PARAGUAY: GOBIERNO CONSERVADOR MALGASTA 30% DE MANDATO
Por Federico Tatter - Thursday, Oct. 21, 2004 at 7:04 PM
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Sobrepasado por los propios actos de corrupción pública y privada que se ventilan y multiplican día a día, creciente el trafico de influencias en el Parlamento, sentencias comerciadas en la “nueva” Corte Suprema, licitaciones amañadas y masivo ingreso de “nuevos” clientes políticos al aparato estatal en todos los niveles; sumados al creciente contrabando desde y hacia el Paraguay como no se veía en décadas; con un despeñadero de todas las variables sociales y un pronunciado decrecimiento de la economía, el cuarto gobierno del tradicional partido colorado, de invariable doctrina conservadora y de derechas, desde el retorno a la democracia en 1989 (desde 1954 hasta 1989 fue mayoritamente conducido desde la ultraderecha anticomunista), no atina a dar respuestas, y reconoce abiertamente desconocer, no estar capacitado, ni tener planes para resolver las más acuciantes dificultades de la coyuntura, como son la creación de empleos productivos, la reactivación económica y la seguridad ciudadana.

Al resultar electo, en mayo de 2003, hace ya dieciocho meses, ni propios ni extraños, ni componentes del oficialismo ni la dispersa oposición política, ni los gremios de trabajadores como tampoco empresarios, ni los observadores internacionales o legaciones extranjeras, imaginaban, que el cuarto período de gobierno constitucional bajo la hegemonía absoluta del partido colorado, con un control casi total de todos los poderes del estado, la administración pública y las fuerzas de seguridad, se encontraría al concluir el 30 por ciento de su mandato sin ningún resultado positivo a la vista, con varios y graves frentes de tormenta por delante, con una histórica crisis agraria, creciente desempleo, proceso de desindustrialización galopante, y la emergencia de la violencia mafiosa disputándole los trozos restantes de la soberanía de la República, y una creciente sospecha: la incapacidad por parte del partido colorado en función de gobierno, de adecuarse a los nuevos estándares de calidad democrática y eficiencia administrativa del siglo veintiuno, su renuente espíritu contrarreformista y su vocación de pasado rural, caudillesco y antiindustrial.
Gran pero engañoso empuje demostró el gobierno Nicanor al anunciar como primera medida de Estado el cambio total del sistema de Justicia que empezaría con la renovación a tambor batiente de la Corte Suprema y no terminaría hasta llegar al último juez venal. Ni cambio ni renovación, ni mejoramiento, ni nada de ello ha ocurrido, sino todo lo contrario. Las pocas renuncias logradas no resultaron en mejor gestión, y a juzgar por los propios magistrados entrantes y salientes, la mentada seguidilla de renuncias, en realidad “viró” prontamente hacia un incondicional y poco racional alineamiento de las figuras de mayor cuestionamiento institucional y moral pertenecientes al mismo partido que aún controlan el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones claves de la administración de Justicia.
Errático, manipulador mediático, populista y demagógico por momentos, pero finalmente conservador y funcional a terratenientes y especuladores de la tierra, el gobierno buscó arrastrar a las demás fuerzas políticas detrás de la aprobación de una ley de adecuación fiscal a medida del Fondo Monetario Internacional, prometiendo déficit cero y responsabilidad fiscal hacia afuera, austeridad, inversión pública y gasto social hacia adentro. Ni una cosa ni la otra, porque la misma no se pudo aplicar aún, y ni siquiera satisfizo a nadie, ni a afectados ni a beneficiados, puesto que a los grandes poseedores de tierra y explotadores de materias primas les parece exagerado aún cuando fueron los únicos privilegiados, y la universalización del IVA, impopular impuesto indirecto, terminará golpeando sobre todo a los sectores profesionales y asalariados.
Los posteriores parches que se vienen, como el impuesto a la tierra y a las exportaciones en estado natural, así como las prometidas reformas de la banca pública y la nueva ley de bancos, pueden correr el mismo camino del “desplume” a cargo de los poderosos lobbies que son mayoría dentro del propio gobierno que gusta identificarse ante micrófonos, sólo ante micrófonos, con históricas deudas con la población rural del Paraguay, pero en la práctica, actúan, legislan y sancionan solamente medidas de corte neoliberal, neoconservador que buscan ampliar “a la fuerza” la brecha y la exclusión social, incluso bajo el serio riesgo de forzar este caduco sistema de explotación más allá del punto de “fatiga” con el riesgo siempre latente de fractura del sistema con final impredecible.
Finalmente, luego de que fallaran todos los índices, mediciones y pronósticos, realizados por agencias nacionales e internacionales, públicas, privadas y multilaterales, últimos en competitividad, primeros en corrupción, últimos en inversión social, primeros en contrabando, últimos en cambio tecnológico, primeros en piratería y falsificación, últimos en desarrollo industrial integrado, primeros en deforestación y agresión medioambiental, primeros en desempleo y subempleo, últimos en desarrollo humano y solidaridad, son las propias autoridades quienes aclaran a quienes no logren sintonizar el “vacilar comunicacional” del gobierno Nicanor, de que el mismo, si bien lanzó 60 impresionantes promesas gubernamentales al ser electo año y medio atrás, ello no lo obligaba a contar con programa alguno para actuar en consecuencia, al reconocer que no tiene plan ni programa para llevarlos a cabo, y sobre todo en el muy sensible tópico de la seguridad ciudadana que aún no tiene visos de solución, y sí el peor de los pronósticos: la pérdida por parte del Estado del monopolio del uso de la fuerza, la concesión efectiva por la vía de los hechos consumados, de espacios políticos y geográficos a cargo exlusivo de las mafias del comercio ilícito y el crimen organizado.

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