Julio López
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victor brusa juez asesino
Por reenvío - Friday, Jun. 18, 2004 at 9:53 PM

La interminable impunidad de Víctor Brusa Reflexiones sobre la causa penal radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe contra los genocidas santafesinos, entre los que destaca el ex Juez Federal Víctor Brusa

Informe de situación a junio de 2004: el juicio congelado.

En los “años de plomo” actuaba en la ciudad de Santa Fe una peculiar articulación de fuerzas represivas: en el edificio de la Seccional Cuarta de la Policía Provincial, Bv. Zavalla y Tucumán, se mantenían secuestrados a militantes populares atrapados por un grupo de tareas dependiente del Departamento Inteligencia de la Policía Provincial. La labor era supervisada por el área 212 del II Cuerpo del Ejercito y contaba con la participación activa de los secretarios del Juzgado Federal Número Uno de Santa Fe, Víctor Brusa y Víctor Monti, quienes “completaban” los interrogatorios exigiendo reconocimiento a papeles escritos por la patota. De la Cuarta se pasaba a la Guardia de Infantería Reforzada, un complejo edilicio policial cercano a la cancha de Colón, donde los presos eran “blanqueados” y luego remitidos a la Cárcel de Coronda, los varones, y a la de Villa Devoto, las mujeres.

Varios cientos de compañeros pasaron por ese circuito, casi todos ellos fueron torturados y al menos una compañera, Alicia Adela de Rodríguez, continúa desaparecida[1].

Ya en noviembre de 1977 se realizaron denuncias por apremios ilegales y se llegó a una causa ante la Justicia Provincial[2] que finalmente desestimó la acusación luego de haber recibido hasta un informe medico forense que atestiguaba lo ocurrido. En 1979, los hechos fueron denunciados ante la delegación de la Comisión de Derechos Humanos, que visitó Buenos Aires, tanto por familiares de los presos políticos como por algunos liberados. En 1984 la denuncia se realizó ante la CONADEP y forma parte del “Nunca Más”[3], pero nadie fue juzgado, ni siquiera convocado a declarar.

En 1992, en ocasión de anunciarse la candidatura de Víctor Brusa al cargo de Juez Federal, se recordaron y ampliaron las denuncias anteriores[4] pero el “Honorable” Senado de la Nación aprobó la propuesta del presidente Menem. En 1998 un grupo de ex presos políticos[5], sobrevivientes de aquel horror, llevaron el caso ante la Audiencia Nacional Número Cinco de Madrid en los marcos de la Causa por Genocidio en Santa Fe. En 1999 se abrió un proceso de destitución del Juez Brusa en el Consejo de la Magistratura de la Justicia Federal que finalmente lo destituyó en marzo de 2000, en buena medida por el impacto que causaron en la opinión pública el testimonio de siete sobrevivientes[6] de aquella experiencia. Sin embargo, en el minuto final, el “honorable” presidente del Jury, Moliné O´ Connor, impuso el criterio de despejar las acusaciones de violación de derechos humanos del fallo de la mayoría acción que originó el voto en minoría de varios de los integrantes del cuerpo que insistieron, justamente, en el carácter central de la cuestión eludida por la mayoría[7].

En setiembre de 2001 el Juez Garzón pidió la extradición del grupo santafesino denunciado en la Causa por genocidio (Brusa, Ramos, Facino, Aevis, Perezzotti, Colombini); en la Argentina el Juez Cavallo ordeno la detención de todos ellos pero Brusa y Ramos “pasaron a la clandestinidad” por algunos días, luego se presentaron y estuvieron algunos días bajo custodia de la Policía Federal en un lujoso chalet en el barrio de Palermo. Curiosamente, el Juez Garzón “demoró” en remitir la documentación necesaria para iniciar el Juicio de Extradición más tiempo de los establecidos en el Tratado de Extradición de la Argentina con España facilitando la liberación de Brusa. La documentación aún no llegó y su carencia constituye una de las excusas para demorar el actual juicio penal. A pesar de que entonces se anunció que los papeles estaban en camino[8], el Juez Cavallo los liberó y pocos días después el ex presidente De la Rúa y su ministro de defensa Jaunarena rechazaron el pedido de extradición cerrando el episodio.

