El doble discurso que ejercita el gobierno adopta formas grotescas en el terreno de la deuda externa. Kirchner habla de “negociar con dignidad”, pero reconoce la legitimidad de un pasivo comprobadamente fraudulento. Afirma que “rechaza las presiones del FMI”, pero acepta las inspecciones del Fondo, compensa a los bancos y aumenta las tarifas. Lavagna critica la injerencia de este organismo, pero le ha otorgado al FMI un status de acreedor especial y le ha transferido en dos años 7000 millones de dólares. El presidente declara que “ahora se privilegia a los argentinos”, pero no aclara que los únicos compatriotas favorecidos son los grandes capitalistas. La enorme deuda que el Estado ha contraído desde el 2002 ha sido destinada a socorrer a los empresarios afectados por la devaluación. Estos compromisos forman parte de la hipoteca que en ningún momento se dejó de pagar (la mitad de los 178.000 millones de dólares adeudados). En las últimas semanas el Gobierno ha decidido también ponerse al día con los acreedores que no cobran (en default) y abandonó la promesa de aplicarle a este grupo una quita del 75%. Luego de proclamar durante meses que ese porcentaje era inmodificable, ahora se dispone a reducirlo a 50 o 55 por ciento a través de distintos mecanismos (reconocimiento de mayores intereses, rendimientos más elevados, pagos al contado). Esta mejora se concretará sustituyendo las viejas acreencias desvalorizadas por nuevos títulos públicos. El canje no será un acto de justicia con los pequeños bonistas, sino un gran negocio para dos grupos de especuladores: los dueños de las AFJP -que recibirán bonos diseñados para revalorizar sus balances- y algunos “fondos buitres” del exterior, que adquirieron títulos a 10 y los venderán a 50.

La operación en curso obligará a incrementar el superávit fiscal, que el Gobierno sostiene mediante el congelamiento de los salarios y la retracción del gasto social. Quienes afirman que la “deuda no se paga con el hambre del pueblo” se olvidan que la generación de ese excedente fiscal tiene un insoportable efecto empobrecedor. Lavagna utiliza ese ahorro para pagar la hipoteca, en lugar de recomponer el ingreso popular y reducir el desempleo mediante la inversión pública. Pero, además, en el futuro esta carga se tornará más pesada porque sostener la “confianza” de los acreedores en el endeudamiento renovado exigirá interminables medidas de ajuste. Sin embargo, lo peor es la inutilidad de todo el sacrificio. Tal como ocurrió en el pasado con operaciones semejantes (Brady, Megacanje), tarde o temprano se verificará nuevamente que la deuda es impagable. El acuerdo que actualmente se negocia implica un nivel de endeudamiento en relación al PBI (80%) que resulta completamente inmanejable. Además, exigirá refinanciaciones permanentes de los vencimientos que frustrarán cualquier perspectiva de crecimiento con empleo genuino y salarios dignos. Todos los analistas que se resisten a encubrir los engaños oficiales reconocen esta dura realidad. Pero muchos dudan de la viabilidad de un curso alternativo y destacan los riesgos de una política de ruptura con el FMI. Sin embargo, este curso es indispensable si se quiere gestar un futuro distinto a la miseria garantizada que augura el sometimiento a los banqueros. Existen muchas razones para adoptar una política soberana de suspensión del pago de la deuda. Esta medida plantearía problemas mucho más graves a los acreedores que a la mayoría popular, especialmente si se retoma la investigación de las estafas ocultas en sucesivas renegociaciones. La crisis del neoliberalismo ha creado condiciones económicas y políticas favorables en toda América Latina para comenzar una lucha regional contra la sangría financiera. El desafío es construir los instrumentos políticos que permitan avanzar por este rumbo.