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Comunidades ecuatorianas ponen a Texaco en el banquillo
Por radiomundoreal -
Friday, Oct. 24, 2003 at 8:47 AM
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Observatorio de conflictos Comunidades ecuatorianas ponen a Texaco en el banquillo
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La poderosa empresa petrolera trasnacional Chevron-Texaco será sometida a juicio por la contaminación y el daño ambiental producido en las provincias norteñas de Sucunbíos y Orellana. Fue decisiva la acción de las comunidades campesinas e indígenas que denunciaron el desastre y colocaron con su denuncia a la empresa en el banquillo de los acusados.
El juicio, que se inició el 21 de octubre de 2003 en la ciudad de Nueva Loja -capital de la provincia de Sucunbíos-, es el primer caso en el cual una empresa petrolera multinacional debe responder por sus actos de contaminación y daño ambiental en América Latina.
La demanda por la cual debe ahora responder Texaco fue presentada hace ya 9 años por los representantes legales de los miles de indígenas y campesinos que se movilizaron en la denuncia del desastre ecológico. El caso fue presentado inicialmente en 1993 en la ciudad de Nueva York. La empresa venía eludiendo su responsabilidad ante el hecho al no reconocer la jurisdicción de la justicia norteamericana en el hecho.
Pero esa situación se modifica con la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos donde se expresa el total derecho por parte de la corte ecuatoriana de tomar el caso y resolver según las pruebas que se presenten: en el caso que se verifiquen las responsabilidades de la empresa en el daño ecológico, la misma deberá hacer frente a las penas civiles e indemnizatorias que la justicia ecuatoriana le dicte.
La actividad de la empresa Texaco entre 1967 y 1998 arrojó un saldo catastrófico: desde el vertido sistemático de crudo y desechos hidrocarburíferos, la destrucción del ecosistema selvático en la apertura de caminos para la extracción, e incluso el enterrado de barriles con residuos tóxicos en terrenos cercanos al emplazamiento de las comunidades.
Todo ello provocó la muerte de un sinnúmero de especies vivas, incluidas personas que estaban en contacto diario con los vertederos de residuos tóxicos cercanos a las comunidades.
El gobierno ecuatoriano ya había llegado a un acuerdo en el año 1995 con la empresa por el cual esta se comprometía a reparar parte de los daños causados en la extracción del petróleo. Sin embargo dicha reparación no logró siquiera dejar libre la zona de residuos materiales.
Los equilibrios naturales, luego del impacto socioambiental que supone cualquier extracción irracional de recursos y aún mas en el caso de energía fósil como el petróleo, directamente son irrecuperables. No hay ningún dinero que lo pueda pagar.
Lamentablemente en América Latina las empresas petroleras son impunes de todo crimen ambiental. La movilización de las comunidades es bajo cualquier punto vista el motor que desencadena la toma de responsabilidades por parte de esas empresas que se sitúan mas allá de cualquier sistema de justicia nacional.
Resulta increíble que haya sido una corte de Estados Unidos –país sede de la casa matriz de Texaco- la que habilite a una corte ecuatoriana para juzgar por los delitos cometidos en su propio país.
Pero incluso en esa situación en la que se plantea la jurisdicción probada del sistema de justicia ecuatoriano, la puerta de entrada al país para las petroleras seguramente fue abierto desde dentro; es decir, por parte de los propios gobiernos que enajenan sus recursos en nombre de la falta de recursos.
En la actualidad el propio ministro de Energía y Minas de Ecuador, Carlos Arboleda, desconoce los derechos de las comunidades indígenas que se oponen a la invasión de su territorio por parte de la petrolera argentina CGC (Compañía General de Combustibles).
En este caso ¿también habrá que esperar 9 años para resarcir de los daños que están por ocurrir? ¿No será mejor evitar que los daños se produzcan antes que entrar en todo ese proceso de administración de la justicia?
Lo que está en cuestión es principalmente el papel de la extracción petrolera como pieza clave de las ya de por sí frágiles economías sudamericanas.
Los propios gobernantes son los que colocan los daños a las comunidades y al medio ambiente como “causas inevitables” que surgen del aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada economía.
En el caso de Ecuador, esa ventaja comparativa de poseer recursos petrolíferos le ocasionó uno de los mayores desastres ecológicos de su historia como nación independiente.
En este caso los responsables de haber vertido mas de 18.5 billones de galones de desechos de petróleo en el marco de una actividad de extracción deben ser identificados exhaustivamente: las empresas y los responsables políticos –ministros, gobernantes– que dentro de cada país hacen el trabajo de topo abriéndole las puertas a tales empresas.
