UN DEBATE INELUDIBLE;La tentación de la violencia : Argentina Indymedia (( i ))

Por Horacio Verbitsky
Hace cinco años, la maestra Marina Schifrin participó en Bariloche de una marcha convocada por su gremio para defender la escuela pública del ahogo presupuestario. Como los manifestantes entorpecían el tránsito, la policía decidió cortar la ruta y señalizó para los automovilistas un camino alternativo, a 300 metros. En el video que la justicia de Río Negro incorporó como prueba para condenar a la maestra, se escucha al intendente justicialista César Miguel proponer: “Ahora vamos a armar quilombo a Viedma”, de gobierno radical. Una hora y media después todo había terminado, sin incidentes, denuncias ni detenidos. No obstante, el juez federal Leónidas Moldes abrió una causa penal de oficio. Varios de los manifestantes aceptaron pagar multas o se sometieron al sistema de suspensión del proceso a prueba. Sólo Marina Schifrin rehusó ese tipo de compromisos: “Sólo ejercí mi derecho de manifestar en la vía pública en defensa de un interés social”, insiste hoy. Moldes la condenó a tres meses de prisión y le prohibió durante dos años asistir a actos públicos en las rutas. Hace diez días, una sala de la Cámara de Casación Penal confirmó la condena y reclamó de los demás jueces y funcionarios el uso del sistema penal para gestionar el conflicto social, lo que implicará echar más leña al fuego. Al mismo tiempo, se dieron a conocer los datos oficiales que muestran los niveles más altos de desocupación, precariedad laboral, pobreza e indigencia de la historia argentina, mayores incluso que los de la hiperinflación alfonsinista. Como líneas paralelas, crecen junto con ellos las tasas de delitos y todo esto abre dos caminos antagónicos para la democracia argentina. Uno de intolerancia con cualquier forma de expresión popular que intente canalizar en actos políticos pacíficos el malestar creciente y también de violencia descontrolada ante los efectos de la crisis. Otro de respeto por el disenso en libertad y los derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones políticas para los conflictos sociales y sus consecuencias. Esa es también la disyuntiva principal que tiene por delante la democracia argentina, donde la reaparición de la violencia en el discurso público, por parte de actores muy diversos, reclama una urgente reflexión.
A votar y a callar
Para condenar a Marina Schifrin, sobre la base de un dictamen del fiscal de Bella Vista, Juan Romero, los camaristas Alfredo Horacio Bisordi y Liliana Catucci acudieron a una cita del constitucionalista ultramontano Miguel Angel Ekmekdjian, el defensor judicial del honor de la Virgen María, ofendido por el escritor Dalmiro Sáenz cuando habló de la virgen del divino trasero. “La única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo es el sufragio. Por medio de éste, el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lockouts u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo la de un grupo sedicioso”, escribió Ekmekdjian y citaron Bisordi y Catucci. La afirmación es tan brutal que los propios jueces dejaron a salvo que la conducta imputada a la maestra “dista de ser sediciosa”, con lo cual el fallo perdió unos gramos de ridículo y varios kilos de lógica interna, porque en ese caso no se entiende la pertinencia de la cita. Aun con ese reparo, es difícil encontrar una confesión más explícita de la voluntad de un grupo ideológico y social por equiparar cualquier protesta con el uso de las armas. Esta es la preparación ideológica para el uso de la violencia estatal, acompañada o no de las armas, contra cualquier expresión popular pacífica distinta del sufragio.Como Chateaubriand dijo de los borbones restaurados en el trono de Francia después de la revolución y las guerras napoleónicas, estos truchimanes no han olvidado ni aprendido nada.
Contribución al caos
La maestra patagónica, agregan, habría encarnado “la idea de hacer justicia por mano propia” y atentado contra “la organización social y política de nuestro país”, osada idea que no fundamentan con alguna constancia de la causa, porque por supuesto no existe. Para Bisordi y Catucci, el corte de rutas para llamar la atención de las autoridades “provoca innegable violencia, pues entra en colisión con el derecho de otras personas”, de modo que “la inacción, la inoperancia o el apartamiento de la ley por parte de quienes estamos obligados a aplicarla constituye una formidable contribución al caos, la anarquía y la destrucción de los derechos”. En una involuntaria admisión de su horizonte conceptual, citaron un fallo de la Corte Suprema de 1947, que exigía “el permiso previo en caso de utilizarse calles, plazas y lugares públicos”. Permiso que el gobierno otorgaba sólo a quien no le molestaba.
