La legalidad ilegitima de la constitución juarista
Por Fabián Sánchez (sociologo) - Thursday, Jul. 01, 2004 at 3:47 PM

Si entendiéramos el concepto de “Legitimidad” como la validación y la aceptación de lo existente, la pregunta que cabría formular en estas convulsionadas instancias, es si ¿qué grado de legitimidad tuvo la Constitución Provincial durante los agitados gobiernos del juarismo?

Nada que jamás se amoldó a la vida armónica de un pueblo, debe ser sostenido ni siquiera por el más férreo y axiomático principio constitucional. En esta provincia la historia trágica del juarismo y sus prácticas consolidaron la idea de que “lo legal no siempre tiene legitimidad”. Lo escrito y lo sancionado por las leyes más explícita terminaron en diatribas interpretaciones. El parlamento provincial fue paradójicamente un óbice al sentido legal de la carta magna. Sólo en sociedades como la nuestra, el comportamiento colectivo estuvo supeditado al movimiento arbitrario del arte político, relegando con criterios premeditados desde el poder el espíritu de las normas institucionalizadas.
Las reformas como dice el filósofo francés, Emile Durkheim son indispensables para recuperar el orden, el equilibrio de las sociedades cuando éstas se ven amenazadas por corrientes adversas. Esta sociedad vivió reformada por una ideología que modificó en formas sistemáticas el sistema normativo, para mantener virgen el monopolio del poder; un poder ejercido sobre la retícula de los cuerpos, en la conciencia cultural del individuo, en el pensamiento colectivo. En definitiva, las reformas de lo institucionalizado como cuerpo legal, nunca sobrepasaron la frontera de lo formal. La práctica de la racionalidad legal jamás imperó por obra gracia de la razón, sino por mecanismos totalitarios que entendieron el ejercicio democrático como la “tiranía de la mayoría”. Y este entender del poder se validó y legitimó un sistema al que hoy queremos JUSTIFICAR sobre la base del concepto subjetivo de legitimidad.
Embargados por los apasionamientos legales, casi al unísono el foro local contrapone a la idea de reforma, la legitimidad del sistema institucional. En palabras más sencillas, se anhela que un gobierno nazca de la voluntad popular y como consecuencia ulterior haga un llamamiento para rever nuevamente la Carta Magna. En este sentido, me obliga la coyuntura a plantear lo siguiente: “con qué legitimidad llamaría el nuevo gobierno a una reforma, si acaso no uso los mismos mecanismos abusivos del anterior régimen”. Hay quienes piensan que, cuando las sociedades están en crisis, el altruismo es una instancia positiva para echar mano. Pero, quién podría asegurar que en Santiago del Estero, el altruismo político nos conduciría a recuperar la normalidad del sistema de representación. Quien sea elegido sentirá la tentación irresistible de poner en funcionamiento las estructuras de la “permanencia”. Y así surgirán esas viejas instancias donde lo legal pierde otra vez la legitimidad.
Hay que sostener con hechos el valor de la palabra. Nadie que intente aunque sea desde el más quimérico pensamiento un cambio estructural de esta sociedad, puede establecer y determinar que una reforma a los vicios legales, serán deslegitimados en el devenir posterior, pues de otra manera, estaríamos aceptando provisoriamente el peso trágico de la historia superada. El juarismo fue un régimen que voló por sobre la legalidad, pero instrumentó un sistema político para legitimar sus prácticas. Sin reforma no estaríamos haciendo otra cosa que validar y legitimar un pasado trágico. El desafío debe ser la superación definitiva, NO de un partido e ideología, sino de un paradigma político que utilizó las normas para NORMAR y reglas para REGLAR, cuando el sentido racional fue siempre construir una sociedad más JUSTA.

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