Por esa razón cobra vital trascendencia el reconocer y difundir cada una de las movilizaciones y denuncias de cada comunidad en lucha –ecológica, política, cultural, social en definitiva, por la defensa de sus identidades comunitarias y sus recursos.
El ejemplo de la movilización de las comunidades campesinas e indígenas ecuatorianas no es el único en la actualidad latinoamericana.
Lo importante de cada movilización es la capacidad que tiene de cuestionar cierto orden establecido de prioridades para el desarrollo de cada sociedad así como la posibilidad real de estar pronunciando que es posible una alternativa en el relacionamiento entre los hombres y de estos con la naturaleza que les rodea.
La rica historia del movimiento indígena y campesino ecuatoriano se remonta a la resistencia ofrecida a la conquista española ya en el 1535. La historia reciente es fruto entonces de toda una tradición de lucha: durante todo el período de la colonia y ya entrada la época republicana se fueron sucediendo numerosas sublevaciones indígenas.
Una de ellas fue encabezada por Fernando Daquilema entre los años 1871 y 1872 contra el asfixiante sistema de tributos –uno mas en la larga lista de las humillaciones sufridas por el campesinado- impuesto por los gobiernos.
Dicha rebelión se extendió por toda la provincia de Chimborazo y mostró como la lucha contra los gobiernos centrales se constituía como una continuación de la resistencia a los conquistadores españoles.
Siempre el desprecio y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sería el nexo entre una forma de opresión y otra: en ese sentido entonces la lucha sigue siendo aún hoy la misma.
Ya entrando en el siglo 20, y fruto de las sucesivas incursiones contra los pueblos indígenas, la estructura agraria moderna se comienza a configurar paulatinamente según los patrones propios del sistema capitalista.
La inserción del campesinado se da en forma de absorción de mano de obra barata para los requerimientos propios de las actividades económicas.
Imposible dejar de mencionar una figura histórica del movimiento campesino ecuatoriano: Tránsito Amaguaña.
Luchadora por los derechos de su pueblo -explotada como campesina y oprimida como mujer- fue la fundadora del primer sindicato agrícola del país junto a otras mujeres luchadoras por los derechos de sus pueblos como Nela Martinez y Dolores Cacuango.
Ya en estos últimos años la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha cobrado una dimensión global de lucha al crearse la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
El levantamiento de 1990 generó cortes de rutas nacionales, la invasión de latifundios, la ocupación de edificios públicos, movilizaciones masivas de protesta.
La entrada en la escena política moderna en tiempos de la tan mentada “globalización” dejó claramente establecido que sean cuales sean los rumbos que esta adopte, no puede desconocer la existencia de los dueños primeros de las tierras, ni sus culturas ni sus derechos.
Las comunidades deben ser respetadas y deben ser tomadas en cuenta a la hora de delinear esas mágicas fórmulas de desarrollo económico impuestas desde fuera y favorecidas desde dentro por políticos corruptos.
Si bien la Constitución actual de Ecuador reconoce el carácter pluri-étnico y multi-cultural, ese reconocimiento debe ser reivindicado momento tras momento y exigido en su cumplimiento a través de la lucha organizada de las comunidades.
En Ecuador viven mas de 3 millones de indígenas de 11 diferentes naciones. Cada nacionalidad posee sus propios valores culturales, su propia historia.
Circunstancias como la protagonizada por la petrolera norteamericana Chevron-Texaco seguramente serán más que asiduas en el marco de conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que instituye precisamente la total impunidad para las inversiones trasnacionales de las empresas más poderosas del planeta.
Estados Unidos seguramente entienda mejor que cualquier otro gobierno de América Latina lo que implica asegurar por la fuerza si es preciso los derechos de las empresas en un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
Y por ello abundan las bases militares a lo largo y ancho del continente. En Ecuador ya poseen la base militar de Manta mientras esperan poder colocar otra base desde la cual dominar la zona andina en un punto medio entre Bolivia y Colombia.
Ya han invertido millones de dólares en el proyecto de radarización de la Amazonia denominado “SIVAN”. Y se pueden seguir mencionando casos.
Aunque sea un primer caso, este juicio al que debe hacer frente el gigante petrolero debe ser seguido hasta sus últimas derivaciones, en la medida que es mas que probable que de cosechar una sentencia negativa, esta sea apelada por la empresa, lo que demandaría mas meses y años de papeleos legales.
El ALCA quiere imponerse a partir de 2006. La lucha de las comunidades es el único medio capaz de frenar la segunda conquista y la apropiación definitiva de los recursos naturales, de asegurar la defensa de los derechos de los más débiles y la propia independencia de los pueblos latinoamericanos. Siempre que sea posible debe ser rescatada su voz.