El voto en disidencia del camarista Juan Rodríguez Basavilbaso, quien nunca fue acusado de ideas progresistas, citó un falló de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1939, (“Hague v. CIO”, 307 US 496) que defendió los derechos de reunión y de expresión con estas palabras: el uso de las calles y las plazas por los ciudadanos con fines de reunión, comunicación y discusión de cuestiones de interés público ha sido desde siempre parte integrante de sus derechos, privilegios, inmunidades y libertades, afirma. Tal derecho “puede ser regulado en nombre del interés general; no es absoluto sino relativo”, pero “no puede, bajo la excusa de dicha regulación, ser restringido o denegado”. Podría haber agregado también la reflexión de otro juez de la Corte estadounidense, William Brennan, quien escribió que los métodos convencionales de petición a los funcionarios suelen ser inaccesibles para aquellos grupos muy amplios de ciudadanos que “no controlan la televisión o la radio”, ni tienen “la capacidad económica para expresar sus ideas a través de los periódicos”. Este dato debía ser tenido muy en cuenta por la justicia, a la hora de fundar sus decisiones, dijo Brennan, en defensa de un grupo de manifestantes acusados igual que Marina Schifrin por haber bloqueado el tránsito en su ciudad.
Una condena ejemplarizadora
Rodríguez Basavilbaso también desdeñó el inconsistente argumento del permiso policial, ya que el Estado consiente y asume distinto tipo de perjuicios para la libre circulación y el transporte. “Tanto la entorpecen los piqueteros, como los estudiantes, las asambleas barriales, las marchas con cacerolas o sin ellas, los escraches, y los maratonistas urbanos (sólo estos últimos, acaso porque el deporte goza de mejor prensa que los reclamos sociales, podrían exhibir autorizaciones formales). ¿Y cómo se realizan estas convocatorias? Por lo general, con anticipados anuncios en los diarios, y siempre a la vista y paciencia de la autoridad. Frente a ello, la policía colabora desviando el tránsito o escoltando las caravanas en prevención de desmanes extremos, como lo demuestra la absoluta falta de actividad tendiente a hacer cesar la supuesta comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal. Y como si ese mensaje fuese equívoco, leo en el último ejemplar dominical de La Nación que el presidente hace pública la tolerancia oficial con los cortes de ruta”. Todo esto justifica la conducta de Marina Schifrin pese a que violó el Código Penal. Condenarla sólo a ella “entre los miles de personas que hoy asumen actitudes semejantes implica una selectividad irrazonable, más aún si el reproche no va acompañado de otro dirigido a quienes debieron hacer cesar el delito”, dice. Como se advierte, en el futuro la justificación desaparecería con sólo extender la persecución a todos los asistentes a todas las manifestaciones y a las autoridades que no las reprimen, solución que propugnan en forma explícita con esta condena ejemplarizadora los otros dos camaristas y con declaraciones públicas el fiscal que los conduce.
Pura cepa
El clima social se enrarere con decisiones institucionales como este fallo, firmado una semana después del escarmiento de Avellaneda. La torpeza de sus ejecutores, que asesinaron a dos piqueteros desarmados a la vista de decenas de testigos, algunos con cámaras filmadoras y fotográficas, hizo que los disparos entraran en los cuerpos de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki pero salieran por la culata política del gobierno que, desde la reunión de gobernadores de La Pampa, el 27 de mayo, preparó el clima para la tragedia. Mientras el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, procuraba desmentir su propia ostensible inexistencia con afirmaciones bélicas, como que no se permitiría más “esta suerte de guerra” (sic), el de la SIDE, Carlos Soria, alimentaba el giro represivo con informes alarmistas carentes de cualquier sustento serio y el de justicia, Jorge Vanossi, sustentaba la misma doctrina hotentote del fallo de Romero y Bisordi.
El radical porteño Vanossi y el manzanista del Comahue Soria fueron expectorados sin miramientos del gabinete. Pero el sindicalista de los municipales bonaerenses Atanasof y el segundo de la SIDE, Oscar Rodríguez, conservaron sus puestos. Ex prefecto naval, ex intendente de Presidente Perón, donde tenía su quinta de descanso Eduardo Duhalde, socio de un country en el que Duhalde jugaba al poker, Rodríguez postula que los restos del aparato duhaldista bonaerense no deben cederles la calle a los nuevos actores sociales que cuestionan el modo tradicional de hacer política. De la misma cepa que controló el justicialismo provincial durante las últimas dos décadas proviene el ex ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud, quien el 26 de junio no tomó ninguna de las medidas de conducción, supervisión y control obvias en alguien que deseara que las fuerzas a su mando se comportaran como se debe y no como les gusta. La investigación del fiscal Juan José González, que ya dio cuenta del comisario Alfredo Fanchiotti y de los demás policías que actuaron en el terreno, apunta ahora hacia las estructuras superiores, empezando por el jefe de la División Departamental de Lomas de Zamora, Osvaldo Vega, un hombre que trabó estrecha relación con el ex intendente Rodríguez cuando era comisario de Guernica, en el partido de Presidente Perón. En los operativos