DENUNCIAN QUE LA PETROLERA DEL ARGENTINO SANTIAGO SOLDATI REPEPRIME INDÍGENAS ECUATORIANOS
Por Agencia de Noticias RedAcción (ANRed) - Wednesday, Nov. 10, 2004 at 9:37 PM
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DENUNCIAN QUE LA COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES (CGC) DEL ARGENTINO SANTIAGO SOLDATI REPRIME INDÍGENAS ECUATORIANOS Y VIOLA SUS TERRITORIOS / Buenos Aires, 9 de noviembre de 2004 (ANRed).- Representantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku llegaron a la Argentina desde Ecuador para reclamar a la Compañía General de Combustibles (CGC), propiedad de los argentinos Santiago Soldati y Oscar Morita, que deje de violar sus derechos sobre el territorio en el que viven.

En 1996, el Estado de Ecuador concesionó a la Compañía General de Combustibles (CGC) un bloque de tierra que comprende el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku, para la exploración y explotación petroleras. La concesión se realizó sin consultar al pueblo, que es dueño legal y ancestral de la mayor parte del territorio concesionado.

La firma denunciada pertenece al endeudado consorcio de capitales nacionales Sociedad Comercial del Plata, presidido por Soldati, quien en junio de 2004 transfirió el 81 por ciento de sus acciones al fondo de inversisn Explore Acquisition Corporation, liderado por el ex empleado suyo, y aún hombre de confianza, Morita.

Los representantes del Pueblo han sido recibidos por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y han solicitado una entrevista con el canciller argentino, Rafael Bielsa.

El Pueblo Kichwa de Sarayaku, desde el momento en que se enteró de la concesión, ha manifestado su total desacuerdo con la entrada de la compañía en su territorio, organizándose para proteger sus derechos constitucionales a la propiedad, a la consulta previa y al respeto de todos los derechos humanos individuales y colectivos que le corresponden. El gobierno ecuatoriano ha respondido prestando su apoyo político, jurídico, policial y militar a la CGC para que ingrese en territorio de Sarayaku sin el consentimiento del las comunidades que lo habitan, destruyendo grandes extensiones de ese terreno y poniendo en riesgo la propia supervivencia de la población indígena afectada.

La fase de exploración debía empezar en 1997 según el Contrato de Concesión, pero la CGC no comenzó la prospección sísmica hasta el noviembre de 2002, cuatro años después de que entrase en vigencia la nueva Constitución Política (1998) y tres años después de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT (1999). Según estas normas, el Estado está obligado a tomar todas las medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku a su territorio, incluidas las obligaciones de consultarlo, de facilitar su participación en todas las decisiones, y de buscar su consentimiento libre e informado, antes de comenzar la actividad de exploración.

En mayo de 1997 la Consultora Walsh Environmental Scientists and Engineers, Inc., contratada por la CGC, realizó de manera inconsulta y sin la participación de los pueblos indígenas, un estudio de impacto ambiental en el Bloque 23. No intentaron involucrar a los pueblos afectados en el estudio, sino que los técnicos de Walsh intentaron hacerse pasar por turistas, para intentar ingresar en territorio de Sarayaku.

En mayo del 2000, el apoderado de la CGC visitó Sarayaku —la comunidad a que la CGC había dado prioridad, ya que es la más grande del Bloque 23 y está ubicada en la mitad del mismo— y ofreció 60 mil dólares para obras de desarrollo y 500 plazas de trabajo para los hombres. Reunido en Asamblea General, el pueblo indígena rechazó la oferta. Este rechazo “definitivo” fue comunicado oficialmente a representantes de la empresa CGC en una reunión realizada en territorio Sarayaku el 25 de junio de 2000.

La CGC no cumplió con su promesa de retirarse si Sarayaku no aceptaba su presencia. En cambio, comenzó a ofrecer ayudas a las comunidades vecinas para que Sarayaku quedara aislado. Las comunidades de Pakayaku, Shaimi, Jatún Molino y Canelos han firmado convenios con la CGC. Para febrero de 2003, la CGG debía haber entregado 350 dólares para obras sociales en estas cuatro comunidades, sin embargo hasta la presente fecha no se conoce que se haya cumplido ningún acuerdo.

Según pudo saber ANRed, los hechos relatados por el pueblo indígena afectado confirman que "se han violado todos los derechos contemplados tanto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como los reconocidos también en la Constitución de la República de Ecuador." Ante los atropellos, la comunidad indígena recurrió a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, donde el tribunal emitió una resolución que ha sido favorable al Pueblo de Sarayaku pero que no ha sido acatada por el Estado de Ecuador.

En julio de 2004 el Ministro de Energía y Minas anunció que la situación en el centro sur de la amazonía en torno al tema petrolero es un problema de Estado y que si no se logran acuerdos se utilizará la fuerza, ya que Sarayaku se constituye en el candado que se debe abrir para expandir la frontera petrolera hacia el sur. Mientras tanto, Sarayaku y los pueblos Shuar, Achuar, Shiwiar y las comunidades del nororiente de la amazonía se han unido para conformar un gran frente de defensa de sus derechos y su territorio, así como divulgar su propuesta alternativa de desarrollo para dar a conocer al mundo que si es posible un verdadero desarrollo basado en el respeto a los derechos humanos, así como en el desarrollo social y no en la explotación indiscriminada de recursos naturales no renovables. (ANRed)

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