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EMPRESA PETROLERA ESPAÑOLA ENFRENTA DEMANDAS EN TODO EL MUNDO
Por Felix Rivera Millan/Cambio de Michoacán - Sunday, Feb. 22, 2004 at 3:02 PM

- Repsol YPF enfrenta demandas en varios países por daños ecológicos. (Incluida la demanda presentadas por comunidades Mapuche en Argentina). - Ganó la licitación para construir en las Isla del Cayacal una terminal de almacenamiento de gas natural que será importado de otros países.

El consorcio español Repsol, ganador de la licitación para la compra del terreno y construcción de una terminal almacenadota de gas natural en este puerto, donde la inversión inicial será del orden de los 500 millones de dólares, desde hace varios años ha sido acusada y demandada en varios país del Viejo Continente y de América Latina de ser la responsable de una serie de daños ecológicos, lo que pudiera tener repercusión también en este puerto industrial. La compañía afronta demandas y sentencias por varios cientos de millones de dólares y euros.

Luego de conocerse ayer que Repsol YPF, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, ganó la licitación para construir en la Isla del Cayacal una terminal para almacenamiento de gas natural que será importando de otros países, en diversos sitios de Internet salió a relucir una serie de demandas que la compañía española afronta por daños a la ecología, principalmente en América Latina. La firma planea importar gas desde Bolivia.

De acuerdo con los datos conocidos, Repsol YPF es la primera petrolera española que planea invertir en Lázaro Cárdenas de 350 a 500 millones de dólares en una primera etapa, en la construcción de una planta de regasificación, luego de ganar la adjudicación del contrato para la compra de un terreno por el orden de los 10.1 millones de dólares a la Administración Portuaria Integral para levantar la futura planta, donde el gas estaría siendo importando de varios países, entre ellos Bolivia, y de que esta planta tendrá una capacidad de almacenamiento, en principio, de cuatro mil millones de metros cúbicos por año de gas natural licuado, que podría extenderse hasta 10 mil millones de metros cúbicos por año.

Sin embargo, de acuerdo con informaciones surgidas en España y en América Latina, a través de Internet, Repsol YPF sólo podrá cumplir de momento una parte de su ambicioso proyecto de exportar gas desde Iberoamérica hasta Estados Unidos. Tras firmar el pasado diciembre con Shell Western un contrato de suministro de gas desde Trinidad y Tobago hasta la costa atlántica estadounidense, la petrolera ha sufrido un serio revés con su plan energético en Bolivia.

La convulsa situación social que vive el país andino y que supuso el cambio de presidente el pasado mes de octubre ha dejado en punto muerto el Plan Pacific LNG, que el consorcio del que forma parte Repsol YPF (junto a sus socios británicos Pan American y British Gas) tenía presupuestado en alrededor de seis mil millones de dólares y cuyo destino era satisfacer la demanda del estado de California.

Para ello la compañía petrolera tenía como objetivo transportar gas natural por un gaseoducto desde Bolivia hasta un puerto de la costa del Pacífico (Chile o Perú) y después licuarlo en una planta especializada para posteriormente trasladarlo en buques hasta México. Desde allí se transportaría hasta plantas de ciclo combinado ubicadas en Baja California para producir finalmente la electricidad necesaria.

Pero en su intento de llevar a cabo este proyecto, la petrolera no contaba con la respuesta social del pueblo boliviano, cansado del "expolio" al que se ven sometidos por parte de las multinacionales. Las protestas populares iniciadas en septiembre se agruparon en torno a la plataforma de la Dirección Única de la Defensa del Gas, que agrupa desde sindicatos, obreros y productores de hoja de coca, hasta el principal partido de la oposición, el Movimiento al Socialismo, dirigido por el líder cocalero Evo Morales. La organización nació para oponerse a la venta de gas natural a Estados Unidos y México sin que antes se aclarasen los beneficios que va a reportar el proyecto a la población local.