especiales, aunque más no sea la custodia de un partido de fútbol de mediana importancia, la policía emplea canales específicos de comunicación por radio. Este sistema tiene una ventaja operativa: todos los efectivos modulan por la misma frecuencia y así no hay confusión posible con otras órdenes de servicio. Pero además permite la grabación de todas las comunicaciones, como elemento de control posterior. El 26 de junio, oh casualidad, la Departamental a cargo de Vega dispuso que las comunicaciones fueran punto a punto, sin un registro central y, por supuesto, sin molestas grabaciones. Esto dificulta la investigación de los detalles operativos de aquel día, pero coloca un reflector sobre el jefe departamental que lo hizo posible y sobre su silencioso protector político.
Hechos y palabras
Las amenazas y ataques a organizaciones sociales como la CTA de Florencio Varela, asambleístas, piqueteros, periodistas y dirigentes políticos como Luis Zamora, el asalto al domicilio del candidato menemista santiagueño José Figueroa, son hechos tan verificables como inquietantes.Pero también los acompañan otros comportamientos que sin constituir delitos contribuyen a instalar en forma explícita o implícita la muerte y la violencia como parte de la campaña electoral o el desenlace de la crisis. Entre ellos se destacan las oscuras insinuaciones con las que Carlos Reutemann comunicó que no se animaba a ser candidato a la presidencia, el comentario del ministro del Interior Jorge Matzkin (“La interna no es un juego de señoritas”), las inconsistentes afirmaciones periodísticas de Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá sobre persecución en su contra, de Carlos Menem acerca del copamiento de las calles por delincuentes y marxistas y de Elisa Carrió sobre un parto en gestación y una guerra civil. Reutemann no se dignó revelar qué había visto y oído, Matzkin habló con palabras propias de un tahúr, Kirchner sólo probó una supuesta orden de seguimiento de sus pasos con unos papeles de autenticidad incomprobable. Rodríguez Saá se enteró del presunto magnicidio en el site en Internet denominado SEPRIN, cuyos autores se identifican como ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
El autor de la carta en la que se anuncian atentados contra dirigentes políticos es Mario Aguilar Rizzi, quien pasó muchos años detenido por extorsiones, entre otras a la familia del banquero Osvaldo Sivak. De cada hecho conmocionante ocurrido en el país en las últimas décadas, Aguilar avisó antes y los gobernantes no quisieron escucharlo, ya se trate del atentado a la AMIA, la paliza a Hernán López Echagüe o la muerte de Carlos Menem (h.). Pero cuando se revisan los expedientes respectivos, nunca hay nada que avale sus dichos. En 1998 el fiscal Eamon Mullen, a cargo de la causa de la AMIA, descubrió el método de Aguilar Rizzi para presentar copias fechadas y selladas de sus denuncias desoídas. Un ex compañero de pabellón le contó que Aguilar formaba carpetas con recortes periodísticos y anotaciones propias sobre programas de radio y televisión, que luego en sus denuncias atribuía a servicios de inteligencia y traficantes. “Tenía conocidos en el correo interno de la unidad y de ese modo hacía aparecer como enviadas cartas que nunca habían salido de la cárcel.” Con esa tarjeta de presentación, Aguilar anuncia catástrofes futuras, exige audiencias con funcionarios a quienes les pide plata para seguir investigando. Si se la niegan, amenaza con entregar grabaciones y videos a los medios. Sobre la seriedad de sus denuncias, basta un ejemplo: en enero de 1995 afirmó que había ingresado al país por Paso de los Libres un camión con una bomba nuclear. Lo único magno de esta historia es la ligereza con la que un precandidato presidencial ignoró semejantes antecedentes. En ese concurso de deslenguados tampoco pueden ignorarse los llamamientos a la toma revolucionaria del poder por parte de algunos grupos de la izquierda retro, incapaces de advertir que la violencia debilita y no fortalece a los intereses populares.
Una pesada cruz
La Comisión Provincial por la Memoria, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, la Asociación Judicial Bonaerense y varios organismos defensores de los derechos humanos reclamaron al gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y al Procurador General, Eduardo Matías De la Cruz, la preservación del “Banco de datos de casos de tortura”, creado hace dos años por el Defensor de Casación, Mario Coriolano, como instrumento de control de abusos. De la Cruz resolvió cercenar la autonomía del Defensor y revocó todas sus decisiones, entre ellas la designación del personal que atendía el banco. El secretario y la prosecretaria de la Procuración comunicaron a un grupo de defensores y secretarios de ejecución que el banco de datos entraría en vía muerta y les ordenaron que no volvieran a fotografiar a los presos golpeados por agentes policiales o penitenciarios, como las que este diario publicó en varias ocasiones. Ante el escándalo que esta decisión produjo, De la Cruz sostuvo que aquella reunión con defensores y secretarios había sido informal y que el banco no sería desmantelado.
