Comunicado del CELS
Por re - Wednesday, Oct. 06, 2004 at 1:52 PM

Frente a la violenta represión y detención de dirigentes sociales en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestiona el operativo desplegado por Gendarmería Nacional y la policía local, la aplicación de figuras penales abusivas y desproporcionadas, y exige el esclarecimiento de las denuncias de torturas.

Comunicado del CELS:

(04/10/2004) Frente a la violenta represión y detención de dirigentes sociales en la
localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) cuestiona el operativo desplegado por Gendarmería Nacional y la
policía local, la aplicación de figuras penales abusivas y desproporcionadas, y
exige el esclarecimiento de las denuncias de torturas.

El CELS considera que la utilización de mecanismos violentos de represión de la
protesta social resultan inadmisibles en un Estado de Derecho y conllevan a una
afectación de los derechos constitucionales de manifestar y peticionar.

Asimismo, el CELS cuestiona la aplicación de figuras penales tales como la
asociación ilícita, la privación ilegítima de la libertad y el entorpecimiento de la
actividad económica utilizadas por el juez penal Marcelo Bailaque contra los
manifestantes. Para el CELS, su utilización sólo tiene por fin restringir las
excarcelaciones y posibilitar que las personas detenidas permanezcan en prisión
hasta que se desarrolle el juicio oral. La resolución del juez continúa la línea de
endurecimiento de la respuesta judicial frente a manifestaciones públicas que se
anticipara en los hechos de la Legislatura y Plaza de Mayo en Capital Federal, e
implica una aplicación arbitraria e inconstitucional del Código Penal. Resulta
absurdo aplicar la figura de asociación ilícita en este caso, pues ello implica
entender que los manifestantes formaron parte "de una asociación o banda de personas
destinada a cometer delitos" (art. 210 CP); o la de entorpecimiento de la actividad
comercial (art. 174 inc. 6),
tipo penal destinado a reprimir la conducta del vaciamiento de empresas y no la
defensa de puestos de trabajo.

Por último, el CELS exige a las autoridades nacionales y provinciales una
investigación urgente y exhaustiva de las denuncias de apremios ilegales y torturas,
así como la identificación y sanción de los eventuales responsables. En tanto en el
operativo actuaron la policía local y la Gendarmería Nacional, la responsabilidad
por el esclarecimiento de estos hechos es tanto del Estado provincial como del
federal.

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