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Necios, ineficaces y contradictorios
Por NarcoNews - Tuesday, Aug. 05, 2003 at 10:40 AM

Más intentos de erradicación en marcha en Bolivia

Por Luis Gómez
Jefe de la Oficina Andina de Narco News
4 de agosto de 2003


Lo dice George Bush y también John Walters, lo dicen el presidente boliviano y también sus ministros: las políticas antidrogas impuestas por Estados Unidos en Bolivia son más exitosas cada día que pasa, aunque al mismo tiempo los cultivos en este país han aumentado, se han descubierto laboratorios de fabricación de clorhidrato de cocaína (esa nieve inhalable) y bueno, por eso mismo, por el éxito que se tiene en la “valerosa” lucha contra el narco y 30 mil cocaleros en este país... habrá de reducirse la ayuda estadounidense en 13 millones de dólares...

No, queridos lectores, este absurdo no fue creado por este corresponsal. Es más o menos el panorama presente en la Guerra contra las Drogas, frente “Bolivia”. Y de hecho, ni siquiera esos singulares ases de la política internacional (Powell y el antizar, perdón, el zar antidrogas Walters) tienen la misma versión del cuento que sus imitadores bolivianos... pero, paciencia, que acá les explicamos el enredo...



De Washington al Chapare


Ayer el gobierno hizo público un informe sobre sus labores de erradicación. La Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de eliminar las plantas de coca en el Chapare, volverá a tener 1.500 efectivos, y no los mil que tenía. Paralelo al informe, y para no perder tiempo, el gobierno ha hecho ya la solicitud al Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid, una institución más bien oscura, sin más atribuciones que las administrativas) el pedido de reposición de “personal”.

Es decir, se vienen tiempos de conflicto, porque las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, con su líder el diputado Evo Morales a la cabeza, ya dijeron varias veces este año que están dispuestos a dialogar con el gobierno sobre el tema de la coca, pero no permitirán más abusos y erradicación forzosa en su región.

¿Cómo se pusieron las cosas así? Es que el miércoles 30 de julio los funcionarios del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se dieron cuenta de que estaban haciendo mal su tarea, que en un año de trabajo, de agosto de 2002 a agosto de 2003, han erradicado 30 por ciento menos coca de la que el anterior presidente (Jorge Quiroga) en los doce meses de gestión que tuvo entre 2001 y 2002... Ernesto Justiniano, el viceministro de Defensa Social (una las oficinas encargadas del tema), justificó la reducción en su eficacia: “Si tomamos en cuenta los datos de la gestión 2001 y 2002 de enero a diciembre, la erradicación está en un promedio normal... [pero no siempre es fácil la labor:] La coca está camuflada”, explicó en conferencia de prensa.

Para contrastar, el diputado del MAS (y cocalero) Jorge Ledezma dio su propia explicación: “Le estamos ganando al Gobierno. Ellos erradican una hectárea y los cocaleros plantan una hectárea y media”... porque en ello se juega “la supervivencia de los cocaleros”.

Y es que el martes salieron señales alarmantes desde Washington: en una serie de declaraciones llenas de una inusual sinceridad, el zar antidrogas estadounidense, John Walters, reconoció en una conferencia con periodistas internacionales que probablemente la cantidad y la calidad de la cocaína que entra a Estados Unidos puede no haber disminuido, que en Perú y Bolivia hubo incrementos en los cultivos de coca (2 mil y 4 mil hectáreas, respectivamente) y que en ambos países “con el tiempo se requerirán controles más efectivos. Walters fue magnánimo pese a todo: “Los avances que se han hecho en Perú y Bolivia requieren de un seguimiento... terminar el trabajo”... y eso parece que quisieran hacer los funcionarios del gobierno boliviano.

Ahora, para poder llevar a cabo el trabajito, los funcionarios bolivianos cuentan desde hace poco más de una semana con 13 millones de dólares estadounidenses menos. El jueves 25 de julio el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que redujo de 104 a 91 millones la ayuda a Bolivia. El viernes, el embajador David Greenlee confirmó el dato, pero para tanquilizar a sus cómplices... perdón, a los funcionarios de Bolivia, afirmó que se darán “bonos extra” para cubrir el déficit. Lo que deja dos cosas muy claras: que el virrey Greenlee debe saber más que mucha gente en el Congreso cuánto dinero hay, porque de esos bonos no hay absolutamente mención alguna en el texto aprobado por los representantes estadounidenses... y de paso, como Greenlee no explica la posible aplicación práctica de los bonos, queda claro que no sabemos nada de política económica antidrogas.


Más o menos


Según el viceministro Eduardo Justiniano, los informes del gobierno de Estados Unidos respecto al aumento en un 23 por ciento en los cultivos de coca están “resfriados”, porque se trata de las estimaciones realizadas por la Drug Enforcement Administration (DEA) en junio de 2002... “este año se ha vuelto hacer una medición en junio de este año, donde los resultados los conoceremos en septiembre”, afirmó el funcionario.

Otro punto a considerar: resulta que luego de “pacientes” investigaciones el ministro de Gobierno Yerko Kukoc ha tenido que informar el miércoles pasado que en la región oriental de Bolivia (la parte amazónica del país), se han encontrado hasta veinte diferentes puntos de cultivo de coca... dentro de una reserva natural, el Parque Nacional Amboró. Esas hectáreas de coca que serán erradicadas a partir del 15 de agosto. Aunque también se han destruido, en dicha reserva, 18 fábricas de producción de clorhidrato de cocaína y se descubrieron nuevas rutas de tráfico de esa sustancia, por tierra, al cercano Brasil... pero Kukoc fue categórico: no van a permitir que esas zonas de Bolivia “se conviertan en otro Chapare”.

Hasta ahora, por lo que pudimos averiguar en consulta con Evo Morales, NINGÚN COCALERO ha sido detenido en estas acciones. Es decir, el narco, el de verdad, ha vuelto por sus fueros luego de tanta erradicación forzosa, fumigaciones y apresamientos: hace una década que no se tenía noticia de plantaciones de coca en esa región de Bolivia... olvidará el ministro Kukok que para convertir el Parque Nacional Amboró en “otro Chapare” se requieren por lo menos 30 mil cocaleros dispuestos a defender su hoja milenaria, su medio tradicional de subsistencia... ¿o se habrá referido a controlar mucho más a los militares, policías y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, acusados de cerca de cien casos de violaciones a los derechos humanos y asesinatos en los últimos diez años y, como nos reafirmó Evo en breve charla, principales responsables del tráfico de precursores químicos en el Chapare?

Aunque de todos modos hoy parece que la prisa por “terminar el trabajo” es enorme... porque de un día para otro, pese a los desmentidos a John Walters, a afirmar que el ritmo de la erradicación no se detiene y a que no cuentan con las mediciones sobre los cultivos de hoja de coca de este año, el débil gobierno de Sánchez de Lozada ha anunciado completa su nueva “estrategia”: aparte de reponer a los 500 erradicadores, van a mejorar sus sistemas de inteligencia, como publica el diario La Razón en su edición de este viernes ( http://www.la-razon.com/Seguridad/Agosto/seg030801d.html )... pero, queridos lectores, los 500 nuevos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, para cumplir con las metas de erradicación fijadas y mantenidas por Estados Unidos, serán enviados al Chapare, no al Parque Amboró... y los sistemas de inteligencia harán algo parecido... ¿no es esto contradictorio?

Peor todavía: de acuerdo con un cable de hoy de la agencia BOLPRESS, es muy posible que además del Parque Amboró existan por lo menos cuatro zonas más de cultivo de hoja de coca y que todo sea parte de una ruta fluvial de narcotráfico hacia Brasil desde el oriente boliviano:

El gerente del Comité pro Santa Cruz, Lorgio Balcázar dijo que el Comité pro Santa Cruz advirtió que en esa capital no sólo existen plantaciones de coca en las inmediaciones del parque Amboró, sino en las reservas de El Choré, en la población de Guarayos y en parte de las provincias Ñuflo de Chávez y Velasco, respectivamente.

“Es un circuito montado. A excepción del Parque Amboró, existe la extensión de Chané, Guarayos, Ñuflo de Chávez y Velasco debido a que en estas zonas fluyen los ríos que conectan con el Brasil”, indicó.

Aclaró que los narcotraficantes al ver que la zona de el Chapare es muy controlada por la DEA y la FELCN, han adoptado la alternativa de cambiar sus plantaciones al departamento de Santa Cruz por las facilidades de transporte acuático hacia el Brasil, ya que por vía terrestre y aérea existe mucho control.

¿Es esto claro? O será que los funcionarios bolivianos y sus pares estadounidenses no ven lo mismo...

En cualquier caso, los cocaleros del Chapare se aprestan ya a resistir los nuevos esfuerzos de erradicación que, por lo menos al respecto de la lucha antidrogas, han demostrado no ser eficaces, porque no disminuyen ni la producción de la milenaria hoja, gracias a la resistente fuerza de los cocaleros, y no atacan para nada la producción de drogas en Bolivia... eso sí, por esta causa mueren entre diez y quince personas cada año.

