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COCALEROS PRESOS: "El MAS se ha olvidado de nosotros"
Por El Juguete Rabioso (La Paz) - Saturday, Sep. 11, 2004 at 1:23 PM

Cuatro cocaleros, junto al colombiano Francisco "Pacho" Cortés, se encuentran actualmente detenidos: dos en San Pedro y dos en Chonchocoro. Según cuentan estos militantes del MAS, el partido de Evo Morales "casi no ha hecho nada" para obtener su libertad.

Cocaleros presos: "El MAS se ha olvidado de nosotros"

Redacción de El Juguete Rabioso, La Paz

El colombiano Francisco "Pacho" Cortés es el más conocido de una larga lista de 17 campesinos –en su mayoría cocaleros del Chapare– acusados de los delitos de "terrorismo, alzamientos armados, organización criminal, fabricación, comercio, o tenencias de sustancias explosivas, asfixiantes, etc., falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, lesiones gravísimas, asesinato". Hoy quedan cinco detenidos por esa causa: Cortés, junto a Marcelino Janko (del sindicato Valle Alto) y Daniel Escobar (del sindicato Tacopaya) en el penal de San Pedro; y Jesús Andrade (del sindicato Ismael Montes) y Leonardo Condori (del Sindicato Santa Isabel) en Chonchocoro.

Cortés fue detenido el 10 de abril de 2003 en la ciudad de El Alto, acusado de formar parte de una red de extranjeros que vinieron al país "con el objetivo de ampliar contactos e iniciar procesos de elección y capacitación básica subversiva" en las regiones del Chapare y los Yungas. Según las acusaciones, Cortés formaría parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia que estaría capacitando a miembros de los sindicatos de productores de coca; lo cual se evidenciaría en los atentados contra los miembros de la Fuerza de Tareas Conjunta encargados de la erradicación de coca (Informe de la Fiscalía de Distrito de La Paz).

Marcelino Janko cuenta que fue detenido el 7 de octubre de 2003, cuando se movilizaba en bicicleta en la comunidad de Valle Alto –"de forma sospechosa", según el informe de la fiscalía. "Me golpearon hasta quebrarme las costillas, luego llamaron a la PTJ, que llegaron con las cámaras. Luego en la PTJ me patearon hasta casi desmayarme para obligarme a firmar que trabajaba con Pacho Cortés, pero a él recién lo conocí acá en la prisión. Desde Cochabamba me trasladaron hasta La Paz en avión". Para Janko, quien migró de Potosí a la región cocalera a causa de la sequía en 1983, se trató de un montaje: "fabricaron pruebas para demostrar que tenía instrumentos para fabricar cazabobos en mi casa".

Daniel Escóbar cuenta una historia similar: "El 23 de octubre estaba durmiendo en mi casa cuando a las 5:30 de la mañana escuché varios disparos, pensé que eran erradicadores que habían encontrado alguna plantación de coca. Pero al rato, dos policías llegan a mi casa y me detienen. Luego me llevaron a la casa de mi hermano, allí apareció un teniente. Allanaron mi casa y no encontraron nada, sólo un cable de radio y un machete. Sin embargo, hicieron aparecer tres detonantes para explosivos. Me interrogaron para que les dijera que conocía a Marcelino Janko y a Pacho Cortés. Luego me llevaron a Chimoré y de allí a La Paz en avión".

Una causa invisibilizada

La falta de recursos de Janko y Escóbar los ha recluido en pequeños cubículos sin ventilación (en una prisión en la que los propios detenidos deben comprar o alquilar sus celdas). Pero sin duda, lo más difícil de afrontar para los dirigentes cocaleros es la invisibilización de su causa.

Mientras que la detención de "Pacho" Cortés, ha tenido cierta repercusión por la presencia en el país de varias comisiones de personalidades del exterior, como el líder campesino francés José Bové o la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, el caso de los cocaleros permanece casi invisibilizado a nivel de la opinión pública.

El propio Movimiento al Socialismo (MAS) –donde militaban– se ha alejado de su defensa pública: "Hasta el momento no han hecho casi nada. Cooperaron con algunos abogados pero no hay una lucha frontal", "antes venían dirigentes y honorables como Antonio Peredo o Gustavo Torrico, pero ya se han olvidado, pese a que el Parlamento está a cinco minutos de aquí". La idea que sobrevuela entre los propios detenidos es que "si Evo quisiera nos saca al tiro". Tampoco otros organismos de Derechos Humanos han logrado instalar una agenda pública en favor de un juicio justo (y rápido) para los detenidos, cuyo proceso judicial se encontraría sometido a fuertes presiones de la embajada estadounidense.

En verdad Evo Morales tuvo una fuerte presencia en los medios cuando vino la comisión internacional encabezada por Bové, pero apenas los visitantes extranjeros abandonaron Bolivia, el líder del MAS dejó de reclamar públicamente la libertad de Cortés y de los dirigentes cocaleros (reclamo que posiblemente, en la lectura del MAS, debilitaría las posibilidades de viabilizar su candidatura presidencial entre los sectores medios más moderados).

Pese al compromiso de Carlos Mesa con la misión internacional encabezada por Bové, Cortés, Janko, Escóbar, Andrarde y Condori siguen esperando que se defina su situación judicial. "Ya estamos condenados políticamente, sólo falta que nos condenen jurídicamente", sostienen con cierta resignación. Y transmiten una sensación compartida por una gran parte de la sociedad boliviana "que los que hacen los peores delitos no están en las prisiones". Junto con otra certeza: que detrás de su detención está la mano de la embajada estadounidense, cuya influencia en el Estado boliviano –incluidos sus estratos judiciales– está fuera de cuestión.

La política de militarización del conflicto cocalero –en el marco de la "lucha contra las drogas impulsada por la DEA estadounidense– provocó, según informes de la Defensoría del Pueblo, 57 cocaleros muertos, 500 heridos de bala y 4.000 detenidos en celdas policiales sin el debido proceso entre 1987 y 2002; lo que llevó a organismos de DDHH a hablar de una "violencia reactiva" por parte de los campesinos, frente a la militarización cotidiana de sus vidas.

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