Desafío para Vázquez en Uruguay: justicia para crímenes de la dictadura
Por i de sarandí - Thursday, Nov. 04, 2004 at 6:27 PM

El socialista Tabaré Vázquez, electo presidente de Uruguay con más del 50% de los votos, al asumir el 1 de marzo de 2005 enfrentará el desafío de verdad y justicia por las desaparecidos durante la dictadura (1973-85), dijo este jueves a la AFP Sara Méndez, militante por los Derechos Humanos.

AFP, Fecha: 04/11/2004 03:11:00 p.m.
Titulo: Desafío para Vázquez en Uruguay: justicia para crímenes de la dictadura
MONTEVIDEO, Nov 4 (AFP) - El socialista Tabaré Vázquez, electo presidente
de Uruguay con más del 50% de los votos, al asumir el 1 de marzo de 2005
enfrentará el desafío de verdad y justicia por las desaparecidos durante la
dictadura (1973-85), dijo este jueves a la AFP Sara Méndez, militante por los
Derechos Humanos.
La expectativa de los grupos que luchan contra la impunidad de los crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la dictadura esperan del nuevo gobierno: 1)
verdad sobre el destino de cada uno de los desparecidos, 2) explicación sobre
la ubicación de los restos, y 3) dejar actuar a la justicia con independencia.
Méndez encontró en 2002 a Simón Riquelo, su hijo desaparecido desde 1976 en
Buenos Aires, cuando un comando militar uruguayo le arrebató de sus brazos el
bebé, por entonces de 21 días, para encarcelarla en las mazmorras de la llamada
Automotora Orletti, una cárcel clandestina de la dictadura argentina.
Vázquez y la coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que lo postuló y
que tendrá mayoría absoluta en el parlamento bicameral, prometieron avanzar en
la investigación de la verdad sobre los desaparaciones de la dictadura.
Pese a que una Comisión para la Paz, que actuó de agosto de 2000 a abril de
2003 reconoció que los desaparecidos fueron asesinados por la fuerzas
represivas del Estado, muchas veces por torturas, Méndez reclamó que la verdad
debe ser "exhautiva, sobre cada uno, individual, y puede y debe haber elementos
probatorios".
Uno de los coordinadores de la Comisión fue Gonzalo Fernández, asesor de
Vázquez y nominado futuro Secretario de la Presidencia, quien tendrá a su cargo
continuar en la búsqueda de soluciones para los reclamos de verdad y justicia,
reveló el vicepresidente electo Rodolfo Nin Novoa.
"No basta simplemente con un renglón en el informe de la comisión, las
familias deben conocer los detalles de circunstancias, motivos, fechas",
postuló Méndez.
Admitió que "será muy difícil encontrar restos" pero exigió por lo menos
"explicaciones sobre lo que sucedió con ellos". Una de las hipótesis de la
Comisión para la Paz estableció que los asesinados por la dictadura fueron
cremados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata.
La tercera exigencia es de justicia, pese a que en 1986 se sancionó una ley
de perdón a los represores, llamada de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del
Estado", refrendada en una consulta plebiscitaria en 1989, con el 56% del voto
popular.
Méndez llamó a cumplir el artículo 4 de esa ley, que ordena investigar el
paradero de los desaparecidos, "pero además el gobierno, que tiene potestad de
decidir qué casos son alcanzados por las disposiciones de la norma, debe dejar
investigar a la justicia, y expedirse después de conocer los detalles".
Las investigaciones, insitió, deben determinar si cada desaparecido "fue
detenido por fuerzas militares o policiales, quiénes dirigían el operativo,
cuáles fueron los móviles de la detención, cuando se realizó con fecha y
circunstancias, para recién después decidir si el caso está comprendido en la
ley de Caducidad".
"Eso ningún gobierno lo ha hecho hasta ahora, solamente se han limitado a
impedir la acción de la justicia, y lo que queremos es que se deje actuar a la
justicia en forma independiente", enfatizó la militante.
Al considerar "la manifiesta y grave omisión del Estado frente a
informaciones concretas", un grupo de organizaciones, incluidas Serpaj
(Servicio Paz y Justicia) y Amnistía Internacional, reclamó antes de la
elección del domingo que "la búsqueda de restos, cementerios clandestinos y de
tumbas clandestinas en cementerios oficiales, debe ser una prioridad".
La Comisión para la Paz concluyó que 26 desaparecidos fueron asesinados en
el país por la dictadura. En total recibió 38 denuncias de desapariciones en
Uruguay durante la dictadura militar, de 182 uruguayos presuntamente
desaparecidos en Argentina, ocho en Chile, dos en PARAGUAY y uno en Brasil.

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