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Fuerza en la debilidad: éxitos del movimiento sindical uruguayo
Por Raul Zibechi -
Saturday, Oct. 30, 2004 at 4:36 PM
En la segunda mitad de 2003 el movimiento popular uruguayo obtuvo dos importantes victorias. La primera fue consecuencia de la larga y removedora huelga de los funcionarios y médicos de salud pública, y la segunda fue el contundente rechazo a la “ley de A N CA P ”, derogada en un referéndum, por la que la petrolera estatal quedaba habilitada para asociarse con empresas de capital extranjero.
Aunque los dos movimientos mencionados se desarrollaron en escenarios muy diferentes -la acción social el primero, y las instituciones el segundo- los resultados fueron muy similares y consiguieron modificar el escenario político, profundizando el aislamiento del gobierno del presidente Jorge Batlle y, de forma simultánea, instalando la certeza del triunfo electoral del Encuentro Progresista -Frente
Amplio en las elecciones de octubre de 2004.
La explosión de la crisis financiera en el invierno de 2002 tuvo un efecto paradójico: en vez de estimular la movilización social, la frenó. El gobierno uruguayo tuvo la capacidad y el margen de maniobra suficientes -en el pico de la crisis, hacia fines de julio y comienzos de agosto- como para aislar a los sectores sociales más proclives a movilizarse (en particular los excluidos que protagonizaron saqueos a supermercados), y contó además con el apoyo explícito de la izquierda y el apoyo implícito del movimiento sin-dical, que renunciaron a derribar a un gobierno débil para buscar una salida negociada e institucional a la crisis. El “fantasma” a superar, tanto para el gobierno como para la oposición, era la posible similitud con la crisis de diciembre de 2001 en Argentina.
La huelga de la salud pública
Fue una huelga a todo o nada. Los funcionarios y los médicos exigieron un aumento de 2 mil pesos (72 u$s), y no estuvieron dispuestos a negociar a la baja sus demandas, como suele hacerse en todas las huelgas. Fue además una huelga unitaria de todos los funcionarios de la salud pública, tanto los no médicos, agrupados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), como los médicos, agrupados en el Sindicato Médico del Uruguay [SMU] (1)
.
La situación por la que atraviesan los funcionarios de la salud pública es dramática, tanto por los bajos salarios como por las condiciones de trabajo, en hospitales atesta-dos de pacientes y sin las condiciones mínimas para su atención. La mitad de los funcionarios percibe salarios de menos de 80 u$s. De los 4 mil médicos, algo más de la mitad tienen salarios que no superan los 100 u$s mensuales. En ambos casos, la inmensa mayoría son mujeres que no tienen otro ingreso, y buena parte de ellas son jefas de familia.
La prologada crisis económica, que se arrastra desde 1998, provocó cambios en la estructura de la atención de salud en Uruguay. Hasta ese momento, la mayoría de los uruguayos se atendían en el sistema mutual: instituciones creadas y dirigidas por los médicos, a las que tenían acceso la mayoría de los trabajadores por una cuota que representaba una pequeña fracción del salario. En los últimos años, por la creciente desocupación y el descenso del salario real, la emigración hacia la atención pública hizo entrar en crisis tanto al sistema mutual -que quedó desfinanciado, llevando al cierre a numerosas mutualistas- como al sistema público, desbordado y sin capacidad de atención a los 8 mil usuarios que mensualmente abandonan el sistema privado mutual (Mieres Gómez, 19 97 ) .
En los hechos la huelga fue una lucha por la dignidad. De ahí su radicalidad, que se sostuvo durante más de un mes. El conflicto comenzó de forma atípica. En la anual rendición de cuentas que se debate entre junio y julio en el Parlamento, el Ejecutivo no contempló aumentos salariales a los funcionarios de la salud pública pese a la inflación del 26% con que se cerró el 2002. Como todos los empleados estatales, recibieron sólo un 2% de aumento. La presión desde las bases fue el detonante. Alfredo Silva, secretario general de la FFSP, señaló que el conflicto “nació en forma espontánea, por el desborde de los centros de la periferia que estaban sumamente presionados por la situación laboral” (Brecha, 2003[a]). El 5 de agosto la Federación ocupó un edificio del Parlamento para exigir ser recibidos por la Comisión de Salud de Diputados. No fueron atendidos, pero exigieron a la bancada de la izquierda que renunciara en masa al Parlamento, y esa misma noche decidieron el comienzo de la huelga.
