LA GRAN ESTAFA
Por reenvío red eco alternativo - Saturday, Nov. 06, 2004 at 10:22 AM

Ex trabajadores de la otrora petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), no flaquean en su reclamo ante la justicia federal por la estafa cometida contra ellos en el Programa de Propiedad Participada. Cuando se privatizó la petrolera, el 10% del paquete accionario le correspondía por ley a los trabajadores. Sin embargo el gobierno de Menem le vendió la totalidad de las acciones a la firma Española REPSOL S.A., que hoy obtiene ganancias millonarias de más 8.000 millones de dólares anuales, únicamente con la extracción de petróleo.

Por Mariano Vázquez de ACTA-CTA

Alejandra Dibo, abogada patrocinante de los denunciantes, explicó en diálogo con ACTA que "en 1999 radicamos una denuncia penal contra Repsol, los ministerios de Trabajo y de Economía y contra el ex presidente Carlos Menem, entre otros, por la venta dolosa de las acciones Clase C".

Esta causa, que lleva el número 8568/99 y está caratulada como "YPF S.A. S/Delitos de Acción Pública", se tramitó en un principio ante el juzgado Federal 4 a cargo de Jorge Ballesteros pero luego fue remitida al juzgado 19 de Carlos Bonadio, al cual los denunciantes le pedirán la recusación.

El fundamento de esta demanda, es que en la ley de Reforma del Estado y el Régimen de Privatizaciones implementados por la ley 23.696, los ex trabajadores de YPF quedaron enmarcados dentro del Programa de Propiedad Participada como "sujetos adquirentes-titulares" del paquete accionario de las empresas a privatizar, conforme lo establece el capitulo III artículo 21 y 22 de la citada norma.

"Concretamente en la causa penal está probado que las acciones Clase C eran de propiedad y titularidad de los ex empleados de YPF por ley de reforma del Estado y que les correspondía un porcentaje de la titularidad de esta empresa", detalló Alejandra Dibo, que también puntualizó que "a estos empleados, el directorio de la empresa, tras los retiros voluntarios y los despidos empresariales, les desbarató sus derechos, los defraudó y, para colmo, contó con la colaboración de las resoluciones conjuntas de los ministerios de Economía y de Trabajo que no fueron publicadas en el Boletín Oficial".

Por su parte, los ex trabajadores de YPF explicaron en un documento referido a esta acción penal que "nosotros nos encontrábamos trabajando al momento de efectuarse la conversión de la empresa, del Estado a Sociedad Anónima y por imperio de la ley 23.696 teníamos los derechos de adjudicación y de reclamo del 10% del paquete accionario que se adjudicó al momento del citado traspaso de empresa Pública a Privada. En virtud del accionar doloso, ilegal e inconstitucional de todos los funcionarios, dispusieron el cambio o traspaso de la titularidad de las acciones Clase "C" mediante artimañas y resoluciones internas del Poder Ejecutivo Nacional, las que no fueron publicadas en el Boletín Oficial, y son contrarias al espíritu tanto de la ley de reforma del Estado, como de nuestra Constitución Nacional".

Para Carlos Guanciarrossa, ex delegado de Petroquímica General Moscón y ex integrante de la Mesa de ex Trabajadores de YPF "fuimos estafados, robados en nuestros derechos pero seguimos peleando. Existen leyes, incluyo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que nos da la razón pero en el banquillo de los acusados estamos nosotros y no los poderes económicos y políticos que permitieron este desguase". Y agregó: "Somos procesados por el derecho de reclamar lo que nos corresponde. No nos dan lo que nos corresponde, no nos tratan como ciudadanos, como trabajadores y queremos que no sólo paguen los políticos y funcionarios responsables sino también Repsol que también es responsable de esta defraudación".

En relación al papel que adopta la justicia por las medidas de fuerza que vienen tomando los ex empleados de YPF, Guanciarrosa sostuvo: "Tenemos 11 compañeros procesados por reclamar y los jueces desconocen los informes policiales que acreditan que no hubo corte de ruta, que no hubo incidentes, que no hubo ninguna situación de violencia en nuestras marchas. Siempre manifestamos pacíficamente, pero los jueces tiene connivencia con la empresa por eso fuimos llevados a juicio oral y público". "Es una vuelta de turca más de la judicialización de la protesta", afirmó.

Un proceso nefasto

Ante la consulta sobre las derivaciones de un fallo a favor de la denuncia de los ex Trabajadores de YPF, la abogada patrocinante dijo que esto: "Implicaría retrotraer los hechos al momento en que se cometió el delito y beneficiaría a los más de 42.000 empleados que entonces trabajaban en YPF".

En la década del `90 cuando comienza el proceso privatizador de las empresas públicas argentinas se aseguraba que con la privatización de YPF bajarían los precios de venta de los combustibles; se fomentaría la competencia; se generarían fuentes de trabajo; se aumentarían los sueldos a los jubilados y maestros; y participarían todos los trabajadores de la petrolera en la Propiedad Accionaría de YPF. Como bien señalan los Ex Trabajadores "nada de esto se cumplió".

Así lo resume Alejandra Dibo: "Entre 1991 y 1994 se produce una reducción atroz de personal a través de retiros voluntarios y otros mecanismos que directamente golpearon a la clase obrera y en el caso de la privatización de YPF solamente 4.783 empleados recibieron en 1997 acciones Clase C. Acciones Clase C que representan el 10% de la titularidad que los mismos detentaban como socios de la empresa porque la ley de reforma del Estado convierte a los ex empleados de empresas públicas en titulares de acciones". Existen tres tipo de acciones, además de la C que, como se señala en esta nota, corresponden a los empleados: A, que pertenecen al Estado Nacional; B, de las provincias petroleras; y D, para los particulares.

"Lo que ocurrió -relató Dibo- fue que la empresa implementó retiros voluntarios barriendo al personal de la empresa y dejan a estos empleados sin el Programa de Propiedad Participada. Les hicieron firmar a los empleados mandatos truchos en los que se afirmaba que el Estado los iba a representar en la Comisión Nacional de Valores, pero las resoluciones ministeriales secretas dejaron afuera al grueso de los empleados"

"Es decir, hubo una defraudación en desmedro de YPF por parte de Repsol que adquiere el paquete totalitario de la empresa, lo compra por adjudicación directa. O sea que se regaló la empresa argentina, se regaló la energía de nuestro país", argumentó la letrada.

Conductas delictivas

Con respecto a la participación de la propiedad accionaría de YPF "gran parte de los ex-trabajadores fuimos engañados y excluidos", afirma Guanciarrosa y recuerda que "iniciamos numerosos juicios laborales, civiles y penales y vamos a llegar hasta el fondo de la Cuestión, hasta que paguen los verdaderos culpables de esta gran estafa".

"La demanda penal recae, por acción u omisión, en el ex presidente Carlos Menem y los entonces funcionarios menemistas Horacio Liendo, Antonio Erman González, Domingo Cavallo, Roque Fernández, Caro Figueroa, Rodolfo Díaz, miembros del Directorio de YPF, Repsol S.A. y Repsol-YPF, Comisión Nacional de Valores y el ex secretario general del Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE) Antonio Cassia, diputados y senadores nacionales, actuales funcionarios, Bancos, sociedad de Bolsas y entidades internacionales", detallaron los ex trabajadores de YPF en un documento. Finalmente se agrega como denuncia la venta (liquidación) del paquete accionario de YPF S.A. a la firma Española REPSOL S.A.., que hoy obtiene ganancias millonarias de más 8.000 millones de dólares anuales, únicamente con la extracción de petróleo.

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