Fue entonces que acudimos al Procurador de la Nación, Dr. Becerra y exigimos que se cumpla la parte del tratado que estipula el juzgamiento de aquellos delincuentes a quienes se les niega la extradición. En la ocasión, también recurrimos en queja ante la C.I.D.H. procurando se presione por lo mismo. De noviembre del 2001 a mayo del 2002 actuamos bajo la figura de “amicus curiae” ante la fiscalía del Dr. Freyler aportando elementos e impulsando que la causa llegue a Santa Fe. Finalmente, en mayo del 2002, el Dr. Freyler entregó a la Fiscalía Federal de Santa Fe los elementos con los que el Dr. Luengo presentó la querella en mayo del 2002 solicitando la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, la declaración testimonial de los ex presos políticos/sobrevivientes de la Cuarta, que ya habían declarado ante el Jury que decretó la destitución de Brusa como Juez, y la declaración indagatoria de los acusados.

El Juez Reinaldo Rodríguez había asumido el cargo en diciembre de 2001; fue electo para el cargo por concurso tramitado por el Consejo de la Magistratura para reemplazar al depuesto Juez Brusa en marzo del 2000 como relatamos más arriba. En su primera decisión, el Juez Rodríguez aceptó los dos primeros pedidos del fiscal: declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y nos convocó a ratificar las declaraciones hechas en España y ante el Consejo de la Magistratura, actos que cumplimos entre noviembre y diciembre del año 2002. Desde entonces hemos esperado que se cumpla con el llamado a declaración indagatoria, o dicho de otro modo, que el juicio empiece en realidad ya que hasta ahora todo lo que hemos visto es como el cine en un canal de cable: se repite la misma escena de las denuncias una y otra vez, pero los acusados no aparecen en primer plano, siguen en las sombras de la impunidad.. A finales de agosto de 2003, solicité ser considerado parte querellante en el juicio a fin de poder incidir de un modo directo y tratar de destrabar el juicio; una vez aceptada la petición, el 25 de agosto de 2003 presenté un escrito ampliando la lista de acusados[9] y solicitando que se proceda a tomar las declaraciones indagatoria[10]. El mismo día, el fiscal Luengo presentó un escrito por separado pidiendo las indagatorias para el grupo original. El juez contestó con un breve escrito en el que remite a uno anterior en el que anuncia que “tomará las indagatorias a su debido tiempo”. Para el Juez Rodríguez no era tiempo todavía de comenzar el juicio. Catorce meses de proceso, veintiséis años de los hechos, le parecían al magistrado un “proceso normal”. Que la Justicia puede esperar.