El lunes 11 de agosto comenzó una huelga indefinida de los 15 mil funcionarios de la salud pública (4 mil médicos y 11 mil no médicos). La medida fue acompañada por una acción radical que hacía mucho tiempo no se registraba en Uruguay: la ocupación del hospital Vilardebó, donde las autoridades fueron desplazadas y sustituidas por una guardia gremial. El 13 se ocuparon dos hospitales más, y el 19 fue ocupado el hospital Pereira Rosell, uno de los más importantes del país, y se decidió ampliar la ocupación a otros cuatro hospitales.
Durante más de diez días se sucedieron negociaciones, mientras la huelga recibía el apoyo casi unánime de la población. El gobierno anunció que no tenía presupues-to
para contemplar aumentos salariales y amenazó con el desalojo de los centros, a la vez que con retener los salarios de los ocupantes.
El 27 de agosto la FFSP decidió dar por terminada la tregua negociadora y resolvió ocupar más hospitales. Al día siguiente el Plenario Intersindical de Trabajadores -Convención Nacional de Trabajadores (PI T-CNT) realizó un paro general en solidaridad con los huelguistas y en reclamo de la creación de un Sistema Nacional de Salud.
Fue uno de los más masivos de la última década. Según la central sindical, fue seguido por el 80% de la población, y se realizaron actos en los hospitales ocupados. A casi un mes de iniciada la huelga, el sindicato mantenía ocupados seis hospitales en los que se hacía cargo de la atención de los pacientes, siete habían sido desalojados por la policía, y se instalaron guardias de coraceros en otros centros ante la eventualidad de nuevas ocupaciones. Frente a la oleada de ocupaciones y las permanentes amenazas del gobierno, la Comisión de Salud de Diputados, que mediaba en el conflicto, pidió una tregua al sindicato para que desalojara los últimos centros ocupados y al Ejecutivo para que no usara la violencia en los desalojos.
El 9 de septiembre la plana mayor de la central sindical (PIT-CNT) se presentó sorpresivamente en Casa de Gobierno para exigir una solución al conflicto, con la intención de no retirarse hasta ser atendidos. Una suerte de ocupación, ante lo que el gobierno decidió transar y mantener la propuesta de aumentos pero sin exigir mayor carga horaria.
Ante este nuevo retroceso del gobierno, las asambleas de los centros de salud resolvieron por mayoría aceptar la oferta del Ejecutivo y dieron por finalizada la huelga, aunque las asambleas de los centros ocupados votaron por continuar. El SMU decidió en paralelo levantar la huelga, aunque los médicos esperaron la decisión de los demás funcio-narios para retornar al trabajo.
La huelga de la salud pública fue una importante victoria del movimiento sindical. La unidad del gremio y la gran confianza de las bases en sus dirigentes permitieron al sindicato mantener un prolongado conflicto sin sufrir desgastes. Se pudo llegar a esta instancia gracias a la renovación de dirigentes que se registró en la FFSP en las últimas elecciones, en las que fueron elegidos delegados de base de los hospitales de la periferia, quedando relegada la vieja camada de dirigentes burocratizados y alejados de las problemáticas cotidianas de los funcionarios. El permanente contacto con las bases, las prácticas asamblearias, el respeto escrupuloso a las decisiones que emanaban de los centros, y la negociación transparente consolidaron la confianza de los afiliados hacia sus dirigentes. El triunfo fue posible gracias a la masiva participación de los trabajadores, por la unidad de los no médicos y los médicos, superando el tradicional corporativismo, y por el apoyo explícito de la población, que se volcó en apoyo de los ocupantes sobre todo en los barrios más pobres. “Ganamos porque la federación pasó del quietismo a un alto nivel de participación, tanto en las asambleas como en los plenarios de delegados donde hemos tenido la participación del 75% de los centros, algo que hacía mucho tiempo que no se lograba ”, señaló el secretario general del sindicato (Brecha , 20 0 3 [ a ] ) .
