MOCASE: ES GRAVE LA SITUACIÓN EN PAMPA POZO, LOTE 5 Y QUIMILÍ : Argentina Indymedia (( i ))

Se libra una larga batalla por la tenencia de tierras. De las amenazas ya se
pasó a los hechos. Balaceras y quema de viviendas.

Familias de campesinos intentando retomar la posesión de los campos que ocuparon
durante años; grupos armados que pugnan por evitarlo en nombre de nuevos
propietarios, quema de ranchos, destrucción de sembrados, balaceras contra
miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
Pampa Pozo y Lote 5 viven por estos días momentos de sumo riesgo para las vidas
de mucha gente del lugar. Los campesinos sólo cuentan con el apoyo del Mocase y
están dispuestos a defender lo que consideran es de su propiedad hasta las
últimas consecuencias. No se dejan amedrentar por las amenazas y han jurado no
ceder, aunque tengan que dejar la vida.
Del otro lado hay grupos que responden a directivas de otras personas que dicen
ser los dueños de los campos en conflicto. Se trata de personas que, según la
denuncia del Mocase, actúan con ayuda de la policía del lugar y que hasta el
momento han quemado viviendas y han destruido sembrados.
La semana pasada, uno de estos últimos disparó contra un miembro del Mocase en
la ciudad de Quimilí, lo que derivó en la participación de funcionarios
nacionales para garantizar la seguridad de la víctima y de su familia.
Ante toda esta situación, los campesinos se trasladaron ayer a esta capital y
han hecho responsable al juez Trejo de la situación de seguridad personal de
todos ellos.

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DESPOJOS EN PAMPA POZO Y LOTE 5

EL MOCASE RESPONSABILIZA AL JUEZ TREJO
POR LA SEGURIDAD DE CAMPESINOS

Fabián Andrés de Bueno, miembro de la Secretaría de la Tierra, Medio Ambiente y
Derechos Humanos del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), hizo
"responsable directo al juez Trejo de la situación de seguridad personal de
todos los compañeros y de sus familias", a raíz de los últimos sucesos de
amenazas y despojos de los que fueron objeto vecinos de los parajes Pampa Pozo y
Lote 5, y Ángel Strapassón, de Quimilí.
De Bueno, junto a varios integrantes de la organización llegados desde distintos
puntos del interior provincial y al sacerdote Sergio Lamberti, integrante de la
Mesa Provincial de la Tierra, de la diócesis local, brindaron detalles de los
últimos ataques sufridos por campesinos de zonas cercanas a Quimilí.
"Lo hacemos responsable, jurídica y políticamente, porque el juez Trejo conoce
muy bien la situación en el campo, y en sus actos de fallo, jamás se ha dignado
a verificar o a tener un diálogo con los sectores pobres del campo", enfatizó De
Bueno.
Al mismo tiempo, el dirigente del Mocase acentuó que no confían en la Justicia
santiagueña, "en absoluto, y la responsabilidad, si hay muertes, va a recaer
sobre él (por el juez Trejo) y sobre toda la estructura política que acompaña a
estos jueces, porque no se garantizan los derechos humanos".
Como corolario de su enfática exposición, De bueno quiso dejar en claro: "No nos
importa ir presos; no nos importa que nos castiguen; no nos importa perder la
vida en esto, no hay vuelta atrás".
Después de las exposiciones brindadas por dos de las víctimas de los últimos
sucesos ocurridos en Pampa Pozo y Lote 5 (ver nota aparte), De Bueno confirmó
que de todo ello se hizo la denuncia ante el juez Achával, quien ordenó un
peritaje y se constataron los daños que se habían hecho en los campos.
"Luego de la inspección ocular ordenada por el juez Achával, se siguieron
produciendo amedrentamientos en la ruta y otras agresiones. Incluso, Miguel
Zurita le manifestó a Ramón González, que era un carapintada a las órdenes de
Aldo Rico, y que gozaba de impunidad para hacer lo que a él se le cantara las
ganas", aseguró De Bueno.

