Lof Casiano. La tensión aumenta y la solución... bien, gracias.
Por Hernán Scandizzo + campania - Wednesday, Jun. 23, 2004 at 11:09 AM
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El Fiscal de Estado de Río Negro, Alberto Domingo Carosio, pidió ayer más tiempo para expedirse sobre las denuncias presentadas por el Lof Casiano y el Consejo Asesor Indígena (CAI). El funcionario afirmó que aún se encuentra estudiando el caso y sostuvo que dio intervención al Dr. Eduardo Manuel Martirena, asesor legal de la Fiscalía, para que profundice la investigación. En tanto el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se comprometió el viernes a evaluar la denuncia de la comunidad y la organización mapuche respecto a la no aplicación de la legislación indígena en la provincia.

El miércoles pasado el Lof Casiano y el CAI solicitaron al Dr. Carosio el reconocimiento definitivo de los derechos la comunidad sobre el territorio que tradicionalmente ocupó y el desalojo inmediato de la familia Abi-Saad, debido a las maniobras “ilícitas, ilegales e ilegítimas” a las que recurrió para apoderarse de las tierras en 1967. Durante la reunión mantenida en Viedma el funcionario afirmó que se pronunciaría el martes 22 pero no lo hizo. Los plazos se dilatan y la tensión aumenta. Si bien los abogados de la defensa presentaron el viernes un recurso para frenar la ejecución del fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, la posibilidad de un desalojo sigue latente y la comunidad continúa firme en la decisión de no abandonar sus tierras.

El CAI señaló que el Estado es el responsable de que se haya llegado a esta situación límite. Destacó, también, que en 2002 el gobierno argentino fue interpelado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a raíz de numerosas denuncias recibidas sobre la falta de medios legales que garantizaran el pleno ejercicio de los derechos colectivos de los Pueblos Originarios. La organización mapuche subrayó que en aquella oportunidad la OIT hizo hincapié en los informes sobre usurpación de tierras a pobladores mapuche en la provincia de Río Negro.

Destacó el CAI que el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y la Dirección de Tierras y Colonias (DT) deberán explicar al Defensor del Pueblo de la Nación por qué no respondieron a las demandas territoriales de las comunidades y pobladores mapuche, siendo ellos los encargados de aplicar la ley provincial 2287 Integral del Indígena. Tras la reunión con Mondino integrantes de la organización mapuche señalaron que el CODECI hace un uso clientelar de los derechos indígenas, mientras que la DT realiza una administración discrecional de sus territorios tradicionales negando los derechos históricos a su Pueblo. “Consecuencia de ese proceder – sostuvieron – es el recurso jerárquico que el Lof Casiano tramita ante el gobernador de la provincia, debido a la falta de respuestas satisfactorias del CODECI a las actuaciones iniciadas el 24 de mayo de 2003 para obtener la titularización definitiva de su territorio tradicional”. Al respecto el Lof Casiano adelantó que de no obtener una respuesta positiva del gobernador iniciará juicio al Estado provincial.

Los reiterados incumplimientos del CODECI motivaron también un pedido de informes por parte de la Defensora del Pueblo de Río Negro, Nelly Belloso, en abril último. En esa oportunidad la dependencia estatal respondió que sus demoras se debieron a otros casos más graves que atender y argumentó que siempre acompañó a la familia Casiano en la medida de sus posibilidades, ya que los mismos cuentan con el asesoramiento de abogados particulares.

Investigación

La investigación presentada por el CAI y el Lof Casiano al Fiscal de Estado y al Defensor del Pueblo de la Nación describe no sólo las irregularidades practicadas en los campos del paraje Quetrequile (pertenecientes a la comunidad en conflicto) sino que también aporta evidencias de despojos contra otros pobladores mapuche cercanos a la localidad de Ingeniero Jacobacci.

Según integrantes del CAI, la información descubre el modus operandi de los comerciantes-terratenientes Alfredo y Felipe Abi-Saad quienes, con la complicidad de su abogado de cabecera - Dr. Edmundo Aguilar -, acumularon 80 mil hectáreas en su momento de esplendor. Por tal motivo enfatizan que la no definición del caso Casiano por parte del Fiscal de Estado deja en la misma situación casos similares que también la organización mapuche solicita se investiguen y resuelvan.

Los documentos de la DT analizados por el CAI prueban numerosas cesiones de tierras y mejoras a favor de los Abi-Saad ‘suscriptas’ por pobladores mapuche que firmaban con su impresión digital. Según testimonios recabados estos pobladores eran clientes de los comerciantes-terratenientes y las ‘suscripciones’ se realizaban cuando bajaban al pueblo a proveerse de mercaderías. La ‘transferencia’ supuestamente equivalía al monto de lo comprado y el alambrado era tendido antes de que la persona retornara a su campo -. Cabe destacar que los Abi-Saad se apropiaban de los campos sin autorización previa la DT, organismo que debía verificar si el ‘favorecido’ reunía los requisitos establecidos por las leyes vigentes.

Según los testimonios que constan en el informe, los hermanos Abi-Saad en algunas de esas ‘operaciones comerciales’ sumaban el año en curso al monto generado por la mercadería ‘comprada’. Es decir, si la supuesta operación se realizaba en 1967 sumaban 1967 pesos al total. También se registran en la investigación casos más ‘sofisticados’ que revelan la participación del Dr. Aguilar. Este profesional, que aparece como apoderado de pobladores mapuche en trámites sucesorios, cedía a los Abi-Saad los derechos sobre los campos de sus patrocinados.

Está documentado, también, el caso de un poblador que osó denunciar a los mentados hermanos y fue presionado en una celda de la comisaría de Bariloche, en la que Alfredo se encontraba detenido por presuntos delitos. En esa oportunidad los comerciantes-terratenientes nuevamente contaron con el apoyo del abogado Aguilar. Otros testimonios hablan de amenazas de muerte y golpizas en plena calle.

De la documentación y los testimonios se desprende que entre los blancos predilectos de la próspera familia se encontraban las mujeres y los niños. En esos casos llegaban al lugar, cargaban a la gente en carros y la dejaban abandonada en una tapera. Respecto al descenlace era siempre el mismo: una vez que estaban en posesión del campo tramitaban su adjudicación ante la DT, sin que ninguna dependencia del Estado observara irregularidad alguna. En caso de que ello ocurriera los Abi-Saad aludían a algún tipo de complot político en su contra o el desconocimiento de las leyes vigentes. Y la máquina seguía en movimiento.

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