La central sindical, que se volcó en apoyo de los funcionarios en huelga, valoró el conflicto como uno de los triunfos más importantes de los últimos años, destacando la importancia de la movilización permanente como clave para destrabar las negociacioción, y se realizaron actos en los hospitales ocupados. A casi un mes de iniciada la huelga, el sindicato mantenía ocupados seis hospitales en los que se hacía cargo de la atención de los pacientes, siete habían sido desalojados por la policía, y se instalaron guardias de coraceros en otros centros ante la eventualidad de nuevas ocupaciones. Frente a la oleada de ocupaciones y las permanentes amenazas del gobierno, la Comisión de Salud de Diputados, que mediaba en el conflicto, pidió una tregua al sindicato para que desalojara los últimos centros ocupados y al Ejecutivo para que no usara la violencia en los desalojos.
El 9 de septiembre la plana mayor de la central sindical (PIT-CNT) se presentó sorpresivamente en Casa de Gobierno para exigir una solución al conflicto, con la intención de no retirarse hasta ser atendidos. Una suerte de ocupación, ante lo que el gobierno decidió transar y mantener la propuesta de aumentos pero sin exigir mayor carga horaria.
Ante este nuevo retroceso del gobierno, las asambleas de los centros de salud resolvieron por mayoría aceptar la oferta del Ejecutivo y dieron por finalizada la huelga, aunque las asambleas de los centros ocupados votaron por continuar. El SMU decidió en paralelo levantar la huelga, aunque los médicos esperaron la decisión de los demás funcionarios para retornar al trabajo.
La huelga de la salud pública fue una importante victoria del movimiento sindical. La unidad del gremio y la gran confianza de las bases en sus dirigentes permitieron al sindicato mantener un prolongado conflicto sin sufrir desgastes. Se pudo llegar a esta instancia gracias a la renovación de dirigentes que se registró en la FFSP en las últimas elecciones, en las que fueron elegidos delegados de base de los hospitales de la periferia, quedando relegada la vieja camada de dirigentes burocratizados y alejados de las problemáticas cotidianas de los funcionarios. El permanente contacto con las bases, las prácticas asamblearias, el respeto escrupuloso a las decisiones que emanaban de los centros, y la negociación transparente consolidaron la confianza de los afiliados hacia sus dirigentes. El triunfo fue posible gracias a la masiva participación de los trabajadores, por la unidad de los no médicos y los médicos, superando el tradicional corporativismo, y por el apoyo explícito de la población, que se volcó en apoyo de los ocupantes sobre todo en los barrios más pobres. “Ganamos porque la federación pasó del quietismo a un alto nivel de participación, tanto en las asambleas como en los plenarios de delegados donde hemos tenido la participación del 75% de los centros, algo que hacía mucho tiempo que no se lograba ”, señaló el secretario general del sindicato (Brecha , 20 0 3 [ a ] ) .
La central sindical, que se volcó en apoyo de los funcionarios en huelga, valoró el conflicto como uno de los triunfos más importantes de los últimos años, destacando la importancia de la movilización permanente como clave para destrabar las negociacioción, y se realizaron actos en los hospitales ocupados. A casi un mes de iniciada la huelga, el sindicato mantenía ocupados seis hospitales en los que se hacía cargo de la atención de los pacientes, siete habían sido desalojados por la policía, y se instalaron guardias de coraceros en otros centros ante la eventualidad de nuevas ocupaciones. Frente a la oleada de ocupaciones y las permanentes amenazas del gobierno, la Comisión de Salud de Diputados, que mediaba en el conflicto, pidió una tregua al sindicato para que desalojara los últimos centros ocupados y al Ejecutivo para que no usara la violencia en los desalojos.
El 9 de septiembre la plana mayor de la central sindical (PIT-CNT) se presentó sorpresivamente en Casa de Gobierno para exigir una solución al conflicto, con la intención de no retirarse hasta ser atendidos. Una suerte de ocupación, ante lo que el gobierno decidió transar y mantener la propuesta de aumentos pero sin exigir mayor carga horaria.
Ante este nuevo retroceso del gobierno, las asambleas de los centros de salud resolvieron por mayoría aceptar la oferta del Ejecutivo y dieron por finalizada la huelga, aunque las asambleas de los centros ocupados votaron por continuar. El SMU decidió en paralelo levantar la huelga, aunque los médicos esperaron la decisión de los demás funcionarios para retornar al trabajo.
