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Cancillería dice que no hubo violaciones a los derechos humanos en ataque al barrio NamQom
Por Diario La Mañana - Formosa - Wednesday, Oct. 27, 2004 at 8:45 PM

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto descartó que haya existido violación de los derechos humanos y apremios ilegales en el barrio Namqom durante un operativo policial años atrás, caso en el que se incriminó inicialmente al ministro de Gobierno, Lorenzo Elvio Borrini.

El caso ocurrió a mediados de agosto de 2002 cuando una comisión policial de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) investigaba a un grupo de cuatreros que asolaba a un productor pecuario de la zona aledaña al barrio Namqom.
Durante ese recorrido la comisión policial se topó sorpresivamente con un grupo que estaba faenando un vacuno y los malvivientes comenzaron con los disparos que le costó la vida a un suboficial y otro terminó herido.

A través de una resolución remitida con fecha 13 de octubre -Nota 348 de este año- Letra DIGHU en Buenos Aires, el director de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Federico Villegas Beltrán, decidió desestimar o no tener en cuenta las denuncias sobre violación a los derechos humanos y apremios ilegales que en su oportunidad se radicara ante los fueros ordinarios judiciales, la oposición política en Formosa, y para ese fin, el mencionado funcionario nacional se basó en múltiples elementos aportados.

Tras evaluar a conciencia cada elemento aportado y todas las notas obrantes en el expediente remitido por el aludido ministro provincial, más el aporte y testimonio de otros involucrados, se llegó a la conclusión de que no existen pruebas como para determinar que haya existido esa figura delictual mencionada y otras, por lo que la causa se archivará.

Resolución

En consecuencia, el máximo órgano de los derechos humanos de la Cancillería Nacional resolvió que no existen indicios como para calificar a la actuación policial como fuera de lo que establece la ley, que no hubo vejaciones, ni apremios ilegales ni violación de los derechos humanos, como se denunció en forma apresurada desde la oposición formoseña que vislumbró en el hecho una posibilidad de lograr réditos políticos.

En el mismo marco se encuadra a la justicia de Formosa, que actuó en base a las reglamentaciones de rigor, sin que se llegue tampoco a los delitos que supuestamente existieron según la oposición, por lo que se infiere que no existirán connotaciones y le alcanzará también los términos de la resolución.
En la misiva firmada por el mismo Villegas Beltrán, se indica a Borrini que "tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con mi nota Nº 204/04 de fecha 8 de julio ppdo. referida al caso de la comunidad Toba Nam Com (sic) que se encontraba bajo análisis del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones de la Subcomisión de promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conforme el procedimiento establecido por la Resolución 1503 del Consejo Económico y Social".

Añade que "en ese sentido, me es grato informarle que el Grupo de Trabajo antes mencionado, en su último período de sesiones, decidió no mantener bajo consideración el caso 2603 relativo a la comunidad 'Toba Nam Com'. De este modo, el funcionario de la Cancillería informa a Borrini que el grupo de trabajo nada menos que de las Naciones Unidas, desestimó las denuncias descartando las acusaciones provenientes desde la oposición, indicando que la Dirección de Derechos Humanos "elaboró oportunamente la correspondiente nota de respuesta, la cual se basó en la información suministrada por el Ministerio a su cargo.

Ello así, la acción oportuna de los organismos nacionales y provinciales competentes, permitió dar por terminado el procedimiento de control 1503 de la Comisión de Derechos Humanos- principal foro contencioso del sistema universal de derechos humanos- evitó que la denuncia sea transmitida al Grupo de Situaciones y eventualmente al plenario de la Comisión de Derechos Humanos y del propio Consejo Económico y Social".
En síntesis, el principal tribunal del sistema universal de los derechos humanos, en base a la nota enviada por el funcionario de la Cancillería, que basó su informe en elementos aportados por el propio Borrini, resolvió dar por cerrado el caso sin consecuencias alguna para los denunciados.

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