RETOMA DE POSESIONES

"Ante ese clima, los compañeros se llegan a la secretaría del Mocase, y la
organización decide solidarizarse y en esa instancia es que produce la retoma de
la posesión veinteañal de las familias González, en la que participaron algo más
de 300 compañeros y compañeras", relató.
Comentó seguidamente que ese miércoles 17 de marzo, 300 campesinos ingresaron en
el predio y descubrieron que en el lugar "había al menos 12 personas armadas,
con armas largas, armas de guerra. Estaban ubicadas en dos sectores del campo,
en uno había ocho y ahí se secuestraron armas, y en el otro punto estaba una
topadora, que no tiene permiso de la Dirección de Bosques para desmontar, como
se hizo, unas veinte hectáreas", donde también se encontraron armas.
Según el dirigente, descubrieron que integrantes del servicio de seguridad
privada Cóndor, "que no está asentado legalmente en la provincia, eran pibes de
20 a 25 años de los barrios 8 de Abril e Independencia de la ciudad capital", y
que filmaciones realizadas en la oportunidad demuestran "que estas personas no
han sido agredidas ni física ni moralmente por ningún miembro de la organización
(el Mocase)".
"Estos chicos (por los miembros del grupo Cóndor), nos pidieron -y esto está
filmado y grabado- que los saquemos del campo, porque hacía 15 días que estaban
trabajando y que este Miguel Ángel Zurita les decía que iba a traerles plata y
nunca les traía. Es más -continuó De Bueno-, en los boliches del campo,
quisieron empeñar sus armas por una gaseosa y un poco de pan. A estos chicos se
les dio en casa de los González, mate, tortilla, se les acomodó la ropa, se los
llevó a Quimilí y en la sede de una de las organizaciones del Mocase se les dio
dinero para que vuelvan a la ciudad de Santiago del Estero", amplió De Bueno.
Finalmente, reiteró que para los miembros del Mocase, "no hay vuelta atrás", en
su lucha por los derechos de los campesinos santiagueños.

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GRAVE DENUNCIA DE MIEMBROS DEL MOCASE

APOYO A CAMPESINOS
DE PAMPA POZO Y LOTE 5

La Mesa Provincial de Tierra del Obispado de Santiago del Estero y miembros del
Mocase, repudiaron las amenazas, actos de violencia y despojos de que son
víctimas varios campesinos del interior provincial, y se solidarizaron con
éstos.
Ante la presencia de representantes de comunidades campesinas de Atamisqui,
Tintina, Pinto y Quimilí, entre otras, y de dirigentes del Mocase, el presbítero
Sergio Lamberto en representación de la Mesa Provincial de Tierra, hizo un
llamado "a la Legislatura provincial, porque ahí hay varios proyectos de ley que
ayudarían a transformar al menos parte de esta situación tan dramática que el
campesinado está sufriendo".
Luego, Gabriel Sequeira, de Pampa Pozo, y Ramón González, de Lote 5, realizaron
un dramático relato de lo que les tocó vivir cuando bandas armadas, con apoyo
policial, irrumpieron en sus propiedades, quemaron sus ranchos, taparon sus pozo
de agua, destruyeron toda su producción y los dejaron casi sin ninguna
pertenencia.
Dieron los nombres de las personas que ingresaron en sus campos diciendo ser sus
dueños, y mencionaron entre ellos a Orlando Jorge, Miguel Zurita y otra de
apellido Morel, quienes actuarían con la ayuda de las autoridades policiales de
la unidad que tiene asiento en Quimilí, según la denuncia de los campesinos.
"Hace varios años que tenemos un problema en Pampa Pozo con el señor Orlando
Jorge, que ahora en estos tres meses ha metido a un hombre de apellido Zurita,
que entró con varias personas armadas y ha quemado varios ranchos de las
familias de ahí, y hacía tiros por sobre las casas de los vecinos por las
noches. Han sacado alambre y han tapado perforaciones de donde tenemos agua para
nuestras familias, y están ahí en el campo con varios tipos armados, custodiando
siempre", reveló Gabriel Sequeira en uno de los pasajes de su relato.
Quien fue más extenso en su relato fue Santos Ramón González de Lote 5, quien
también denunció que fue despojado por una banda armada de las tierras que
ocupaba y que con ayuda de campesinos nucleados en el Mocase, pudo retomar su
posesión el pasado miércoles.
Dijo González que a su hermano y a él mismo, los amenazaron de muerte y les
efectuaron disparos con armas largas, en los intentos por desalojarlos de sus
campos. Denunció que en su campo estuvieron estas personas en compañía del juez
de Paz de Quimilí, de apellido Carrizo, y a altos jefes de la seccional 29 de
policía y de la Unidad Regional 4.
Dijo que cuando lo despojaron, serían las nueve de la noche de un domingo de
febrero. Que entró a su campo "una banda armada, de unos veinte tipos de la
comisaría 29 y de la vigilancia El Cóndor. 'Si llegas a pasar te ca... a tiros',
me dijeron, y no me dejaron entrar, uno de ellos era oficial de la comisaría 29,
varios estaban uniformados. Al otro día entraron más vehículos y pusieron
vigilancia de la 29 y del Cóndor en la puerta, gente con revólver, incluso
Miguel Zurita andaba con revólver, y armas largas. Ahí me hacen m... el
sembrado, destruyeron más o menos diez mil sandías que estaban para vender, se
pudrió todo; quemaron tres ranchos con todas sus cosas adentro...", reveló.
Informó que ni el juez de Paz, ni los jefes policiales quisieron recibirle
denuncia alguna, y que incluso habría sido amenazado en sede policial por un
inspector de apellido Infante y por el jefe Tijera, de que sería puesto preso.

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