Eso, sin descontar que todos los personajes de esta supuesta “Guerra contra las Drogas” en Bolivia dicen una cosa, hacen otra, se contradicen entre sí... y John Walters es el primero. En el texto de la famosa “certificación” que cada año entrega el gobierno gringo a los países que cumplen con lo pactado, la oficina del zar establece como objetivos de Estados Unidos “desmantelar la producción de cocaína en Bolivia; reprimir y destruir las drogas ilícitas y los precursores químicos que se internan y transitan el país; y reducir y combatir el mercado del consumo interno de cocaína y otras drogas ilícitas”. Más adelante, afirman que “El desafío para el gobierno de Bolivia será la erradicación enérgica en el futuro, para, de ese modo, demostrar su determinación para desalentar los continuos esfuerzos de cultivar y comercializar coca en el Chapare”. Ahora que si los precursores, las fábricas de droga y las rutas de tráfico están en otras regiones, eso no importa...

Seguir con este tipo de políticas represivas, aumentar el número de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, insistir en focalizar el problema de la producción de drogas al Chapare y cosas similares, al mismo tiempo que se reconoce que la cocaína que entra a Estados Unidos puede ser la misma en calidad y cantidad, que los cultivos de hoja de coca en Bolivia aumentan, y hacer planes de trabajo sin contar con los datos precisos... queridos lectores, ¿no es de necios? Ustedes dirán, porque los cocaleros dirigidos por Evo ya dieron su palabra: “Ni una hectárea más será erradicada en el Chapare de manera forzosa”.

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Violencia orquestada
Por Encod - Tuesday, Aug. 05, 2003 at 11:40 AM

Es importante notar que los campesinos bolivianos no son conocidos por su tendencia de utilizar la violencia. Jamás han habido movimientos guerrilleros en este país de características indígenas. Por ello, si los productores de coca se oponen contra la erradicación forzosa, es porque están defendiendo su única fuente de ingreso. Saben que si la pierden, lo único que les queda es de migrar a las ciudades, donde les espera un futuro como mendigo o trabajador de la economía informal. El hecho de que la erradicación no fue posible que a través del uso de la violencia tiene que interpretarse como un señal del fracaso de los proyectos de desarrollo alternativo. Para uno que visita El Chapare, es muy difícil ignorar la cantidad de carteles anunciando algún proyecto, financiado con ayuda europea o de los Estados Unidos. Muchas veces, los carteles son lo único que ha quedado de los esfuerzos para convencer a los cocaleros bolivianos a cultivar frutas tropicales, producir leche u otros productos. Pero la falta de asistencia técnica, mercado, infraestructura para el transporte, o simplemente la pésima administración por parte de los responsables de proyectos han hecho que la mayor parte de los proyectos ha sido abandonada porque simplemente no resultaron viables. Una organización no-gubernamental boliviana elaboró en el año 2000 una encuesta entre campesinos bolivianos que han participado en los proyectos de desarrollo alternativo. De esta encuesta, surge una imagen devastadora para las agencias responsables. La coca sigue representando un 40% o más del ingreso para no menos el 80 % de estos campesinos. Cerca de la mitad de los encuestados creen que los proyectos han cumplido sus promesas. Pero con respecto al hecho si en realidad han tenido alguna ventaja, las respuestas no dejan ninguna duda: no más que el 2% siente que ha habido cierta ventaja, 12 % no contesta a la pregunta, 67 % opina que no ha habido impacto alguno y el 19 % describe la asistencia como 'engaño' y 'pérdida de tiempo'. Actualmente, la frustración de los campesinos bolivianos con los proyectos de desarrollo alternativo ha llegado a graves extremos. A mitad de octubre de 2001, entre 40 y 50 productores de coca que retornaban del sepelio de una mujer que murió en un enfrentamiento con las autoridades, arrojaron piedras y encendiaron a las oficinas de un proyecto de desarrollo de una ONG financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Las protestas masivas que protagonizan los campesinos bolivianos en estos días se originan en su demanda de tener el permiso para cultivar una sexta parte de una hectárea de coca por familia, algo que les ha sido negado por el gobierno boliviano después de que el embajador de Estados Unidos declaró que su gobierno jamás aceptaría tal arreglo. Al atacar los proyectos de desarrollo alternativo, los campesinos hacen claro que para ellos, la cooperación al desarrollo es otra cara del mismo adversario que ha llegado a sus terrenos para erradicar sus cocales, robar sus víveres, golpear, detener e includo matarles. Para ellos, el desarrollo alternativo simplemente se ha convertido en la justificación de una guerra, cuyo último objetivo es de hacerles desaparecer de sus terrenos.

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Narcotráfico y Política
Por Equipo Nizkor - Friday, Aug. 15, 2003 at 12:22 PM


El Rol de los Estados Unidos

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1. Víctima y Culpable

Bolivia es acusada insistentemente por los Estados Unidos de ser el principal proveedor de la pasta básica, que después, a través de la conexión colombiana, entra en ese país ya en forma de cocaína. Las presiones, tanto económicas como políticas, se hacen cada vez más insistentes y radícales. Se quiere, ante todo, que Bolivia reduzca sensiblemente su producción de hoja de coca. Pero la solución no es tan sencilla ni tan justa como a algunos políticos y a algunos altos funcionarios de DEA les parece. En el fondo no es más que el reconocimiento de la incapacidad en el propio Estados Unidos para controlar a los poderosos grupos de la mafia organizada.

Un periodista, refiriéndose al tráfico y al abuso que actualmente se hace de la cocaína dice: «Este es un problema netamente norteamericano, por cuanto las mafias principales son manejadas por norteamericanos, los grandes especuladores son norteamericanos; los laboratorios son inventados, manejados y reparados por norteamericanos; los consumidores son norteamericanos... » Lo cierto es que todo gira alrededor del crecimiento geométrico, tanto del consumo como de los precios, que la cocaína ha tenido en ese país. Las diferencias exorbitantes que existen entre el precio de la hoja de coca en Bolivia y el de la cocaína en los Estados Unidos hacen que el tráfico, la corrupción y la violencia adquieran proporciones espantosas. Un número, cada vez mayor, de norteamericanos manifiestan como causa primaria del consumo de drogas el «stress» o sobrecarga emocional psíquico-patológica producto de las tensiones que crea la sociedad de consumo. Es un problema no inducido desde afuera, sino subproducto de las sociedades superdesarrolladas. Es bien sabido, por otro lado, cuánto se propagó el uso de la droga (y muy especialmente la cocaína) entre los soldados norteamericanos que participaron en la guerra de Vietnam. La corrupción y la organización de las mafias narcotraficantes en Bolivia no son más que una mala copia de las que existen en los Estados Unidos.

Sería imposible el internar al mercado norteamericano cantidades tan grandes de drogas sin la colaboración directa y total de las mafias norteamericanas y sin la complicidad de los agentes encargados de la represión del tráfico de las drogas.

En la ardua discusión que se ha entablado entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, Washington no quiere reconocer responsabilidad ninguna de este aspecto. Ellos creen que países como Perú, o Colombia o Bolivia están envenenando su sociedad.

El conocido periodista Jack Anderson publicó, hace unos meses, informaciones según las cuales existía en el propio Congreso de los Estados Unidos tráfico y uso de drogas. En las investigaciones que hizo la FBI en torno a este asunto pudo comprobar que estaban implicados seis miembros de la Cámara de Representantes, un senador y dos ex diputados.

En Los Angeles y en otras ciudades de los Estados Unidos se venden libremente equipos denominados «keep cocaine», que sirven para medir el grado de pureza de la droga.

Algunas ciudades de los Estados Unidos y muy especialmente Miami viven dentro de un clima de violencia desatado entre las distintas mafias.

El vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, que preside la Comisión Especial creada por el gobierno de Reagan para combatir el crimen, ha señalado que el Sur de Florida se ha convertido en el lugar donde más ha aumentado la delincuencia. Para tratar de atajar esta marea de delitos el año 1981 se decidió aumentar el número de efectivos policiales. Se enviaron a la región 130 nuevos agentes de aduana, 43 nuevos agentes del FBI y 20 expertos del Departamento del Tesoro. También se han enviado a esta zona los supermodernos aviones AWACS.

El vicepresidente Bush decía: «Quiero destacar este punto lo más que pueda: Nuestras investigaciones van a ser tan intensas con los banqueros y con los comerciantes que logran ganancias con la delincuencia, como lo hacemos con los asesinos y otros delincuentes.» («USICA» número 59, 17-11-82).

El porcentaje de homicidios en el Distrito de Dale (incluida la ciudad de Miami) fue un 61 % más elevado el año 1980 que lo que había sido el año 1979.

Según el Procurador General del Estado de Florida, Jim Smith, el tráfico de drogas es el comercio minorista más grande de este Estado. El tráfico de drogas en los Estados Unidos, qué según DEA sobrepasa en su valor de reventa los 50.000 millones de dólares (entre cocaína y marihuana) va acompañado de violencia y corrupción. Esta afecta aun a los propios organismos de Seguridad. Actualmente 20 policías y funcionarios públicos de Cayo Hueso están siendo interrogados por implicaciones en el tráfico de drogas. El Comandante de Marina, con base en Marathon, ha sido acusado de aceptar 50.000 dólares por dejar pasar un cargamento. En el distrito de Dade, 15 policías y detectives han sido suspendidos o cambiados de puesto por aceptar favores -incluso cocaína- de los traficantes de drogas.

