuales la mitad vive en la pobreza, intenta salir de una crisis económica y política tras una década de gobierno de Fujimori.

"Vamos a resistir en nuestra lucha por el estado de Derecho", dijo el alcalde de Arequipa, Juan Guillén, en huelga de hambre por quinto día en rechazo a la privatización.
¿Golpe a la privatización? Pese al estado de emergencia, las manifestaciones no cesaron.
Funcionarios dijeron que no se dará marcha atrás en el proceso de privatización, mientras el ministro de Interior, Fernando Rospigliosi, dijo que "el estado de emergencia calmó las tensiones... y se ha retornado a la normalidad".

Las protestas, sin embargo, no afectaron los bonos Brady peruanos en el mercado externo, aunque la moneda peruana cerró a la baja en el mercado local presionada por el rechazo a la privatización, clave para reducir el déficit fiscal del país.

Perú prevé obtener 800 millones de dólares por el proceso de privatización y lograr su meta de expansión económica de 3,5 por ciento este año, tras el avance de 0,2 por ciento el 2001.

"Lo más importante es que finalmente lograron la privatización", dijo a Reuters Siobhan Manning, analista de deuda latinoamericana del italiano banco de inversión Caboto.

Las protestas obligaron el cierre el fin de semana del aeropuerto de Arequipa, dejando varados a los turistas, 200 de los cuales fueron evacuados en helicópteros policiales.

En un mensaje a la nación, Toledo destacó el domingo que con la venta por 167,4 millones de dólares de Egasa y Egesur, Arequipa obtendrá 85 millones de dólares para obras sociales.

(Con información de Reuters y Associated Press)

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César Augusto Villavicencio Atienza
FEDERACION DE ESTUDIANTES DEL PERÚ