Durante una misión a Santiago del Estero
PERIODISTAS se reunió con más de sesenta representantes de la
sociedad civil para constatar el estado de la libertad de expresión y
las condiciones de trabajo en los medios de comunicación de esa
provincia.
El 25 y el 26 de noviembre entidades intermedias,
víctimas y familiares de víctimas de la violencia institucional, la Cátedra Libre
de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, y periodistas, directivos
de medios de comunicación tradicionales y comunitarios, corresponsales
de diarios de alcance nacional, el Círculo de la Prensa y el Obispo de
Santiago del Estero, Juan Carlos Maccarone brindaron
su testimonio ante la delegación.
Finalizada la misión PERIODISTAS
solicitó explicación oficial sobre las denuncias recibidas
mediante una carta (que se adjunta) dirigida al secretario de Prensa del
Gobierno provincial, Guillermo Abregú. Esta
Asociación espera aún por una respuesta
PERIODISTAS había visitado Santiago del
Estero en el año 2000. Hoy, el clima
de terror que se vive en la provincia es mucho más agobiante, aunque
paradójicamente, y
aún con evidente temor, los entrevistados hablan y denuncian más.
Los
métodos restrictivos y de acoso por parte de los poderes para impedir la
libre expresión operan básicamente bajo categorías bien
definidas que se detallarán a continuación.
ACCESO
A LA
INFORMACIÓN
Tanto esta problemática, como la
distribución no equitativa de publicidad oficial, debe ser contemplada a
la luz de la diferencia entre los medios tradicionales de gran alcance y los
comunitarios o alternativos. Como en el resto del país, los medios
comunitarios de la provincia asumieron la tarea de informar sobre los temas que
menos registran los grandes medios, además del tratamiento de los
derechos humanos y la formación de conciencia ciudadana.
El acceso a la información oficial y a los
actos y lugares públicos resulta casi infranqueable para los medios
comunitarios. Tanto periodistas gráficos como
radiales coincidieron en que los organismos del estado provincial no
sólo no los notifican de cuestiones oficiales sino que en algunos casos
les dan datos erróneos.
Muchas veces son obligados a realizar trámites
burocráticos, infructuosos en la mayoría de casos.
Incluso algunos funcionarios
públicos deben ser autorizados para difundir información oficial.
Colegas de un medio comunitario señalaron que en una ocasión en
que intentaron contactarse con el director de la Unidad de Riego para
obtener datos sobre la política de distribución de aguas, les
solicitaron una nota a Casa de Gobierno para que la gobernadora autorizara a
hablar al funcionario. “Lo hicimos varias veces, pero no tuvimos
respuesta”.
Para los medios comunitarios
del interior de la provincia el acceso a la información plantea otro
aspecto desfavorable: la escasez de medios como fuente. En algunas localidades
no existe acceso a medios electrónicos y la única
información que se recibe es la de los matutinos Nuevo Diario y El
Liberal.
Denunciaron además que los corresponsales de
estos medios en cada pueblo “son todos puestos por los políticos,
entonces muestran una visión parcial, la visión que ellos quieren
mostrar” y que “la población se entera de lo que pasa en
realidad en su provincia a través de los medios nacionales; los medios
locales desinforman”.
DISTRIBUCIÓN
ARBITRARIA DE PUBLICIDAD OFICIAL
Uno de los mayores y
más efectivos métodos de censura de los que dispone el Gobierno
provincial es la distribución de publicidad oficial. De esta manera se
premia o castiga el apoyo o la crítica a la administración.
Fue unánime la
denuncia de que la información se digita en ese campo: “los dos
principales medios gráficos [Nuevo Diario y El Liberal] responden a la
publicidad oficial, y lo mismo pasa con el único canal por aire, Canal
7, y hay que tener en cuenta que el dinero que se destina a los avisos del
Estado es mayor que el presupuesto de salud” coincidieron los
entrevistados.
