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Peru: Resurge el movimiento cocalero
Por ViaAlterna-Indy Peru -
Sunday, May. 23, 2004 at 3:13 PM
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Para el periodista peruano Máximo Grillo, "los operativos de la DEA (fuerza antidrogas estadounidense), tienen como objetivo la persecución de las bandas independientes. Al reducir la producción, el principal efecto es el aumento del precio de la cocaína, lo que conviene a los operadores norteamericanos. Controlando la oferta, mantienen estables los precios de la demanda".
La revista peruana Ollanta ofrece algunas cifras reveladoras: por cada
cien dólares que produce el tráfico de cocaína, catorce se quedan entre
Colombia, Perú y Bolivia, el resto va a Estados Unidos. De esos 86 dólares, el
10% se quedan en los cárteles de la droga, el resto de la torta es digerida por
la bolsa de New York. Además, Washington posee el monopolio de fabricación de
la droga anteta ("extasis").
Por Emiliano Guido
(América Latina en Movimiento, 12 de mayo de 2004)
Cholos, indígenas y campesinos... El subsuelo de la patria inundo la capital
peruana con rostros pocos "marketineros", para reclamar un viejo
programa reivindicativo. La repetida foto de la movilización es solo la punta
del iceberg. Dos temas colaterales bucean en el fondo. Uno es emergente: el
presidente Alejandro Toledo está "a pasos del helicóptero"; su
legitimidad viene en picada desde principios de año. El otro es parte de la
estrategia geopolítica de Estados Unidos hacia la región del Altiplano:
narcotizar a los campesinos pobres para controlar el mercado de la droga.
Miles de campesinos cocaleros, principalmente de la región amazónica, llegaron
el lunes pasado a Lima bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de una
movilización iniciada veinte días atrás en defensa de sus cultivos
tradicionales. Los cocaleros levantan principalmente tres puntos
reivindicativos: exigen el cese de los programas de erradicación de hoja de
coca y de implantación de cultivos alternativos, la liberación de su dirigente
Nelson Palomino, preso desde hace un año por "apología del
terrorismo", y la desaparición de Devida, el organismo oficial antidrogas.
Iniciaron el tramo final de la marcha desde el suburbio de Santa Anita, coreando
lemas tradicionales como "la coca no es droga" y "respeto a los
cocaleros". Ahí, además de acampar, recibieron alimentos donados por
comerciantes para sus ollas populares, versión andina de la alianza
"piquete-cacerola", registrada en Buenos Aires durante las jornadas
del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando pese a la treintena de muertos que
arrojó la represión policial, las movilizaciones espontáneas de argentinos
acabaron con el gobierno de Fernando De la Rúa, el presidente que se escapó en
el helicóptero.
La noche siguiente los encontró durmiendo frente al Palacio de Justicia, ya que
no pudieron hacerlo en las áreas verdes del paseo de Los Héroes Navales,
porque fueron salvajemente desalojados por la policía. Hasta ahora no han
encontrado un interlocutor válido para negociar. Solicitan reunirse con Toledo
y el presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero. Pero sólo han notado
la presencia de unos tres mil agentes del Escuadrón Antimotines de la Policía
Nacional, provistos de cascos, escudos y gases lacrimógenos.
"Si el Congreso no atiende nuestras demandas, entonces iniciaremos una
huelga de hambre. Ya pónganse los pantalones", afirmó la dirigente Nancy
Obregón, durante una reunión con parlamentarios. Esa medida de protesta ya fue
comenzada por el dirigente encarcelado, Nelson Palomino.
La presencia del viceministro del Interior, Ricardo Valdez, en la reunión que
sostenían con la junta negociadora del Ministerio de Agricultura, motivó que
los dirigentes cocaleros rompieran el diálogo con el gobierno. Tras el fracaso
de las negociaciones, amenazaron con radicalizar sus medidas de fuerza y
aseguraron que no retornarán las conversaciones si participa un representante
del polémico ministerio del Interior.
La lucha de los cocaleros se inscribe en un proceso de resistencia mayor, que
guarda buenos antecedentes como la revuelta de Arequipa, donde la movilización
popular freno el intento del gobierno de privatizar dos empresas eléctricas.
Ilave es la segunda ciudad en importancia en la región de Puno, estado que
viene liderando las protestas contra el gobierno central. Un contundente paro
regional convocado por una multisectorial, en enero pasado, afectó los ingresos
del turismo, ya que Puno es la puerta de entrada a la ciudad de Cusco y a las míticas
ruinas de Machu Pichu.
En Ilave, el 26 de abril último los pobladores cansados de la corrupción
gubernamental, lincharon al alcalde Cirilo Robles Callomamani, quién terminó
colgado en la Plaza Central. Esta escalada continuó el lunes en Apurimac, donde
mataron a balazos a tres policías. En Huánuco la gente está presionando al
alcalde por supuestos casos de corrupción y en Tilali la situación es
parecida.