El jefe regional de DEA dice: «La corrupción es uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos.» Y esa corrupción no se limita a los empleados públicos. Los representantes de DEA dicen estar enterados de que algunos Bancos de Miami han recibido gratificaciones de hasta 500.000 dólares por remesa, para después transferirlas, falsificando los depósitos, hasta Bancos del exterior. En 1980 los agentes de DEA siguieron la pista de 2.000 millones de dólares que eran producto de la venta de cocaína y marihuana, destinados a los Bancos de Miami hasta llegar a cuentas de Bancos extranjeros. Se comprobó que 31 de los 250 Bancos de Miami daban servicio a 1.300 cuentas sospechosas, muchas de ellas abiertas bajo nombres falsos. Cinco Bancos eran propiedad de los narcotraficantes. Sin embargo, muchas de las inversiones que se hacen en Miami se deben al narcotráfico. En el primer semestre de 1980 los narcotraficantes habían invertido 192 millones de dólares en el Sur de Florida.

De todas las drogas que ingresan a Estados Unidos, la cocaína es, con mucho, la que deja mayores ganancias. Algunos investigadores calculan que son más de 20 millones de norteamericanos los que consumen cocaína con regularidad. Según las encuestas realizadas por el Instituto Nacional para el Estudio de Abusos de las Drogas, cerca del 28% de los adultos jóvenes (de 18 a 25 años) informaron que habían usado cocaína. Esta encuesta fue realizada en 1979. En cambio, la misma encuesta realizada dos años antes, en 1977, dio sólo un 19% de adultos jóvenes que habían usado la cocaína.

El consumo de la cocaína en los Estados Unidos crece en forma incontrolada. Algunos hablan de un crecimiento en proporciones de un 20% anual. La cocaína, hasta hace poco tiempo droga de las clases adineradas y símbolo de prestigio social, actualmente se ha extendido a todas las clases sociales, sobre todo entre estudiantes y profesionales jóvenes. Pero el crimen crece también en proporciones aún mayores. En el año 1980 se cometieron en el Distrito de Dale 135 asesinatos relacionados con la droga y la mayoría de ellos tenían relación con el tráfico de la cocaína que es la que mueve intereses más altos. («Selecciones Reader's Digest». «Miami: Drogas y Crimen». Mayo, 1980.)

El tráfico de droga en los Estados Unidos ha alcanzado proporciones enormes: Los embargos de cocaína en el sudeste de Norteamérica durante el año 1978 duplicaron el total de los de 1977. En la zona de Miami, sólo las cifras del tráfico de marihuana y cocaína en 1978 alcanzaron la cifra de 7.000 millones de dólares, cantidad muy superior a la derivada del turismo, con lo que el tráfico de drogas se convierte en la principal industria de la ciudad. Con 260 pistas de aterrizaje y más de 1.500 kilómetros de costa, Florida ha sido siempre uno de los lugares favoritos de los contrabandistas y de los narcotraficantes. Por el sur de este Estado entra del 60 al 80% de todo el tráfico de cocaína y marihuana a los Estados Unidos. Los sitios de aterrizaje son, por lo general, aislados trechos de playa o caminos desiertos. Los contrabandistas conocen a menudo las frecuencias de radio que usan la DEA y la Aduana y así logran eludir a las fuerzas empleadas contra ellos.

Según ciertos cálculos del gobierno, 160 barcos costeros van y vienen desde Colombia tocando puntos secretos de reunión en aguas internacionales cerca de Florida, justo donde terminan las aguas jurisdiccionales de los Estados Unidos. Allí estos barcos trasladan sus cargamentos a embarcaciones pequeñas y de alta velocidad que transportan la droga hasta la costa.

Si los riesgos de los narcotraficantes son pequeños, también lo son las penas que les imponen. En el sur de Florida, las condenas aplicadas en casos graves de narcotráfico son un 20% menores que el promedio nacional. Muchos contrabandistas extranjeros obtienen la libertad bajo fianza y logran escapar. Tal sucedió con Alfredo Gutiérrez, a pesar de que su fianza era de un millón de dólares.

Miles de millones de dólares en utilidades obtenidas por narcotráfico se transfieren de cuentas de Miami a Bancos de las Bahamas, de Panamá o de Suiza. Gran parte, sin embargo, se invierte en Estados Unidos. Un importante narcotraficante descubierto por DEA tenía en propiedad 30 negocios en Miami.

La corrupción ha infectado a un amplio sector de la población de Miami. Los dueños de las mansiones de la costa alquilan sus muelles a los narcotraficantes por sumas de hasta 100.000 dólares por cargamento. Algunos directivos de los Bancos aceptan sobornos del 2 % en grandes depósitos en efectivo, a cambio de falsificar informes de transferencias económicas internacionales.

La DEA tiene un archivo con informes de 300 pilotos, sólo del sur de Florida, que han hecho viajes a la Guajira. Con ganancias de hasta 40.000 dólares por viaje, los pilotos están dispuestos a correr tremendos riesgos. Con frecuencia cargan hasta tal grado los aviones que les es difícil despegar. Esto explica la elevada cantidad de accidentes. («Selecciones del Reader's Digest»: «Narcotráfico en América: Itinerario siniestro», V-79.) Los norteamericanos consumen entre doce y veinte toneladas de cocaína por semana. Ha llegado a tener tanta aceptación la cocaína en ese país que un psiquiatra de la Casa Blanca admitió que recetaba cocaína a los más cercanos colaboradores del Presidente de los Estados Unidos para que aliviaran su tensión en las horas de crisis.

En el Estado de Massachusetts existe ya un precedente judicial que impide a los policías detener a nadie por posesión de cocaína.

Los norteamericanos han inventado su propio estilo para consumir la cocaína. Si en otros países se empleaba simplemente el hueco de la mano para su inhalación, en Estados Unidos se inventó el cristal oscuro y el sorbete nasal, aparte de los más sofisticados instrumentos para colocar la cantidad deseada en el centro mismo de la pituitaria. Todo ello se puede encontrar muy fácilmente, ya que se hace propaganda abierta en las revistas y en los periódicos. Así, por ejemplo, en la «Alpine Creations» de Miami se ofrece por ocho dólares la «flauta mágica» que controla la cantidad inhalada e impide la exageración y el desperdicio. Ha proliferado en todo Estados Unidos la venta de balanzas de precisión, lupas para examinar el brillo de los «cristales», coladores microscópicos, e instrumental muy delicado para analizar la pureza de la cocaína antes de comprarla. El más popular de estos instrumentos es la «Hot Box», del que una empresa en la ciudad de Santa Bárbara ha vendido medio millón al precio de 179 dólares. Su funcionamiento es sencillísimo: el clorhidrato de cocaína se sublima a relativamente baja temperatura, por ejemplo en las zonas más calientes del cuerpo humano. La «Hot Box» consiste en un termostato y una pequeña placa donde se coloca la cocaína. Si desaparece entre 38 y 39 grados centígrados, la cocaína es pura. Si queda intacta, es una falsificación.

La revista «Life» catalogó como uno de los objetos característicos de la última década en Estados Unidos el «Cocaine kit», un estuche con espejo, navajita para «peinar» la cocaína, inhalador y cristal para extenderla en montoncitos muy precisos. Se lo puede adquirir aun por correo postal.

La civilización del ocio y de la angustia lleva, en los países superdesarrollados, a muchas personas hacia las ilusorias soluciones que ofrece la cocaína.

2. ¿Quien Corrompe a Quien?

En el mes de marzo de 1982 el embajador norteamericano en Bolivia, Edwin Corr (un hombre profesionalmente vinculado a la DEA) viajó hasta la zona del Chapare (Departamento de Cochabamba), donde existe una alta producción de hoja de coca.

Los campesinos de la región se acercaron a dialogar con el embajador para exponerle sus puntos de vista. La charla fue cordial, pero los criterios permanecieron irreconciliables. En los hechos la posición del embajador Corr expresaba los intereses de la nación más poderosa del mundo y con el consumo más elevado de cocaína, en cambio, los campesinos eran la expresión de su propia pobreza y de la dependencia de su país. Los campesinos insistían en la necesidad del desarrollo agroindustrial de la zona, así como en la creación de nuevas fuentes de trabajo para que ellos fueran disminuyendo paulatinamente la producción de la coca. Pero el embajador no estaba dispuesto a soltar prenda. Cuando insistían, por ejemplo, en la urgente necesidad de que fuera electrificada la región, el embajador, encerrado en sus propias ideas, contestaba: «La electricidad servirá para que los narcotraficantes trabajen también de noche...»

El gobierno de los Estados Unidos insiste en que el medio más efectivo, más barato y más lógico para acabar internacionalmente con el narcotráfico es el de la erradicación de las plantaciones de coca. Sin embargo, son muchos los argumentos que los campesinos andinos pueden esgrimir en contra de tan drástica medida.