La huelga de la salud pública fue una importante victoria del movimiento sindical. La unidad del gremio y la gran confianza de las bases en sus dirigentes permitieron al sindicato mantener un prolongado conflicto sin sufrir desgastes. Se pudo llegar a esta instancia gracias a la renovación de dirigentes que se registró en la FFSP en las últimas elecciones, en las que fueron elegidos delegados de base de los hospitales de la periferia, quedando relegada la vieja camada de dirigentes burocratizados y alejados de las problemáticas cotidianas de los funcionarios. El permanente contacto con las bases, las prácticas asamblearias, el respeto escrupuloso a las decisiones que emanaban de los centros, y la negociación transparente consolidaron la confianza de los afiliados hacia sus dirigentes. El triunfo fue posible gracias a la masiva participación de los trabajadores, por la unidad de los no médicos y los médicos, superando el tradi-cional corporativismo, y por el apoyo explícito de la población, que se volcó en apoyo de los ocupantes sobre todo en los barrios más pobres. “Ganamos porque la federación pasó del quietismo a un alto nivel de participación, tanto en las asambleas como en los plenarios de delegados donde hemos tenido la participación del 75% de los centros, algo que hacía mucho tiempo que no se lograba ”, señaló el secretario general del sindicato (Brecha , 20 0 3 [ a ] ) .
La central sindical, que se volcó en apoyo de los funcionarios en huelga, valoró el conflicto como uno de los triunfos más importantes de los últimos años, destacando la importancia de la movilización permanente como clave para destrabar las negociaciones, así como la articulación entre la consulta a las bases y las decisiones de los dirigentes (Olesker, 2003 ) .
La lucha contra la privatización de ANCAP
La “ley ANCAP” fue votada por el parlamento en diciembre de 2001 y promulgada por el Ejecutivo el 4 de enero de 2002. La particularidad de esta ley, que no suponía una privatización directa de la empresa petrolera estatal, de carácter monopólico, sino que habilitaba su asociación con empresas y capitales extranjeros, radicaba en que fue coredactada por algunos importantes dirigentes del Frente Amplio, entre ellos los senadores Danilo Astori y Alberto Couriel, los dos más destacados economistas de izquierda del Uruguay. Pese a la división en sus filas, la dirección del Frente Amplio decidió votar en contra de la ley, actitud a la que se plegaron los senadores favorables a la “ley ANCAP”.
Desde que el proyecto de ley comenzó a ser discutido en el parlamento, la Federación ANCAP mostró su rechazo y anunció que en caso de ser aprobada recogería firmas para convocar un referéndum derogatorio. Existen algunos antecedentes en la materia. En 1989 fue sometida a referéndum la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o ley de impunidad, que se mantuvo en vigor con el 57% de los votos favora-bles.
Pese a ello, la campaña por la recolección de firmas (un 25% del padrón electoral) movilizó a decenas de miles de activistas en todo el país, sentando un precedente que marcó un parteaguas en la historia política y social del país. En efecto, la movilización para la recolección de tantas firmas, en un tema “difícil” por la polarización política existente, supuso la puesta en acción de todas las organizaciones del campo popular y de la izquierda política, que utilizaron la modalidad de la visita casa por casa para conseguir las firmas. Esto supuso un largo proceso de diálogo de los activistas con los vecinos (algunas familias fueron visitadas hasta seis y siete veces en sus viviendas), lo que modificó las relaciones entre unos y otros, estableciéndose puentes de comunicación hasta ese momento inexistentes. Esta forma de acción, acompañada por un año de movilización permanente apelando a formas no tradicionales, que fueron desde el teatro barrial hasta marchas en bicicleta, asentada en unas 350 comisiones barriales apartidarias, modificó la cultura política del Uruguay, hasta ese momento focalizada en la centralidad de los partidos y del momento electoral (Delgado, Ruiz y Zibechi, 2000).
Pese a la derrota, el referéndum quedó instalado en el escenario político y entre las formas de acción más destacadas del movimiento social. En diciembre de 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, un amplio movimiento social, sindical y político consiguió frenar la Ley de Empresas Públicas, que preveía varias privatizaciones, alcanzando en el referéndum el 72% de los votos favorables a la derogación. Ese año quedó sellada la suerte del proyecto privatizador en Uruguay, de modo que en adelante las privatizaciones debieron apelar a caminos indirectos, como sucedió con la “ley ANCAP”, que “sólo” promovía la asociación de la empresa estatal con capitales privados.
