Julio López
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Codigo de convivencia: protesta callejera
Por reenvío - Saturday, Sep. 25, 2004 at 1:19 PM

Esto es lo que se voto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la protesta callejera

"Obstrucción de la vía pública. Es decir, quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado con 1 a 5 días de trabajos de utilidad pública, multa de 200 a 1.000 pesos.
El ejercicio regular de los derechos constitucionales de peticionar y de reunión no constituye contravención. A tal fin deberá, con 24 hs. de anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento."


Lo que dijeron los principales diarios

(Diario Clarín 25/9)
“La trasnochada fue, en todo caso, una consecuencia del extendido y a veces confuso debate que mereció la aprobación del artículo que le puso límites y sanciones a las manifestaciones callejeras: este punto consumió casi cuatro horas de sesión. Con 41 votos, se impuso un texto que sanciona con 1 a 5 días de trabajo comunitario y con $ 200 a $ 1.000 de multa a quien corte calles durante una manifestación y no haya dado aviso a las autoridades. En cambio, no prosperó la pena de arresto para castigar esta contravención, impulsada por el macrismo y los lopezmurphystas.”

Diario La Nación
Por Raúl Gustavo Ferreira, profesor de Derecho Constitucional de la UBA.

(..)“Sin desmerecer otros objetos de regulación, se analizan tres materias que abarcan otros tantos problemas que alteran la vida cotidiana. La obstrucción de la vía pública, a raíz de la protesta callejera, es un hecho que agobia al que protesta, porque cree, sin fundamento, no tener otra vía para hacerse escuchar; y a quienes soportan pasivamente la obstaculización, porque ven suspendido el ejercicio de su derecho de libertad.

Para proteger el espacio público se dispone que deberá darse aviso, con razonable anticipación, a la autoridad competente, y respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento. La infracción será sancionada con multa o trabajos de utilidad pública. Cuesta entender cómo funcionará el esquema. Es que, en su marco, el piquete es ejercicio regular de un derecho constitucional y no constituye contravención, salvo que no se comunique la realización del evento o acaso se incumplan las órdenes impartidas.

La ambigüedad del texto hace difícil pronosticar que su aplicación permita aliviar, llevando a escenarios racionales, este enfrentamiento diario entre quienes protestan y quienes ven circunstancialmente impedido el ejercicio de un derecho de igual raíz.(..)



Comentario:

Hay una campaña antipiquetera del gobierno, una escalada antirrepresiva, y la criminalizacion de la protesta social con presos politicos, eso ya es mas que elocuente.

En ese marco el Codigo de Convivencia es un avance contra el movimiento social que tratan de controlar, reprimir y encarcelar. De todas maneras creo que iban por mas frente al código y asi lo muestran las cronicas de los diarios de la patronal y los grupos monopolicos.

La lucha y movilizacion de distintos sectores contra el código represivo atenuo algunas, algo diria, de esas medidas respecto de la protesta callejera, que tuvieron que dar marcha atras. La Nacion, Clarin, el macrismo y el lopezmurphismo estan en contra de lo que salio respecto de la protesta callejera.
El lopezmurphismo y el macrismo querian sacar esta frase ya aprobada ahora del nuevo codigo:

"El ejercicio regular de los derechos constitucionales de peticionar y de reunión no constituye contravención. "

es un avance que se consigue por la lucha popular, claro esta que los sectarios y ultras nunca van a entender, siempre terminan siendo funcionales a la clase enemiga.

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IBARRA VETARA
Por SENTIDO COMUN - Saturday, Sep. 25, 2004 at 1:56 PM

ANIBAL IBARRA VA VETAR ,SEGURAMENTE, ESTE ENGENDRO OSCURANTISTA QUE SACO LA LEGISLATURA.PENSANDO EN LAS ELECCIONES 2005.UN VETO POR MUCHOS VOTOS SI IBARRA NO VETA NO LO VOTA NI LA HERMANA.

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Amigo: Cambiate el nick
Por luis p - Saturday, Sep. 25, 2004 at 2:46 PM

Ibarra no vetara un carajo, pues ha salido publicamente a defender esta ley que va en consonancia a el reacomodo represivo del regimen.
Perdon amigo quizas su comentario fue ironico pero por si las moscas, noviene mal la aclaracion.

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INCREIBLE
Por damnificado - Saturday, Sep. 25, 2004 at 3:16 PM

Hasta castigan la portacion de armas!!!
No se puede creer....

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Armas
Por Maria - Saturday, Sep. 25, 2004 at 4:26 PM

Anda a jugar a un locutorio.

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Un codigo rascista y represor.
Por OSL (A). - Sunday, Sep. 26, 2004 at 1:40 AM

Periódico anarquista EN LA CALLE septiembre de 2004.

ACCION DIRECTA POR LAS SEIS HORAS DE TRABAJO.