La producción de la coca data de mucho tiempo atrás, siglos antes de que se descubriese la cocaína y sus efectos euforizantes. Por otro lado, según los estudios más serios sobre la materia, la masticación de la coca produce efectos positivos y suple las deficiencias alimenticias de los indígenas quechuas y aymaras, dándoles renovada energía en su trabajo. La coca está relacionada con todo su mundo social y religioso, constituyendo un componente básico de su cultura.

La plantación de la coca, así como su comercialización, es algo legal, tanto en Bolivia como en Perú. Los ingresos que esa comercialización legal de la coca aporta al erario público son muy altos.

La profunda postración económica en la que ha vivido siempre el campesinado indígena andino se ha visto aliviada, en parte, gracias al mejoramiento progresivo del precio de la hoja de coca, pero es precisamente en estos momentos cuando, por presiones del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades bolivianas comienzan a exigir la limitación y hasta la erradicación de las plantaciones de coca. Los distintos proyectos elaborados para la suplantación de la coca por otros cultivos, como es el cacao o el café, no convencen a los campesinos. Y tienen sus razones para ello. La planta de coca es original de estas regiones y, por lo tanto, perfectamente adaptada a sus condiciones climáticas y orográficas. La hoja de coca se da tres y hasta cuatro veces al año; por lo tanto, el trabajo que implica y sus ingresos están bien repartidos. Las plantas tienen un promedio de vida entre 15 y 20 años. El comercio es seguro y perfectamente organizado. La práctica de los campesinos y sus conocimientos con respecto al cuidado, recolección, selección y comercialización de la hoja son muy completos. Toda la familia puede trabajar por igual en la recolección. Las enfermedades de la planta son pocas y fáciles de controlar. Los rendimientos son superiores al de cualquier otra producción. El humilde campesino que produce la hoja se limita, por lo general, a venderla en el mercado, sin tener parte alguna en la elaboración de la cocaína y menos en el narcotráfico. Por lo tanto, ¿por qué razón se le va a exigir a él que deje de producir la hoja de coca...?

Pero el gobierno de los Estados Unidos y sus emisarios en Bolivia no parecen dispuestos a revisar sus criterios. El Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, bajo la continua presión de los Estados Unidos, ha declarado al año 1982 como «el año de la sustitución de la coca».

Con este motivo llegó a Bolivia el 7 de marzo de este mismo año el señor Dominick Di Carlo, Secretario Adjunto del Departamento de Estado para el Control del Narcotráfico. «El tema único para abordar es el reemplazo de la coca.» Así lo comunicó la embajada norteamericana en Bolivia.

En realidad, desde que el General Torrelio asumió la Presidencia de la República en septiembre de 1981 ya la Drug Enforcement Administration (DEA) se hizo cargo del asesoramiento y la supervisión de la institución oficial encargada en Bolivia del control del narcotráfico.

En fecha 11 de marzo de 1982 el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico presenta al señor Di Carlo un plan de destrucción sistemática de los cocales. Dice así:

«En lo que respecta a los cocales clandestinos que son todos los situados fuera de los Departamentos de La Paz y Cochabamba, las acciones que ha previsto realizar el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico se sujetarán al cronograma siguiente:

Entre el 10 de marzo y el 30 de abril, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Ley 18714 y siempre que esté disponible el herbicida adecuado, se procederá a la destrucción de los cocales ubicados en la región de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz.

Hasta el 15 de mayo se ubicarán y se destruirán otros cocales ilegales ubicados en el Departamento de Santa Cruz.

Hasta el 30 de junio se ubicarán y se destruirán otros cocales ilegales ubicados en el Departamento del Beni.

Entre el 30 de junio y el 31 de diciembre se procederá al descubrimiento y destrucción sistemáticos de todos los cocales ilegales ubicados en los Departamentos de Santa Cruz y del Beni.

Asumimos que el 50 % de los costos totales de esta labor de detección y destrucción de los cultivos ilegales de coca será cubierta por el gobierno norteamericano. Si así no fuera, dada la escasez de recursos del Consejo y la crisis económico-financiera que confronta el país, el cronograma expuesto sufriría recortes y retrasos considerables.» («Presencia». Solicitada 11-III-82.)

Con esas medidas, el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico piensa que, para fines del año 1983 la producción de hoja de coca en el Chapare se habría reducido en un 30 % en la superficie cultivada. Es decir, unas 4.000 hectáreas menos. Para el año 1984 se habría disminuido la extensión de los cocales en otras 3.000 hectáreas.

Sin embargo, existen profundas divergencias al respecto entre las autoridades bolivianas y los representantes de los Estados Unidos para el control de las plantaciones. El principal punto de fricción radica en la diversidad de opiniones con respecto a la extensión y a la producción actual de los cocales. Según los datos aportados por las autoridades bolivianas en el año 1971 la producción de coca del Chapare era de 2.666 toneladas métricas y en el año 1980 ha alcanzado las 24.146 toneladas métricas, siendo la extensión cultivada en el año 1971 de poco más de 3.000 hectáreas y en el año 1980 de 12.370 hectáreas. Pero la delegación norteamericana presenta otros datos muy distintos, basados en la información «vía satélite». Según las cifras contenidas en el estudio elaborado por la Earth Satellite Corporation y publicado en abril de 1981, el área de cultivo de coca del Chapare en 1980 fue de 27.500 hectáreas con una producción de unas 50.000 toneladas métricas. Ese mismo estudio proyectó una producción de 64.000 toneladas métricas en el Chapare para 1981 y de 82.000 para 1982.

Como se puede apreciar, las diferencias, tanto en los datos de la extensión de los cocales como en los de producción de coca, son enormes. El Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia ha rechazado, como totalmente inexactas, las cifras aportadas por la delegación norteamericana que se basan en los datos proporcionados por el satélite Landsat, ya que esos datos están proporcionados a una escala de 1:100.000 y no han sido comprobados después sobre el terreno.

Sin embargo, y a pesar de tener criterios tan dispares, el 23 de abril de 1982, el Ejército y la Policía se movilizan para poner en ejecución el plan norteamericano de erradicación de la coca.

3. La Erradicacion de la Coca: Solucion Imposible

El gran operativo para la erradicación de la coca comenzó el 23 de abril de 1982, en el que participaron cinco compañías del Ejército con el apoyo de la Fuerza Aérea y la policía de narcóticos. La acción se desarrolló simultáneamente en el área de influencia del río Ichilo y en la región de Puerto Grether, abarcando una extensión de 1.100 kilómetros cuadrados. Participaron en ella efectivos de la Séptima y la Octava División, así como el Regimiento Ránger «Manchego».

Se encontraron 283 pozos de maceración de coca y fueron destruidas 30 fábricas de cocaína. En la región de Yapavaní y de Puerto Grether causó gran preocupación la constatación de que se estaban usando herbicidas para matar las plantas. Según las primeras denuncias de algunos periodistas, se trataba del herbicida «2-4ST» que Estados Unidos utilizó en la guerra del Vietnam para destruir las selvas, y denominado popularmente como «Agente Naranja». Algunos funcionarios de narcóticos insistieron en que se trataba del herbicida conocido como «2-4-D».

Sin embargo, en los letreros que los funcionarios de narcóticos pusieron en las zonas afectadas por el herbicida se podía leer esta advertencia: «Este cocal ha sido extinguido mediante la aplicación de herbicidas. Se recomienda no aproximarse y menos tomar contacto con los residuos durante 40 días.» Esta advertencia parece insinuar que el herbicida usado ¡es bastante más nocivo que el «2-4-D»!

En el comunicado oficial que en fecha 26 de abril emitió el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, después de afirmar que se está usando el herbicida 2-4-1) «con el fin de evaluar su costo y eficacia en comparación con la destrucción manual»... se dice que «el suelo quedará afectado por espacio de cuatro a ocho semanas». Esta afirmación es avalada por el científico norteamericano Fred Tachirley. Lo que hace suponer que las autoridades bolivianas no conocen con exactitud ni la calidad real del herbicida que se está usando, ni cuáles son sus efectos sobre los terrenos, sobre los animales y sobre las personas.

El Instituto Nacional de Colonización, pocos días después, advirtió sobre el grave peligro que entraña la destrucción de las plantaciones de coca con herbicidas tóxicos.

En una reunión con la prensa, los representantes de este organismo oficial, encabezados por su Director Ejecutivo, refiriéndose a la campaña iniciada en algunas regiones del país para la eliminación de las plantaciones de coca por medio de herbicidas tóxicos, indicaron que ello destruiría la tierra totalmente por varios años, ya que desaparecerá la materia orgánica, los nutrientes químicos y microorganismos que nitrogenan la tierra. El uso de estos herbicidas tóxicos convertirá estas zonas en verdaderos eriales que sólo podrán ser rehabilitados con el trasplante de «humus» desde otras regiones no afectadas lo que implicaría millones de toneladas métricas.