El único elemento sorpresa en el tenso encuentro fue la afirmación del Procurador de que tanto él cuanto la Suprema Corte de Justicia de la provincia habían perdido la confianza en el Defensor de Casación. Hasta ahora no se sabía que el procurador invistiera alguna representación para hablar en nombre del tribunal colegiado ante el cual ejerce la pretensión punitiva del Estado provincial. El recurso de amparo que Coriolano presentó ante esa Corte en contra del avance del Procurador sobre su autonomía y los intereses de sus defendidos será la oportunidad efectiva para determinar si De la Cruz se jactó en vano o, por el contrario, también el más alto tribunal de la provincia es parte del recorte de las libertades públicas y los derechos esenciales de las personas y el respaldo a las prácticas aberrantes cuando alguien las comete con uniforme policial o penitenciario. Por su parte, Solá se comprometió a apoyar un proyecto de ley que le entregaron sus visitantes, que consagraría la autonomía de la Defensa Pública, aunque advirtió que no controlaba la Legislatura provincial.
Líneas paralelas
No es una cuestión menor. El crecimiento vertiginoso de la pobreza y la indigencia han producido un aumento aún más pronunciado del delito, como se observa en el gráfico compilado por el sociólogo Artemio López, sobre datos de la Capital y el conurbano bonaerense. Allí se observa que el único descenso significativo se produjo en 1991 y ‘92, cuando se contuvo la hiperinflación y disminuyó la pobreza. Las reformas legislativas para dificultar las excarcelaciones, que el ex gobernador Carlos Rückauf sancionó al asumir, con el apoyo del procurador De la Cruz y del propio Solá, han producido una situación explosiva en cárceles y comisarías provinciales, donde se alojan en condiciones infrahumanas 25.000 personas, de las cuales 8.000 en comisarías del conurbano. Su promedio de edad es de 19 años. Al mismo tiempo, proliferan los maltratos y torturas a los reclusos y crece el número de asesinados en las cárceles, frente a lo cual diversas resoluciones del Procurador obstruyen las investigaciones y facilitan la impunidad. En cambio, Solá ha revisado su criterio de entonces y respalda la sanción de una ley que permita descomprimir ese marco atroz. “La violación sistemática, permanente, brutal e innecesaria de todos los derechos de la persona encarcelada ha aparejado en los hechos un aumento de la violencia estructural que padece la sociedad en su conjunto. Nada de la violencia que sucede intramuros deja de afectar la vida extramuros y la vida intramuros es hacinada y violenta en extremo. También indigente”, escribe en un trabajo académico el camarista de San Isidro Raúl Borrino, quien considera que en la provincia “se ha instalado en los dos últimos años la mayor barbarie carcelaria conocida hasta el presente en la historia argentina”. El encarcelamiento en locales policiales “a su vez suscita la demolición de la capacidad de intervención de las fuerzas de seguridad de la Provincia”, agrega.
Nada que perder
Ese sistema “antijurídico y vergonzante” no logró ni siquiera “un mínimo descenso de la estadística criminal, sino por el contrario, un aumento sensible de la violencia derivada directamente de la opresión brutal que el encierro carcelario imprime al delito en ciernes. Como la pena de muerte, el encierro que casi suprime la vida, deja sin nada que perder a los que accionan delictivamente. Esto es realizar un acto contraindicado por todos los métodos conocidos y prestigiados de política criminal, cuyo primer objetivo es promover la pacificación de una sociedad y no profundizar sus contradicciones”, dice Borrino. Su propuesta es un plan de conmutaciones y la revisión judicial de los casos que pudieran admitir medidas alternativas de contención, junto con “un activo y dinámico plan de contención social organizada por el Estado” que “sostenga al joven que deje la cárcel y distribuya también esa contención entre los que aún no la han pisado pero están en peligro de hacerlo”. Esta selección racional de los casos de encarcelamiento “no habrá de aparejar mayor fragilidad a nuestra seguridad con relación al delito. Tal como no disminuyó el delito con el brutal sistema de encarcelamiento masivo que debe cesar sino que aumentó su violencia, tampoco habrá de aumentar con un cese racionalmente direccionado del mismo, toda vez que la masividad se alcanzó encarcelando casos de menor peligrosidad y afectación de la seguridad de las personas, cumplidos más a modo de carísimo panfleto de propaganda ideológica de un sistema de opresión y violencia funcional a intereses minoritarios de riqueza concentrada de espurio origen, que por la necesidad de evitar , prevenir o disminuir el número de delitos que afecta a nuestra comunidad”.
Su conclusión es irrebatible: “No se trata de ser mejor con los que no fueron buenos sino con nosotros mismos. De eso se trata; de determinar qué forma comunitaria de vida queremos realizar y en qué comunidad queremos vivir y que vivan nuestros hijos”.