Señalaron, por
ejemplo, que Canal 7 recibe “entre 3 y 4 millones de pesos
anuales”. La emisora es propiedad de Néstor Ick,
un empresario afín a Carlos Juárez –ex gobernador y hombre
fuerte de la provincia- y a su esposa, la actual gobernadora Mercedes
“Nina” Aragonés. Ick es titular
del principal banco santiagueño y de empresas de diversos rubros con
importantes contratos con el estado provincial: desde millonarios
préstamos hasta la cobertura de seguros de vida de los empleados
públicos.
El Foro de Entidades Intermedias fue concluyente:
“el régimen juarista sigue manejando los medios, sigue manejando
la información”.
ESPIONAJE, FUERZAS DE
SEGURIDAD Y PODER JUDICIAL
Para acallar las voces
críticas, el Gobierno provincial apela a los más diversos
recursos: espionaje, intimidación, hostigamiento judicial y hasta la
utilización de policías infiltrados como periodistas en
manifestaciones y conferencias de prensa.
Algunos casos paradigmáticos
registrados por PERIODISTAS:
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En 1998 el Gobierno pidió un estudio psicológico sobre
los artículos de una periodista crítica del gobierno. La
psicóloga asignada determinó que ese tipo de información
produciría descontento, subversión, reacciones contrarias y
negativas en la sociedad. La periodista se encuentra hoy “exiliada”
en la provincia de Tucumán.
ü
Durante 2002 fueron secuestradas dos ediciones del periódico La Verdad, editado por Las
Madres del Dolor, una agrupación que se formó en demanda de
justicia ante las muertes impunes fruto de la violencia policial e
institucional. La primera de las requisas se realizó por orden judicial
bajo el cargo de falta de datos identificatorios
según normas provinciales de dudosa constitucionalidad. En un
intimidante operativo la policía allanó la vivienda de Jorge
Vidal, coordinador de Las Madres, y se llevó documentación del
periódico y también parte de sus bienes personales. A pesar de
varios recursos presentados ante la justicia, los ejemplares jamás
fueron devueltos. En un segundo operativo, personal uniformado como policía
retiró la publicación de todos los puestos, aunque la Fuerza negó su
participación.
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En diciembre de 2002 la
Policía de la Provincia, sin orden judicial, secuestró
el video de una investigación periodística sobre venta y
tráfico de bebés realizado por Cable Express, un canal considerado por la
mayoría de las entidades civiles como una de las pocas vías de
expresión opositora al poder político.
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El 6 de marzo de 2002 el historiador, docente y periodista Raúl Dargoltz fue absuelto de los cargos de calumnias e injurias
que en 1995 presentó en su contra el ex secretario de Comunicaciones y
Relaciones Institucionales, Miguel Brevetta
Rodríguez, por expresiones incluidas en el libro El Santiagueñazo. Crónica y gestación de una
pueblada argentina. En la obra Dargoltz relata
los acontecimientos ocurridos a fines de 1993 en la ciudad de Santiago del
Estero --cuando miles de pobladores reaccionaron ante la crítica
situación social, política y económica de la provincia y
expresaron su furia incendiando la
Casa de Gobierno, el palacio legislativo, los tribunales y
los domicilios de los principales dirigentes políticos—y reproduce
declaraciones de ex funcionarios y de ciudadanos santiagueños que
adjudicaban a Brevetta Rodríguez cuestionables
maniobras políticas y comportamientos indecorosos. Raúl J. E.
García, titular del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 12, consideró el trabajo de Dargoltz como “ejercicio de la libertad, derecho inclaudicable” y concluyó que “lo que el
pueblo dice que somos como funcionarios públicos o magistrados no puede
afectar nuestra honorabilidad como personas, y el delito de injurias protege
justamente el honor de la persona, no el del funcionario, magistrado o
dirigente de cualquier actividad”. PERIODISTAS gestionó apoyo
financiero para el asesoramiento jurídico a Dargoltz
a través del Fondo Contra la
Censura de World Press Freedom Committee (WPFC) y co-partocinó su defensa.
Los entrevistados tienen la convicción de que
se los espía permanentemente. “En Santiago hay muchísimo
miedo y hay una cultura de la delación importantísima.