Una entrevista con el ocupante del sillón de Brusa

A iniciativa de Anatilde Bugna y Stella Vallejos, dos ex presas políticas, sobrevivientes de la Cuarta y testimoniantes ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia Federal, el viernes cinco de setiembre de 2003 nos reunimos los tres, acompañados por el fiscal Luengo y otro querellante en el caso, el Dr. Pedraza, con el Juez Rodríguez. Se solicitó a todos los partidos políticos en campaña electoral, faltaban dos días para las elecciones provinciales del siete de setiembre, que nos acompañaran en señal de compromiso con la lucha contra la impunidad. Solo acudieron la diputada del A.R.I. Alicia Gutiérrez y el candidato a gobernador por Izquierda Unida Daniel Silber; los otros, ni una nota de cortesía. De un modo contundente, Stella Vallejos le expresó los sentimientos del grupo de ex presos políticos: expectativa en que haya al fin un juicio justo, temor de que la impunidad se mantenga, lo contradictorio de que los acusados sigan libres y sin haber sido siquiera convocados una sola vez a sede judicial y el oprobio al que se somete a los sobrevivientes radicados en Santa Fe a convivir con sus torturadores. Y esta no es una afirmación retórica, el padre del “Curro” Ramos, encarnizado torturador y cínico ex funcionario municipal santafesino vive a metros de la compañera Vallejos como una amenaza perpetua de una pasado prolongado sin fin. El Juez expresó que era un hombre de la Constitución, que sus decisiones se tomaban por intimas convicciones y que no aceptaría presiones de nadie. Dado que la definición admitía varias interpretaciones, entre ellas el de rechazar nuestra petición de pronto juicio, insistí en el pedido puntual de que se concreten las indagatorias; fue entonces que el Juez habló de las cincuenta mil causas que tiene a cargo, del poco personal y del tiempo “normal” de espera en la causa. Y que no convocaría a indagatoria a los genocidas, al menos por ahora. En la misma conversación, acaso de un modo inconsciente, reveló su verdadero pensamiento sobre las víctimas de la represión: en tono dolido dijo que nos comprendía, dado que una hija suya, de más de treinta años, había quedado discapacitada. ¿Está claro, no? Los sobrevivientes de la represión somos el resultado de algún accidente de la naturaleza, un producto imperfecto de la humanidad hacia quienes se le debe tener conmiseración. Si esa es la “comprensión” del Juez sobre las consecuencias del genocidio y la impunidad, ¿quién hará justicia?

Desde entonces, ha persistido en la negativa a tomar declaración indagatoria a los acusados, facilitando de este modo que el comisario Facino, asuma su cargo de intendente (fue electo en la misma lista que el gobernador peronista Jorge Obeid, de gastado pasado setentista) de la localidad de San José del Rincón, cercana a la capital santafesina gesto que seguro que envidia el General Bussi, privado de asumir el cargo para el que fue electo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, porque un Juez le tomó indagatoria y le decretó prisión domiciliaria.

¿Cómo mide el tiempo el Juez Rodríguez? Porque se dice fácil: este es un juicio que transcurre “normalmente”. El “detalle” es que las víctimas hace más de veinte años que denunciamos los hechos ante una “sociedad” que dio vuelta la cara cuando nos secuestraron, que miró hacia otro lado cuando formulamos las denuncias y que solo reaccionó cuando una “víctima inocente”[11] resultó afectada por la impunidad de los genocidas. La “sociedad” santafesina, sus gobernantes, sus instituciones y medios de comunicación principales, y especialmente la Justicia, ignoraron todas y cada una de nuestras denuncias. Jamás se dieron por enterados de que en la Seccional Cuarta de la Policía Provincial torturaban o del papel del Juzgado Federal Número Uno del Juez Mántaras y sus secretarios Monti y Brusa. Todas y cada una de las iniciativas tendientes a establecer la verdad y conseguir justicia han sido producto del accionar de los sobrevivientes y del movimiento popular que nos acompañó, siempre en absoluta minoría. Así ocurrió en la Causa por Genocidio de España que originó el pedido de extradición que De la Rúa rechazó, así en el Consejo de la Magistratura que terminó destituyendo a Brusa, así en el propio inicio de este mismo juicio penal. ¿No es hora de que alguna iniciativa tome “la Justicia”?

Cuando el Juez afirma necesitar más pruebas procésales, ¿no se da cuenta que está agraviando a los sobrevivientes/víctimas/denunciantes/querellantes que solo tenemos como prueba de lo sufrido nuestra palabra? ¿O es que se nos va a pedir pruebas materiales de hechos sucedidos hace tantos años en la más rigurosa ilegalidad del terrorismo de Estado? ¿Acaso requerirá restos de las balas servidas, o los propios instrumentos de la tortura? ¿Qué otra prueba que la coincidencia de nuestros testimonios (asombrosa coincidencia entre los testimoniantes entre sí[12] y con ellos mismos a través del tiempo[13]), se puede tener de la tortura, el simulacro de fusilamiento, los tormentos psíquicos, el hambre, el frío, la angustia, el dolor y el pánico ante los desaparecedores? Si el Juez duda de la coincidencia de los testimonios podría probar a someter su cuerpo a la picana eléctrica, o a colocarse desnudo y encapuchado contra una pared para que los asesinos practiquen tiro al blanco, o vivir como un animal en una jaula esperando ser torturado o “trasladado” y veremos si puede olvidar lo que ocurrió. O si sigue diciendo que no es tiempo todavía de comenzar el juicio a los genocidas.