Los técnicos del Instituto Nacional de Colonización indicaron, además, que incluso los plagicidas de uso muy común en la agricultura tienen graves consecuencias sobre la tierra, a pesar de que su toxicidad es mucho menor que la que tienen los que se están utilizando para erradicar la planta de coca. Por lo demás, afirmó el ingeniero Hernán Mufloz Durán, «en el caso de tener que usar herbicidas tóxicos, corresponderla al Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria realizar las investigaciones del caso y superar los posibles desajustes que se puedan producir con los campesinos que trabajan esas tierras». También manifestó que en la zona del Chapare no se han hecho estudios de suelos para que los campesinos puedan diversificar su producción agrícola en sustitución de la coca. («Presencia», 28-IV-82.)

Pero el Coronel Raúl González Ferry, Director Nacional del Consejo para la Lucha contra el Narcotráfico, se mostraba mucho más optimista al respecto. En declaraciones formuladas a la prensa, el día 29 de abril de ese mismo año, decía: «El Consejo garantiza que las tierras donde se están utilizando herbicidas para destruir plantas de coca, no sufrirán alteraciones de ninguna clase, puesto que el producto '2-4-D' ha sido probado científicamente. La Embajada de los Estados Unidos garantiza que no hay peligro si se lo maneja dentro de los consejos que dio el científico Fred H. Tachirley, quien llegó a Bolivia expresamente para asesorar en el uso de herbicidas.» («Presencia», 29-IV-82.) Pocos días más tarde los campesinos de la zona de Yapacaní, cuyos locales habían sido totalmente exterminados, presentaban pruebas fehacientes de que sus plantaciones eran legales, ya que contaban con la autorización respectiva del Departamento de Registros y la propia Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas había autorizado esas plantaciones cobrando anualmente 2.000 pesos por cada parcela de 20 metros por 100. Los campesinos expresaban: «Estamos desorientados y terriblemente afectados porque la hoja de coca era nuestra principal fuente de ingresos. No lo hubiéramos hecho si hubiera sido ilegal; el hecho de contar con autorización oficial nos da derecho a reclamar ante el gobierno y ante DEA, que dirigió estas operaciones de destrucción de los cocales. Queremos que se nos indemnice por las pérdidas y que se nos ofrezca un programa efectivo para continuar viviendo de la agricultura.» («Presencia», 4-V-82.)

El mismo día 4 de mayo se publicaba en la prensa del país un comunicado titulado: «El Gobierno del Presidente Torrelio y el Narcotráfico.» Dice este importante documento: «Desde la Presidencia de la República, el tristemente célebre 'Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico' lanza sus comunicados pagados y permite que el herbicida '2-4-D' (Dichlorophenoxyacetic acid) se utilice en la zona de Yapacaní. El científico americano Fred Tachierley dice que dicho veneno es inofensivo, sabiendo perfectamente que no lo es. Le pedimos que lea el mejor libro americano de farmacología e insecticidas, 'The Fharmacological Basis of Therapeutics, de Goodman y Gilman, en el que dicen claramente: 'El 2-4-D con sus sales y ésteres son los herbicidas más familiares y potentes, que matan las plantas y arbustos provocando el crecimiento de hormonas; los animales expuestos a estos venenos mueren en forma instantánea y masiva de fibrilación ventricular. Los que no mueren instantáneamente, por haber sido expuestos a menor cantidad de herbicidas presentan rigidez en sus extremidades, entran en parálisis, caen en coma y mueren lentamente. En el hombre, además de lo anteriormente expuesto, pueden presentarse severas dermatitis de contacto, cambios irreversibles en el hígado y en los órganos reproductivos.'» («The Farmacological Basis of Therapeutics», Goodman y Giman. Mac Millan Publishing Co.N.York. p. 1.653, cita solicitada. «Presencia», 5-V-82.)

En el simposio sobre «Ecología y Recursos Naturales», realizado en la ciudad de Cochabamba, llegó a establecerse que el uso del «2-4-D» es totalmente ilegal en Bolivia ya que, según el Decreto-Ley número 10283 de fecha 30 de mayo de 1980, se prohibe la importación de insecticidas clorados, debido que afectan a la persona humana por ingestión oral, entre los cuales está comprendido el «2-4-D» cuya fórmula química es Cl-Cl-Och2-COOH.

Pero hay más: Según los participantes a ese simposio «la Ley de asistencia extranjera de los Estados Unidos prohíbe a las autoridades de la Dirección General de Estupefacientes de ese país exportar, e incluso aconsejar, a los gobiernos extranjeros el uso de herbicidas.

Tanto el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, como las organizaciones sindicales campesinas y hasta representantes de la Iglesia, se opusieron al uso del herbicida. Los campesinos exigían que se actúe «con justicia y honestidad en todo este problema, pues si el narcotráfico está creciendo esto se debe a aquellos que se han desplazado hasta el Beni y que producen grandes cantidades de cocaína y de esto está bien informado el gobierno... Ellos saben dónde están los grandes. ¿Por qué solamente los pequeños están siendo atacados...?» (Federación Especial de Campesinos del Norte. «Presencia», 4-V-82.)

También la Academia de Ciencias de Bolivia toma parte en la discusión y, por medio de una carta al Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, señala: «Preocupa a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia los posibles efectos, por ahora no bien conocidos y estudiados, de estos productos químicos que se están aplicando y, en especial, aquellos fenómenos que producirán, a corto o largo plazo, sobre la ecología de las regiones contaminadas.» («Presencia», 7-V-82.)

La Federación Sindical de Campesinos, consciente de las presiones internacionales a las que se ve sometido el gobierno de Bolivia, dice en un comunicado público: «Solicitamos al Gobierno el que se investigue las actividades desplegadas por algunos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en calidad de agentes de represión, que es totalmente ajena a las funciones diplomáticas. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que si desea la destrucción o el control de la producción de la coca, pague el valor correspondiente de los ingresos que significa para un país subdesarrollado este producto, cancelando por hectárea 100.000 dólares Us.» («Los Tiempos», 7-V-82.)

4. ¿Hacia la Legalizacion de la Cocaina?

La solución a los problemas sanitarios y delictivos que crea la droga no es claro que se pueda alcanzar por la vía de extremar el rigor de la ley. La despenalización de la droga en cierto grado podría implicar un acercamiento más coherente y eficaz al problema.

En muchos países se ha despenalizado el consumo y, en cuanto a el tráfico, se hace una clara distinción entre drogas duras y drogas blandas. Se trata entonces de distinguir, en primer lugar, entre el toxicómano y el traficante mafioso que ha elegido esta actividad para enriquecerse a costa de la salud, e incluso, la vida de sus semejantes. El narcotraficante es tratado, en casi todas las legislaciones, como lo que realmente es: un vulgar delincuente.

Aunque muchos penalistas y médicos son partidarios de la despenalización total de la droga blanda (hachís, marihuana, cocaína...) surge el inconveniente de que su consumo «se dispare» hasta proporciones que son inadmisibles desde todo punto de vista. Porque no se penalice un comportamiento esto no quiere decir que se favorezca su difusión. Hay que reconocer que el abuso, aun de las drogas más blandas, es perjudicial, por más que su nocividad no sea penalizada por la ley. La coacción penal es útil para conseguir algunas cosas, pero ha sido totalmente ineficaz para controlar el tráfico y el consumo de estupefacientes. Aún se podría afirmar que ha sido contraproducente, ya que ha generado nuevos tipos de delincuencia. Año tras año van aumentando los consumidores de drogas. Estamos en una situación muy parecida a la que se generó en Estados Unidos por la llamada «Ley Seca».

El año 1919 se dictó en los Estados Unidos la «Volsteacd Act» prohibiendo el comercio y el uso de todas las bebidas alcohólicas. A raíz de esta ley se creó una verdadera mafia, generando una pavorosa corrupción en la policía. Después de varios años se llegó a constatar que había aumentado el consumo de bebidas alcohólicas en la juventud. La prohibición genera un mercado negro ilegal basado en la brutal diferencia de precios, tanto al por mayor como al por menor. Como en el caso de la «Ley Seca», el contrabando de drogas está generando delincuencia que, por la propia dinámica económica, tiende a constituirse en grandes monopolios capaces de desafiar a las personas y a las instituciones que traten de oponérseles, así como a los propios organismos del Estado. Estos monopolios tienen poder también para contener la oferta, haciendo subir los precios a su voluntad. Como, por otro lado, todo acuerdo que se haga entre las distintas mafias y los compradores, caso de no ser cumplidos, no pueden alegarse ante los tribunales, éstas se ven impulsadas a recurrir a la violencia como medio para imponer el cumplimiento de lo acordado. De este modo, la prohibición genera no sólo delincuencia, sino «delincuencia organizada» y tremendamente violenta. Una delincuencia, que, además, se desarrolla en espiral en la medida en que crecen constantemente los intereses económicos. Es muy difícil saber cuáles serían las restricciones ideales con respecto a las drogas y muy especialmente con respecto a uso de la cocaína, si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se desenvuelve la vida actualmente. Muchos de los sufrimientos que se padecen en nuestra sociedad no tienen relación con agentes patógenos específicos, sino que son generados por causas mucho más generales. Gran parte de nuestra sociedad padece de «stress» físico o psicológico, de fatiga, de depresión, de dolor de cabeza, dolor de espalda, ansiedad... frente a los cuales no se encuentra remedio eficaz en la farmacopea tradicional. Todo esto hace pensar que la gente se vaya inclinando, cada vez más, a uso de las drogas y, muy especialmente hacia la cocaína, como solución, siquiera pasajera, a sus males. Por otro lado, no hay mucha diferencia entre el médico que receta un valium como sedante y la del profano que decide, por sí mismo, fumarse un cigarrillo de marihuana o una dosis de cocaína.