Los mejores alumnos de Camps

Además de Miaría Migan, el comisario inspector que supervisó la masacre de Avellaneda y formó parte de la patota del Destacamento Arana, un campo de concentración de la dictadura, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos detectó que al momento del Juicio de la Verdad de La Plata los que figuran aquí eran los represores en actividad. Cuando hay iniciales, se trata de los testigos que aportaron los indicios más reveladores.

Arias, Evangelista Ricardo. Agente en la Comisaría 5ª de La Plata desde agosto de 1975 hasta junio 1976. Luego prestó servicios en la Jefatura de Policía hasta 1979. Actualmente en actividad en la Comisaría de Verónica, Punta Indio. En su declaración ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dijo que no vio ninguna anomalía.

Bordalonga, Carlos Emilio. DNI 7.848.450, nacido el 15/8/49 en Olavarría, domiciliado en Avellaneda entre Mármol y Bromberg, Ensenada. Agente. Se desempeñó en el Destacamento de Arana durante 1976. Actualmente y desde hace 16 años presta servicios en la Escuela Juan Vucetich con jerarquía de Suboficial Principal.
Según su testimonio ante la Cámara Federal de La Plata iba a buscar comida para detenidos políticos al cuartel de Bomberos o Infantería. Reconoce que había personas con los ojos vendados y que eran introducidos al Destacamento de Arana por la parte trasera.

De Lío, Ricardo Miguel. Agente en la Comisaría 5ª desde el 10 de septiembre de 1976 hasta 1999, LE: 8 346 322, domiciliado en 21 Nº 2440, La Plata. Actualmente Sargento Ayudante en Brandsen. En su declaración ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata reconoció que limpiaba el patio de la Comisaría. Los calabozos cuyas puertas estaban tapadas con chapas, los limpiaba el Cabo de Guardia. El área restringida era manejada por gente que parecían militares. Identifica al policía Gauna como "El Correntino". Le hacen un sumario por alcohólico. En función de su cargo es cómplice de apropiación de menores (Abdala, Gatica, Fossatti y Baratti de la Cuadra de los cuales fueron restituidos, muchos años después, Gatica y Abdala), privación ilegal de la libertad y torturas de 113 personas, y desaparición de 65 personas. De ellas recuperaron su libertad 37. De 9 no se conoce su destino.

Ferreyro, Miguel Angel. LE 5.190.931, nacido el 25/05/41 en La Plata, hijo de Andrés Ferreyro y Antonia Palmira Tortora, domiciliado en calle 25 esquina 10 de City Bell. Desde 10/6/75 hasta el 4/3/77 se desempeñó en la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda, CCD conocido como "El Infierno", como Cabo y como cabo primero. En esa fecha es trasladado a la Brigada de Tigre. El 22/12/76 es condecorado con la orden de San Miguel de Arcángel por acto destacado del servicio. Al momento de declarar en el Juicio de la Verdad era empleado en el Ministerio de Seguridad con la jerarquía de Suboficial Mayor. Durante su testimonio ante la Cámara Federal de La Plata fue reconocido y acusado por la sobreviviente DG como uno de los guardias de "El Infierno" que la sometió a ultrajes contra el pudor. Está procesado por ese delito.

Jaime, Mario Alberto. Oficial Ayudante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Integró la Dirección de Investigaciones de noviembre de 1976 a marzo de 1977 y de marzo de 1977 a diciembre de 1980, integró la Brigada de Investigaciones de La Plata. Desempeñó funciones en la Comisaría 5ª desde 1975 hasta los primeros días de enero de 1977. Cargo actual: Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. DNI: 7.618.690, domiciliado en 197 entre 39 y 40, Lisandro Olmos, Buenos Aires. Nacido en Ensenada el 26 de mayo de 1949, hijo de Natalio Jaime y de Sara Amelia Díaz de Jaime. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata, desde 1975 hasta los primeros días de 1977 se desempeñó en la Comisaría 5ª de La Plata y posteriormente fue destinado en comisión a la Jefatura de la Policía. Reconoce que en la Comisaría 5ª había un área restringida donde había detenidos, alega que el personal de la Comisaría no tenía acceso a dicha área. La comida la traían del Regimiento 7 de La Plata, luego se
contradice admitiendo que el personal de la Comisaría la traía de Bomberos o de San Juan de Dios. En razón de su cargo es responsable de delitos en la Comisaría 5ª y en Arana. En la comisaría, apropiación de Menores (Abdala, Gatica, Fossatti y Baratti de la Cuadra de los cuales fueron restituidos muchos años después, Gatica y Abdala), privación ilegítima de la libertad y torturas de 112 personas entre las cuales una era menor (Santucho) y desaparición de 67 personas, nueve de ellas sin destino conocido hasta hoy. Como oficial de servicio en Arana, Jaime estaba a cargo de los prisioneros. Fue visto y acusado por tres personas. Debe ser investigado por la privación ilegítima de la libertad y torturas de 95 personas y la desaparición de 37 personas.