UNIDAD DESDE ABAJO FRENTE A LA REPRESIÓN.

Actualidad. Un Código “clasista”, racista y represor.

16 de julio. Unas 800 personas manifiestan contra la reforma del Código Contravencional en la puerta de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cinco horas de refriega en pleno centro de la modernísima Buenos Aires, que sonríe porque tiene visitas. 21 detenidas y detenidos, cinco menores, trasladados a Madariaga y General Paz, lejos del centro de la ciudad. La Legislatura muestra cantidad de pintadas y hay vidrios y puertas rotas.
¿Cómo se llegó a esto? ¿En qué consiste la reforma del ahora famoso Código de Convivencia o Contravencional?

UN CODIGO CLASISTA, RACISTA Y REPRESOR.

En 1998, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derogó los infames edictos policiales y los reemplazó por un Código de Convivencia Urbana, la Ley 10 de la ciudad. El código tenía sus aspectos negativos y positivos, pero en líneas generales reflejaba el clima de época de la ciudad: la euforia de la autonomía, la pátina “progre” de buena parte de los estatuyentes (quienes redactaron el Estatuto o Constitución de la ciudad) y de la primera legislatura, la intención de tener una ciudad relativamente abierta e inclusiva. Esto se plasmaba tanto en el contenido referido a qué cosas eran consideradas infracción, en el lenguaje empleado en su redacción y en los procedimientos para habilitar la intervención policial. La Ley 10 prohibía que la policía pudiera detener a las personas directamente, a la primera contravención se daba un apercibimiento y había un sistema de labrado de actas y posterior comparecencia frente a tribunales contravencionales. No se podía detener en una comisaría por una contravención y no había ningún artículo que aumentara las penas por reincidencia. Las penas no eran sólo de arresto sino que había una amplia variedad de acciones reparadoras o comunitarias como medida compensatoria, basándose en que las contravenciones no son delitos sino “faltas a la convivencia” y que por lo tanto había que tomar medidas que estimularan o despertaran cierta conciencia de conducta responsable y respetuosa dentro de la comunidad.
Desde el momento de su sanción, la Ley 10 fue atacada por la derecha y boicoteada por la policía. La Legislatura actual tiene mayoría de legisladores del partido del empresario Mauricio Macri, a quienes se suman los del partido de la ex ministra de trabajo del gobierno de Fernando de la Rua, Patricia Bullrich.
Algo mas que un nuevo patrón de conducta.
En la discusión del nuevo código contravencional hay un artículo que pena el corte de calles y rutas, a menos que se pida permiso previo. Otro pena la obstrucción de entrada y salida de edificios públicos (como el episodio en el que el ministro de trabajo Carlos Tomada encontró la salida del ministerio obstruida por una organización piquetera). Está el que penaliza la permanencia en lugares públicos (sentadas); la "portación de arma impropia" (los palos); el que pena ensuciar o pintar lugares públicos (de pintadas a escraches); el cambio de señales de tránsito (cambiar "Ramón Falcón" por "Simón Radowitsky" o "Pte. Julio Roca" por "Pueblos Originarios"). Hay otro ambiguo y multifunción que pena "la simulación maliciosa de apariencia" que en su texto abarca tanto a cualquiera que se tape la cara en una manifestación para no ser identificada como a las travestis, que una vez más son perseguidas por su identidad.
Sin embargo lo que ocupó los espacios centrales de la discusión fueron los artículos referidos a la oferta y demanda de sexo en la vía pública, la edad de imputabilidad, la venta ambulante y la actividad de los cuida coches.
Estos temas fueron planteados, desde los impulsores de la reforma, como cuestiones relativas a distintos aspectos de la moralidad pública. Lo cierto es que hay una pelea feroz por el espacio público, por su uso, por quiénes tienen derecho a usarlo y para qué. La derecha considera que todas las actividades de subsistencia (a la mayoría no se las puede llamar trabajo en el sentido real de la palabra) deben ser erradicadas del espacio publico. Ocultan bajo el discurso de la responsabilidad ciudadana una legislación de contenido clasista.
Una de las actividades contra la que más cargó fue la prostitución callejera. La prostitución ha sido desde siempre el último recurso que le quedó a muchos -mujeres, hombres y travestis- para sobrevivir en situaciones económicas y sociales críticas. Hay una prostitución de clase alta, que funciona en departamentos privados, en empresas llamadas de acompañantes, paga anuncios en diarios como Clarín o Infobae, donde los clientes –los prostituyentes- pagan caro. Y hay otra prostitución de clase baja, la prostitución de las y los pobres, de la calle, la que se ve, la de mujeres que se pasan horas en noches de invierno paradas en una esquina esperando un cliente que les va a dar unos pocos pesos. Una prostitución de las travestis que tuvieron que dejar la escuela porque las echaron o porque no pudieron soportar las agresiones a su identidad, que se inyectan las siliconas entre ellas y pasan por infecciones tremendas, que se mueren de SIDA porque el sexo sin preservativo se cobra más caro. Una prostitución donde hay fiolos, tipos que viven de explotar la prostitución de las mujeres, violentos. Una prostitución donde hay que pagar coimas a la policía todas las noches, también violenta, que detiene arbitrariamente a mujeres y travestis en estado de prostitución, las golpea, las tortura, las viola.
