No se puede negar que hay amedrentamiento, que el ciudadano santiagueño le teme al poder. Las personas que quieren expresar su opinión y quienes toman la palabra son molestadas, para decirlo elegantemente.

Monseñor Juan Carlos Maccarone

 

 

 

 

 

Santiago del Estero, 25 y 26 de noviembre de 2003

 

Durante una misión a Santiago del Estero PERIODISTAS se reunió con más de sesenta representantes de la sociedad civil para constatar el estado de la libertad de expresión y las condiciones de trabajo en los medios de comunicación de esa provincia.

El 25 y el 26 de noviembre entidades intermedias, víctimas y familiares de víctimas de la violencia institucional, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, y periodistas, directivos de medios de comunicación tradicionales y comunitarios, corresponsales de diarios de alcance nacional, el Círculo de la Prensa y el Obispo de Santiago del Estero, Juan Carlos Maccarone brindaron su testimonio ante la delegación. 

Finalizada la misión PERIODISTAS solicitó explicación oficial sobre las denuncias recibidas mediante una carta (que se adjunta) dirigida al secretario de Prensa del Gobierno provincial, Guillermo Abregú. Esta Asociación espera aún por una respuesta

PERIODISTAS había visitado Santiago del Estero en el año 2000. Hoy, el clima de terror que se vive en la provincia es mucho más agobiante, aunque paradójicamente,  y aún con evidente temor, los entrevistados hablan y denuncian más.

Los métodos restrictivos y de acoso por parte de los poderes para impedir la libre expresión operan básicamente bajo categorías bien definidas que se detallarán a continuación.

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Tanto esta problemática, como la distribución no equitativa de publicidad oficial, debe ser contemplada a la luz de la diferencia entre los medios tradicionales de gran alcance y los comunitarios o alternativos. Como en el resto del país, los medios comunitarios de la provincia asumieron la tarea de informar sobre los temas que menos registran los grandes medios, además del tratamiento de los derechos humanos y la formación de conciencia ciudadana.

El acceso a la información oficial y a los actos y lugares públicos resulta casi infranqueable para los medios comunitarios. Tanto periodistas gráficos como radiales coincidieron en que los organismos del estado provincial no sólo no los notifican de cuestiones oficiales sino que en algunos casos les dan datos erróneos.  Muchas veces son obligados a realizar trámites burocráticos, infructuosos en la mayoría de casos.

Incluso algunos funcionarios públicos deben ser autorizados para difundir información oficial. Colegas de un medio comunitario señalaron que en una ocasión en que intentaron contactarse con el director de la Unidad de Riego para obtener datos sobre la política de distribución de aguas, les solicitaron una nota a Casa de Gobierno para que la gobernadora autorizara a hablar al funcionario. “Lo hicimos varias veces, pero no tuvimos respuesta”.

Para los medios comunitarios del interior de la provincia el acceso a la información plantea otro aspecto desfavorable: la escasez de medios como fuente. En algunas localidades no existe acceso a medios electrónicos y la única información que se recibe es la de los matutinos Nuevo Diario y El Liberal.

Denunciaron además que los corresponsales de estos medios en cada pueblo “son todos puestos por los políticos, entonces muestran una visión parcial, la visión que ellos quieren mostrar” y que “la población se entera de lo que pasa en realidad en su provincia a través de los medios nacionales; los medios locales desinforman”.

 

DISTRIBUCIÓN ARBITRARIA DE PUBLICIDAD OFICIAL

Uno de los mayores y más efectivos métodos de censura de los que dispone el Gobierno provincial es la distribución de publicidad oficial. De esta manera se premia o castiga el apoyo o la crítica a la administración.

Fue unánime la denuncia de que la información se digita en ese campo: “los dos principales medios gráficos [Nuevo Diario y El Liberal] responden a la publicidad oficial, y lo mismo pasa con el único canal por aire, Canal 7, y hay que tener en cuenta que el dinero que se destina a los avisos del Estado es mayor que el presupuesto de salud” coincidieron los entrevistados.