Larraude, Rodolfo Víctor. Se desempeña en la Comisaría 5ª desde 1975 hasta la actualidad. DNI 12.476.038, domiciliado en 84 entre 131 y 132, La Plata. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata supo que había detenidos ilegales pero tenían el acceso restringido. Habían sacado los picaportes a las puertas. A su padre, Rodolfo Martiniano Larraude, hoy fallecido y que trabajó en la Comisaría 5ª desde 1955 hasta 1981, le decían "El Colorado". Identifica al policía Segovia como "El Chaqueño". Vio varias veces al general Camps en la Comisaría 5ª En función de su cargo es cómplice de apropiación de menores, privación ilegal de la libertad y torturas de 113 personas y desaparición de 67 personas.

Luise, José Luis. Agente, se desempeñó en la Comisaría 5ª desde marzo de 1976 hasta los primeros meses de 1977. DNI 10.096.713, domiciliado en 7 Nº 2016, La Plata. Actualmente presta servicios en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata no supo que hubiera detenidos ilegales. Sólo el oficial de servicio y el cabo de guardia tenían acceso a los calabozos. No vio fuerzas militares dentro de la Comisaría. En su versión la comida la traían de Bomberos y el cabo de guardia era el encargado de dársela a los detenidos. Dice no haber escuchado gritos. También es cómplice de apropiación de menores, privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones.

Millar, Juan Alberto. Oficial ayudante, se desempeñó en la Comisaría 5ª desde 1976 hasta 1977. DNI 11.894.276, domiciliado en 8 y 45 Nº 2623, Quilmes, Buenos Aires. Nacido en Chaco. Actualmente Comisario Inspector empleado en el Ministerio de Seguridad. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata cumplía funciones de oficial de servicio. Sabía que había detenidos ilegales en la parte posterior de la Comisaría que estaba tomada por el Ejército y a la cual el personal policial tenía el acceso prohibido. A los detenidos les daba la comida el Ejército. Comparte las responsabilidades ya mencionadas para los casos anteriores.

Muñoz, Raúl Pedro. Agente, se desempeñó en la Comisaría 5ª entre 1975 y 1982, DNI 12.476.371, domiciliado en 68 Nº 2230, La Plata. Actualmente es suboficial principal en actividad. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata, no había detenidos ilegales. No vio encapuchados ni escuchó gritos ni percibió movimientos irregulares. Sólo se podía llegar hasta una puerta que daba al fondo. Dijo que los vidrios de las ventanas que daban al patio estaban pintados. Declaró que solamentepodía pasar al patio con permiso, y siempre y cuando fuera a la peluquería. Es cómplice de apropiación de menores, privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición de personas.

Pece, Rubén Roberto. Argentino. DNI 11.606.138, nacido en La Plata el 05/04/55, domiciliado en calle 64 Nº 2161 de Los hornos. Prestó servicios en Criminalística, Policía Científica (Provincia de Buenos Aires) entre 1976 y 1980, como perito fotógrafo. Actualmente subcomisario administrativo.

Percuoco, Mario Francisco. D.N.I. Nº 5.195.791, nacido el 10/8/42 en Corrientes, domiciliado en calle 159 bis Nº 582, La Plata. Desde 1976 hasta 1981 se desempeñó en la Comisaría Novena de La Plata. Actualmente en actividad, presta servicios en el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Su nombre y número de documento figuran en las Actas de Defunción de 10 personas como aportante de las fichas dactilares y denunciante de sus muertes ocurridas el 28/10/76 en 115 y Avenida Pereira Iraola de La Plata por herida de bala en la cabeza. Actúa también como declarante del asesinato de otra persona por destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego, el día 18/12/76 en la calle 67 entre 14 y 1522 de La Plata. Fecha del Acta: 22/12/76.

Rodas, Juan Ramón. Paraguayo, naturalizado argentino. DNI 11.409.174, domiciliado en calle 312 entre 369 y 370 de Ranelagh. Integró la Comisaría 5ª de La Plata desde 1977 hasta hoy. En razón de su cargo es cómplice de apropiación de menores, privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones.

Romero, Héctor Darío. Argentino. Agente, radioperador. Se desempeñó en la Comisaría 5ª desde 1976 hasta 1978. Custodio del general Camps. DNI: 10.815.456. Domiciliado en calle 65 Nº 2211, La Plata. Suboficial principal en actividad al momento de declarar. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata, no vio detenidos ilegales Identifica a Ojeda como "El Correntino" y a Larraude padre como "El Colorado". En razón de su cargo es responsable de los mismos delitos que los anteriores.

