Julio López
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Boletín nº 25
Por CeProDH - Monday, Aug. 09, 2004 at 1:05 PM

04/08/04

BOLETIN N° 25


CeProDH

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos

Filial Capital: Rodríguez Peña 279 4° "E"

Te: 4382-0481

email: redceprodh@yahoo.com.ar

web: http://www.ceprodh.org.ar (en construcción)





Sumario:


1- Se suspendió el juicio contra los estudiantes de Ciencias Sociales (UBA)
2- Procesan a los detenidos de la legislatura

3- Código de “Convivencia”: quieren sacar a los luchadores de las calles

4 - Gran Encuentro Antirrepresivo en la zona Sur.

5- El Estatuto de Daer




4 DE AGOSTO NOS MOVILIZAMOS

10 HS. TRIBUNALES-

14 HS DE AV DE MAYO Y 9 DE JULIO A LA LEGISLATURA



ABSOLUCIÓN A MARTIN OGANDO Y SERGIO SALGADO

LIBERTAD A LOS 16 PRESOS POLITICOS

NO AL CODIGO DE CONVIVENCIA

NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA



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Buenos Aires, 3 de agosto de 2004



COMUNICADO DE PRENSA


SE SUSPENDIÓ EL JUICIO CONTRA LOS ESTUDIANTES
DE CIENCIAS SOCIALES (UBA)


A menos de 24 horas de iniciarse el debate oral, argumentando la enfermedad de unos de sus integrantes, el Tribunal Oral Criminal N° 4 suspendió el juicio contra los estudiantes de Ciencias Sociales, Martín Ogando y Sergio Salgado.



La defensa de Martín Ogando está a cargo de las Dras. Myriam Bregman e Ivana Dal Bianco (CeProDH). Frente a la suspensión del juicio, Myriam Bregman, declaró: “para el gobierno, la jornada de mañana se transformó en una complicación. Mientras intenta sostener un discurso de no criminalización de la protesta social, en un mismo día se iba a llevar a juicio a dos estudiantes como no ocurría desde la época de Onganía, se tratará el código contravencional con 15 manifestantes detenidos con gravísimos cargos, y se intentará pasar la ley de responsabilidad fiscal exigida por el FMI”. La letrada agregó: “el gobierno quiere evitar un escenario de movilizaciones que pongan en evidencia la impopularidad de las medidas, por eso intenta ligar todo el tiempo las movilizaciones a un problema de seguridad.”



El CeProDH ratifica la convocatoria del día de mañana a las 9 hs. frente al Palacio de Tribunales contra el juzgamiento de Ogando y Salgado, para marchar luego a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para exigir la libertad incondicional de los presos y el repudio a un Código Contravencional sustentado en la represión.



CeProDH

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos



TE: Dra. Myriam Bregman (15) 4170-2398

Sede CeProDH: 4382-0481

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Buenos Aires, 02 de agosto 2004



Comunicado de Prensa

PROCESAN A LOS DETENIDOS DE LA LEGISLATURA



En el día de la fecha la jueza Ramond finalmente dictó la resolución estableciendo la situación procesal de las 16 personas que continuaban detenidas.

En el auto de más de 90 fojas, continuando con su conducta autoritaria, ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de 15 de los detenidos.

Los delitos que le imputan, en un fallo cargado de opiniones políticas por parte de la magistrada, son coacción agravada en concurso ideal con privación ilegal de la libertad, daño agravado junto con delitos menores como atentado y resistencia a la autoridad.

Las supuestas pruebas en las que se basan para encarcelar a los manifestantes, son las declaraciones de los policías que los detuvieron a varias cuadras del lugar.

La comisión de abogados de los organismos de Derechos Humanos que asumió la defensa de los detenidos va a apelar esta resolución, pidiendo la excarcelación de los detenidos.

Desde el CeProDH denunciamos este salto en la política de criminalización de la protesta social y este claro atropello a las libertades democráticas en sintonía con el código contravencional que intentan votar. Seguimos exigiendo, más que nunca, la inmediata libertad y el desprocesamiento de todos los detenidos, y rechazamos este antidemocrático Código.





