PROYECTO DE DECLARACIÓN

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

 

DECLARA

 

Su preocupación por la situación por la que atraviesa la familia Casiano, perteneciente al pueblo Mapuche, que encuentra usurpado su territorio tradicional reconocido por la disposición del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) N° 13/03, del 14 de abril de 2003, ubicado en parte de los lotes 41 y 60 de la sección VII y 50 y 51 de la Sección VIII del Departamento 25 de Mayo, Provincia de Río Negro.

 

Asimismo, esta Cámara solicita a la Fiscalía de Estado interviniente en el  Expediente N° 17201-F-03, se investiguen los hechos denunciados en el marco de la facultad que le confiere la Ley Provincial Integral del Indígena N° 2287, para que inicie las actuaciones legales que correspondan y promueva la reparación de sus consecuencias, conforme a la protección especial ordenada por el Convenio Nº 169 de la OIT, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, en sus artículos 17.3 y 18 y de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

Sr. Presidente:

 

Se puede decir que los pueblos indígenas de nuestros país se han visto siempre marginados y postergados. Desde el surgimiento del Estado Nacional se vieron perseguidos y expulsados de sus tierras. En realidad, son las víctimas de un genocidio social y cultural.

 

Una sumatoria de negligencias y complicidades de diversas autoridades,  nacionales y provinciales, con los intereses económicos privados, han logrado que durante décadas las poblaciones indígenas se vieran excluidas de los derechos sociales.

 

Una vez más, esta historia se repite en la Provincia de Río Negro, donde la familia Casiano, perteneciente al Pueblo Mapuche, se ve impedida de poder vivir en sus tierras, ubicadas en parte de los lotes 41 y 60 de la Sección VII, y 50 y 51 de la Sección VIII, del Departamento de 25 de Mayo.

 

Desde la década del cincuenta, los miembros de la familia Casiano vienen siendo estafados, robados y usurpados por habitantes de la localidad de Ingeniero Jacobacci, que han codiciado sus tierras. Y todo ello se concreta bajo el amparo del Gobierno provincial y la Policía local que se niegan a intervenir.

 

La existencia de todo un sistema de impunidad y la dificultad de los sectores excluidos para poder acceder a la justicia, hacen que se perpetúe la situación de discriminación social de larga data. A pesar de existir pruebas relevantes del derecho legítimo de parte de la familia Casiano como propietarios de sus tierras.

 

En el libro de la Comisión Inspectora de Río Negro, tomo XIV, 1919-1920, consta que –ya desde 1890– los Casiano residían en la zona de Quetrequile. Asimismo, en el libro de la Dirección de Tierras, Inspección General de la Zona de Fomento, Sección VII, Tomo 427, se consigna que en 1926, por resolución del 6 de marzo y por resolución del 24 de junio, se otorgó permiso de ocupación.

 

Además, en el año 1930 el Ministerio de Agricultura de la Nación –en el expediente administrativo nº 104.343/30– reconoce la legitimidad en la ocupación de las tierras por esta familia mapuche. Finalmente, la ley provincial nº 2.287, vigente desde 1988, conocida como Ley Integral del Indígena, reconoce a los habitantes originarios el derecho a la tierra.

 

La Fiscalía de Estado, por impulso del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI), debe velar por el cumplimiento de la ley 2.287. Por tal motivo, en el año 1999, la Dirección de Tierras de la Provincia ordeno el desalojo de quienes usurpaban las tierras de la familia Casiano.

 

Sin embargo, la situación siguió sin resolverse. Tanto es así, que durante los años 2002 y 2003 decidieron nuevamente denunciar el despojo del que son victimas ante la CODECI.  Hasta el día de la fecha, no han recibido respuesta de los organismos del Estado responsables de la aplicación de la Ley Integral del Indígena sobre sus reclamos territoriales. Por el contrario, sus dilaciones, imprudencias, irresponsabilidades y negligencias obstaculizan su progreso; todo  esto, sumado a la “desaparición” de la Resolución de la Dirección de Tierras que ordenó en 1990 el desalojo de los usurpadores de las tierras tradicionales de la familia Casiano con fundamento en los legítimos derechos de esta familia mapuche.

 

Considerando la necesidad de poner fin de una vez por todas a las injusticias que nuestros pueblos originarios vienen padeciendo desde hace más de un siglo, todos los responsables de las decisiones políticas, en cualquiera de los niveles del Estado, debemos buscar el modo de hacer respetar el derecho de estos pueblos,  históricamente castigados, a vivir en su territorios tradicionales.

 

Por todo lo expuesto, se solicita a los legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.