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El Código de los Palos
Por Carne Clasista - Thursday, Aug. 05, 2004 at 1:46 AM
carneclasista@yahoo.com.ar

El viernes 16, los incidentes frente a la Legislatura porteña se convirtieron en la comidilla de los medios y el gobierno. A esta altura, resulta evidente que los desmanes fueron iniciados por grupos provocadores y/o de los servicios (estaba lleno de policías de civil "con disfraz de piquetero"), y de que la "demora" del accionar policial obedeció a una clara línea de dar manija mediática contra los "violentos" de las organizaciones sociales y la izquierda. Pero detrás de las maniobras y la manipulación bochornosa de las imágenes y de la información con la intención de engatusar a la opinión pública, se halla un objetivo político del oficialismo porteño y nacional: empezar a preparar el terreno para una política mucho más dura, represiva y de derecha hacia los movimientos sociales.

En las últimas semanas, el Código de Convivencia (o Contravencional) de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido noticia. Tanto por la aprobación de su reforma en general el pasado 7 de julio como por lo sucedido el viernes 16 en la Legislatura, todos hablan del Código Contravencional. Pero ¿qué es el Código? ¿quiénes lo quieren reformar? ¿por qué? ¿para qué?

A mediados de los 90, en el proceso de traspaso de facultades administrativas y legislativas del Poder Ejecutivo Nacional a la Capital Federal (la famosa "autonomía" porteña), para el gobierno de la Ciudad Buenos Aires se hacía necesario blanquear los viejos edictos policiales (normas que impuso la última dictadura militar para "dar un encuadre" al trabajo de la policía federal). En reemplazo de éstos, se sancionó un "Código Contravencional" en marzo de 1998. Durante su preparación, la movilización de grupos de minorías sexuales, organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y centro izquierda (época de avance del FrePaSo) ejerció mucha presión sobre los legisladores y asesores, alcanzándose un Código relativamente "garantista" (en jerga legal, que concede muchos y amplios derechos). Desde entonces hasta hoy, este primer Código Contravencional sufrió varias reformas represivas. Así es como, en las últimas elecciones porteñas, estas reformas del Código fue parte de la plataforma de todos los candidatos burgueses, incluso también de Zamora.

En el marco de la brutal destrucción de la economía y la descomposición social, producto de la barbarie social sin antecedentes que instaló el capitalismo (cuyas consecuencias más visibles son la desocupación, prostitución, cartoneros, gente sin techo, etc), los patrones, su Estado y sus servidores políticos no pueden ni quieren dar respuestas progresivas a esta situación. Se ven obligados a responder con una política represiva contra estas consecuencias, así como también contra la reacción que surge desde abajo: la movilización y activación política de sectores de trabajadores y del pueblo a partir del Argentinazo, especialmente los piqueteros.
La movida pública para reformar el Código empezó en febrero del 2004, aprovechando las vacaciones de verano. Ésta fue promocionada tanto por los legisladores de la derecha: el macrismo y el bullrichismo, (que juntos tienen la mitad de las bancas), así como también por el ibarrismo, en tensión entre su "look progre" y las medidas antipopulares que impulsa, contradicción que refleja sus intereses de clase. Esto se plasma por un lado con proyectos muy duros de "la derecha recalcitrante", fielmente comprometida con la represión sistemática de los sectores populares, y por otro lado, un oficialismo que impulsa una "represión light", tras cuyo discurso se esconde no una claudicación sino un claro alineamiento con una estrategia represiva. Este alineamiento de Ibarra es fruto de una decisión política de reprimir y criminalizar la protesta social, mientras que la famosa "negociación" entre la derecha sin careta y el oficialismo será por el aseguramiento de un segundo mandato como Jefe de Gobierno sin muchos sobresaltos, a cambio de ceder la iniciativa política de ver cómo se va a implementar y qué alcances tendrá la represión que ambos lados necesitan.
Hubo un acuerdo político de mínima sellado con la aprobación en general de la reforma del Código el pasado 7 de julio. A grandes rasgos, esta reforma comprende una baja de la edad de imputabilidad de los menores de 18 a 16 años; una clara y contundente penalización y persecución de mujeres y travestis en estado de prostitución; una reglamentación prohibicionista de la venta callejera; una severa limitación a la manifestación pública, especialmente contra los piqueteros (por obstrucción de la vía pública, por quema de neumáticos, entre otros) y el blanqueo de la detención por portación de cara (a través de figuras como "acecho" o "merodeo"). Por otro lado, también se establece la pena de arresto y se aumenta el monto de las multas, instalándose además la figura de la reincidencia, que agrava las penas frente a la reincidencia en la misma contravención y llega a plantear el pasaje del caso a la justicia penal.

La reforma del Código de Convivencia es un instrumento clave en el plan de criminalización de la protesta. Forma parte del mismo plan de la burguesía que tiene a más de 4.000 luchadores sociales procesados, el mismo plan que continua amedrentando y matando a compañeros como Diego Lucena. El requisito para llevar a cabo este plan es el aislamiento político de los sectores más dinámicos de la vanguardia, que tiene como eje central la campaña antipiquetera. Cuando los gestos y provocaciones del gobierno están destinados a desarmar y aislar políticamente a los luchadores sociales, la burguesía prepara ya no la utopía de una "convivencia" reglamentada, sino el camino de las balas y los palos.
 
Libertad inmediata a los luchadores procesados de la Legislatura
No a reforma del Código de Convivencia

Agrupación Carne Clasista

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