Tejerina, Jorge Luis. Oficial Ayudante en la Comisaría 5ª durante 1977. DNI: 12 197 555, nacido el 20/11/58, domiciliado en Calle 24 Nº 639, La Plata. Actualmente es Comisario Inspector.
Ante la Cámara Federal de La Plata niega haber visto detenidos ilegales, aunque admite que había un Area Restringida. En razón de su cargo debe ser investigado, según la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por los mismos delitos de apropiación de menores, privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición de personas.

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Además de Miaría Migan, el comisario inspector que supervisó la masacre de Avellaneda y formó parte de la patota del Destacamento Arana, un campo de concentración de la dictadura, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos detectó que al momento del Juicio de la Verdad de La Plata los que figuran aquí eran los represores en actividad. Cuando hay iniciales, se trata de los testigos que aportaron los indicios más reveladores.

Arias, Evangelista Ricardo. Agente en la Comisaría 5ª de La Plata desde agosto de 1975 hasta junio 1976. Luego prestó servicios en la Jefatura de Policía hasta 1979. Actualmente en actividad en la Comisaría de Verónica, Punta Indio. En su declaración ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dijo que no vio ninguna anomalía.

Bordalonga, Carlos Emilio. DNI 7.848.450, nacido el 15/8/49 en Olavarría, domiciliado en Avellaneda entre Mármol y Bromberg, Ensenada. Agente. Se desempeñó en el Destacamento de Arana durante 1976. Actualmente y desde hace 16 años presta servicios en la Escuela Juan Vucetich con jerarquía de Suboficial Principal.
Según su testimonio ante la Cámara Federal de La Plata iba a buscar comida para detenidos políticos al cuartel de Bomberos o Infantería. Reconoce que había personas con los ojos vendados y que eran introducidos al Destacamento de Arana por la parte trasera.

De Lío, Ricardo Miguel. Agente en la Comisaría 5ª desde el 10 de septiembre de 1976 hasta 1999, LE: 8 346 322, domiciliado en 21 Nº 2440, La Plata. Actualmente Sargento Ayudante en Brandsen. En su declaración ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata reconoció que limpiaba el patio de la Comisaría. Los calabozos cuyas puertas estaban tapadas con chapas, los limpiaba el Cabo de Guardia. El área restringida era manejada por gente que parecían militares. Identifica al policía Gauna como “El Correntino”. Le hacen un sumario por alcohólico. En función de su cargo es cómplice de apropiación de menores (Abdala, Gatica, Fossatti y Baratti de la Cuadra de los cuales fueron restituidos, muchos años después, Gatica y Abdala), privación ilegal de la libertad y torturas de 113 personas, y desaparición de 65 personas. De ellas recuperaron su libertad 37. De 9 no se conoce su destino.

Ferreyro, Miguel Angel. LE 5.190.931, nacido el 25/05/41 en La Plata, hijo de Andrés Ferreyro y Antonia Palmira Tortora, domiciliado en calle 25 esquina 10 de City Bell. Desde 10/6/75 hasta el 4/3/77 se desempeñó en la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda, CCD conocido como “El Infierno”, como Cabo y como cabo primero. En esa fecha es trasladado a la Brigada de Tigre. El 22/12/76 es condecorado con la orden de San Miguel de Arcángel por acto destacado del servicio. Al momento de declarar en el Juicio de la Verdad era empleado en el Ministerio de Seguridad con la jerarquía de Suboficial Mayor. Durante su testimonio ante la Cámara Federal de La Plata fue reconocido y acusado por la sobreviviente DG como uno de los guardias de “El Infierno” que la sometió a ultrajes contra el pudor. Está procesado por ese delito.

Jaime, Mario Alberto. Oficial Ayudante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Integró la Dirección de Investigaciones de noviembre de 1976 a marzo de 1977 y de marzo de 1977 a diciembre de 1980, integró la Brigada de Investigaciones de La Plata. Desempeñó funciones en la Comisaría 5ª desde 1975 hasta los primeros días de enero de 1977. Cargo actual: Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. DNI: 7.618.690, domiciliado en 197 entre 39 y 40, Lisandro Olmos, Buenos Aires. Nacido en Ensenada el 26 de mayo de 1949, hijo de Natalio Jaime y de Sara Amelia Díaz de Jaime. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata, desde 1975 hasta los primeros días de 1977 se desempeñó en la Comisaría 5ª de La Plata y posteriormente fue destinado en comisión a la Jefatura de la Policía. Reconoce que en la Comisaría 5ª había un área restringida donde había detenidos, alega que el personal de la Comisaría no tenía acceso a dicha área. La comida la traían del Regimiento 7 de La Plata, luego se contradice admitiendo que el personal de la Comisaría la traía de Bomberos o de San Juan de Dios. En razón de su cargo es responsable de delitos en la Comisaría 5ª y en Arana. En la comisaría, apropiación de Menores (Abdala, Gatica, Fossatti y Baratti de la Cuadra de los cuales fueron restituidos muchos años después, Gatica y Abdala), privación ilegítima de la libertad y torturas de 112 personas entre las cuales una era menor (Santucho) y desaparición de 67 personas, nueve de ellas sin destino conocido hasta hoy. Como oficial de servicio en Arana, Jaime estaba a cargo de los prisioneros. Fue visto y acusado por tres personas. Debe ser investigado por la privación ilegítima de la libertad y torturas de 95 personas y la desaparición de 37 personas.