Sin duda que no se pretende con esto una liberación total que podría traer otros males, pero lo cierto es que no se resuelve el problema optando por un endurecimiento excesivo de la ley. Y menos todavía hacia una droga que, como la cocaína, ha cumplido una función positiva hacia muchas personas. Hay que insistir en que el problema principal que crea su ilegalidad es el que nutre un «mercado negro» que genera fabulosas ganancias, mafias poderosas y una espantosa secuela de crímenes.

Es, justamente, el aspecto de la criminalidad y la violencia lo más negativo y condenable de las drogas. Pero esto está más relacionado con su ilegalidad que con su contenido euforizante.

Con respecto a la cocaína cabe hacer, en primer lugar, una distinción que por obvia no deja de ser muy importante: la diferenciación fundamental entre coca y cocaína. Fuera de las distancias que separan contextos culturales profundamente distintos, el «coqueo» es algo legal y tradicionalmente aceptado. Aunque ha sido duramente criticado por personas e instituciones que lo han hecho desde contextos culturales muy diferenciados, cada día son más los científicos que ven la costumbre de «mascar coca» como algo fisiológicamente muy positivo. Nadie, por otro lado, ha podido constatar que «el coqueo» sea responsable de crímenes, actos violentos, o de pérdida del autocontrol. Algunos, eso sí, han relacionado el «coqueo» con la subalimentación del indígena altiplánico, como si aquella fuera la causante de la mala alimentación del indio. Habría que analizar más detenidamente «si no comen porque mascan coca o mascan coca porque no tiene qué comer». Parecería más bien que es la falta de alimentos la que induce a mascar más coca.

Entre los efectos negativos de la cocaína el más grave, sin duda, es el que ha generado toda una ola de criminalidad y violencia. Aunque no se dé una relación directa e intrínseca entre cocaína y violencia, es esto lo que ha justificado las medidas legales para restringir, no sólo el tráfico, sino también su uso moderado en muchas legislaciones.

Con respecto a la criminalidad o violencia que puede generar el uso mismo de la droga no existen estadísticas que nos puedan llevar a una conclusión definitiva.

Es cierto que muchas veces se ha hecho referencia a la cocaína como generadora de violencia. Sin embargo, siempre ha habido una gran dosis de sensacionalismo y de prejuicios en ello. El miedo al «toxicómano violento» fue el argumento más usado para legitimar la prohibición de muchas drogas.

El uso de la cocaína puede comportar un cierto peligro de violencia al ser un estimulante del sistema nervioso que aumenta al confianza en sí mismo y disminuye las inhibiciones. Si alguien es de temperamento violento o tiene tendencia a encolerizarse, el uso de la cocaína puede actualizar esa tendencia o agravarla, ya que incita más a la acción que a la reflexión. Se han cometido crímenes por adictos a la cocaína, pero han sido personas que tenían marcadas tendencias criminales. Es posible, sin embargo, que el uso de la droga excitase esas tendencias.

Un estimulante del sistema nervioso como es la cocaína puede dar al consumidor la voluntad necesaria para el cumplimiento de cualquier acto que necesita, ante todo, seguridad en sí mismo, ya sea un discurso, un presentarse en escena o un robo... El alcohol da un valor parecido, pero el sujeto que ha bebido no conserva el control de sí mismo a nivel psicomotor e intelectual. En cambio la cocaína da coraje y no quita, en lo más mínimo, el dominio pleno de las propias facultades. Esta, sin duda, es la razón para que tantos artistas del cine y del teatro hayan sido adictos a la cocaína. Si se compara la cocaína con el opio también se encuentran grandes diferencias: mientras el opio y la heroína dejan al consumidor insensible ante el dolor o al deseo de cualquier cosa, la cocaína reafirma en el consumidor su propia voluntad y le puede inducir a realizar actividades hasta el límite mismo de la propia capacidad. Si los consumidores de heroína o de morfina tienden a verse como monjes budistas que alcanzan el nirvana, el adicto a la cocaína se parece más al «superhombre» de Nietzsche que realiza su voluntad de poder. Pero no es evidente que de esa seguridad egocéntrica se pase a la violencia física como tal.

En un estudio de DEA realizado entre presos toxicómanos que habían cometido crímenes, eran mucho más numerosos los que habían tomado otras drogas que no cocaína. El expediente de crímenes contra personas es mucho menos voluminoso que el de otras drogas. («Drug Usage and Arrest Charges», 1971.)

Es la ilegalidad de la cocaína la que ha dado lugar a numerosos crímenes y actos de violencia. Esa ilegalidad, instrumentalizada por la alta oficialidad militar de Bolivia es la que ha generado los más grandes negociados y la más inhumana violencia. Contrabando, asesinatos, corrupción, tráfico de armas, compras de conciencias, complot, asaltos, golpes de Estado..., acompañan al tráfico de la cocaína. Una decena de «familias» relacionadas con el tráfico de la droga han convertido a Miami y a otras ciudades de Estados Unidos en sangrientos campos de batalla. Igual se puede decir de las ciudades colombianas como Medellín, Bogotá, Cali o Leticia. En Bolivia cada vez se hace más violenta la lucha entre las distintas mafias por llegar al control total del narcotráfico. Esta lucha se ve aún más agravada por la presencia de los paramilitares y por la impunidad con la que pueden actuar los grandes traficantes amparados por la protección oficial.

Epilogo

El análisis de los nexos que imbrican al narcotráfico con el poder político en Bolivia nos ha llevado a formular algunas conclusiones que se desprenden lógicamente de él.

La primera y más elemental de las conclusiones es la de dejar claramente establecida la distinción entre coca y cocaína. Gran parte de la polémica que aún rodea al consumo de la hoja de coca por parte de las grandes mayorías de aymaras y quechuas de Bolivia tiene que ver con los prejuicios y el desprecio colonialista con que el «hombre blanco» ha mirado desde siempre el fenómeno del coqueo. El «colonialista» (sea europeo, norteamericano o, incluso, boliviano) denigra y ataca lo que no conoce, lo que está fuera del radio de sus valores culturales. Debe quedar, pues, bien claro que los habitantes autóctonos de lo que hoy es Bolivia, que han cultivado cocales y han practicado el coqueo desde antes de la invasión del colonialismo español, no son responsables del uso y abuso que nuestra sociedad haga de la cocaína y, por lo tanto, no son responsables del tráfico de la misma. Pretender ver en la erradicación de los cocales la solución al tráfico de la cocaína es, pues, algo no sólo injusto, sino también totalmente equivocado.

Por otra parte, no es nada claro que los graves problemas delictivos y sanitarios que generan el narcotráfico y el uso incontrolado de la droga vayan a encontrar remedio en un mayor rigor de la ley y en una mayor represión. Habría que ver si, al contrario, una despenalización de las drogas consideradas como «blandas» no significaría una aproximación más realista, fecunda y eficaz al problema. Es verdad que una despenalización total podría provocar que el consumo «se dispare», causando estragos en la salud. Pero también es cierto que la penalización legal,bien es útil en algunos aspectos, ha resultado ser completamente incapaz de controlar el tráfico y el consumo de la droga. Lo que si parece indudable es que la violencia y la criminalidad, que suelen acompañar con frecuencia al uso de la cocaína, tienen mucho más que ver con su ilegalidad que con su contenido euforizante.

El uso y el abuso de prácticamente todas las drogas conocidas, y muy especialmente de la cocaína, es un problema esencialmente norteamericano. Estados Unidos es, de lejos, el mercado de drogas más poderoso del mundo; su existencia se debe no sólo al elevado nivel de ingresos y de consumo que han alcanzado sus habitantes en promedio, sino también al tipo de sociedad que allí se ha creado. Este tipo de sociedad genera no sólo tensiones y angustias, que buscan alivio en el consumo de las drogas, sino también un afán y ansiedad desmedida de lucro. Mucho se ha insistido en el superpoder de las mafias de narcotraficantes colombianos o bolivianos, pero está claro que éstos nada podrían hacer sin la complicidad directa y colaboración decisiva de las mafias norteamericanas que operan fuera y dentro de los Estados Unidos. Cada vez aparece más claro que la impunidad con que operan los grandes narcotraficantes se debe, ante todo, a la corrupción imperante en los servicios aduaneros y en los organismos policiales, incluidos los que están encargados de la lucha contra el narcotráfico, de ese país (1).