Por otro lado, en abril del 2002, las comunidades mapuches de Loma de La Lata, en Argentina, demandaron a la empresa Repsol-YPF por 445 millones de dólares en concepto de los daños que sufrieron en su territorio como consecuencia de la explotación hidrocarburífera. La denuncia se basa en un informe elaborado por la consultora alemana Umweltschutz, especialista en temas ambientales.

La demanda, que tiene pocos antecedentes en la Argentina, se divide en dos partes. En una se reclama una compensación por impacto, donde se incorporan conceptos tales como salud psicofísica, vegetación, fauna, y afectación sociocultural. Por este apartado, los mapuches demandan algo más de 138 millones de dólares.

El otro concepto es mucho más específico y los números más abultados. Se trata del costo de la remediación de la superficie afectada, que incluye desde el agua hasta los suelos, incluido el repoblamiento de la fauna silvestre.

La consultora Umweltschutz estima que los trabajos de recuperación, que demandarán por los menos 20 años, requieren la friolera de 307 millones de dólares.

Los técnicos de Umweltschutz Nord Argentina SRL establecen en su informe que los individuos de las dos comunidades tienen niveles de presencia de "elementos tóxicos" por encima de los normales. En el informe se da cuenta de que se hallaron valores elevados "sobre todo de aluminio, manganeso, talio", siempre en relación con el grupo de comparación: individuos urbanos europeos. En ese apartado también se indica que "fueron encontrados algunos valores significativamente altos de plomo, cadmio, arsénico y níquel". En el caso del aluminio se detectaron valores altos en 11 personas, cinco mujeres y seis hombres.

Por otro lado, la empresa Repsol-YPF consideró que el monto de 445 millones de dólares que le demandan vía judicial las comunidades mapuches de Loma de la Lata "carece de toda relación con la actividad y constituye un despropósito", y destacó que la explotación en el yacimiento hidrocarburífero se realiza respetando "las mejores reglas de arte". También, señaló que al final del proceso se demostrará que no se puede "magnificar daños o inventar consecuencias sobre la salud, que los sucesivos análisis demuestran inexistentes". En esos términos, la empresa española contestó la demanda que le entablaron las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil, las propietarias de buena parte del territorio que explotan en Loma de La Lata, Argentina.

Asimismo, en el 2001, Repsol fue multada para pagar 1.2 millones de euros por la explosión en Puertollano, España. La compañía petrolera española Repsol YPF deberá hacer frente a una multa de 1.2 millones de euros por la explosión de una refinería en agosto de ese año en Puertollano (Ciudad Real), que causó la muerte de nueve trabajadores.

Los mapuches llegaron a ese monto en virtud de un informe de impacto que elaboró la filial argentina de la consultora alemana Umweltschutz Nord, especialista en temas ambientales.

En su oportunidad, Repsol YPF ha considerado la atención a los aspectos medioambientales como un elemento esencial de la gestión del negocio, plenamente integrado en el diseño y operación de proyectos y actividades; es decir, no se trata de algo que se superpone al negocio, sino una forma de hacerlo.

En una compañía con actividades y ámbitos geográficos tan diversos como los de Repsol YPF, hacer realidad este criterio requiere adoptar principios e instrumentos de gestión comunes para todas las operaciones, pero adaptables a las particularidades locales y de la propia naturaleza industrial de la actividad, dice un documento encontrado en Internet alusivo a ese consorcio.

Con ese objeto, Repsol YPF dispone desde 1996 de una Política Medioambiental firmada por el presidente de la compañía, y de un conjunto de directrices y herramientas de gestión de observancia obligada en todas las operaciones de las que Repsol YPF es responsable o tiene mayoría del capital.

No obstante, aparte de los problemas que la firma afronta en Argentina y Bolivia, también subsisten otros problemas judiciales en el Perú, derivados de demandas de grupos ambientalistas, por la contaminación que el consorcio español ha generado en la extracción o manejo de hidrocarburos.

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