La impunidad en la Argentina sigue vivita y coleando. Le hemos conocido mil caras, no sea cosa que ahora asuma la cara de la Justicia. El sillón de Brusa en el Juzgado Federal de Santa Fe, aunque tenga nuevo dueño, sigue velando por la impunidad de los genocidas del grupo y es probable que será así hasta que la movilización y la lucha popular impongan otra cosa.

Ese es nuestro compromiso.





José Ernesto Schulman, testigo y querellante en la causa

Rosario, 12 de junio de 2004




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[1] Ante Garzón se presentó una lista de 28 ejecutados en supuestos “enfrentamientos”, 221 presos políticos que en algún momento estuvieron desaparecidos y una desaparición forzada de persona.

[2] denuncia de José Ernesto Schulman ante el Juez Iribas, 4º Nominación 1Secretaría. Fotocopias del expediente se entregaron al Consejo de la Magistratura y al Juez Rodríguez de Santa Fe

[3] denuncia de los compañeros Maulin, Pratto y Córdoba, todos ellos del norte santafesino. Páginas 196 y 197 del Nunca Más.

[4] No solo por parte de los ex presos Schulman, Vallejos, Bugna y otros; sino desde el mismo bloque oficialista del P.J.: la diputada Ángela Gastaldi propuso en julio de 1992 que se manifestaran por el rechazo del pliego elevado al Senado por Menem, fue allí que Reutemann y Rubeo pactaron con Brusa la promoción a cambio de nuevos favores.

[5] En primer lugar Patricia Isasa, y luego José Ernesto Schulman.

[6] Schulman, Isasa, Vallejos, Bugna, Pacheco, Maulin, Cepeda.

[7] por ejemplo los votos en minoría de los doctores Guillermo Nanno, Gabriel B. Chausovsky, Juan César Penchansky



[8] según la información que proporciona el Juzgado, los papeles nunca llegaron. La larga mano que protege la impunidad de Brusa llega a Madrid, por lo visto.

[9] La lista de Garzón era Victor Hermes Brusa, Mario José Facino, Eduardo Alberto Ramos, Juan Calixto Perizotti, María Eva Aebi, Héctor Romeo Colombini y Nicolás Correa. A ellos sume a los miembros del grupo de tareas Juan Eduardo González, Víctor Cabrera y el jefe de la banda Carlos Osmar Rebechi; también del Comisario de 1977, Ricardo Ferreyra; al Jefe del Servicio de Inteligencia de la Provincia bajo cuyo mando acutuaban aquellos y de Juan Orlando Rolón.

[10] el mismo, día el Fiscal Luengo presentó un escrito suyo solicitando también la indagatoria de los acusados por Garzón , a los que sumó el pedido de indagar al compañero de Brusa, el ex Secretario del Juzgado Federal en los años del terrorismo de Estado, Victor Monti, e igual que yo al Jefe Militar de entonces Juan Orlando Rolón.

[11] en noviembre de 1997 el entonces Juez Federal Víctor Brusa atropelló, y abandonó, con su lancha al nadador Pedernera en la laguna Setubal. El caso terminó siendo la causa principal de su destitución.

[12] están las declaraciones realizadas ante la Comisión de Acusaciones del Consejo de la Magistratura en manos del Juez. Las mismas fueron realizadas de a uno por vez y sin permitir la presencia de los denunciantes en el acto testimonial de los otros.

[13] figura en el expediente la denuncia penal de Schulman ante el Juez Iribas en 1977 o los dichos de Maulin en 1984 ante la Conadep

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Maldita impunidad Laura Saturday, Jun. 19, 2004 at 2:05 PM