Crece la miseria de la población en Francia
Por Antorcha - Tuesday, Oct. 19, 2004 at 10:35 AM
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Desalojo de inquilinos, endeudamiento excesivo, mínimos derechos sociales: todos los indicadores que miden la precariedad están el alza. Con ocasión de la Jornada Mundial de rechazo de la miseria que se celebrará el domingo 17 de octubre, las asociaciones se confiesan desbordadas por la amplitud del fenómeno.

Todo coincide: la sequía de estadísticas oficiales y la riqueza de testimonios de las asociaciones de lucha contra la exclusión, que se movilizan el domingo 17 de octubre, con ocasión de la Jornada mundial de rechazo de la miseria. Tras haber disminuido en medio millón entre 1998 y 2001, el número de pobres probablemente ha remontado al alza desde hace dos años.
Aunque las cifras del INSEE para 2002 y 2003 no se conocen aún, varios índices permiten pensar que tasa de pobreza ha aumentado, subraya el Observatorio nacional de exclusión social en su informe 2003-2004.
El giro económico de mediados de 2001, el endurecimiento de las condiciones para indemnizar a los demandantes de empleo, la extinción programada de los empleos para jóvenes y la disminución del número de contratos subvencionados puesta en marcha por los dos primeros gobiernos de Raffarin (mayo de 2002-abril de 2004) han terminado, lógicamente por leerse en las estadísticas, mientras que la medidas del plan Borloo a favor de la cohesión social aún no se han puesto en funcionamiento.
El número de personas que perciben el salario de integración (RMI), próximo a 1'2 millones, jamás había sido tan alto. Y crece a un ritmo acelerado: un 1'4 por ciento en 2002, un 4'9 por ciento en 2003, un 10'5 por ciento entre junio de 2003 y junio de 2003. 194.400 personas perciben la renta uniparental (API), es decir, una progresión del 8'8 por ciento entre junio de 2002 y junio de 2004. El fenómeno no se alimenta sólo del paro sino también de la precariedad del empleo. Las chapuzas, los contratos de duración determinada, el trabajado de temporada, el trabajo a tiempo parcial, constituyen el paisaje cotidiano de un millón de trabajadores pobres. Asalariados o independientes, jóvenes de menos de 25 años o quincuagenarios, apenas disponen de 420 euros al mes para vivir, sin cualificación y con menos derechos que los acogidos al salario de integración. "Son los olvidados de las políticas sociales. Cada vez vemos más y más", afirma Françoise Leroy, vicepresidente de la fedeación Coorace (Coordinadora de organismos de ayuda a los parados).
La agravación de la pobreza se traduce también en el caos de trayectorias rotas por problemas de alojamiento, presupuestarios, de salud. Las familias con impagos son cada vez más numerosas. En los cuatro primeros meses del año, las comisiones de endeudamiento excesivo han recibido casi 71.000 expedientes, contra alrededor de 58.000 en el mismo periodo de 2003, es decir, un aumento del 22 por ciento. La quiebra civil que permite -en ciertas condiciones- borrar las deudas acumuladas por hogares sobreendeudados, probablemente ha creado una llamada al aire. Pero esas estadícticas reflejan también las dificultades sociales, económicas, familiares de una franja creciente de la población.
Otra tendencia espectacular: la inflación de desalojos de inquilinos. El año pasado 9.717 familias fueron lanzadas de sus viviendas por la "fuerza pública", según el Ministerio del Interior. En cinco años la cifra se ha duplicado con creces (122'9 por ciento). El aumento más fuerte se ha producido entre 2002 y 2003 (29 por ciento). Sin duda los servicios del Estado han requerido a las fuerzas del orden más frecuentemente que antes, de manera que no tuvieran ue indemnizar a los propietarios que no lograron la ejecución en un juicio de desahucio. Pero esas estadísticas aceditan también una extensión de la precaridad.
"Hace un año, testimonia Martin Hirsch, presidente de Emaús Francia, constatamos que los dispositivos de acogida estaba saturados, que las demandas de ayuda provenían de poblaciones diversas, singularmente de familias, y que requerían sobre todo, vivienda, trabajo, alimentación, etc." Desde entonces la situación no se ha solucionado.
Como consecuencia del crecimiento del paro, la crisis de alquileres ha menguado. Oleada de alquileres, hundimiento de la oferta de alquileres baratos en el mercado privado... Las demandas de alquileres sociales se disparan como flechas: 1'33 millones en 2003, según la Dirección General de Urbanismo. Una flota de candidatos que los organismos de los sin techo (HLM) no pueden absorber. Resultado: el mal alojamiento gana terreno: okupas, mercaderes de sueño...
Más numerosas también son las personas acogidas por parientes. La municipalidad de Pierrefitte del Sena (Sena-Saint Denis) se apercibió con la vuelta al colegio: casi 250 niños inscritos en la guardería o en primaria residen con sus padres en casa de terceros, según la alcaldesa Catherine Hanriot (PCF). En Bondy (Sena-Saint Denis), casi 280 escolares están en la misma situación. Es decir, "casi los efectivos de un establecimiento escolar", añade el alcalde Gilbert Roger (PS). Para encontrar un techo, algunas familias, a menudo provenientes de la emigración, "adquieren entre varios una casa y la ocupan conjuntamente, informa la señora Hanriot.
Si las filas de espera se prolongan a la entrada de la oficinas sociales, las personas que viven en albergues, invierten cada vez más tiempo en encontrar un techo. De golpe, las plazas de albergue disponibles escasean y los sin techo están obligados a dormiar a la intemperie. Es lo que le ha ocurrido a doce familias en la noche del 11 al 12 de octubre a Toulouse (Alto Garona).
Esta presión sobre las estructuras de alojamiento esta alimentada por la ola creciente de sin papeles y demandantes de asilo. Los centros de acogida para demandantes de asilo están desbordados, los cantidatos al estatuto de refugiado son derivados hacia otras estructuras -como los centros de acogida- que no están adaptados para esa función. En París y en los tres departamentos limítrofes, muchos de ellos duermen en el hotel. Según el ministro delegado de lucha contra la precariedad, el Estado paga alrededor de "7.900 habitaciones al día" para personas sin albergue; en más de ocho casos de cada diez, se trata de demandantes de asilo en espera de respuesta o recien llegados.
Otros se han hundido en campamentos de fortuna, como Orleans (Loiret), u ocupan inmuebles vacíos, como esas familias africanas instaladas en el campus universitario de Cachan (Val del Marne). En el momento de la reforma del derecho de asilo y del cierre del centro de Sangatte, hace dos años, alertamos a los poderes públicos de la multiplicación de mini Sangatte", recuerda M.Hirsch. Hoy ya hemos llegado ahí".
Las asociaciones confrontan cada vez más casos de extranjeros precarios que se arriesgan a ser conducidos a la frontera, privados de derechos. De los 19.863 pacientes atendidos en 2003 por los centros de la misión francesa de Médicos del Mundo, un 85'6 por ciento eran extranjeros. La inmensa mayoría de ellos (91 por ciento) no tienen permiso de trabajo y no perciben ninguna ayuda. Según el Samu social de París y varias organizaciones humanitarias, son más reacios al cuidado médico a causa de la reforma de la ayuda médica del Estado. Y la opinión publica, cada vez más dura respecto a los desfavorecidos, no parece estremecerse.
Bertrand Bissuel et Claire Guélaud
Traducido de Le Monde (16 de octubre de 2004)

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