Aquí la pareja gobernante dice que el valor que más sostiene es
el valor de la lealtad. Lo dice para que exista la delación. No hay un
ambiente en Santiago donde no haya uno de ésos poniendo la oreja y
después transmitiendo”, aseguró un reconocido periodista.
De hecho, una investigación realizada por El
Liberal en 2000 determinó la existencia de tareas de espionaje contra el
diario. Se descubrió que en la Secretaría de Informaciones, dirigida
entonces por Antonio Musa Azar, “había planos, croquis dibujados
de las casas de los periodistas, sobre todo de algunos de ellos, de la casa
donde vivían tres periodistas que trabajaban para el diario”. Musa
Azar querelló penalmente al medio por sus informes.
El Foro de Entidades Intermedias denunció
formas de presión indirectas pero no menos efectivas
por parte del Gobierno. “Aquí en Santiago quien no trabaja en un
empleo público no tiene posibilidades de conseguir. Si uno se levanta y
participa en las marchas, inmediatamente lo marcan, como decían
acá, le sacan fotografían, lo filman, etc. Y a través de
esa manera son sometidos, presionados con dejarlos cesantes de la actividad
laboral”.
Algunos corresponsales evaluaron que por su
pertenencia a medios nacionales “un poco nos respetan”, aunque
reconocieron sufrir “aprietes como todos”.
LIBERTAD Y CENSURA EN LOS
MEDIOS
Sólo dos periodistas de las radios de mayor
alcance expresaron que no tienen inconvenientes “siempre y cuando se haga
dentro de los límites de lo que es la información, y no pegar por
pegar, oponerse por oponerse simplemente”. El resto coincidió en que el
manejo arbitrario de la publicidad oficial o la vinculación de
propietarios y directivos con el poder genera limitaciones dentro de sus
propios medios.
Ya sean de radio, televisión o
gráfica, muchos denunciaron tener “formalmente prohibido emitir
una opinión”. “El techo ideológico que les ponen los
propietarios es muy bajo. El periodista con dignidad no lo soporta. Tarde o
temprano saca los pies del plato y lo echan”, comentó un
periodista con 30 años de profesión.
Uno de los casos citados fue el de El Liberal, que
hasta hace dos años era visto como una alternativa para conocer lo que
otros medios no querían o no podían decir. Sin embargo el diario
evidenció un giro después de la demanda que presentaron en su
contra cuatro mil integrantes de la Rama Femenina del Partido Justicialista, liderada
por la actual gobernadora. En julio de 2000 El Liberal había reproducido
después de un debate interno y por iniciativa de uno de sus directores,
Julio César Castiglione, una foto del diario
cordobés La Voz
del Interior en cuyo epígrafe decía que Aragonés de
Juárez comandaba un ejército de “rameras”,
por su pertenencia a la “Rama Femenina”. El reclamo compensatorio
rondaba los 20 millones de dólares.
Con inusual rapidez, la
justicia se expidió: en pocas semanas el diario sufrió el embargo
de las cuentas bancarias y perdió la publicidad oficial.
Castiglione señaló
que las demandas iniciadas por el
poder político juarista pusieron al diario bajo la amenaza de
desaparición. El ex director, miembro de la familia que
históricamente manejó el diario, creyó que ante esta
situación “lo más conveniente y responsable era dar un paso
al costado y ceder el control del diario. La única solución que
estaba a la vista era que lo vendiéramos, al menos parte”,
admitió. Si bien no hay constancias oficiales, todos los periodistas
consultados coincidieron en que el matutino “se encuentra bajo las
órdenes de Néstor Ick”.
“Ahora el diario no critica
nada. Recibe de la oficina de Prensa de la casa de Gobierno hasta
órdenes de dónde debe ir tal o cual noticia. La
información sobre la homilía de [Monseñor Juan Carlos] Maccarone [del domingo 23 de noviembre] estuvo en la calle
con el diario a las 3 de la mañana. Lo publicado no decía ni el
cincuenta por ciento. Pero a las siete menos cuarto la gobernadora hizo un escándalo y hubo que dar
explicaciones”, reveló una fuente inobjetable.
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