Señalaron, por ejemplo, que Canal 7 recibe “entre 3 y 4 millones de pesos anuales”. La emisora es propiedad de Néstor Ick, un empresario afín a Carlos Juárez –ex gobernador y hombre fuerte de la provincia- y a su esposa, la actual gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés. Ick es titular del principal banco santiagueño y de empresas de diversos rubros con importantes contratos con el estado provincial: desde millonarios préstamos hasta la cobertura de seguros de vida de los empleados públicos.

El Foro de Entidades Intermedias fue concluyente: “el régimen juarista sigue manejando los medios, sigue manejando la información”.

 

ESPIONAJE, FUERZAS DE SEGURIDAD Y PODER JUDICIAL

Para acallar las voces críticas, el Gobierno provincial apela a los más diversos recursos: espionaje, intimidación, hostigamiento judicial y hasta la utilización de policías infiltrados como periodistas en manifestaciones y conferencias de prensa.

Algunos casos paradigmáticos registrados por PERIODISTAS:

ü  En 1998 el Gobierno pidió un estudio psicológico sobre los artículos de una periodista crítica del gobierno. La psicóloga asignada determinó que ese tipo de información produciría descontento, subversión, reacciones contrarias y negativas en la sociedad. La periodista se encuentra hoy “exiliada” en la provincia de Tucumán.

ü  Durante 2002 fueron secuestradas dos ediciones del periódico La Verdad, editado por Las Madres del Dolor, una agrupación que se formó en demanda de justicia ante las muertes impunes fruto de la violencia policial e institucional. La primera de las requisas se realizó por orden judicial bajo el cargo de falta de datos identificatorios según normas provinciales de dudosa constitucionalidad. En un intimidante operativo la policía allanó la vivienda de Jorge Vidal, coordinador de Las Madres, y se llevó documentación del periódico y también parte de sus bienes personales. A pesar de varios recursos presentados ante la justicia, los ejemplares jamás fueron devueltos. En un segundo operativo, personal uniformado como policía retiró la publicación de todos los puestos, aunque la Fuerza negó su participación.

ü  En diciembre de 2002 la Policía de la Provincia, sin orden judicial, secuestró el video de una investigación periodística sobre venta y tráfico de bebés realizado por Cable Express, un canal considerado por la mayoría de las entidades civiles como una de las pocas vías de expresión opositora al poder político.

ü  El 6 de marzo de 2002 el historiador, docente y periodista Raúl Dargoltz fue absuelto de los cargos de calumnias e injurias que en 1995 presentó en su contra el ex secretario de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Miguel Brevetta Rodríguez, por expresiones incluidas en el libro El Santiagueñazo. Crónica y gestación de una pueblada argentina. En la obra Dargoltz relata los acontecimientos ocurridos a fines de 1993 en la ciudad de Santiago del Estero --cuando miles de pobladores reaccionaron ante la crítica situación social, política y económica de la provincia y expresaron su furia incendiando la Casa de Gobierno, el palacio legislativo, los tribunales y los domicilios de los principales dirigentes políticos—y reproduce declaraciones de ex funcionarios y de ciudadanos santiagueños que adjudicaban a Brevetta Rodríguez cuestionables maniobras políticas y comportamientos indecorosos. Raúl J. E. García, titular del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 12, consideró el trabajo de Dargoltz como “ejercicio de la libertad, derecho inclaudicable” y concluyó que “lo que el pueblo dice que somos como funcionarios públicos o magistrados no puede afectar nuestra honorabilidad como personas, y el delito de injurias protege justamente el honor de la persona, no el del funcionario, magistrado o dirigente de cualquier actividad”. PERIODISTAS gestionó apoyo financiero para el asesoramiento jurídico a Dargoltz a través del Fondo Contra la Censura de World Press Freedom Committee (WPFC) y co-partocinó su defensa.