CeProDH

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos



Para comunicarse: Dr Luis Bonomi 1550577942




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El nuevo Código de “Convivencia” y la política del Gobierno.

QUIEREN SACAR A LOS LUCHADORES DE LAS CALLES

Por Luis Bonomi, abogado CeProDH



Luego de los hechos del viernes 16 en la Legislatura se instaló en los medios un intenso debate sobre cuál debe ser la respuesta del Estado respecto a las luchas sociales. Mientras tanto, la jueza Ramond acaba de procesar y dictar prisión preventiva a 15 de los 16 detenidos con cargos gravísimos (delitos con penas de hasta 10 años de prisión).



Supuestas diferencias en la transversalidad motivaron la expulsión de Beliz y, todo un gesto, al frente de la Secretaría de Seguridad Interior está Alberto Iribarne, para quien su modelo de “seguridad” es la actuación durante la brutal represión a las trabajadoras de Brukman.

A pesar de todo, el gobierno sigue diciendo que no va a criminalizar la protesta, así como asumió diciendo que “no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo” y firmó un acuerdo con el FMI que nos endeuda por generaciones.



Un Código a la medida del 19 y 20 de diciembre


Desde la derecha macrista hasta los transversales kirchneristas e ibarristas, parecen haber cerrado filas en una escalada de cercenamiento de las libertades democráticas cuyo fin no es otro que la represión –ya sea policial o judicial- de todos aquellos que salgan a luchar por sus derechos. Y el Código que intentarán votar el 4 de agosto es la coronación jurídica de esta política.

Con sólo leer detenidamente los más de 100 artículos que tienen algunos de los proyectos que se tratarán se pueden sacar varias conclusiones. La primera es que legisladores macristas e ibarristas trabajaron arduamente en la elaboración de este código represivo y minuciosamente tipificaron como conductas punibles todas y cada una de las acciones que protagonizaron los distintos sectores que salieron a luchar luego del 19 y 20 de diciembre del 2001.

Esto es lo que los medios intentan ocultar: que siendo un claro ataque a mujeres y travestis que se encuentran en situación de prostitución o a vendedores ambulantes a quienes se les impide trabajar y hasta tendrían pena de comiso de las mercaderías (aunque hayan pagado impuestos por ellas), este Código es, en general, la respuesta en el terreno legal a la situación abierta con las jornadas de diciembre del 2001 y busca también adelantarse a las actuales y futuras luchas que puedan sucederse.



Veamos los ejemplos


Ante todo aclaremos que el primer elemento represivo de este Código es que impone penas de arresto al ejercicio de libertades democráticas elementales como la de manifestarse. Es así que se penaliza la "Obstrucción de vía publica", léase corte de calle o simplemente marchas, para lo cual habrá que dar previo aviso a la autoridad competente es decir a un funcionario de Ibarra. La pena para quien no lo haga es de 2 a 10 días de arresto o multa de $ 200 a $ 1.000, ¡sanción que se eleva al doble si provoca embotellamiento!

En sintonía con la campaña antipiquetera del gobierno, también se penaliza "Portar armas no convencionales", un artículo descripto en términos tan ambiguos como "objeto destinado inequívocamente a ejercer violencia", que traducido en criollo quiere decir palos y todo objeto que el juez contravencional estime pertinente como podría ser pirotecnia o un paraguas.

Pero como los representantes del pueblo de la Ciudad tienen buena memoria recordaron bien las insolencias cometidas por la plebe (sobre todo de las que fueron víctimas) y penalizarían los "escraches", según su léxico: "quien hostiga, intimida o provoca" a alguien será sancionado con 1 a 5 días de arresto o multa de hasta $ 400, sanción que se eleva al doble si este "hostigamiento" estuvo organizado o lo realizan más de dos personas. Seguramente los militares genocidas, los policías de gatillo fácil y los funcionarios corruptos les estarán agradecidos por este favor que se hicieron en común para intentar escapar del odio popular.