En marzo de 2002, el sindicato de ANCAP, el movimiento sindical y la izquierda comenzaron a recoger las firmas necesarias (unas 600 mil), que debían presentar antes de que se cumpliera el año de promulgada la ley. La experiencia acumulada en las recolecciones anteriores (además de las ya citadas hubo otras instancias para frenar proyectos privatizadores), y la oposición de la mayor parte de la población al actual gobierno y a la política neoliberal, facilitó que se alcanzaran las firmas requeridas.
Luego de diez meses, la Comisión de Defensa de ANCAP entregó, el 3 de enero de 2002, unas 650 mil firmas a la Corte Electoral, con una movilización de miles de perso-nas. Del total de firmas, la mitad fueron recogidas por el movimiento social, en su inmensa mayoría el movimiento sindical, con el sindicato de ANCAP a la cabeza, y la otra mitad por los comités de base del Frente Amplio y los partidos que integran la coalición, que instalaron cientos de mesas en las calles de las ciudades de todo el país. La recolección de firmas fue acompañada por varias movili-zaciones.
Quizá las más significativas se hayan realizado en el entorno de la planta de ANCAP, en el barrio obrero de La Teja, en Montevideo, con la adhesión masiva de la población. Hacia fines de octubre los trabajadores ocuparon la planta en rechazo a la privatización de la División Alcoholes de ANCAP. Luego de diez días la ocupación se levantó con el compromiso del directorio de postergar la decisión hasta que finalice su mandato, o sea hasta las próximas elecciones nacionales.
Una vez entregadas las firmas comenzó una nueva etapa de la movilización, esta vez para presionar a la Corte Electoral, que, tal como sucedió en ocasiones anteriores, comenzó a anular firmas aduciendo que no cumplían los requisitos legales. Finalmente la Corte convocó el referéndum, y los partidarios de la revocación de la “ley ANCAP” lanzaron, el 18 de setiembre, la campaña por el sí a la
derogación. Se realizaron decenas de actos en Montevideo y el Interior en los que habitualmente los oradores eran dirigentes del Frente Amplio-Encuentro Progresista (casi siempre Tabaré Vázquez), miembros de los partidos Nacional y Colorado partidarios de la derogación de la ley, y dirigentes sindicales de FANCAP.
El resultado fue contundente: 62% de los votos por la derogación de la ley, y 35% a favor de mantenerla. La coalición de gobierno, y también Asamblea Uruguay, grupo del Frente Amplio que defendió la ley, sufrieron una importante derrota, que de alguna manera adelanta lo que serán los resultados de las elecciones de octubre de 2004. Más allá del debate sobre la propia “ley ANCAP”, parece evidente que funcionó el voto castigo contra uno de los gobiernos más desprestigiados que recuerdan los uruguayos.
Fortalezas y debilidades del movimiento social
¿Cómo fue posible que un movimiento que vive un largo proceso de declive y debilita-miento, con una caída importante de la afiliación (Supervielle y Gari, 1995), y que no ha protagonizado luchas importantes en los últimos años, haya conseguido dos éxitos tan importantes? La respuesta tiene varias aristas, pero en todo caso conviene destacar que la huelga de la salud pública y el referéndum para derogar la “ley ANCAP” son dos procesos claramente diferenciados, aunque tienen algunas características comunes.
La primera, y quizá la decisiva, es que el movimiento sindical (que sigue siendo con mucho el principal movimiento social uruguayo), obtiene triunfos cuando es capaz de representar intereses más vastos que los propiamente sectoriales o corporativos.
Dicho de otro modo, en los dos casos el movimiento fue caja de resonancia de demandas de la población, la cual pudo expresarse a través de los espacios y canales abiertos por el sindicalismo. En el movimiento por la derogación contra la “ley ANCAP”, la central sindical y la FANCAP sintonizaron con el amplio sentimiento contra las privatizaciones arraigado en la cultura política uruguaya. Algo similar sucedió con la huelga de la salud pública, que consiguió conectar con la bronca existente por los graves problemas que atraviesa la atención sanitaria. En este caso, además, la población premió con su simpatía y solidaridad la capacidad de lucha de los sindicatos de funcionarios y médicos, la justicia de sus demandas, y la dignidad de mantenerse firmes cuando la inmensa mayoría de los gremios del país optaron por la negociación con el gobierno, aún a costa de replegar banderas históricas. Para muchos, la digna lucha de la salud pública fue una suerte de revancha por la pasividad que mantuviera el movimiento social un año antes, cuando se disparó la crisis financiera.