Los entrevistados tienen la convicción de que se los espía permanentemente. “En Santiago hay muchísimo miedo y hay una cultura de la delación importantísima. Aquí la pareja gobernante dice que el valor que más sostiene es el valor de la lealtad. Lo dice para que exista la delación. No hay un ambiente en Santiago donde no haya uno de ésos poniendo la oreja y después transmitiendo”, aseguró un reconocido periodista.

De hecho, una investigación realizada por El Liberal en 2000 determinó la existencia de tareas de espionaje contra el diario. Se descubrió que en la Secretaría de Informaciones, dirigida entonces por Antonio Musa Azar, “había planos, croquis dibujados de las casas de los periodistas, sobre todo de algunos de ellos, de la casa donde vivían tres periodistas que trabajaban para el diario”. Musa Azar querelló penalmente al medio por sus informes.

El Foro de Entidades Intermedias denunció formas de presión indirectas pero no menos efectivas por parte del Gobierno. “Aquí en Santiago quien no trabaja en un empleo público no tiene posibilidades de conseguir. Si uno se levanta y participa en las marchas, inmediatamente lo marcan, como decían acá, le sacan fotografían, lo filman, etc. Y a través de esa manera son sometidos, presionados con dejarlos cesantes de la actividad laboral”.

Algunos corresponsales evaluaron que por su pertenencia a medios nacionales “un poco nos respetan”, aunque reconocieron sufrir “aprietes como todos”.

 

LIBERTAD Y CENSURA EN LOS MEDIOS

Sólo dos periodistas de las radios de mayor alcance expresaron que no tienen inconvenientes “siempre y cuando se haga dentro de los límites de lo que es la información, y no pegar por pegar, oponerse por oponerse simplemente”.  El resto coincidió en que el manejo arbitrario de la publicidad oficial o la vinculación de propietarios y directivos con el poder genera limitaciones dentro de sus propios medios.

Ya sean de radio, televisión o gráfica, muchos denunciaron tener “formalmente prohibido emitir una opinión”. “El techo ideológico que les ponen los propietarios es muy bajo. El periodista con dignidad no lo soporta. Tarde o temprano saca los pies del plato y lo echan”, comentó un periodista con 30 años de profesión.

Uno de los casos citados fue el de El Liberal, que hasta hace dos años era visto como una alternativa para conocer lo que otros medios no querían o no podían decir. Sin embargo el diario evidenció un giro después de la demanda que presentaron en su contra cuatro mil integrantes de la Rama Femenina del Partido Justicialista, liderada por la actual gobernadora. En julio de 2000 El Liberal había reproducido después de un debate interno y por iniciativa de uno de sus directores, Julio César Castiglione, una foto del diario cordobés La Voz del Interior en cuyo epígrafe decía que Aragonés de Juárez comandaba un ejército de “rameras”, por su pertenencia a la “Rama Femenina”. El reclamo compensatorio rondaba los 20 millones de dólares.

Con inusual rapidez, la justicia se expidió: en pocas semanas el diario sufrió el embargo de las cuentas bancarias y perdió la publicidad oficial.

Castiglione señaló que  las demandas iniciadas por el poder político juarista pusieron al diario bajo la amenaza de desaparición. El ex director, miembro de la familia que históricamente manejó el diario, creyó que ante esta situación “lo más conveniente y responsable era dar un paso al costado y ceder el control del diario. La única solución que estaba a la vista era que lo vendiéramos, al menos parte”, admitió. Si bien no hay constancias oficiales, todos los periodistas consultados coincidieron en que el matutino “se encuentra bajo las órdenes de Néstor Ick”.

“Ahora el diario no critica nada. Recibe de la oficina de Prensa de la casa de Gobierno hasta órdenes de dónde debe ir tal o cual noticia. La información sobre la homilía de [Monseñor Juan Carlos] Maccarone [del domingo 23 de noviembre] estuvo en la calle con el diario a las 3 de la mañana. Lo publicado no decía ni el cincuenta por ciento. Pero a las siete menos cuarto la gobernadora hizo un escándalo y hubo que dar explicaciones”, reveló una fuente inobjetable.