Chiapas, México: Acoso y amenaza militar.
Por Iñaki. - Wednesday, Sep. 18, 2002 at 10:35 PM

La colocación de un campamento militar amenaza con desalojar bases de apoyo zapatistas. Los zapatistas denuncian connivencia y relaciones estrechas entre miembros del ejército mexicano y los paramilitares de "Paz y justicia".

En la entrada de Tumbalá, en el acceso al municipio autónomo La Paz, se instaló un campamento militar y éste amenaza a los pobladores de las bases zapatistas contiguas. Esta movilización castrense ocurrió poco antes del incremento de tropas, (al menos mil efectivos más), en el norte de la selva Lacandona y las inmediaciones de Montes Azules, a finales de agosto.
Coincidiendo con la denuncia de un posible desalojo en el municipio autónomo La Paz, se acaba de instalar una Base de Operaciones Mixtas del Ejército, que se suma a la que ya opera en la cabecera municipal de Tumbalá. Un grupo de familias del Nuevo Poblado Progreso Agua Azul, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional(EZLN), informaron que desde finales de agosto han recibido amenazas de desalojo por parte de miembros de Paz y Justicia, quienes afirman contar con el respaldo del Ejército y la policía estatal.
Según denunció, por su parte, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, el nuevo campamento militar en Sasamtic hostiga directamente a las poblaciones Xanil, Xanil segunda sección, San Juan Chichnitic y Chaban (municipio oficial de Chilón). Desde que llegaron 40 soldados al cruce de la ruta que bordea Sasamtic, ocupan una parcela sin el consentimiento de los ejidatarios.
Estas tropas, asegura la red, "salieron del predio Toniná y se pasaron a este lugar contando sólo con el permiso del dueño de la parcela con quien "supuestamente firmaron un convenio". Por tal motivo, las autoridades ejidales le llamaron la atención al dueño, "pero no hizo caso porque le dijeron los soldados que no tenga miedo, ya que está respaldado y tienen buenas armas, que a los militares nadie les puede hacer nada porque tienen orden del Presidente de la República y van a llegar más de 7 mil soldados y se instalarán en varios sitios, como en las cascadas de Agua Azul, El Mango y Sacun Cubwits".
La presencia de tropas impide el acceso al lugar de donde los indégenas sacan agua para sus necesidade, además de contaminarlo, y las mujeres de los pueblos han sido molestadas e incluso obligadas a trabajar para los soldados. "También están tumbando árboles para construir sus casas, sin permiso de las autoridades ejidales ni del titular de las parcelas". "Además, los militares recorren las comunidades cercanas al campamento y los pobladores indígenas se intimidan, sienten que ya no tienen libre tránsito para realizar sus trabajos cotidianos y temen que más tarde sucederá lo que pasa en otros campamentos militares: la prostitución, divisionismo, fortalecimiento de los grupos paramilitares que vienen actuando en la zona, patrullajes militares, hostigamiento y vuelos rasantes de naves militares".
El patrullaje y translado de tropas han incursionado hasta el desvío de Alan Sacjun y El Mango, interrogando a los campesinos. Los habitantes de dichas comunidades exigen, por conducto de la red de defensores, "la salida inmediata del Ejército de la zona, ya que no dejan trabajar en paz ni libremente, y los niños no pueden asistir a la escuela porque no están acostumbrados a vivir con personas extrañas".
Los campesinos afirman que "el Ejército no tiene nada que hacer en esta zona, porque las propias comunidades saben cuidarse y protegerse".

Ni pacíficos ni justos.

Una observadora internacional, profunda conocedora de la problemática en la zona norte y participante en las tres misiones de la CCIODH,(que pidió que no se revelara su identidad por motivos de suguridad), ha expresado en una carta enviada al diario "La Jornada", algunas "perplejidades" que le provoca la aprehensión de Sabelino Torres Martínez y otros miembros de Paz y Justicia, en Tila.
"Toda esta acción da la impresión no de una voluntad de resolver el problema en la zona norte, sino de encender un contra-fuego", dice. Respecto del anuncio oficial de que la policía permanecería en la zona "para resguardar el orden" después del operativo, se pregunta: "¿No está admitiendo el gobierno, indirectamente, que podría haber pateado un avispero?"
La observadora expresa que "no se puede lamentar ni mucho menos lo que tantas veces se ha reclamado: la detención de los paramilitares. Sin embargo, ésta ocurre en un momento delicado, cuando la opinión pública internacional tiene la mira puesta en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sobre la ley indígena)". En consecuencia manifiesta cierto temor de que los recientes acontecimientos "no sean buen augurio", pues las venganzas consecutivas podrían ser graves y con ello se fomentaría un ambiente de provocación que justificara eventuales operativos militares o policiacos para "mantener el orden".
Refiere la activista que a principios de agosto (cuando la CCIODH entregó su informe en la zona norte) "nos comunicaron de las negociaciones que se estaban dando para el retorno de los desplazados de Masojá Shucjá y Tzaquil". En el último caso, los indígenas mencionaron presiones para que las familias aceptaran el retorno y la reubicación en "áreas urbanas" (cuya construcción aún no se definía).
En ese momento también existían negociaciones con los priístas de Miguel Alemán para el retorno de los desplazados. Se planteaba a los futuros retornados que pagaran los impuestos prediales atrasados correspondientes al tiempo en que no estuvieron.
"Al parecer las negociaciones se hacían entre el Partido Rrevolucianario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática(PRD) (o los recién convertidos a los programas sociales traídos por los representantes locales de este partido) a nivel local, dejando fuera a otras organizaciones. ¿Tendrá que ver, entonces, el operativo con el fracaso de las negociaciones o la negativa a entrar en ellas (como aparentemente sucedió en el caso de Diego Vázquez en febrero pasado)?"
La CCIODH supo que en las negociaciones para el retorno "se contemplaban los famosos proyectos productivos; en este caso se trataba de la instalación de plantaciones. Llama la atención que originalmente se trate de tierras ganaderas. ¿Habría allí conflictos de interés entre el lobby ganadero (y sus paramilitares leales) y otros más "modernos"?, concluye sus "perplejidades" y su carta la observadora internacional.

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