Julio López
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LA EVIDENCIA DEL CRIMEN
Por reenvío red eco alternativo - Saturday, Nov. 06, 2004 at 10:06 AM

Un documento llamado "Informe sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense", elaborado por la Comisión de la Memoria, fue entregado el jueves pasado al gobernador de Buenos Aires.



(APE) Buenos Aires- Miles de personas secuestradas en las cárceles colapsan el régimen penitenciario y sobreviven en condiciones infrahumanas. En la cárcel de Batán, provincia de Buenos Aires, "aplastado contra el piso y con una escopeta apuntándole a la cabeza", Walter desespera en gritos, la mañana del 12 de mayo: me quieren anochecer, me van a morir. Cerca de él, Claudio, sometido al violento desprecio de un guardia, que lo ataca a patadas, sabe que su voz es capaz de todas las consignas, pero ya no resiste y clama piedad. "Después, siguió lo de siempre: las duchas de agua helada, las cachiporras haciéndole crujir los huesos, y más trompadas". Qué extrañamente construido está el hombre, que puede soportar hasta lo insoportable diría el militante prometéico Julius Fucick.
Las causas de Walter Villavicencio y Claudio Benavídez, por cuyas denuncias están con prisión preventiva "el alcaide mayor Roger Lobo y el jefe de vigilancia Julio Alberto Ferrufino", son parte de las 3241 que integran un documento llamado "Informe sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense", que fue elaborado por la Comisión de la Memoria y entregado el jueves pasado al gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá. Dicen que, por primera vez, el Estado "admite que en las prisiones hay detenidos torturados con picana eléctrica, presos obligados a robar y guardiacárceles que venden la droga".
En el informe se vuelcan los testimonios de más de tres mil causas penales que sólo representan una pequeña parte del total. "Sólo el 30 por ciento de los jueces, fiscales y defensores de la Provincia enviaron las causas en que se denuncian violaciones a los derechos humanos, a pesar de que existía una orden de la Suprema Corte bonaerense". Dicen que sólo en tres de los casos hubo condenas, y en dos, apenas, se investigaron torturas. Al resto se le imprime la suavizada definición de "apremios ilegales" para tornar excarcelables los crímenes de "lesa humanidad" que se cometen en nombre de la seguridad y el orden social.
Según el informe, crecen en términos directamente proporcionales las denuncias por golpizas y torturas, los delitos y la cantidad de presos en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Rubén Segovia, detenido en San Nicolás, cuenta al cronista: "El aparato era cuadrado y hacía un ruido extraño, me lo aplicaron en los testículos, me hacía temblar". Así describe el salvajismo de un sistema que deja mutilados los hombres y las rosas y vuelve a desatar la memoria viva de una patria en la que existe en cada espejo y en cada sitio, la evidencia del crimen.

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