Otra conclusión importante que se desprende del análisis llevado a cabo es que todo indica que las poderosas organizaciones de narcotraficantes que actúan dentro de Bolivia nada serían y nada podrían si no fuese porque cuentan con la complicidad directa de las Fuerzas Armadas o, al menos, de los altos jefes militares de ese país. Las Fuerzas Armadas ocupan el poder en Bolivia, casi ininterrumpidamente, desde 1964. El poder militar en Bolivia ha sido y es, en la actualidad, esencialmente fascista. El enriquecimiento más fácil y más rápido posible, a cualquier precio, es su finalidad primordial. El narcotráfico ha crecido bajo la protección de la dictadura militar y en él se originan las escandalosas fortunas de las que hacen ostentación muchos militares. El poder militar no sólo es ilegal en su origen, lo es también en todo el curso de sus actividades y quehacer políticoadministrativo. cuando asumen el poder, los militares imponen sus criterios o sus intereses por encima de toda ley. No hay poder capaz de controlar ni de juzgar su comportamiento. Unicamente el retorno al imperio de la ley podrá acabar con la impunidad de que goza el poder militar. Por lo tanto, sólo una auténtica democratización del poder político en Bolivia podrá poner coto al creciente poder del narcotráfico, hasta erradicarlo. Pero la condición para ello es que las Fuerzas Armadas dejen de protegerlo, regresen al cumplimiento de sus específicas funciones militares y, por lo tanto, se subordinen al poder civil democráticamente elegido por el pueblo.

Por último, no se puede dejar de ver que el poder militar en Bolivia ha terminado engendrando una criatura monstruosa, que ha crecido y se ha desarrollado a sus expensas y bajo su protección: los «paramilitares». Estos son como una deformación interesada del poder militar. Tienen el poder de las armas, pero lo camuflan bajo ropajes de civilidad. Gozan del anonimato de los civiles, pero también se benefician con la organización y la impunidad de los militares. Son «profesionales de la violencia», una verdadera máquina de destrucción, terror y muerte. Se alimentan con las fabulosas ganancias y aportaciones de los narcotraficantes a cambio de la escolta armada que les dan para garantizar la impunidad de su actividad delincuencial. Su total desaparición es el más urgente de los requisitos para emprender la erradicación del narcotráfico y poder alcanzar la paz social en Bolivia.

Londres, octubre de 1982.



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Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights el 05jun01

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Con el dueño del circo...
Por NarcoNews - Wednesday, Sep. 03, 2003 at 5:23 PM

Los cocaleros del Chapare proponen dialogar con Estados Unidos


Por Luis Gómez
Jefe de la Oficina Andina de Narco News
2 de septiembre de 2003


Durante 17 años y más los cocaleros del Chapare han resistido la erradicación de cultivos de coca en su región... lo que en un prinicipio era la defensa de sus medios de vida, se convitió en una pelea contra el exterminio y, como expresó Evo Morales durante la campaña electoral que casi lo hace presidente, contra el intervencionismo yanqui. Pero las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, presididas por Morales, no solamente resistieron en bloqueos de caminos y enfrentamientos directos con las fuerzas represivas del Estado, también dieron vida a su “instrumento político por la soberanía de los pueblos”, el Movimiento Al Socialismo... hoy la segunda fuerza política en Bolivia.

En septiembre del año pasado, como informamos en estas páginas http://www.narconews.com/Issue27/articulo586.html , los cocaleros del Chapare iniciaron una serie de mesas de diálogo con el gobierno, respaldados por la fuerza que han sido, y el poder que ahora les da tener representantes en el Senado (casi un tercio) y la Cámara de Diputados (aproximadamente la cuarta parte)... hartos de la incapacidad del gobierno para resolver sus problemas, de la represión y el acoso a que se han visto sometidos por más de una década, esperaron de todas maneras que el gobierno de Sánchez de Lozada atendiera sus reclamos... pero no ocurrió. El llamado “diálogo de la coca” no tuvo ningún efecto, los cocaleros volvieron a las protestas y el gobierno volvió al camino de la represión.

Hace unos días, un informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia apuntóque en los últimos cinco años han muerto 21 cocaleros en enfrentamientos y bloqueos, y que en ese tiempo alrededor de 1.200 más han sido encarcelados. En ese sentido, entre las medidas presentadas por Gonzalo Sánchez de Lozada para mejorar su desempeño en el gobierno el pasado 6 de agosto, aumentarán nuevamente los efectivos a la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la erradicación forzosa, de 1.000 a 1.500 efectivos, también continúan la construcción de cuarteles y hasta se construye en el Chapare un centro de entrenamiento canino (todo esto, como veremos más adelante, con financiamiento estadounidense)... y, por supuesto, sin olvidar sus tareas de acoso político a Evo Morales y sus compañeros, como la permanente calificación de “terroristas” que les dan Sánchez de Lozada y sus ministros.

Pese a todo, en más de una ocasión los cocaleros han planteado una “alianza real y efectiva de lucha contra el narcotráfico y no como sucede actualmente, cuando algunos aparatos antinarcóticos encubren y se favorecen de esta ilícita actividad”, como aseguró Evo a Narco News en reacción a la incautación, hace menos de un mes, de cinco toneladas de drogas por parte de las autoridades. Y nada... por lo que hace tres días, Evo, actuando como vocero de la organización cocalera del Chapare, planteó un diálogo directo entre sus bases y el gobierno de George W. Bush... sí, queridos lectores, un diálogo Chapare-Washington, en serio...



¿Quién manda en Bolivia?


En marzo de 2002, trabajaba como Ministro Consejero en la Embajada de los Estados Unidos un señor de nombre Patrick Duddy... ¿a qué se dedicaba? Pues a asistir a fiestas y cócteles (inclusive le hicieron uno para despedirlo cuando Bush lo nombró cónsul en Sao Paulo, Brasil). Pero también, por lo que hemos podido encontrar, a escribir largos, minuciosos y reveladores informes para la oficina del Secretario de Estado, Colin Powell. En dichos reportes parece que Míster Duddy daba cuenta de cómo se gastan el dinero de los contribuyentes estadounidenses los funcionarios gringos en Bolivia... vengan, queridos lectores, pasen a mirar una muestra del trabajo de Duddy, y tengan a la mano lápiz y papel.

Gracias a un documento obtenido por el periodista auténtico Jeremy Bigwood, mediante la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos (FOIA, según sus siglas en inglés), Narco News obtuvo la segunda parte de un reporte sobre “monitoreo de uso final” de los recursos y el equipo militar y de logística que la oficina de asuntos antinarcóticos de la embajada de Washington administraba (y administra) en Bolivia para llevar adelante su estelar show de guerra contra las drogas.

“Durante 2001”, dice el documento, “la oficina de asuntos antinarcóticos de La Paz [NAS, por sus siglas en inglés] apoyó 28 proyectos antinarcóticos del gobierno de Bolivia, totalizando más de 35 millones de dólares”. ¿Para qué usaron tanto dinero? El reporte de Duddy dice que para adquirir más de mil vehículos para las unidades de las fuerzas armadas bolivianas involucradas, así como 80 embarcaciones, reparación y mantenimiento de un par de aviones Hércules C-130Bs donados por ellos, algunas avionetas Cessna, para construir 14 nuevas bases militares en el Chapare, el ya mencionado centro de adiestramiento canino, para 13 mil juegos de uniformes de campaña para los bolivianos, para unas 175 computadoras, 616 equipos de comunicación (desde radios de mano hasta repetidoras)... y también para dar de comer a la tropa, transportarla, comprar combustible, pagar viáticos, y mucho más... todo distribuido a través de (y controlado por) las ocho oficinas que tiene en este país la oficina de asuntos antinarcóticos de la embajada...

Duddy menciona también la existencia de una flota de 16 helicópteros UH-1H, la presencia variada de asesores militares y técnicos (desde miembros de la Guardia Costera hasta expertos en logística y comunicaciones), el reuso de los vehículos incautados en operaciones contra el narcotráfico, así como 834 mil dólares en efectivo encontrados en dichas operaciones, 280 carabinas M4 entregadas en su mayoría a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de la policía local, varios tractores, tráilers, camionetas todo terreno, un hangar nuevo para los Hércules... todo puesto en manos de las fuerzas armadas y de policía de Bolivia gracias a la generosidad del gobierno de Estados Unidos.

Queridos lectores, hasta donde las confirmaciones alcanzan, hay varias cosas que quedan claras. La primera es que gran parte de la “asistencia” gringa se fue, por lo menos en 2001, en ayuda militar. De acuerdo a la justificación para el presupuesto http://www.state.gov/g/inl/rls/rpt/cbj/fy2003/10559.htm de ayuda antinarcóticos solicitada este año por el Departamento de Estado, en 2001 Bolivia recibió 52 millones de dólares... eso significa que un 70 por ciento fue directamente a las fuerzas represivas. Sin contabilizar la “ayuda de emergencia” para el Plan Colombia del año 2000, que fue de 110 millones de dólares...

Y bueno, resulta que si la ayuda gringa en Bolivia pone las armas, los uniformes, el equipo de logística, paga la comida y regala aviones y helicópteros, pues tiene que mantener un estrecho control sobre sus donaciones, para lo que realiza chequeos e inventarios periódicos. Veamos, en las aproximadamente 12 páginas del reporte, hay también algunas afirmaciones de Duddy que merecen ser tomadas en cuenta...

