Atacan al MOCASE: Detenciones en Santiago del Estero
Por Agencia La Vaca (fwd) - Friday, Oct. 22, 2004 at 2:43 AM

Acusados de delitos gravísimos que jamás pudieron cometer, dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) fueron detenidos este jueves 21 de octubre, aunque Gustavo Carrizo recién cerca de las 22 apareció en una comisaría de Santiago, tras doce horas sin que se conociera su paradero. Los acusa un ex comando carapintada, Miguel Zurita, dueño de una empresa de seguridad que funciona como escuadrón parapolicial para expulsar a los campesinos de tierras que pretenden los latifundistas que gozan, además, de la cobertura de sectores judiciales.

Dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) fueron detenidos este jueves 21 de octubre, aunque a la en el caso de Gustavo Carrizo, quien había sido apresado durante la mañana en Pampa Pozo, recién cerca de las 22 apareció detenido en una comisaría de Santiago, tras doce horas sin que se conociera fehacientemente su paradero.

Ángel Strappazzón, por su parte, estaba detenido e incomunicado en los Tribunales de la capital santiagueña, según confirmó a lavaca un funcionario del Registro Único de Detenciones.

Se los acusa de delitos inexistentes durante un desalojo del que fue víctima una familia campesina, pero ni Carrizo ni Strappazzón estaba en el lugar donde dicho desalojo se produjo.


El juez que ordenó esas y otras detenciones, Raúl Oscar Romero, del juzgado del Crimen de 1º nominación, no estuvo durante toda la tarde en su despacho ya que -informaron en Tribunales- "está haciendo la siesta". A las 20 horas aún no había concluido, y finalmente nunca apareció.

En la puerta del juzgado aguardaron integrantes del MOCASE, el abogado del movimiento Hernán Prego y el diputado José Roselli, quien viajó desde Buenos Aires. Roselli confirmó telefónicamente a lavaca la preocupación que pasaron al desconocerse durante tantas horas el paradero de Gustavo Carrizo.

La policía buscaba también a un tercer referente del MOCASE, Fabián De Bueno, a quien no pudieron localizar ya que no estaba en la provincia en el momento de iniciarse la serie de detenciones. Los grupos policiales -encapuchados- concurrieron además a la casa de Strappazzón y a la sede del MOCASE en Quimilí buscando "armas de fuego de uso civil, de guerra, municiones, tumberas, tractor, camioneta de color roja, blanca o del color que fuese". Obviamente, no encontraron nada. En la casa de Strappazzón sólo estaba su pequeña hija durmiendo, pero los policías encapuchados revisaron las pistolas de juguete de los hijos varones de la familia. En la sede del MOCASE había un encuentro de mujeres del movimiento. Nadie pudo saber qué son las "tumberas" que mencionaba el escrito.



La orden formulada por el juez Romero demandaba -literalmente- la "inmediata detención de Angel Strappazzón, Miguel Sequeira, Roldán, Rengo Pereyra, y de toda otra persona que se hallare dentro del inmueble identificado como lote 110", de la zona de Pampa Pozo. La vaguedad del reclamo abrió la posibilidad de detenciones arbitrarias, como la de Gustavo Carrizo.

En el MOCASE desconocen la existencia de algún "Rengo Pereyra". Los Roldán son una familia entera -no televisiva precisamente- víctima de un violento desalojo por parte de fuerzas parapoliciales santiagueñas, tema en el que se encuentra el origen de toda esta aberración, que constituye una evidente escalada contra el sector campesino.



Este tramo del caso se inició el martes pasado, 19 de octubre, cuando en Pampa Pozo, la familia Roldán fue desalojada de su casa de modo violento por un grupo de la seccional 29, de Quimilí (a 260 km. de la capital provincial) comandado por el oficial Ordóñez, y en compañía de Miguel Ángel Zurita quien, según todos los testimonios, era quien dirigía el operativo en términos prácticos.

Zurita se presenta en Santiago desde hace años como ex sargento "carapintada" bajo las órdenes de Aldo Rico, y directivo del denominado Grupo de Seguridad Cóndor, sugestivo nombre de una empresa privada de seguridad que trabaja contratada por grupos latifundistas.

En este caso lo hacían en nombre de Orlando Jorge, terrateniente que ya logró expulsar a los campesinos de 500 hectáreas y ahora intenta desplazar a otras siete familias de 1.200 hectáreas que poseen desde siempre. Cuenta Deolinda Carrizo -Deo- a lavaca: "Somos los dueños por posesión, tenemos los planos, los papeles, allí vivió siempre la comunidad vilela, uno de sus últimos caciques fue mi bisabuelo Benito Pereyra. Este Orlando Jorge busca sistemáticamente atacarnos para echarnos porque el monte es buena tierra, pero la verdad es que no tiene ningún papel, ni ningún derecho. No le tenemos miedo".



El martes 19 Miguel Angel Zurita y el grupo policial desalojaron por la fuerza a la familia Roldán, que fue trasladada a Quimilí. Dejaron en el lugar a quince personas armadas, comandadas por el propio Zurita. Cuenta Deolinda: "Entonces los compañeros de la comunidad fueron a ver qué pasaba, y a decirle a esa gente que tenía que irse. Cayó la policía nuevamente, y los compañeros se tuvieron que ir, los corrieron".

Sorpresa: de ese episodio surgió la denuncia ante el juez Romero que ordenó las inmediatas detenciones por el siguiente cúmulo de delitos:

desobediencia judicial
instigación a cometer delitos
robo
daño intencional
usurpación de la propiedad
lesiones gravísimas


Ninguno de esos delitos tiene existencia material, pero se sabe que últimamente la justicia argentina apela a acusaciones desmesuradas para garantizar que integrantes de diversos movimientos sociales queden presos. Por ejemplo: ¿Contra quién fueron las "lesiones gravísimas"? El denunciante es el propio Zurita.

Un agravante para las detenciones es que ni Carrizo ni Strappazzón estaban en el lugar donde ocurrieron los supuestos delitos denunciados por Zurita.

El caso tiene un antecedente. En febrero de este año el grupo Cóndor de Zurita desalojó en forma violenta a 27 familias campesinas de Pampa Pozo, mató a más de 30 cabras y animales de producción que se encontraban en el lote, incendió 5 viviendas, desmontó 20 hectáreas de bosques nativos, destruyó 32 hectáreas de plantaciones, y contaminó el pozo público que proveía de agua a los habitantes de la región.

En marzo la escalada continuó de modo personalizado: Strappazzón denunció que fue baleado en Quimilí, en la vía pública, por el propio Zurita, hecho que presenciaron transeúntes y vecinos del lugar. Esto motivó que una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación viajara a Quimilí y con la colaboración de una delegación de la Policía Federal, incautase las armas del Grupo de Seguridad Cóndor.

Zurita, de todos modos, continuó gozando de total impunidad para moverse por la provincia.

Debe consignarse que en el MOCASE informan que la intervención provincial ha sido absolutamente pasiva frente a la continuidad de los ataques a los campesinos.

Medianoche del 21:

Strappazzón y Carrizo continúan detenidos.
El MOCASE denuncia y alerta sobre la situación (ver comunicados aparte).
Una delegación del MOCASE se reunía con funcionarios de la intervención que comanda Pablo Lanusse.
El juez Romero nunca volvió a su despacho. Se desconoce si continúa durmiendo la siesta.


Para interesarse por la situación de los detenidos, Juzgado de Primera Nominación, Juez Raúl Oscar Romero: 0385-4218289
Superior tribunal de Justicia: Mabel Yinas 0385-4507500 (conmutador).

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