MACABRA JUSTICIA
Por reenvío red eco alternativo - Thursday, Jul. 01, 2004 at 8:56 PM

Tres jueces federales son acusados de encubrimiento y participación necesaria en los asesinatos de 30 presos políticos de la UP1 en Córdoba durante la última dictadura militar

(Red Eco) Córdoba -Adolfo Zamboni Ledesma -ya fallecido-, Miguel Puga y el actual camarista Carlos Otero Alvarez, están acusados de encubrimiento por su responsabilidad en la muerte de 30 presos políticos, en episodios sucedidos entre abril y octubre de 1976.
El viernes 25 se realizó la audiencia de apelación al dictamen de la jueza federal, Cristina Garzón. En su informe la jueza dijo: "es posible afirmar con absoluta certeza que (...) fueron asesinados por el personal militar y/o policial, bajo cuya custodia se hallaban detenidos o eran trasladados, quienes disfrazaron tales homicidios cometidos con alevosía bajo la forma de muertes fortuitas, enfrentamientos o intento de fuga, incluso de un detenido que estaba parapléjico.
Su sentencia dice también que "queda claro no obstante, que el comandante del III Cuerpo de Ejército general Luciano Benjamín Menéndez, como así también el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, general de División Juan Bautista Sasiaíñ, tuvieron una significativa intervención en los acontecimientos investigados"
Sin embargo, lo que motivó la apelación es que en ese informe no hay mención a posibles delitos cometidos por Zamboni Ledesma, Puga u Otero Álvarez, ni se precisan las responsabilidades individuales de los autores o instigadores de las matanzas, como sí indican el abogado querellante Rubén Arroyo y el defensor oficial, Marcelo Arrieta. La abogada del Servicios de Paz y Justicia María Elba Martínez también solicitó averiguar la responsabilidad de funcionarios judiciales y la Iglesia en estos episodios.
Adolfo Zamboni Ledesma, titular del Juzgado Número 1, tenía bajo su responsabilidad a la mayoría de las victimas e incluso firmó dos veces ordenes de traslados
Miguel Puga titular del Juzgado Número 2, acusado de encubrimiento, tuvo responsabilidad en el traslado de Miguel Cevallos.
El fiscal de la Cámara Federal y el abogado querellante solicitaron la revocatoria del veredicto emitido por Garzón luego de casi cinco años de investigación. Reclamaron la reapertura del trámite y su posterior elevación a juicio. Aseguran que la ley 25.779 que nulifica las leyes de Obediencia Debida y Punto Final derrumbó las barreras que impedían el juzgamiento de responsables de delitos de lesa humanidad en Argentina. Mientras que Martínez solicitó la "prosecución penal".
Como si fuera poco Cristina Garzón, la jueza que dictó la sentencia también está acusada por no investigar un caso de torturas ocurrido en 1975.
Fuente: Infored

agrega un comentario