Primero que nada, vale mencionar que el reporte menciona “el uso personal de vehículos por parte de altos oficiales bolivianos en algunos programas”, que esos oficiales “frecuentemente abusan del privilegio de tener un vehículo y lo utilizan para viajes personales”... o sea, son corruptos... además de que Míster Duddy menciona un número indeterminado de “accidentes vehiculares serios... que involucran negligencia”... o sea, además de corruptos, los oficiales bolivianos son malos conductores. Y tengan presente este dato: de todos los reportes, inventarios e informes se guarda una copia en la oficina central de la NAS en La Paz... o sea en la embajada... y nadie dice nada sobre esto...

Otro tema de interés para nosotros resultó ser el de los vuelos de interdicción y en general todas las misiones aéreas de las fuerzas antinarcóticos en Bolivia (transporte de equipo o de tropas, vuelos de reconocimiento y otros): “El consejero de aviación, el director de la NAS y el director ejecutivo aprueban todas las misiones operacionales y de rutina, y gastos para el programa C-130B [los Hércules]; sólo el director de la NAS y el director ejecutivo pueden autorizar misiones fuera de rutina”... en pocas palabras: ningún militar de Bolivia vuela sin autorización de la oficina de asuntos antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos; y más o menos lo mismo ocurre con las misiones por vía naval y terrestre, donde los que coordinan el trabajo son los asesores militares y antinarcóticos estadounidenses.

Un dato curioso. En 2001, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que andaba erradicando coca en Bolivia “consistía de un personal de 1.563 militares, policías y civiles. Una mitad de la FTC erradicaba cultivos ilícitos de coca, mientras la otra mitad proveía seguridad a los cuarteles y en los campos de coca”. Vamos, que apenas unas 781 personas se dedicaban a cortar plantas mientras 781 las cuidaban... ¿sería que detrás de cada erradicador con machete había uno con el arma cargada por si se aparecían algunos cientos de cocaleros armados con piedras y palos?

Por cierto que Patrick Duddy menciona como un problema de ese tiempo la excesiva rotación de efectivos militares en los diversos cuarteles de lucha antinarcóticos, por lo que la NAS gastaba mucho en alquilar autobuses, en pagar choferes y comprar gasolina para transportarlos... porque era la NAS la que organizaba los transportes de equipo y de tropas en coordinación con los militares estadounidenses destacados en este país.

Los gringos “ayudan” a los bolivianos: los entrenan, los equipan, les regalan todas las aeronaves que poseen, les pagan y no les permiten hacer nada sin supervisión... para conseguir logros mínimos. ¿Tiene entonces algún sentido que los cocaleros del Chapare quieran entablar diálogo directo con los Estados Unidos? A este corresponsal le parece que sí...


Evo: “Queremos una alianza estratégica”


El martes 26 de agosto pasado, Evo Morales dijo en una conferencia de prensa que, bajo la premisa de que “nunca habrá coca cero en el Chapare”, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba querían entablar un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para dos cosas muy claras:

1. “Demostrar que es viable la industrialización y control de la comercialización de la hoja de coca que se produce en el Chapare”.

2. “Participar activamente en la lucha contra el narcotráfico”, porque así, dada la enorme y eficiente capacidad de organización de los sindicatos cocaleros de la región, “habrá menos droga, precursores y narcotraficantes”.

Evo dijo además que de encontrar cocaleros envueltos en el narcotráfico serían incondicionalmente entregados a las autoridades y sus tierras confiscadas. En ese diálogo, afirmó Evo Morales, serio como nunca, deberán darse “las razones y argumentos, no los intereses y pretensiones políticas para establecer una política de la coca que respete los usos y costumbres”.

“Queremos una estratégica de lucha real contra el narcotráfico con la embajada de Estados Unidos... mucho mejor es negociar y dialogar con quienes realmente toman las decisiones sobre la hoja de coca en Bolivia”, agregó Evo, al tiempo que recalcó la falta de autonomía e independencia del gobierno de Sánchez de Lozada.

Y cuando le preguntaron sobre el fracaso del diálogo con el gobierno local. Recordó que no fueron los cocaleros quienes dijeron que no a ese encuentro, fue el gobierno. “Ahora tampoco le diremos que no al diálogo con los dueños del circo”, concluyó. Por supuesto que los funcionarios del gobierno boliviano desestimaron esta propuesta (y algún gatillero intelectual a sueldo hasta dijo que era antinacional)... pero la mesa está puesta... y Evo fue certero al mencionar una frase de pícara sabiduría popular, porque, como acabamos de ver, los cocaleros en verdad quieren solucionar la problemática de la hoja de coca... y ya han dejado de hablar “con los payasos, para hablar con los dueños del circo”... ¿Se pondrá Bush el traje de domador para hablar con ellos?

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Guerra USA contra drogas afecta a campesinos bolivianos
Por AP - Tuesday, Sep. 09, 2003 at 7:18 PM

Bolivia, 19 agosto 2003 (AP)

Una mañana de abril, la indígena Hilaria Pérez Prado comenzó su día como de costumbre, suplicando que los soldados no saliesen de la selva y acabasen con su granja.

Pero ese día los soldados vinieron, destrozaron sus cultivos y al marcharse uno de ellos le disparó una bala al pecho.

Pérez, de 41 años, salió ya del hospital. Pero uno de sus pulmones quedó dañado, al igual que su esperanza de ganarse la vida con su granja del Chapare, una remota región boliviana que está muy vinculada a la guerra de Estados Unidos contra las drogas.

En los últimos siete años, Washington ha invertido 470 millones de dólares en una campaña militarizada en Bolivia destinada a impedir que Pérez y otros granjeros pobres se dediquen a cultivar la coca.

El "Plan Dignidad", como se llamó la campaña, funcionó muy bien durante los primeros cinco años. Los soldados bolivianos recibieron machetes y azadas y la orden de acabar con las plantas de coca una a una.

Los soldados destrozaron más de mil millones de plantas. Bolivia pasó de satisfacer la mitad de la demanda de cocaína de Estados Unidos -- una cosecha que traía cada año a este país ingresos por 500 millones de dólares -- a suministrar muy poca droga.

Los diplomáticos norteamericanos dijeron que el Plan Dignidad era la campaña antinarcóticos de mayor éxito jamás realizada en Sudamérica.

Pero las naranjas, bananas y otras cosechas propuestas a los campesinos como sustituto de la coca no han resultado lucrativas porque son pocos los compradores que vienen a estas regiones aisladas en busca de ellas, y poco a poco los campesinos han vuelto a cultivar la coca.

La producción de coca en Bolivia ha aumentado un 23 por ciento desde el 2001, dijo la Oficina de Política de Narcóticos en la Casa Blanca.

La campaña antinarcóticos se ha intensificado, con lo cual han aumentado las tensiones y los conflictos entre los soldados y los campesinos.

Los campesinos plantaron minas de fabricación casera en los campos de coca y envenenaron frutas de las cercanías con la esperanza de que los soldados se las comiesen. Los soldados, a su vez, recurrieron en ocasiones a las armas de fuego.

Un grupo independiente de derechos humanos de Bolivia que sigue de cerca la campaña del gobierno dijo que 30 granjeros y 21 soldados han sido muertos en los últimos cinco años. La Defensoría del Pueblo dijo también que unos 600 civiles y soldados han resultado heridos.

Además, 1.200 campesinos han sido arrestados por acusaciones de cultivo de la coca, dijo el grupo.

"Es fácil comprender por qué la gente se violenta. Están hambrientos", dijo Godofredo Reinecke, un activista de derechos humanos del Chapare, una región del tamaño de Bélgica que es una de las zonas más pobres del país.

Reinecke dijo que la coca ofrece a muchos campesinos la única oportunidad para ganar suficiente dinero.

Stanley Schrager, ex director de la sección de narcóticos de la embajada de Estados Unidos en La Paz, no aprecia ese argumento.

"Se ha planteado esa idea -- yo lo llamaría el mito del cocalero inocente -- de que lo único que trata de hacer es ganar lo suficiente para alimentar a sus hijos", dijo Schrager.

"Pero en realidad se encuentra al comienzo de una cadena de eventos que termina con la comercialización de la droga y la adicción a la droga en Estados Unidos", agregó. "Y por tanto comparte la responsabilidad por las vidas arruinadas que resulten de su adicción".

Pérez, de 41 años, no ve alternativa alguna al cultivo de la coca. La mujer es una indígena quechua que se mudó al Chapare desde las alturas de la sierra, no habla español y comparte con su esposo, siete hijos y un par de pollos una vivienda carente de electricidad.

La mujer dice que la coca es la única cosecha que le permite alimentar a su familia. De manera que continuará cultivándola entre plantas de banano que la ocultan de los helicópteros norteamericanos que sobrevuelan el lugar.

Los campesinos del Chapare descartan la idea de cultivar naranjas y bananas. La carretera de la región está flanqueada por mujeres que venden esas frutas: 100 naranjas por el equivalente de 35 centavos de dólar, 20 bananas por 13 centavos.

Y los compradores escasean.

Los únicos que vienen regularmente al Chapare para comprar productos del agro son los representantes del narcotráfico, que pagan más de dos dólares estadounidense por cada kilogramo de hojas de coca.

Así que los campesinos cultivan la coca y se arriesgan la vida.

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