Y como para no dejar lugar a dudas sobre a qué responde este Código, también se penaliza el "ingresar o permanecer en lugar público contra la voluntad del titular del derecho de admisión", conducta que si se realiza en un Banco o Institución Financiera tiene el doble de sanción, llegando a 5 días de arresto o $ 800 de multa. A usted ¿qué le recuerda?

También tiene pena, para no dejar afuera ninguna medida de lucha, el "frustrar subasta". Léase ¡ojo con los deudores hipotecarios!; "manchar o ensuciar edificios", léase ¡ojo con hacer pintadas!; "obstaculizar las salidas de lugares públicos", léase ¡ojo con protestar frente a ministerios!

Como si todo esto fuera poco, hasta tomaron nota de los asambleístas que cambiaron los carteles con los nombres de las calles, como "EE.UU." por "Pueblo de Irak", y crearon una contravención que contempla esta "temible" conducta.

Tampoco se olvidaron de las organizaciones que tengan personería jurídica como los partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y asociaciones que luchan por los derechos civiles, los que serán responsables de las multas en caso de que se cometa una contravención en ocasión de desarrollarse actividades "en nombre o al amparo" de una de estas organizaciones.



Tenemos que parar esta escalada reaccionaria


La marcha unitaria del jueves 22, a pesar del cuasi estado de sitio policial, fue un primer paso para demostrar que no nos van a amedrentar y que seguiremos peleando en la calle por la libertad de los detenidos y contra la aprobación de este reaccionario código.

El CeProDH convoca a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, movimientos de trabajadores ocupados y desocupados, los partidos de izquierda y los grupos que luchan por derechos civiles, libertades sexuales, etc. a continuar y redoblar los esfuerzos para derrotar esta escalada reaccionaria. Proponemos poner en pie una Coordinadora en Defensa de las Libertades Democráticas y Contra la Criminalización de la Protesta Social y convocamos a movilizarnos el 4 de agosto para impedir que se sancione el código pactado entre Ibarra y Macri.



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GRAN ENCUENTRO ANTIRREPRESIVO EN LA ZONA SUR





Quilmes, 25/7/2004.



A los familiares de víctimas del gatillo fácil, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, a los jóvenes que luchan por defender sus derechos:



Hay más de 1.600 casos de gatillo fácil impunes en todo el país. La mayoría son jóvenes estudiantes, trabajadores o desocupados de las barriadas populares. La cifra muestra varias cosas: No se trata de “algunos policías descarriados” sino de toda una institución destinada a sembrar el terror. Por otro lado que para matar con tanta impunidad hace falta la complicidad de una justicia y de políticos al servicio de los poderosos.

Hace tres meses decíamos que el Plan de Seguridad que Kirchner y Solá lanzaron montados sobre la “Cruzada Blumberg” iba a multiplicar los casos de gatillo fácil y que se convertiría en una amenaza sobre los sindicatos y movimientos de desocupados que salieran a luchar y que ya cuentan con más de 4000 luchadores procesados en todo el país.

Lamentablemente no nos equivocamos. Enseguida vinieron los asesinatos en manos policiales de Cristian Bogado, Lisandro Barrau y Diego Lucena, sólo por nombrar a los más conocidos. Por otro lado, las causas sobre los luchadores procesados se aceleraron. Inclusive, mientras que el gobierno nacional la juega de “democrático” relevando al jefe de la federal por haber dejado portar armas a los policías que cuidaban esa madriguera que es la Legislatura Porteña, mantienen presos a 16 manifestantes por haber participado de la marcha de repudio a las modificaciones al Código de Convivencia.

Como hace tres meses, insistimos en la necesidad de formar una gran coordinadora antirrepresiva con los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, en síntesis, con todas las víctimas de este flagelo. Esta coordinadora serviría para unificar nuestras luchas, enfrentar los nuevos avances represivos y darle un canal de organización a los jóvenes que quieren emprender esta lucha. Ya se dieron algunos pasos como las reuniones que se vienen dando en el Bauen tanto de los procesados como de los casos de gatillo fácil, así como múltiples iniciativas que se vienen llevando adelante en distintos lugares.