En segundo lugar, ambos movimientos fueron capaces de conectar con la cultura política uruguaya, y a eso se deben también sus éxitos. Uruguay es un país con instituciones aún sólidas. Las clases subalternas nunca protagonizaron insurrecciones ni fueron capaces de desbordar, ni siquiera por breves períodos, ni a las clases dominantes ni a los aparatos represivos. En contraposición, el movimiento sindical uruguayo, que nació amparado por el Estado, adoptó las principales características de la cultura política uruguaya: la “pluralidad de mediaciones” (Lanzaro, 1986: 61), la articulación entre lo político-estatal y lo social-sindical, la institucionalización de los conflictos y la búsqueda del consenso.
En tercer lugar, el movimiento sindical ha mostrado una notable capacidad para “marcarle la cancha” a la derecha, frenando toda su política privatizadora, pero también a la izquierda, a la que a menudo suele arrastrar aprovechando sus indefiniciones en materia social.
Quizá una de las principales debilidades del movimiento social, en la perspectiva del inminente gobierno del Frente Amplio, es el tránsito de la “hermandad” entre la izquierda social y la política a una suerte de confusión entre los roles de una y otra (Caetano, Gallardo y Rilla, 1995: 126). Esta confusión, visible en las movilizaciones en defensa de ANCAP, ha mostrado sus aristas más problemáticas en las conflictivas relaciones entre el sindicato municipal y la administración de la izquierda en Montevideo. La autonomía del movimiento sindical será puesta a prueba el día que la izquierda acceda al gobierno nacional: deberá optar entre la tradicional “correa de transmisión” y la defensa de intereses corporativos. O, rompiendo esa dicotomía, profundizar en una autonomía no sectaria ni corporativa, como la que lo llevó a obtener victorias tan importantes.
Bibliografía:
Brecha 2003[a] (Montevideo) 12 de septiembre.
Brecha 2003[b] (Montevideo) 5 de septiembre.
Brecha 2003[c] (Montevideo) 29 de agosto.
Caetano, Gerardo, Javier Gallardo y José Rilla 1995 La izquierda uruguaya. Tradición, innovación y política (Montevideo: Trilce).
Delgado, Martha, Marisa Ruiz y Raúl Zibechi 2000 Para que el pueblo decida. La expe riencia del referéndum contra la ley de impunidad en Uruguay (1986-1989) (Lima: Instituto de Defensa Legal).
Lanzaro, Jorge 1986 Sindicatos y sistema político. Relaciones corporativas en el Uruguay1940-1985 (Montevideo: FCU).
Mieres Gómez, Gustavo 1997 Al sector salud. 75 años de un mismo diagnóstico
(Montevideo: Sindicato Médico del Uruguay).
Olesker, Daniel 2003 Balance primario del conflicto de la salud pública (Montevideo)
mimeo.
Observatorio Social de América Latina-OSAL 2003 Cronología de protestas y movimientos sociales en Uruguay (mayo-diciembre de 2003) (Buenos Aires).
Supervielle, Marcos y Gabriel Gari 1995 El sindicalismo uruguayo. Estructura y acción (Montevideo: FCU).
Notas
(1) La organización gremial de los médicos, creada en 1920, se autodefine como “sindicato”, lo que es revelador de la actitud social de los fundadores cuyo espíritu se mantiene aún entre buena parte de los afiliados y dirigentes.
Fuente: Revista del Observatorio Social de América Latina, http://www.clacso.org.
FA Frente Amplio
FANCAP Federación de Funcionarios de ANCAP
FEUU Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
FFOSE Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado
FFSP Federación de Funcionarios de Salud Pública
FSU Foro Social Uruguay
FUCVAM Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua
FUS Federación Uruguaya de la Salud
IMC Intendencia Municipal de Canelones
IMM Intendencia Municipal de Montevideo
INOT Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MSP Ministerio de Salud Pública
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
OSE Obras Sanitarias del Estado
PI Partido Independiente
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
SERPAJ Servicio de Paz y Justicia
SMU Sindicato Médico del Uruguay
UTD Unión de Trabajadores Desocupados