Hay también prostitución de explotación total, de esclavización sexual. De mujeres, muchas veces extranjeras traídas por engaño como a principios del siglo XX traían a las muchachas europeas del este, mantenidas en encierros casi perpetuos por bandas de traficantes de personas.
La casi totalidad de los y las legisladores de la ciudad, el jefe de gobierno Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y muchos periodistas hablan de la prostitución callejera como un tema de moral pública. Dicen que no se puede permitir el descontrol y la ofensa al pudor que significa que se vea eso; que las ciudades civilizadas tienen zonas rojas, donde todo es ordenado. Mienten. No están contra la prostitución, están contra las mujeres y travestis que viven de prostituirse en la calle. No reglamentan la prostitución en abstracto, sino que prohíben la prostitución de las pobres. No les importa la esclavitud sexual, desmantelar los prostíbulos caros del centro de la ciudad. No están contra la explotación sexual. Muchos de ellos no podrían estarlo, son clientes-prostituyentes. Las zonas rojas son territorios liberados a la acción brutal de fiolos y policías, sitios de desamparo de las mujeres y travestis, ghettos de aniquilación. El nuevo código pretende que no se puede ofrecer sexo a menos de 300 metros de casas, escuelas y templos. En una ciudad como Buenos Aires la costanera es uno de los pocos lugares que tiene esas características. Desde hace meses, la policía levanta en la calle a mujeres y travestis que están ejerciendo la prostitución, las carga en autos o celulares y las lleva a la costanera diciéndoles que es para que se vayan acostumbrando a su nuevo lugar de trabajo. ¿Van a esperar a encontrar nuevos cadáveres en el río para comprender de qué se trata lo que están legislando?
La constitución nacional es abolicionista: esto quiere decir que considera a la prostitución como una forma de explotación, que no se persigue a las personas que se prostituyen a sí mismas para sobrevivir pero se penaliza a quienes prostituyen a otras personas (los fiolos, rufianes, proxenetas). No se la reglamenta porque no se la considera trabajo, no se la considera una actividad que las personas eligen y en la que puedan garantizarse condiciones mínimas laborales. Es la posición que distingue a Argentina de los países prohibicionistas y aún de los reglamentaristas. Los legisladores de la ciudad van contra la constitución y los tratados internacionales pero no parece importar demasiado. Tampoco le importa a Ibarra que pretende que nadie note hasta dónde usa la chapa de progre para implementar políticas de derecha. En la década del ’90 la posición de la prostitución como trabajo era sostenida por la Organización Internacional del Trabajo, motorizada por quienes se beneficiaron de las recetas neoliberales del FMI, porque los índices de desempleo de los países más castigados por esos regímenes económicos descendían. Una movida parecida a la de bajar los índices de desempleo con el truco de contar como ocupados a quienes reciben planes sociales.
En el caso de los vendedores ambulantes, los comerciantes van contra la boliviana que vende ropa interior o especias en la vereda, el tipo que vende cosas en el colectivo o en Retiro pero no dicen nada de la competencia desleal de los grandes hipermercados de las cadenas internacionales. Siempre es más fácil pisar al de abajo que enfrentar al de arriba. Macri, que no pagaba el canon de la concesión del Correo Argentino, dió instrucciones a sus legisladores para eliminar de la calle a los inmorales vendedores ambulantes que no pagan sus impuestos, especialmente a los que venden “merchandising” de Boca sin pagarle regalías.
A Ibarra y Macri les preocupa que la clase media no sea molestada por esos individuos que la acosan pidiéndole monedas por cuidarles el auto cuando lo estacionan para ir a un espectáculo, a un restaurant o a un partido de fútbol, ni que la agobien esas nubes de pibes que en los semáforos se largan a limpiar vidrios, quieren los votos de los propietarios.
Los legisladores y los medios masivos de comunicación pretenden que no veamos una cuestión de clase (ni de racismo) en la baja de edad de imputabilidad. Alguien de 16 años, que no es considerado lo suficientemente maduro como para tener derecho a votar en las elecciones burguesas, podía ser juzgado como un adulto plenamente responsable de sus actos.
Hay un artículo del nuevo código que penaliza la “permanencia injustificada” en o cerca de bancos, financieras y otros sitios de adoración del capital.