Larraude, Rodolfo Víctor. Se desempeña en la Comisaría 5ª desde 1975 hasta la actualidad. DNI 12.476.038, domiciliado en 84 entre 131 y 132, La Plata. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata supo que había detenidos ilegales pero tenían el acceso restringido. Habían sacado los picaportes a las puertas. A su padre, Rodolfo Martiniano Larraude, hoy fallecido y que trabajó en la Comisaría 5ª desde 1955 hasta 1981, le decían “El Colorado”. Identifica al policía Segovia como “El Chaqueño”. Vio varias veces al general Camps en la Comisaría 5ª En función de su cargo es cómplice de apropiación de menores, privación ilegal de la libertad y torturas de 113 personas y desaparición de 67 personas.

Luise, José Luis. Agente, se desempeñó en la Comisaría 5ª desde marzo de 1976 hasta los primeros meses de 1977. DNI 10.096.713, domiciliado en 7 Nº 2016, La Plata. Actualmente presta servicios en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata no supo que hubiera detenidos ilegales. Sólo el oficial de servicio y el cabo de guardia tenían acceso a los calabozos. No vio fuerzas militares dentro de la Comisaría. En su versión la comida la traían de Bomberos y el cabo de guardia era el encargado de dársela a los detenidos. Dice no haber escuchado gritos. También es cómplice de apropiación de menores, privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones.

Millar, Juan Alberto. Oficial ayudante, se desempeñó en la Comisaría 5ª desde 1976 hasta 1977. DNI 11.894.276, domiciliado en 8 y 45 Nº 2623, Quilmes, Buenos Aires. Nacido en Chaco. Actualmente Comisario Inspector empleado en el Ministerio de Seguridad. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata cumplía funciones de oficial de servicio. Sabía que había detenidos ilegales en la parte posterior de la Comisaría que estaba tomada por el Ejército y a la cual el personal policial tenía el acceso prohibido. A los detenidos les daba la comida el Ejército. Comparte las responsabilidades ya mencionadas para los casos anteriores.

Muñoz, Raúl Pedro. Agente, se desempeñó en la Comisaría 5ª entre 1975 y 1982, DNI 12.476.371, domiciliado en 68 Nº 2230, La Plata. Actualmente es suboficial principal en actividad. Según su propio testimonio ante la Cámara Federal de La Plata, no había detenidos ilegales. No vio encapuchados ni escuchó gritos ni percibió movimientos irregulares. Sólo se podía llegar hasta una puerta que daba al fondo. Dijo que los vidrios de las ventanas que daban al patio estaban pintados. Declaró que solamentepodía pasar al patio con permiso, y siempre y cuando fuera a la peluquería. Es cómplice de apropiación de menores, privación ilegítima de la libertad, torturas y desaparición de personas.

Pece, Rubén Roberto. Argentino. DNI 11.606.138, nacido en La Plata el 05/04/55, domiciliado en calle 64 Nº 2161 de Los hornos. Prestó servicios en Criminalística, Policía Científica (Provincia de Buenos Aires) entre 1976 y 1980, como perito fotógrafo. Actualmente subcomisario administrativo.

Percuoco, Mario Francisco. D.N.I. Nº 5.195.791, nacido el 10/8/42 en Corrientes, domiciliado en calle 159 bis Nº 582, La Plata. Desde 1976 hasta 1981 se desempeñó en la Comisaría Novena de La Plata. Actualmente en actividad, presta servicios en el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Su nombre y número de documento figuran en las Actas de Defunción de 10 personas como aportante de las fichas dactilares y denunciante de sus muertes ocurridas el 28/10/76 en 115 y Avenida Pereira Iraola de La Plata por herida de bala en la cabeza. Actúa también como declarante del asesinato de otra persona por destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego, el día 18/12/76 en la calle 67 entre 14 y 1522 de La Plata. Fecha del Acta: 22/12/76.

Rodas, Juan Ramón. Paraguayo, naturalizado argentino. DNI 11.409.174, domiciliado en calle 312 entre 369 y 370 de Ranelagh. Integró la Comisaría 5ª de La Plata desde 1977 hasta hoy. En razón de su cargo es cómplice de apropiación de menores, privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones.