Argentina: De la insurrección popular al "capitalismo normal"
Por James Petras - Friday, Jun. 18, 2004 at 6:10 PM

Introducción Entre los días 19 y 21 de diciembre de 2001, una revuelta popular masiva echó del poder al presidente De la Rúa en medio de los enfrentamientos callejeros más importantes de la reciente historia argentina, que produjeron un enorme número de víctimas entre los manifestantes (38 de los cuales fueron asesinados).

Enormes manifestaciones con barricadas en las calles se sucedieron en todo el país, en una
alianza sin precedentes entre parados, trabajadores subempleados y un sector
importante de la clase media que se había visto despojada de sus ahorros. Tres
diputados, que aspiraban a suceder a De la Rúa, fueron obligados a dimitir rápidamente.
Desde diciembre de 2001 a julio de 2002, los emergentes movimientos populares
constituyeron un poder en las calles- con una presencia visible en todas las provincias-,
que se plasmó en el corte de las autopistas y de los bulevares más importantes de
Buenos Aires y de las capitales de provincia. De un total de población activa de 30
millones (el total de la población argentina es de 38 millones), se estima que más de 4
millones de personas participaron en las manifestaciones. Muchos autores de los dos
extremos del espectro político hablaron de “una situación pre-revolucionaria”, y de la
existencia de un “poder dual”: el de los piqueteros , asambleas de barrio y fábricas
ocupadas, por una parte, y el del aparato del Estado por la otra. No cabe la menor duda
de que las principales instituciones del Estado (el poder judicial, la policía y las fuerzas
armadas), los partidos políticos tradicionales y el Congreso perdieron su legitimidad
ante la mayoría de los argentinos durante los acontecimientos que condujeron a la
insurrección de diciembre de 2001 y a lo sucedido inmediatamente después.
El lema más popular “¡Que se vayan todos!” 1 reflejaba la hostilidad general de la gente
hacia los partidos y hacia las principales instituciones políticas. Diecisiete meses
después, más del 65 % del electorado votaba a dos candidatos del Partido Justicialista
(peronista), entre los que se encontraba Carlos Menem, que había ocupado la
presidencia entre 1989-2000, y que era el principal culpable del colapso de la economía
y del empobrecimiento de millones de argentinos. Ante la perspectiva de un rotundo
fracaso en la segunda vuelta, Menem se retiraba y Néstor Kirchner, con poco más del
21 % del voto, se convertía en Presidente.
Escasamente dos años y medio después de la insurrección popular, el Presidente
Kirchner gozaba de un nivel de aceptación del 75 %, del apoyo de las tres principales
confederaciones de sindicatos, de las organizaciones de derechos humanos (entre ellas,
la de las Madres de la Plaza de Mayo), de un amplio sector de la clase media y de
muchas de las organizaciones de piqueteros en paro, a los que habría de sumarse el del
FMI (si bien con reservas).
La radical y profunda transformación política planteó una serie de importantes
cuestiones teóricas y prácticas sobre la naturaleza de los movimientos populares y de las
insurrecciones, tanto en lo referido a sus logros cuanto en lo relativo a sus limitaciones.
En términos más concretos, la “transformación política argentina” planteó otras muchas
cuestiones relativas al proceso para re-legitimizar a las instituciones políticas que habían
quedado desacreditadas por completo; la estrategia política de un régimen neo-liberal en
un momento en que existía un amplio rechazo de las fracasadas políticas neoliberales; la
“reforma” del Partido Justicialista- consecuencia de la insurrección de diciembre de
2001; la estrategia económica internacional multilateral (ALCA, MERCOSUR,
Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea; relaciones bilaterales con
Venezuela, Brasil y China), diseñada para la conquista de mercados para la exportación.
Si bien se produjeron cambios políticos significativos, lo fueron en un contexto de
continuismo sustancial de las estructuras y de las políticas socio-económicas, que sólo
tuvo un leve impacto en la estructura de clases, en el paro, en los salarios y en la
pobreza. Por otra parte, los obstáculos más graves para cualquier desarrollo sostenible,
1N.T. Originalmente en español. (Out with the politicians!) equitativo y vigoroso, permanecieron intactos: el pago de la deuda externa, la
volatilidad del capital, las privatizaciones, los depósitos en el extranjero y la falta de
inversión interna y externa en las empresas estratégicas. El asunto principal al que se
enfrentaba la “vuelta a la burguesía” de la política argentina estaba implícita en la
heterodoxia del régimen- ¿En qué medida y hasta dónde podía la administración de
Kirchner llevar a cabo cambios políticos y sociales a la vista de su compromiso con
estrategias e instituciones ligadas al pasado? Y específicamente, ¿era viable la visión de
Kirchner de un “capitalismo normal” al margen de las imperantes estructuras
económicas y políticas neo-liberales? Dejando de lado la vaguedad y ambigüedad del
término (¿qué quiere decir “normal?), ¿existía alguna posibilidad de que Kirchner
promoviera una “burguesía nacional” opuesta a las políticas neoliberales y al libre
comercio, con un mercado interior limitado y unas infraestructuras y un sector
energético que formaban un cuello de botella, resultado de las anteriores políticas de
privatización?
Para contestar a estas preguntas procederemos a examinar los cambios y las
continuidades que se han producido durante el Régimen de Kirchner. Nuestro propósito
es analizar la lógica subyacente y las dinámicas del régimen con el fin de comprender su
desarrollo futuro, sus potencialidades y sus limitaciones.
Las transformaciones políticas
El Régimen de Kirchner ha llevado a cabo una importante serie de cambios en las
instituciones militares, judiciales y de aplicación de las leyes. En especial, ha sustituido
con éxito a la corrupta “mayoría automática” del Tribunal Supremo- nombrada por el
Presidente Menem-, por un respetado grupo de juristas. Ha obligado a jubilarse a
muchos de los principales generales y jefes de policía con dudosos antecedentes en
materia de derechos humanos, muchos de ellos implicados en el contrabando, secuestros
y chantajes. Ha llevado a cabo con éxito la ofensiva para revocar la amnistía otorgada
por los anteriores presidentes (Alfonsín y Medem) a los generales implicados en los
asesinatos masivos de 30.000 argentinos durante los años de la “guerra sucia” (1976-
1982). Ha sido muy eficaz al instar del Congreso la erradicación del alto nivel de
aceptación de sobornos (de manera especial aquellos que se produjeron en 2001 para la
aprobación de las leyes contra el movimiento obrero). Por medio de estas actuaciones, Kirchner ha dado una nueva legitimidad parcial a las instituciones públicas, al menos al
dotarlas de una apariencia de honradez, responsabilidad y sensibilidad hacia los
derechos humanos. De la misma forma, han sido importantes los cambios en la forma y
en el fondo con los que ha re-legitimado la Presidencia en cuanto interlocutor válido
para ciertos sectores de los movimientos populares, de los grupos de derechos humanos,
sindicatos e instituciones financieras internacionales. Como consecuencia de ello,
Kirchner, en marzo de 2004, disfrutaba de un alto índice de popularidad en su segundo
año de régimen. No obstante, esos importantes cambios no han afectado de forma
relevante a la naturaleza de las instituciones públicas ni a la honradez de la clase
política.
La “reforma” militar es un ejemplo. Si bien algunos de los oficiales de más alto grado
en el escalafón han sido jubilados, la mayoría de los que han ocupado sus puestos
pertenecen a la misma escuela de políticos autoritarios, y son profundamente contrarios
a llevar de nuevo ante los tribunales a los generales genocidas. Esto se ha hecho
evidente durante la visita de Kirchner a la ESMA, la antigua Academia Naval,
convertida en museo en homenaje a las víctimas del terrorismo de los militares. Lo
mismo ha ocurrido con la judicatura y la policía: se han producido cambios en las
cúpulas pero no en las “normas” y en el contexto en que operan los funcionarios.
Muchos de los jueces todavía pertenecen al antiguo régimen y la policía todavía se halla
implicada en actuaciones corruptas y violentas. La parcial “limpieza de la casa” no ha
sido un proceso continuado, y se mantienen las condiciones para que, una vez que
cambien las circunstancias y ceda la presión de las masas, se pueda reproducir el viejo
sistema.
La derogación de la amnistía no ha conducido de inmediato al juicio de los oficiales del
ejército que llevaron a cabo el genocidio. Observadores de los derechos humanos
afirman que, con anterioridad a los juicios, habrá un largo proceso, en parte debido a
que un importante sector de peronistas partidarios de Menem son destacados
gobernadores de varios Estados, y diputados que se oponen a los tribunales de derechos
humanos. Aunque Kirchner ha llevado a cabo cambios significativos en la cumbre, no
ha modificado los alianzas estructurales existentes entre las instituciones políticas, su
propio partido- el peronismo- y las elites económicas neoliberales del interior y del
extranjero que continúan controlando la economía. Kirchner ha efectuado algunos cambios de política para debilitar a las elites autoritarias
tradicionales. El Presidente intervino en Santiago de Esteso para remover al mafioso
gobernador cuya familia había gobernado con puño de hierro durante más de medio
siglo. De acuerdo con su propósito de constituir su propia base política independiente-
en oposición al sector peronista de ultra derecha - Kirchner ha promovido lo que
denomina “alianzas transversales”: coaliciones que van más allá de los partidos y
movimientos sociales existentes. Aunque todavía depende en gran medida de los
gobernadores peronistas, el proyecto de Kichner prevé la constitución de un partido
nuevo de centro-izquierda, fundamentado en la vuelta a la política nacional-populista
del peronismo de la primera época, pero con menos corrupción y represión.
Durante el primer año en el poder, el régimen de Kichner fue, a grandes rasgos,
tolerante hacia la actividad de los piqueteros- que incluía el corte de calles- evitando los
enfrentamientos violentos que podrían restarle partidarios entre los grupos defensores de
los derechos humanos, y provocar nuevas protestas masivas. Si bien el régimen de
Kirchner, inicialmente, respetó el derecho democrático de protesta de los piqueteros, se
negó a anular los juicios políticos contra 4.000 activistas detenidos por el régimen
anterior. Es más, sus aliados políticos en provincias continuaron con la represión salvaje
de las protestas masivas, encarcelando e hiriendo a mucha gente en San Luis, Santiago
de Estero, Salta y Jujuy. Peor aún, el Ministro del Interior de Kichner prometió cumplir
las sentencias de un tribunal en abril de 2004, en las que se culpaba a los piqueteros por
cortar calles, una decisión que unió a la totalidad del movimiento piquetero en una
masiva protesta que tuvo lugar en mayo de 2004. El primer año de Kirchner en el
Gobierno se ha basado en una evaluación realista de su precaria situación, de lo reciente
de la insurrección del diciembre de 2001 y de la necesidad de transformar su amplia
popularidad en una organizada y “orgánica” base en la que apoyarse. Kirchner ha
actuado con gran astucia a este respecto, al equilibrar su política económica liberal con
medidas sobre los derechos humanos y la ampliación, aunque mínima, de políticas de
bienestar social. Ha cumplido con la mayoría de los compromisos del FMI pero ha
rechazado aumentar el superávit presupuestario y el pago a los poseedores privados de
bonos del Estado - manteniendo a raya de esta manera a las instituciones financieras
internacionales mientras daba la imagen de ser independiente del FMI. Ha procedido a
satisfacer simbólicamente muchas de las reivindicaciones de los grupos de derechos humanos en relación con violaciones ocurridas en el pasado, sin provocar a los oficiales
en activo del ejército. No ha dado marcha atrás en las privatizaciones pero congeló
temporalmente los precios de la energía, electricidad y otros servicios públicos, una
política que posteriormente ha revocado. Kirchner ha mantenido la mayoría de los
contratos de trabajo de subsistencia pero no ha subido los salarios más allá de los 50 $
mensuales y ha dado de baja a más de 20.000 beneficiarios a quienes el régimen
consideró que no reunían las condiciones a pesar de las protestas de algunas
organizaciones de piqueteros.
El más ambicioso programa social de Kirchner realizado con éxito ha sido el puesto en
marcha en el sector farmacéutico: El Gobierno garantizó la provisión pública de
medicamentos, con un 90 % de descuento, en los centros primarios de salud para las
familias de ingresos más bajos –que agrupan a 15 millones de personas. Además, el
gobierno se propone facilitar medicación anti-viral para los enfermos de SIDA. El
Ministro de Salud, Ginés González García, afirma que la nueva Ley de Prescripción de
Genéricos afecta al 82 % de las medicinas que se prescriben en Argentina- lo que
permite a 4 millones de argentinos el acceso a medicamentos que no estaban al alcance
de su poder adquisitivo.
Dado el alto nivel de terrible corrupción en el aparato del Estado, Kirchner se ha visto
obligado a realizar cambios entre los funcionarios con el fin de disponer de un
instrumento político para proseguir con la “normalización” del desarrollo capitalista.
Por ejemplo, la connivencia existente entre los altos mandos policiales con la
delincuencia, y el hecho de que la policía criminal estuviera implicada en la extorsión
generalizada, en el chantaje y en los secuestros de hombres de negocios, imposibilitaba
ofrecer seguridad a los inversores y a las nuevas inversiones. Mientras el Tribunal
Supremo estuvo controlado por jueces corruptos, dispuestos a complacer al ex
presidente Menem, siempre se cernía la amenaza de que cualquier cambio pudiera
considerarse “inconstitucional”. La clave de la reforma política, judicial y militar de
Kirchner se basaba en su deseo de establecer un Estado a imagen del “capitalismo
normal” sin desmontar su carácter capitalista e incluso “neo-liberal”. Sin lugar a dudas,
algunos cambios han sido positivos, pero también es cierto que, si el capitalismo
argentino entra en crisis de nuevo, incluso esas instituciones “reformadas” del Estado
pueden servir para reprimir y bloquear los cambios necesarios.
El rendimiento económico y las condiciones sociales.
La recuperación en marcha de la economía en Argentina refleja los profundas prejuicios
de clase existentes en el régimen de Kichner. El comercio exterior, basado en las
exportaciones agrícolas y de minerales, han tenido un gran auge pero con escasa o nula
repercusión en la redistribución de la riqueza. Se han llevado a cabo negociaciones
comerciales sobre el ALCA, y se han hecho públicos algunas discrepancias que afectan
principalmente a las exportaciones agrícolas argentinas pero no a las que alteran los
intereses sociales del trabajo o el medio ambiente.
Entre marzo de 2002 y enero de 2004, la producción industrial creció un 33 %. El
crecimiento económico en 2003 fue del 8.7 %. Según las estadísticas oficiales, el paro
descendió un 5.9 %, desde el 21.5 % al 16.3 %. Previsiones iniciales, basadas en el
periodo enero a marzo de 2004, indican que el PNB puede continuar creciendo con una
tasa similar durante la mayor parte del año, salvo que la escasez de energía reduzca el
crecimiento. En gran medida, este crecimiento se ha basado en las favorables
circunstancias internas y externas más que en cualquier cambio estructural. La mayoría
de los productos argentinos agrícolas y minerales para la exportación alcanzaron precios
casi récord durante el año 2003 y hasta mediados de marzo de 2004- el petróleo, la
carne, los cereales, la soja lograron unos precios máximos que produjeron un superávit
de más del 5 % del PNB. Este crecimiento facilitó al régimen de Kirchner satisfacer al
FMI con el 3 %, y financiar la recuperación económica y los planes de empleo (a
diferencia de lo ocurrido en Brasil, donde el régimen de Da Silva destinó el 4,5 % del
superávit a pagar a los acreedores, a costa de la economía local y de los parados).
En gran parte, la imagen de progresismo económico de Kirchner es producto del
contexto en el que se ha desenvuelto más que del fondo de sus políticas. Habida cuenta
de la política ultra-liberal que se sigue en la actualidad en Brasil, Méjico, Uruguay,
Perú, Ecuador, Chile y en otros países, y dadas las políticas devastadoramente
destructivas llevadas a cabo por sus predecesores, es comprensible que muchos
periodistas, intelectuales de izquierda, activistas de derechos humanos y otros, perciban
como progresista la visión que Kirchner tiene sobre el “capitalismo normal”. Si a ello se
añaden los ataques de la ultra-derecha en Argentina (ciertos sectores del ejército, el periódico La Nación, los especuladores financieros y los gobernadores de provincias
vinculados a Menem) y de sectores de las Instituciones Financieras Internacionales del
exterior, es plausible argumentar que, frente a ellos, Kirchner es “progresista”, pero sólo
en un sentido muy limitado, en el tiempo y en el espacio.
El crecimiento general del sector de la exportación se debe en gran parte a la
devaluación, a la gran demanda de materias primas argentinas y al bajo nivel de partida
para medir la reciente recuperación. Entre 2001 (el año del colapso económico) y 2003,
las exportaciones de Argentina crecieron entre el 11 y el 124 por cien, según el sector-
el mayor crecimiento se produjo en las materias primas agrícolas y en el petróleo que no
requerían nuevas inversiones. La devaluación estimuló, asimismo, el crecimiento de las
industrias locales porque la importación de productos manufacturados se hizo
demasiado cara. El resultado neto fue un significativos superávit de la balanza
comercial. Lo mismo ha ocurrido en 2004: en los dos primeros meses, Argentina ha
obtenido 1.700 millones de dólares de superávit . El boom de las exportaciones
argentinas, en gran medida, ha repercutido en la recuperación económica porque el
mercado interior todavía está muy deprimido.
El crecimiento de las exportaciones, por diversas razones, no ha afectado a la mayoría
de los argentinos. El aumento de las exportaciones exige una capitalización intensiva
pero da empleo a un pequeño número de trabajadores (debido a la mecanización de la
agricultura y del petróleo). Los ingresos y beneficios del sector van a un reducido
número de capitalistas extranjeros y oligarcas agrícolas locales quienes transfieren un
porcentaje sustancial de sus ganancias al exterior, lo que disminuye el llamado “efecto
multiplicador” sobre el resto de la economía. La tasa de inflación de aproximadamente
un 4 % era engañosa en la medida en que reflejaba los precios de los bienes de equipo
duraderos; el precio de la carne y de otros alimentos básicos subieron casi el 20% , lo
que perjudicaba a los obreros, funcionarios y parados con salarios congelados.
Para los especuladores argentinos, 2003 fue un año fantástico ya que las acciones
subieron más del 100 %. Con el apoyo de las IFIs, los poseedores de bonos extranjeros
rechazaron aceptar la reducción del 75 % de sus acciones impagadas por los regímenes
anteriores. El sistema financiero mostró cierta recuperación ya que los depósitos
aumentaron en un 50 % desde mediados de 2002, aunque más del 90 % lo fueron en cuentas a corto plazo de no más de 30 días. El capital de los sectores financiero e
industrial mostró poca disposición a realizar inversiones importantes a largo plazo, que
son las que hubieran permitido un crecimiento sostenido. En su lugar, continuó
enviando sus beneficios fuera y en algunos casos retiraron las inversiones. Durante
2003, la afluencia neta de capital fue negativa en 3.800 millones de dólares. Casi todo el
crecimiento del 2003 se basó en la activación de reservas no utilizadas hasta entonces,
que todavía suponen un grave cuello de botella para la economía. Un obstáculo al
crecimiento, que plantea en particular un alto riesgo, lo constituyen los monopolios
extranjeros en el sector de la electricidad, el agua, el gas y las telecomunicaciones que
no han cumplido con las inversiones previstas en los contratos para la privatización.
Como consecuencia de ello, incluso el crecimiento del año 2003 está en peligro ya que
los monopolios han ocasionado escasez de gas y de electricidad para aumentar su tasa
de beneficios con el incremento de los precios, lo que ha ocasionado la reducción del
consumo y de la producción.
El mantenimiento de Kirchner de las estructuras básicas del poder económico está
creando serios obstáculos económicos incluso para el crecimiento a medio plazo. Lo
peor es que la crisis social se ha agudizado o permanece en la práctica igual que en el
pasado.
La continuidad de la crisis social: 2003.
Aunque el producto interior bruto creció en 2003 todavía se encuentra un 11 % por
debajo del de 1997. Y aunque la renta per capita aumentó un 6 % todavía es un 17 %
menor de la de hace siete años. Si bien el desempleo bajó un 5 % todavía es del 16.3 %.
Además el número de trabajadores a tiempo parcial ha aumentado desde el 13.8 % de
2002 al 16.6 % en 2003. Si sumamos a los parados los trabajadores a tiempo parcial , el
crecimiento neto entre 2002 y 2003 (el año de la “recuperación” económica”) es sólo de
un casi marginal 2 %. La “recuperación”, en relación con el empleo, no ha tenido un
impacto importante en la clase trabajadora. Si restamos los 2 millones de beneficiarios
de planes de trabajo a 50 dólares al mes, es evidente que lo peor de la crisis todavía
afecta a la mayoría de la clase trabajadora. Los datos relativos a los niveles de salarios,
pobreza e indigencia avalan la tesis de que el continuismo de Kirchner en política económica no ha tenido ningún impacto positivo en los trabajadores y clases
asalariadas.
Entre 1997 y 2003 los salarios medios bajaron un 22.4 %. Hubo un constante pero
gradual declive hasta 2001, al que siguió una brusca caída del 17 % en 2002. El
deterioro de los salarios continuó a lo largo de 2003, cayendo un 0.8 % durante la
presidencia de Kirchner porque el crecimiento económico no tuvo repercusión en los
trabajadores del sector público cuyos salarios se mantuvieron congelados (hasta mayo
de 2004), mientras que en el sector privado los sindicatos apoyaron la política de
Kirchner de contención de las reivindicaciones salariales para estimular el crecimiento.
La pérdida de poder adquisitivo durante el año 2003, el de la “recuperación económica”,
fue incluso mayor si tenemos en cuenta el crecimiento medio de los precios de los
productos alimenticios que constituyen la parte más importante del gasto familiar en las
clases trabajadoras. Claramente, la recuperación debida a la exportación, el
cumplimiento del programa de estabilización del FMI y la vuelta de gran número de
especuladores a la Bolsa argentina han supuesto un alto precio para la mayoría de los
asalariados argentinos.
Los más llamativos signos de la recuperación de Kirchner, basada en las elites, se
encuentran en los datos anuales sobre los niveles de pobreza e indigencia.
Al final del primer año de Kirchner en el poder, más de la mitad de la población
argentina vivía todavía por debajo del umbral de la pobreza (51.7 %). A pesar del alto
crecimiento, los niveles de pobreza sólo habían bajado un 2.6 % entre 2002 y 2003,
frustrando cualquier interpretación de su primer año como “un ejemplo de éxito
económico”. Peor todavía, el nivel de indigencia se ha mantenido extraordinariamente
alto- 25,2 % en 2003, con un 0,5 % de aumento sobre el de 2002.
La burguesía nacional y las multinacionales de la energía.
La explicación para la relación inversa entre el crecimiento del PIB y el deterioro de los
salarios, la pobreza y la indigencia, se encuentra en el comportamiento del Estado y de
la burguesía nacional: el Estado, por destinar miles de millones para pagar la deuda de
las agencias internacionales de crédito, en lugar de crear puestos de trabajo con inversión pública; por continuar permitiendo que lucrativas empresas privatizadas como
Repsol Petróleo transfirieran miles de millones a sus sedes centrales; por no recargar
con impuestos los 150.000 millones de dólares que las elites argentinas tienen en el
extranjero; por no haber canalizado los ingresos de divisas de las elites del sector
agrícola y minero hacia la creación de puestos de trabajo de producción en el interior.
En pocas palabras, el compromiso de Kirchner con el modelo neo-liberal centralizado e
imperial de sus predecesores no proporciona los instrumentos políticos y económicos,
los recursos y capacidades para enfrentarse en profundidad a las estructuras existentes
que generan la pobreza, la indigencia y el empeoramiento del nivel de vida.
La “burguesía nacional” ha aprovechado las restricciones a las importaciones para
lanzar lo que se puede llamar recuperación económica. Valiéndose de la enorme reserva
de parados, el capital argentino ha aumentado la producción mediante la explotación de
una mano de obra mal pagada, con horarios de trabajo extenuantes, y ha aumentado el
rendimiento sin inversiones significativas nuevas o con la introducción de nuevas
tecnologías. En efecto, la recuperación industrial se ha debido a la activación de
recursos existentes y no utilizados. Hay pocos indicios de nuevas inversiones
industriales a gran escala y a largo plazo. Una vez que este “desarrollo fácil” ha seguido
su curso, la “burguesía nacional” de Kirchner no parece interesada en un desarrollo
sostenido. Mientras tanto, los sectores estratégicos en manos de empresas extranjeras se
han movido con rapidez y fuerza para hacerse con el superávit obtenido con la
recuperación. Los acreedores extranjeros y el FMI han exigido un aumento de la
valoración de las obligaciones deflactadas. Las privatizadas compañías de gas y
electricidad, que obtuvieron exorbitantes beneficios en el periodo 1996-2001, no han
cumplido los compromisos de inversión pactados con el Gobierno, lo que ha dado lugar
a que, con la recuperación, las industrias y los consumidores del país se enfrenten a
una grave crisis energética. En abril de 2004, la Agencia estatal responsable de la
regulación del mercado mayorista de la electricidad se vio obligada a reducir el voltaje
para evitar grandes apagones inducidos por las principales compañías eléctricas
(Financial Times, 5 de abril de 2004, p.4). Durante la última semana de marzo, más de
30 industrias se vieron afectadas por cortes de electricidad. Según el Financial Times, la
crisis energética puede reducir el crecimiento económico en un 2 % en 2004 (ibid). El
régimen de Kirchner capituló al permitir que las compañías de gas suban los precios
hasta un 100 % a lo largo de los próximos 15 meses. Aunque la Presidencia asegura que las empresas pequeñas y los consumidores domésticos no se verán afectados, es más
que probable que las grandes industrias repercutirán los altos costes de la energía en los
consumidores con subidas de precios. Pero más importante que la aceptación por parte
del Régimen del aumento del precio de la energía es la aceptación del “principio” de
elevar las tarifas, y de recompensar el chantaje de las corporaciones. El Régimen de
Kirchner ha favorecido la posición de las compañías extranjeras propietarias de las
privatizadas petroleras, rechazando las reivindicaciones populares que exigían la
renegociación de las desfavorables condiciones en las que se llevó a cabo la
privatización.
Las industrias del petróleo y del gas son una de las fuentes principales de divisas de
Argentina. Desde su época de gobernador de la provincia de Santa Cruz, Kirchner ha
sido un firme partidario y promotor de la privatización de la industria petrolífera y un
estrecho aliado de la multinacional española, la Compañía de Petróleo Repsol. Los
profundos y estructurales lazos existentes entre el Régimen de Kirchner y las
compañías extranjeras propietarias del petróleo plantean, a largo plazo, una triple
amenaza para la concepción de Kirchner del “capitalismo normal”. En primer término,
las exigencias del sector energético de subida de tarifas para los consumidores (bien
sean industriales o domésticos) tendrán, sin duda, un efecto inflacionista, impopular
que reducirá el nivel de competitividad de los fabricantes argentinos en los mercados
internacionales al aumentar los costes de producción. Más aún, al subir las tarifas, la
imagen de Kirchner como “estadista independiente” ha quedado en entredicho. Las
duras e inconsecuentes acusaciones formuladas por Kirchner sobre el incumplimiento
de los compromisos de inversión de las compañías de energía de capital extranjero
desde 1996 son ciertas, pero no han dado lugar a ninguna actuación positiva, ni tan
siquiera a investigaciones, que condujeran a una renegociación de los contratos de
privatización. En segundo lugar, la “crisis” energética va en contra del deseo de
Kirchner de establecer un “capitalismo normal”, basado en la alianza entre los
exportadores de productos agrícolas y energéticos y la burguesía industrial del país. La
escasez de energía - en el momento en que las multinacionales extranjeras han hecho
alarde de su poder-, ha producido ya una reducción de la producción industrial.
La mayoría de los expertos que conocen las tácticas que las corporaciones energéticas
utilizan para subir las tarifas, ponen en duda incluso la misma idea de “crisis”, en particular cuando las compañías de energía bajan la producción “por razones de
mantenimiento”. Esta estrategia fue la utilizada por las multinacionales en California,
Nueva Zelanda, Australia y en otras regiones, particularmente en época de reactivación
y crecimiento, cuando la demanda es alta y el Estado no está dispuesto a intervenir en
contra de las empresas de energía.
Finalmente, la crisis energética ha ocasionado conflictos con países vecinos de
Argentina, en especial Chile, Uruguay y Bolivia. En respuesta a la crisis provocada por
las multinacionales, Kirchner ha reducido las exportaciones de gas a Chile y Uruguay
con el fin de disponer de suministro para las industrias y consumidores locales. Además,
ha firmado un acuerdo con el Presidente de Bolivia, Mesa, para envíos adicionales de
gas, que han provocado la cólera del pueblo boliviano quien exigía una nueva ley de
hidrocarburos favorable al Estado boliviano, antes de que se alcanzaran nuevos
acuerdos. El impacto de nivel bajo y medio de la crisis energética ha traído a primer
plano un contradicción importante del régimen de Kirchner y de la mayoría de sus
partidarios: el conflicto entre las privatizadas multinacionales de propiedad foránea, que
Kirchner defiende, y las exigencias del pueblo para que se lleve a cabo una
investigación, la renegociación y la re-nacionalización de las industrias estratégicas por
sus grandes beneficios, prácticas abusivas, y mínimo impacto en la creación de empleo,
en la reducción de la pobreza, en los ingresos por impuestos y en el crecimiento de la
industria nacional. La cuestión de la energía, con todas sus ramificaciones, tanto en sus
costes directos para el crecimiento y el nivel de vida como por su valor simbólico que
recuerda la continuidad con la época precedente de corrupción y saqueo, es un asunto
capital para el futuro desarrollo de Argentina y para la estabilidad del régimen de
Kichner.
Los acuerdos energéticos suscritos por Kichner con Venezuela, Brasil y Bolivia pueden
temporalmente solucionar el problema de suministro de gas, pero no abordan el
problema relacionado con la generación de electricidad. Con una demanda que crece en
1.000 megavatios al año, con unas reservas de 3.000 Mw, y sin previsión de nuevas
plantas de producción por parte de las compañías eléctricas de propiedad extranjera,
Kirchner se enfrenta a una grave crisis política y económica, en especial con la
reactivación económica y el crecimiento de la producción industrial.
Kirchner es “víctima” de su propia ideología (el neo-liberalismo), de sus relaciones
estructurales (con los propietarios extranjeros de las plantas de producción de energía y
de electricidad), y de sus alianzas políticas (con el Partido Peronista- autores y
ejecutores de las privatizaciones y del subsiguiente pillaje del Presidente Menem).
Cuando Kircher comenzó a ceder a las presiones para la subida de los precios de los
servicios públicos privatizados a favor de compañías extranjeras, su popularidad
empezó a bajar desde el 80 % a finales de 2003 al 60% en junio de 2004. Kirchner
conoce muy bien las normas del capitalismo neo-liberal: el único camino para asegurar
que se produzcan nuevas inversiones de los propietarios de industrias estratégicas es
aumentar su tasa de beneficios por encima de las del “capitalismo normal”. Sin
sacrificar el nivel de vida de los trabajadores y sin aumentar los costes para los
productores locales con el fin de aumentar los beneficios exigidos por las
multinacionales extranjeras, Kirchner no hubiera obtenido la promesa de nuevas
inversiones de los propietarios de las industrias de electricidad, gas, agua
telecomunicaciones e infraestructuras. Los altos costes que tendrá que pagar por su
claudicación en aras de los grandes beneficios exigidos por los sectores estratégicos no
serán exclusivamente la bajada de su popularidad sino su legitimación como líder
“nacional”. Además, ello reducirá el crecimiento en los sectores que precisan mucha
mano de obra, de ahí que no se consiga reducir el desempleo y la pobreza.
El capital “nacional” de Argentina invierte mediante préstamos, no por la reinversión de
sus beneficios en los sectores productivos (los beneficios se envían fuera o se invierten
en bonos locales de alto rendimiento a corto plazo). El crecimiento actual no se basa en
nuevas inversiones sino en la activación de los recursos inactivos. Cuando la capacidad
instalada iguale a la demanda, el crecimiento se parará a no ser que haya inversiones
nuevas, que la burguesía argentina sólo realizará si tiene acceso a créditos. Y los
sectores financieros nacionales y extranjeros no ofrecerán crédito a no ser que el
régimen de Kirchner los "compense" por las pérdidas especulativas sufridas tras la
devaluación. Los bancos privados extranjeros se negaron a financiar hasta que Kirchner
cedió a sus exigencias de aumentar el pago ofrecido a los especuladores privados
extranjeros que habían invertido en bonos.
A corto plazo, en 2004, Argentina continuará una “recuperación” basada en parte en el
extraordinario crecimiento de la exportaciones agrarias, el alto precio del petróleo y la
reactivación de la industria tras el terrible colapso de 1998-2002. Pero los cimientos
estructurales e ideológicos subyacentes, que produjeron la crisis y la rebelión popular,
todavía continúan en pie. Más aún, la tendencia del Régimen es la de dirigirse hacia una
mayor adaptación a las elites extranjeras beneficiarias del modelo neo-liberal. Ante
todo, el régimen ha “legitimado” las privatizaciones y ha pedido mayores inversiones
extranjeras para "el desarrollo" de infraestructuras básicas y para la explotación de
recursos estratégicos. De acuerdo con esta prioridad, el régimen de Kirchner se está
moviendo gradualmente (y con una "populista" demagogia ocasional) hacia la
realización de políticas económicas que aumentan la rentabilidad para las empresas
incluso a costa del nivel de vida. La reforma bancaria y el acuerdo sobre la deuda con
los especuladores de ultramar debilitarán la capacidad del régimen para dar satisfacción
a las exigencias sociales de la mayoría de los argentinos que se encuentran por debajo
del umbral de pobreza. Lo incuestionable realidad son una serie de concesiones
graduales a los propietarios foráneos de sectores económicos estratégicos y a los
especuladores de ultramar, diseñadas para facilitar la financiación de inversiones
locales. La concepción de Kirchner de la cara decente " del capitalismo normal " es una
simple máscara de arcilla que, cuando desaparece, deja al descubierto la cara del viejo
capitalismo de “coge el dinero y corre”, del muy reciente pasado, que sonríe con
satisfacción.
Movimientos sociales: Piqueteros, Asambleas de Vecinos y Punteros.
Muchos autores consideran la insurrección de los días 19 al 21 de diciembre de 2001,
que echó al entonces Presidente De la Rúa, como un punto de inflexión en la historia de
Argentina. No hay duda de que la masiva y, en gran parte, espontánea movilización
condujo a espectaculares desafíos al orden político existente, al menos a corto plazo.
Por todo el país, asambleas de vecinos de barrios, anteriormente tranquilos, de clase
media baja, e incluso de clase media, exigían la devolución de sus ahorros. Por primera
vez, se produjeron manifestaciones unitarias de parados y de grupos de asociaciones de
vecinos de clase media. El clientelismo, sistema de dominio por medio del cual los jefes
peronistas controlaban a los barrios pobres, saltó por los aires mientras surgían nuevos
movimientos independientes de desempleados que tomaron las calles, cortaron el tráfico y negociaron concesiones directamente con el Estado. Debates públicos sobre
asuntos de interés común, en los que se implicó la quinta parte de la población adulta,
reemplazaron a las elites que trapicheaban en el Congreso en lo que denominaban
“políticas democráticas”. La clase política en su totalidad, sus partidos y las
instituciones públicas cayeron temporalmente en el mayor descrédito. El pueblo de
Buenos Aires llegó, incluso, a asaltar el Congreso. De la misma manera, en provincias
tomaron las asambleas legislativas, tiraron muebles por las ventanas expresando su
cólera hacia la venalidad e insensibilidad de los legisladores y de los responsables de
los partidos que controlaban los procesos electorales y elegían a sus representantes.
Durante las primeras semanas y meses que siguieron a los días 20-21 de diciembre de
2001, parecía que estaba emergiendo un orden político nuevo, un nuevo discurso, una
forma diferente de “hacer política”.
El movimiento de parados, con sus activistas piqueteros, estaba organizando una amplia
red entre los más pobres de los pobres. Los obreros en paro del antiguo sindicato del
metal aplicaban sus viejas formas de organización, aprendidas en las fábricas, para
movilizar a los parados en sus nuevas actuaciones en los barrios. El corte de las calles
tuvo el mismo efecto que las huelgas organizadas en las fábricas al paralizar la
circulación de mercancías. A diferencia de los burocratizados sindicatos, los
movimientos de parados tomaban las decisiones en masivas asambleas populares. La
organización directa y autónoma, libre del control de los partidos parecía estar a la
orden del día. Hubo una “sensación” de que se estaba construyendo un nuevo orden,
más responsable, sensible y totalmente democrático.
Pero no fue así. En sólo dos años, el proceso “democracia desde abajo” comenzó a
decaer y llegó a la retirada completa durante el primer año del Régimen del Presidente
Kirchner (mayo de 2003-abril de 2004).
¿Qué ha ocurrido con la promesa de un nuevo orden político “desde abajo”? ¿Qué ha
fallado? Dos años y medio después, ¿qué ha quedado de la insurrección de los días 20-
21 de diciembre de 2001?
La extensión inicial de la revuelta popular- su carácter espontáneo, masivo y autónomo-
se ha convertido en su debilidad estratégica, debido a la ausencia de un liderazgon nacional capaz de unificar las diversas fuerzas en apoyo de un programa coherente
dirigido a la toma del poder del Estado. En su lugar, la fuerza del “movimiento” de
trabajadores desempleados se fragmentó en una serie de movimientos más pequeños,
cada uno dirigido y controlado por líderes locales o por pequeños partidos de
izquierdas. Al principio, las asambleas de clase media atrajeron a centenares de vecinos
a las discusiones maratonianas de carácter global que, en la práctica, dejaron exhaustos
a quienes participaban en ellas sin que se llegara a algún tipo dirección formal,
programa concreto o, al menos, a una amplia coordinación en la ciudad. A su vez, los
pequeños partidos de izquierda dirimían sus conflictos internos en las asambleas,
espantando a mucha gente con su jerga, sus programas maximalistas y su incapacidad
para resolver los acuciantes problemas del momento, como la recuperación de los
ahorros de los depositantes de clase media en bancos extranjeros que se encontraban
congelados y devaluados.
Entre el 20-21 de diciembre de 2001 y julio de 2002, los movimientos de masas, a pesar
de sus divisiones, se mantuvieron a la ofensiva en un desafío al Presidente interino
Duhalde. Eran los dueños de la calle y rechazaban la legitimidad del sistema político.
En ese periodo de medio año, mientras que la crisis económica se agudizaba, el
desempleo crecía hasta alcanzar a más de la cuarta parte de la mano de obra y las clases
medias perdían más del 60 % de su poder adquisitivo, las tres confederaciones
sindicales (desde la derecha a la izquierda) fueron incapaces de responder a la crisis
política. Los líderes de los parados no hicieron esfuerzo alguno para crear un nuevo
sindicato de base. La magnífica idea original de autonomía respecto de los partidos
políticos tradicionales, se convirtió en un slogan para justificar la aparición de líderes
locales personalistas en cada barrio, que socavaron cualquier intento de unificar las
fuerzas en un movimiento social a escala nacional, o al menos municipal. La
“Autonomía” entre un par de barrios con influencia estudiantil se transformó en una
excusa para desentenderse de la política y volcarse en proyectos de auto-ayuda. La crisis
continuó, el régimen de Duhalde evaluó su fuerza y recursos para sofocar los
movimientos ciudadanos por medio de la represión. En junio de 2002, un inspector de
policía asesinó a dos piqueteros desarmados en un enfrentamiento que quedó grabado en
video. El régimen decidió conceder centenares de miles de planes de trabajo de 6 meses
a las organizaciones de piqueteros y a los dirigentes locales peronistas. Los líderes de
los piqueteros, en principio, veían los planes de trabajo como una solución a corto plazo
para hacer frente a la desnutrición y al crecimiento de la indigencia. Originalmente, los planes de trabajo movilizaron a centenares de miles de personas porque suponían un
beneficio concreto en circunstancias urgentes. Aunque se incluían otras reivindicaciones
mucho más estructurales- por ejemplo, el rechazo de la deuda externa y la renacionalización
de los bancos e industrias energéticas privatizadas- en ese momento, los
“planes de trabajo” se convirtieron en el objetivo central de los movimientos de masas.
“El éxito” se medía por qué grupo o líder tenía más acierto en la negociación para
conseguir un mayor número de planes de trabajo en el plazo más corto y con el menor
número de trámites burocráticos. Los “planes de trabajo” que pagaban sólo 50 $ al mes
(150 pesos devaluados) se encontraban muy por debajo del nivel de la pobreza, y muy
cerca del que se considera pura indigencia. El régimen de Duhalde continuaba
desacreditado, asediado, pero a través de los planes de trabajo comenzó a reconstruir
un aparato local con el fin de debilitar las organizaciones de base.
Mientras tanto, el Gobierno inició el proceso de descongelación y de pago, al menos, a
una parte de los ahorradores de la clase media, declarándose en quiebra respecto a la
deuda privada y “estabilizando” la precaria economía. Al capitalizar las disensiones y
divisiones entre el movimiento piquetero y al convertir a los líderes locales en
distribuidores de los planes de trabajo, el régimen de Duhalde consolidaba su poder a
nivel nacional, abría una brecha entre los ahorradores de clase media y los
desempleados, y limitaba la influencia de los movimientos populares a sus lugares
inmediatos. Durante su año en el poder (2002), Duhalde perdió toda su credibilidad
política mientras la crisis socio-económica- con más del 53 % de la población por
debajo del umbral de la pobreza- continuaba. En una maniobra en busca de una nueva
legitimación del sistema político, convocó en mayo de 2003 nuevas elecciones
presidenciales y al Congreso. Las profundas divisiones en el Partido Justicialista
condujeron a la presentación de varios candidatos “peronistas”. La ultraderecha
presentó al anterior presidente Menem, responsable del colapso de la economía, maestro
de la corrupción masiva y odiado por la mayoría de los argentinos. Su principal rival fue
Kirchner, antiguo gobernador de la provincia de Santa Cruz, que se presentó a sí mismo
como el candidato reformista, comprometido con los derechos humanos, decidido a
depurar de la corrupción al Tribunal Supremo, la policía y otras instituciones públicas, y
a revitalizar la economía nacional- la vuelta al capitalismo normal- aunque ello
supusiera enfrentarse al FMI.
La elección de Kirchner: la derrota de la izquierda.
La primera y principal derrota política de la izquierda tuvo lugar en las elecciones
presidenciales de mayo de 2003. La izquierda, como de costumbre, se dividió en
pequeños grupos marxistas que presentaron a sus eternos candidatos mientras que la
mayoría de izquierdas pedía el voto “militante” de la abstención. Ambas facciones
sufrieron una grave derrota. Los que se presentaron obtuvieron escasamente el 1 % del
voto mientras que los abstencionistas fracasaron ya que la participación fue de más del
70 %- la más alta de las últimas décadas. Menem, que alcanzó la mayoría simple en la
primera vuelta, abandonó en la segunda cuando las encuestas pronosticaban una derrota
masiva y humillante, cercana a los tres cuartas partes del electorado. Kirchner se
convirtió en Presidente.
La izquierda, los líderes piqueteros y los grupos militantes de derechos humanos se
equivocaron por completo al interpretar los cambios de circunstancias. “Se
comportaron- me dijo un líder de la minería del carbón- como si tuvieran la cabeza
metida en un balde. Al escuchar el eco de sus slóganes, creyeron que era la voz del
pueblo”.
Tras cinco años de recesión que condujeron a una depresión económica y al colapso
financiero, después de 18 meses de manifestaciones y movilizaciones en los que la
izquierda, dividida y enfrentada, no fue capaz de cambiar el régimen político mediante
acciones extra parlamentarias - ni tan siquiera de presentar un candidato y un programa
electoral unificado-, la masa de votantes, incluida la mayoría de los habitantes de los
barrios pobres y de la empobrecida clase media, depositaron sus votos y sus esperanzas
en Kirchner, con su imagen “de oposición al orden establecido”.
La presidencia de Kirchner: los movimientos sociales y el nuevo proyecto político.
El presidente Kirchner, que tomó posesión en mayo de 2003, continuó con los planes de
trabajo iniciados por su predecesor Eduardo Duhalde: Dos millones de cabezas de
familia con hijos recibían 50 $ al mes, a través del que sigue siendo el principal
programa social del gobierno. Esta cantidad cubre sólo un tercio del coste de los
productos alimenticios básicos, estimado en 140 $ al mes y sólo afecta al 40 % de los desempleados o subempleados. El objetivo primordial de los planes de trabajo, desde su
inicio hasta la fecha, nunca fue el de solucionar el problema de la desnutrición o el del
paro sino el de “contener” el descontento. Al principio, el programa de planes de trabajo
estimuló la organización de los parados y la exigencia de más planes de trabajo con una
duración superior a los seis meses de contrato previstos inicialmente.
Los “planes de trabajo” fracasaron para conseguir la creación de nuevos puestos de
trabajo a tiempo completo y han servido para consolidar una clase permanente de
indigentes sin futuro. En la gran mayoría de los casos, los “planes de trabajo” han caído
bajo el control de los autoritarios gobernadores de provincia, alcaldes y dirigentes de
barrio que, con frecuencia, han entregado el dinero a clientes locales, que ni estaban en
paro ni tenía verdadera necesidad, en detrimento de las familias indigentes.
Los Movimientos de Trabajadores Desempleados (MTDs) están dividido en tres
sectores: los que apoyan a Kirchner, los que le prestan “apoyo crítico” y los que se
oponen a él. Los sectores de los MTDs favorables a Kirchner (en sus dos variantes)
están acompañados de las tres principales confederaciones de sindicatos (la CTA, la
CGT y la de los Trabajadores del Transporte), de grupos de obreros de fábricas
recuperadas y de los principales grupos de derechos humanos (incluidos el de las
Madres de la Plaza de Mayo, y el movimiento de las abuelas).
El MTD que se opone a Kirchner, por su parte, está dividido en varias coaliciones que,
con frecuencia, actúan independientemente unos de otros. Sectores de los obreros de las
fábricas ocupadas, encabezados por los de la fábrica de cerámica Zanón, están en la
oposición pero se encuentran muy aislados ya que muchos de sus antiguos aliados se
han convertido en políticos colaboracionistas.
La profunda división entre los movimientos se hizo visible en la movilización para
conmemorar el aniversario de la insurrección de los días 20-21 de diciembre. En 2003,
tres diferentes “coaliciones” se reunieron, a horas distintas, frente al Palacio
Presidencial: la primera, desde las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, reunió a 10.000
personas; la segunda, desde las 3 de la tarde a las 5, tuvo 15.000; la tercera, desde las 6
a las 8 de la tarde, reunió a 25.000. Cincuenta mil manifestantes en paro hubieran
constituido una demostración de fuerza formidable si no se hubieran diluido en tres protestas separadas que ponían de manifiesto la debilidad de un movimiento
profundamente dividido e incapaz, tan siquiera, de conmemorar un “momento de
inflexión” histórico.
La desunión de diciembre de 2003 podría considerarse otro “momento decisivo” al
evidenciar el declive de un movimiento dividido y parcialmente absorbido. El régimen
del “capitalismo normal” parecía haber consolidado temporalmente su autoridad, una
vez más promoviendo el apoyo de la clase media contra los militantes de los MTDs. Las
movilizaciones se habían centrado en los “planes de trabajo” y en los “ puestos de
trabajo decentes”, algo que suscitaba poca resonancia en la- en una ocasión rebelde pero
ahora conformista- clase media una vez recuperados parte de sus ahorros. Las marchas
por el centro de Buenos Aires no atraían ni participantes ni aplausos. Los antiguas
caceroladas estaban silenciosas; las protestas callejeras parecían provocar, más que la
compasión, la ira de los ciudadanos de clase media que viven fuera de la ciudad y de los
trabajadores del transporte. Unos pocos líderes de los MTDs organizaron las protestas
mientras se preparaban para presentarse a elecciones para cargos en los partidos
tradicionales.
Algunos de los dirigentes de los MTDs no eran desempleados sino dirigentes de
partidos políticos que encabezaban y dividían el movimiento. Otros eran activistas
sindicales que aspiraban a dirigir sus sindicatos. El exiguo grupo de impostores
“autonomistas”, seguidores intelectuales de Tony Negri, prácticamente habían
desaparecido de la escena social, y sus seguidores se habían unido a uno u otro de los
influyentes grupos que distribuían los planes de trabajo
.
El movimiento de auto-gestión en las fábricas se había frenado y en la práctica no se
han producido nuevas ocupaciones, mientras que las ya existentes se encuentran bajo la
tutela del régimen y, en algunos casos, sus antiguos abogados laboralistas de tendencia
troskista ya no tienen influencia alguna. Pero el paso atrás más llamativo es la práctica
desaparición de las asambleas de vecinos de clase media. En ciertos barrios, todavía los
comités se reúnen para discutir los problemas de la vecindad, pero las grandes
asambleas al aire libre son ya un recuerdo distante. Pero lo más lamentable es que
significativos sectores de la clase media se han convertido a la ideología autoritaria y
represiva de la ultraderecha para combatir el aumento de los índices de delincuencia. La mayor manifestación que ha tenido lugar en Buenos Aires en los últimos dos años fue la
de 150.000 personas- casi en exclusiva de clase media- que protestaban frente al
Congreso contra la delincuencia, poniendo el énfasis en una mayor represión y sin
aludir a la inmensa pobreza y al desempleo como causa directa de la delincuencia.
Durante el primer año de régimen de Kirchner, los MTDs parecían aislados, y algunos
controlados por partidos izquierdistas y dirigentes de los partidos tradicionales. Al
mismo tiempo que se diluían las luchas contra el régimen, se intensificaban las que
tenían lugar en el seno de los movimientos. Mientras que las divisiones, previamente, se
basaban en la competencia entre barrios, las nuevas disensiones se producían en el
interior de los barrios. Por ejemplo, una “coalición” de MTDs incluye al Polo Obrero,
a la Coordinadora Unidad de Barrios (CUBA), a un sector del MTR, y al Movimiento
Territorial de Liberación (MTL). Otro grupo de organizaciones de parados, relacionado
con el Partido Comunista Revolucionario, es la CCC, (Corriente Clasista Combativa)
y otra facción es la del Movimiento Teresa Rodríguez. Incluso los grupos de derechos
humanos han establecido líneas divisorias. La Universidad Popular de las Madres de la
Plaza de Mayo ya no permite que los piqueteros anti-Kirchner se reúnan en su plaza,
mientras que apoyan a otros que sí apoyan al régimen como los de Barios de Pie, Patria
Libre y ciertos sectores del MTD, Aníbal Verón.
El efecto final de estas divisiones ha sido debilitar el poder de atracción y las
posibilidades de las organizaciones de piqueteros. La concentración del 1 de mayo de
2004 (Día del Trabajo) fue un ejemplo, y la baja participación, el resultado de la
desunión, ya que cada organización piquetera lo celebró por su cuenta y la asistencia
sólo fue una fracción de la habida los dos años anteriores. Además de las rivalidades
personales y los largos conflictos de años, las diferencias fundamentales que se
producen en los movimientos de parados son de carácter político, y en especial en la
actitud y respuesta que tienen ante el régimen de Kirchner. Las entrevistas mantenidas
en abril de 2004 con un gran número de militantes y líderes piqueteros en el Gran
Buenos Aires revelan una profunda crisis en el movimiento, una aguda división en la
opinión sobre el régimen, en el nivel de militancia entre los trabajadores en paro y en las
perspectivas políticas futuras. Dos ejemplos pueden ser suficientes para ilustrar estas divisiones políticas: El
Movimiento de Trabajadores Desempleados-Aníbal Verón (MTD-AV) y el Movimiento
Teresa Rodríguez (MTD-Martino). Se debería mencionar que incluso en estos
movimientos existen diferencias internas y posibles desacuerdos futuros.
El MTD-AV, como muchas de las organizaciones piqueteras, lleva a cabo su análisis
empezando por la descripción de la “nueva situación”. Alegan que el régimen de
Kirchner es un régimen híbrido en el que se unen la burguesía nacional y las
corporaciones multinacionales, algo sustancialmente distinto de los regímenes
“neoliberales” anteriores. Citan las políticas progresistas del régimen en materia de
derechos humanos, los cambios en el ejército ( con la jubilación de 40 generales), la
resistencia ante el FMI, el apoyo a Castro y Chávez, la revisión de unas leyes laborales
retrógradas y su política menos represiva con las protestas públicas. A estos aspectos
positivos de Kirchner, el MTD-AV añade una “apreciación negativa” de la situación
actual de los movimientos de masas. Afirman que las disensiones internas en sus
propios movimientos, la decreciente participación en las protestas, la “desorientación
general” de las masas para enfrentarse a las nuevas políticas del régimen y la
“desarticulación” de los movimientos como consecuencia de los planes de trabajo
puestos en marcha por el gobierno, han ocasionado la pérdida del consenso entre los
movimientos de parados, lo que dificulta la lucha. El resultado de todos estas
circunstancias ha sido que el MTD-AV ha adoptado una postura de apoyo crítico al
régimen, y ha cambiado desde una actitud de conflicto y confrontación a la de
negociación y discusión, principalmente sobre la financiación del número de planes de
trabajo y de proyectos locales. Este cambio de política ha llevado a la desintegración en
la práctica de las pequeñas “tendencias autonómicas descentralizadoras” del
movimiento organizado por los discípulos universitarios del profesor Jon Holloway de
la Universidad de Edimburgo. La cuestión del “poder político”, y más específicamente,
del poder estatal, y de las potenciales ventajas económicas y políticas, son factores
clave en la formación de actitudes políticas entre los desempleados. Los líderes del
MTD-AV aducen que existen tres posibles acercamientos al régimen de Kirchner: la
posición de “los trabajadores de Pole (controlados por el Partido de los Trabajadores-
Partido Obrero (PO) que proclaman que “nada ha cambiado” y continúan con la política
de confrontación; la de los que se inclinan por la conciliación y la subordinación,
impulsada por D’Elia de Matanzas y Barios de Pie, y la suya de “independencia política pero renunciando a la confrontación y confiando en la negociación”, que de hecho es un
apoyo crítico. El MTD-AV argumenta que dado que Kirchner goza del apoyo del 60 %
del electorado “no existen condiciones para la confrontación”, y basa su estrategia en
presionar al régimen para que aumente de 150 pesos (50 $) a 300 pesos la cantidad
establecida para los planes de trabajo, y en oponerse a la reducción de beneficiarios.
Aspiran a ampliar su organización para incorporar a trabajadores temporales y a unir
fuerzas con los obreros sindicados para conseguir “trabajos de verdad”, es decir, a
jornada completa, encuadrados en sindicatos, en suma, bien pagados.
Así como la evaluación del MTD-AV sobre el grado de apoyo del que disfrutó Kirchner
durante la mayor parte de los años 2003-2004, se ajustaba a la realidad, falló al no
percibir la bajada de popularidad y el creciente descontento a finales de su primer año.
Su percepción del progresismo de Kirchner estaba distorsionada y se basaba en las
buenas relaciones que mantenían con su régimen. Ponían el énfasis en la “resistencia”
de Kirchner al FMI, pero ante las preguntas admitieron que Kirchner había transigido
con las condiciones impuestas por el FMI, continuaba pagando la deuda externa a las
Instituciones Financieras Internacionales y proponía pagar, al menos parcialmente, a los
poseedores privados de bonos de deuda. Más aún, el MTD-AV admitía que los niveles
de pobreza y las desigualdades no habían cambiado, y que las industrias estratégicas y
los bancos privatizados continuaban en manos de las multinacionales extranjeras. El
MTD-AV estaba dispuesto a aceptar las concesiones inmediatas del régimen a cambio
de renunciar a la exigencia de cambios estructurales, al menos en el contexto de lo que
percibían como un movimiento que se desvanecía y un régimen “popular”.
Como contraste, el Movimiento Teresa Rodríguez mientras se oponía al régimen de
Kirchner, se encontraba inmerso en un debate interno sobre su futuro. Roberto Martino,
líder del MTR, describe así el carácter conservador del régimen de Kirchner: “Recortes
en los planes de trabajo, vuelta al clientelismo político, destrucción de la alianza entre la
clase media y los desempleados, ausencia de planes para la reapertura de las fábricas
cerradas, parálisis de los movimientos sociales, altos niveles de pobreza, apoyo al
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, subvenciones a las
industrias privatizadas- en especial a los muy lucrativos sectores petrolífero, de
electricidad y de energía-, que podrían financiar puestos de trabajo y servicios sociales.
A juicio de los líderes de los movimientos piqueteros de oposición, Kirchner ha “restaurado” la burguesía nacional, proporcionándole un liderazgo y una dirección,
mientras se aseguraba el favor de la clase media, incluso el transitorio apoyo popular de
los parados. Como ejemplo, citan el apoyo que Kirchner se ha asegurado de Hebbe
Bonafini, del grupo de derechos humanos Madres de la Plaza de Mayo - que ha sido un
referente moral-, lo que le ha granjeado legitimidad y ha reforzado su régimen. Los
piqueteros en la oposición señalan el “cada vez mayor rechazo de la clase media al
corte de carreteras, y el creciente abandono de las asambleas de barrio con la esperanza
de que Kirchner resuelva sus problemas”. En resumen, las oposición piquetera describe
a Kirchner como triunfador a corto plazo, por haber reforzado la “política institucional”,
y por haber canalizado parcialmente la política que se desarrollaba en las calles hacia el
Congreso y la Administración, debilitando así el innovador estilo democrático de las
asambleas, que había emergido antes e inmediatamente después de la insurrección de
los días 20-21 de diciembre.
Entre los piqueteros de la oposición existen dos líneas de pensamiento y de acción: la de
los que creen que Kirchner es una mera continuación de los políticos del pasado ( Polo
Obrero-Troskista) y lleva a cabo la misma política en la calle, y la de los que creen que
los nuevos tiempos requieren nuevas tácticas y estrategias. Esta última es la que
mantiene Martino, quien critica a los piqueteros “que todavía piensan que estamos en
los días 21/21 de diciembre del 2001 y no dejan de cortar carreteras”. Postula que hay
“que buscar nuevas formas de lucha, para conseguir legitimación” y mantiene que la
mayoría de las protestas actuales son “testimoniales”, habida cuenta de que el régimen
sabe que están aisladas y que, antes o después, los manifestantes volverán a sus casas”.
Afirma que el movimiento no puede reducirse a luchar sólo por los planes de trabajo, y
pide que, para contrarrestar la influyente propaganda del régimen- que asegura que los
parados que piden planes de trabajo “no quieren trabajar”-, se cambie de estrategia para
exigir “un salario universal en todos los sectores de la clase trabajadora (empleados y
parados), basado en verdaderos trabajos (trabajos estables de jornada completa)”.
Esta corriente crítica de los piqueteros no tiene aliados entre la confederación de
sindicatos, y se encuentra enfrentada con otros piqueteros críticos que reclaman una
“movilización general” que conduzca a la “huelga general”. Enfrentado a la debilidad general para desafiar el poder del Estado en las circunstancias
actuales, el MTR invita a comprometerse en “las políticas territoriales para animar a las
masas a implicarse en la política local”. Martino aboga por un proceso en dos fases, la
primera, que llevaría a constituir un poder municipal, para después acceder al poder
nacional, así como planes de producción para recuperar la “cultura del trabajo”. Apela
a “una administración local autónoma y a la educación para preparar a los trabajadores
para la auto-gestión”. Lo que pide Martino es “un nuevo Estado en el interior del nuevo
Estado”. Para seguir esta nueva dirección el MTR propone que el movimiento piquetero
se amplíe e incluya a trabajadores empleados, profesores, trabajadores sanitarios y otros
sectores de trabajadores temporales mal pagados.
Los planes de trabajo- que se iniciaron como exigencias legítimas sobre la que
organizar grupos de base, con experiencia en asambleas locales y en auto-gestión-, se
han convertido, en algunos casos, en instrumentos de promoción personal para los
líderes locales bien relacionados con el régimen. Irónicamente, el sistema de
clientelismo local se ha justificado como “estructuras horizontales”, una ideología
popularizada por los ideólogos del “anti-poder”.
El fracaso de los “horizontalistas” para conseguir el control democrático se debe en gran
parte a la falta de conciencia de clase que es necesaria para ejercer ese control. La
democracia en el movimiento piquetero sin conciencia de clase no conduce a un proceso
político asambleario sostenible. En su lugar, las rebeliones populares y la militancia
inicial han desembocado en una concentración exclusiva en los asuntos inmediatos, en
la dependencia social de los líderes piqueteros locales y, en algunos casos, de los
dirigentes políticos.
El énfasis que los ideólogos anti-poder pusieron en la “autonomía” y en la
“espontaneidad” de los piqueteros en el momento de la revuelta se convirtió, después,
en la otra cara de la moneda que condujo a la subordinación de los piqueteros a los
dirigentes de los nuevos regímenes locales. Ambas fases ponen de relieve la ausencia de
una formación organizada con conciencia política de clase. La falta de cualquier plan
estratégico de acción condujo a la dispersión de los movimientos hacia una variedad de
políticas reformistas, colaboracionistas y sectarias.
27
El movimiento piquetero se constituyó sobre una base de obreros que jamás habían
trabajado en fábricas y que, por ello, tenían poca o ninguna conciencia de clase, y de
antiguos trabajadores desplazados de la producción en fábricas desde hacía cuan

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