Uno de los hechos que más revela el carácter represivo, de clase y racista del código es que reaparecieron lo que los abogados llaman “figuras abiertas”, esas donde en realidad no está claro cuál es la contravención y que sirven para que la policía las use cuando quiera. Esas figuras son las de acecho y merodeo, escritas de forma más elegante, la de permanencia injustificada, la de importunación. Las mismas funciones cumple la introducción de la figura de reincidencia.
En diciembre de 2003 asumió la nueva legislatura de la ciudad con mayoría del partido Compromiso para el Cambio, de Macri. Sin embargo, todos los bloques de la legislatura porteña eran meros rejuntados electorales, donde se mezclaban tendencias diversas, trayectorias que sólo convergieron para la disputa de los puestos en la elección y pensamientos políticos con compromisos ideológicos distintos.
En enero de este año, se filtró que en la legislatura se estaba armando un proyecto de reforma del código y que se lo pretendía tratar en sesión el 19 de febrero. Insólito encontrar funcionarios públicos trabajando en verano. Trataban de sacar la reforma antes que terminara la temporada pero se supo lo que se venía y la resistencia empezó a organizarse. Hubo documentos, volanteadas, pintadas, presión sobre los legisladores.
Quedó claro en ese comienzo del intento de imposición del nuevo código que había un pacto entre Macri y los sectores que apoyaban a Ibarra, quedando un pequeño número de legisladores más o menos indefinidos. Los legisladores de ambos sectores presentaron proyectos de reforma del código contravencional que diferían en detalles pequeños, en el lenguaje. La propuesta del macrismo fue presentada por Enríquez, casi un cruzado: estatuyente por el delarruismo, legislador de la ciudad por el mismo sector, luego bulrichista, ahora macrista, siempre operador de la derecha más conservadora y de la iglesia. Su proyecto, en los fundamentos, decía que había que perseguir la “pequeña criminalidad”, que había que terminar con los “absurdos garantismos para minorías” y se negaba a usar lenguaje de género inclusivo, al que calificaba de moda tonta que se impuso en la legislatura. Toda una declaración de principios de un fascista. Desde el ibarrismo, se cuidaba el lenguaje de género y un artículo prohibía discriminar en las discos por orientación sexual. Fuera de esto, los proyectos de uno y otro sector eran casi idénticos.
Luego de una segunda postergación, viendo que la resistencia crecía, Ibarra montó una audiencia pública para debatir la reforma del código. La audiencia pretendía ser una instancia de validación de la reforma, que quedaría como inapelable una vez que se hubiera pasado por ese mecanismo de discusión democrática y participación ciudadana, participación de un solo día y horario. Pero el grueso de las intervenciones en la audiencia se pronunció contra la reforma.
Durante este tiempo, los bloques con fines puramente electoralistas, al tratar un proyecto que exigía definiciones políticas y de principio, empezaron a fisurarse y reacomodarse. Macristas se negaron a penar a los menores o se opusieron a restringir derechos políticos, ibarristas que corren por derecha y emigran del bloque, definición más clara de un bloque kirchenerista, bullrichistas que van al macrismo, otros al ibarrismo, el bloque de Autodeterminación y Libertad (el partido de Luis Zamora) que se parte, con los hermanos Devoto que conforman el Movimiento por un Pueblo Libre... Sin embargo, nadie se hace cargo del contenido represivo, de explotación de clase y conservador que tienen los proyectos de reforma. Todos dicen hablar en nombre de y servir a los vecinos, el pueblo de la ciudad, la población, la gente, la mayoría, los trabajadores, según qué legislador o funcionario del ejecutivo de la ciudad tome la palabra, pero nadie propicia una verdadera discusión sobre una legislación que afectará la vida de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires y también de todos los que la transitan por trabajo, estudio o porque es el centro de los poderes políticos y económicos.
Seis veces la movilización popular y las acciones sostenidas lograron que las sesiones se levanten sin tratar la reforma. El ibarrismo decide cambiar de estrategia: armar un nuevo proyecto que incluyera en una única ley, el código contravencional, el de procedimientos de la Ciudad y la implementación de la justicia vecinal. El macrismo se adelantó, consiguió quórum propio y el 8 de julio impuso en sesión extraordinaria y de forma sorpresiva la aprobación en general de su proyecto de Código Contravencional, que ya no era el de Enríquez pero que en lo esencial era la misma cosa. Faltaba la aprobación discutiendo y votando artículo por artículo. Eso se haría en la sesión extraordinaria del viernes 16 de julio. Pero dos días antes De Estrada, presidente de la Legislatura, promulgó un decreto reglamentario para limitar el número de personas habilitadas para entrar a dos por legislador/a. El 16 de julio la sesión iba a ocurrir a puertas cerradas.

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pregunta
Por Ale - Sunday, Sep. 26, 2004 at 7:36 PM

Perdon... OSL es lo mismo que Socialismo Libertario?

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