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Para algunas analistas, los sucesos de Ilave podrían beneficiar a los sectores
políticos más conservadores porque convalidarían la tesis del gurú
neoliberal Samuel Huntingon, quién después de su libro Choque de
Civilizaciones, en el que plantea que el conflicto internacional está signado
por el enfrentamiento entre el Occidente cristiano y el Oriente islámico,
sostiene ahora que la población indígena es el principal factor de riesgo en
el continente y considera a la democracia como un sistema inviable, proponiendo
salidas autoritarias (las últimas encuestas dan a Fujimori como favorito en las
próximas elecciones).
Aquel levantamiento popular costó la cabeza del ministro del Interior, Fernando
Rospigliosi. El Congreso de la República aprobó el miércoles pasado censurar
a Rospigliosi por los violentos sucesos registrados.
La crisis es de tal magnitud que las encuestas de popularidad de Toledo entraron
desde el año pasado en un tobogán irreversible. De acuerdo con los resultados
de la última encuesta de CPI a nivel de Lima Metropolitana, la aceptación del
presidente Toledo cayó casi en cuatro puntos en los últimos meses, estacionándose
en el termómetro callejero con una popularidad del 7,7%.
La dirigencia política volvió a demonizar a los campesinos para "aislar a
la manzana podrida". Esta vez los acusaron de ser parte del grupo maoísta
Sendero Luminoso. Se desvía así el verdadero conflicto: el neoliberalismo esta
destruyendo la agricultura nacional al importar productos subvencionados de
primera necesidad que, por sus bajos costos en el mercado, están llevando a la
ruina a los pequeños agricultores.
Para el científico Noam Chomsky, la problemática agraria del mundo en
desarrollo se remonta a los años sesenta. En aquella coyuntura de Guerra Fría,
el Movimiento de Países No Alineados y otros foros proclives a los intereses
del Tercer Mundo intentaron estabilizar los precios de sus productos
(commodities).
Para el "agrobusiness", las oscilaciones abruptas de los precios no
tienen mucha importancia, porque si el precio de una mercancía baja en un año,
ellos utilizan otras. Las política intervencionista, que los países centrales
y hegemónicos aplican puertas para adentro, no les es permitida a las naciones
del Sur. "Naturalmente, los campesinos se volcaron hacia productos que eran
viables, básicamente coca, marihuana y los productos, que en Occidente se
llaman drogas legales", dijo Chomsky.
La revista peruana Ollanta ofrece algunas cifras reveladoras: por cada cien dólares
que produce el tráfico de cocaína, catorce se quedan entre Colombia, Perú y
Bolivia, el resto va a Estados Unidos. De esos 86 dólares, el 10% se quedan en
los cárteles de la droga, el resto de la torta es digerida por la bolsa de New
York. Además, Washington posee el monopolio de fabricación de la droga anteta
("extasis").
Para el periodista peruano Máximo Grillo, "los operativos de la DEA
(fuerza antidrogas estadounidense), tienen como objetivo la persecución de las
bandas independientes. Al reducir la producción, el principal efecto es el
aumento del precio de la cocaína, lo que conviene a los operadores
norteamericanos. Controlando la oferta, mantienen estables los precios de la
demanda".
El 30 de marzo del 2003, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios
de las Cuencas Cocaleras del Perú, Conpaccp, dejaba en claro, en el punto 6 de
su plataforma fundacional, que "el Estado debe garantizar precios de
refugio para los productores que están comprometidos con los programas de
productos alternativos como café, cacao, plátanos y arroz".
El mismo documento reforzaba las propuestas respecto de la problemática
agraria, tema oculto tras la fachada del narcotráfico: "El Estado debe
controlar la importación de los productos agrícolas y pecuarios alternativos
que podrían ser producidos en las cuencas Andino-Amazónicas."
Se trata de políticas ausentes, que también dejan vacante el gran problema de
la seguridad alimentaria, un seguro que parece no contratar el Estado peruano
para mitigar la vergonzosa mortalidad infantil.
Los campesinos constituyen aproximadamente más del 50% de la población del país
y a su vez representan el 80% del sector más pobre. Las columnas de cocaleros
que irrumpieron en los canales de televisión constituyen la reserva moral de
los campesinos que se niegan a migrar a la ciudad, fenómeno demográfico que
solo aumenta la población de los barrios empobrecidos.
La coca no es sólo un cultivo de subsistencia; representa una carga cultural y
simbólica. Por ello, esta enésima movilización no será frenada con palos y
balas de goma, menos con caracterizaciones simplistas. Se necesita honestidad,
coraje y soberanía política. Valores que el gobierno de Toledo ha dejado huérfanos.
(Tomado del Dossier Informativo No.110, del 12 de mayo de CIDAN)