En este sentido, para extender estas iniciativas, es que llamamos a un Gran Encuentro Antirrepresivo en la Zona Sur al que los invitamos a participar para tomar entre todos este desafío. La cita es el sábado 14 de agosto a las 14 horas en San Martín, entre Colón y Conesa, Quilmes.



-Basta de gatillo fácil, de represión y de impunidad judicial

-Desprocesamiento de los 4000 luchadores obreros y populares

-Libertad a los presos de la Legislatura

-Abajo el plan de seguridad de Kirchner-Solá

-Por una gran coordinadora antirrepresiva



Carla Lacorte, victima de gatillo fácil e integrante del CeProDH, familiares de Andrés Guarinos y de otras victimas de la represión y la impunidad de la zona sur. Comités contra la represión y la impunidad de Quilmes y Berazategui.



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EL ESTATUTO DE DAER


Myriam Bregman y Rubén Tripi, abogados CeProDH

Nota publicada en el periódico Nuestra Lucha (02/0/04)



Venimos participando con otros abogados de una comisión que asesora a la Lista Celeste y Blanca que acaba de presentarse para las elecciones que se realizarán el 16 de septiembre en el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA). Y la realidad a la que nos enfrentamos, como en la amplísima mayoría de los sindicatos, es que por impulso de los mismos dirigentes que hoy los gobiernan, los Estatutos de los gremios se han ido modificando para ir adaptándolos cada vez más a sus propias "necesidades": perpetuarse en el cargo e impedir el surgimiento de cualquier reagrupamiento progresivo; y si ello ocurre (como es el caso de los compañeros que integran la Celeste y Blanca) tratar de impedir su expresión.

Lo mas evidente suele ser el nombramiento "a dedo" de la Junta Electoral. En el caso del Estatuto del STIA hay una cláusula que logra encabezar los récords de proscripción; su art. 22 dice: "El Congreso de Delegados se compone por los delegados congresales(…) A los fines de garantizar la representación de las minorías y la participación proporcional de los afiliados de las distintas unidades productivas (fábricas, establecimientos), se establece que el número de delegados representantes, provenientes de una misma unidad productiva, no podrán superar el 15% del número total de delegados que integren el Congreso…".

¿Qué significa esto en concreto? Que las fábricas que cuentan con la mayoría de los afiliados, no pueden participar proporcionalmente en los órganos de dirección del sindicato; con un falso argumento de que puedan tener representación "los lugares de trabajo mas pequeños" (cuestión que no está prohibida). Así, se pone una traba enorme a la participación de los afiliados de las fábricas más numerosas, donde no por casualidad prevalecen las Comisiones Internas opositoras.

Como no se puede tapar el sol con la mano y el odio de los trabajadores contra Daer es evidente, en estas elecciones, la Junta Electoral se vio obligada a “morigerar” este requisito restrictivo "para ampliar la participación de las listas" (aunque nunca serán en igualdad efectiva de condiciones). Pero la claúsula del Estatuto sigue allí, para ser usada por los dirigentes apenas se sientan un poco más fuertes.

Por otra parte, si del incumplimiento del Estatuto se trata, debemos mencionar que el art. 88 establece que "Cuando la importancia del establecimiento lo requiera, podrán ser nombrados delegados de sección para colaborar con la Comisión de Relaciones Internas". A su vez el art. 66 del Convenio Colectivo 244/94 contempla también a los delegados por sección, poniendo expresamente en su cabeza uno de los problemas más importantes que se dan en el gremio - por los ritmos extenuantes y las condiciones de labor- que es el de los accidentes y seguridad en el lugar de trabajo. Esta conquista no solo está "en los papeles" sino que existió efectivamente en el gremio. Desde que Rodolfo Daer asume la conducción del STIA en el ‘85, es uno de sus objetivos impedir los cuerpos de delegados. Con el tiempo va dejando de convocar a elecciones para delegados por sección, obstruyendo el ámbito más democrático de organización y discusión de los trabajadores.

Hoy la tarea de recuperar los cuerpos de delegados por sección es clave para la plena democracia sindical.





Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Ce.Pro.D.H.

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