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Uruguay: Victoria en la lucha social por el agua
Por PC - Saturday, Nov. 27, 2004 at 11:15 PM

Aprendan, santiagueños vagos, malentretenidos, les gusta macharse y estar con el culo y la panza asentada en los ranchos mugrientos de esos otros borrachos los Carabajal, pícaros comerciantes, mientras cuatro prepotentes los tienen con la pata en la cabeza manga de indignos infelices que nunca se van a rebelar

Carlos Santos

ALAI-AMLATINA 24/11/2004, Montevideo.- A través de los
mecanismos de democracia directa, organizaciones sociales
nucleadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la
Vida, respaldadas por el 64,6% de la ciudadanía, lograron
incluir en la constitución de Uruguay la consideración del
agua como un derecho humano fundamental, sentando las bases
para que la gestión de los recursos hídricos sea pública y
esté basada en criterios de participación social y
sustentabilidad. Además de modificar sustancialmente la
situación en Uruguay, este hecho marca un importante
precedente internacional, por tratarse de una de las primeras
experiencias de incluir un derecho ambiental en la
constitución de un país a través de la democracia directa.

El pasado 31 de octubre, junto a las elecciones nacionales, el
pueblo uruguayo respaldó una iniciativa de la Comisión
Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) que modificó
la constitución. La reforma obtuvo el respaldo de un 64,6% de
los votos emitidos en esa oportunidad.

Esta modificación estableció que "El agua es un recurso
natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el
acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos
fundamentales".

La Reforma Constitucional del Artículo 47 de la Constitución
(en la sección "Derechos, deberes y garantías") establece
además que los criterios de gestión de los recursos hídricos
(que deberá ser pública) deberán estar basados en la
participación ciudadana y la sustentabilidad.

El mecanismo de democracia directa fue puesto en marcha por la
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV).
Esta comisión se conformó en el año 2002 como respuesta a la
firma de la Carta de Intención entre el gobierno uruguayo y el
Fondo Monetario Internacional en la que se comprometía la
extensión de la privatización de los servicios de agua potable
y saneamiento a todo el país.

Esta privatización comenzó en el departamento de Maldonado,
con la presencia de la multinacional francesa Suez Lyonnese
Des Aux en primer lugar, y luego continuó con la española
Aguas de Bilbao.

Al igual que en la mayoría de los casos de privatización de
agua registrados en el último año a lo largo del planeta,
estas privatizaciones tuvieron consecuencias negativas.

Desde el punto de vista social, se excluyó a amplios sectores
del acceso al agua potable por no poder cubrir el costo de la
conexión al servicio. Servicio que por otra parte se degradó
considerablemente en su calidad, con respecto al que prestaba
la empresa estatal. Tanto, que los organismos de contralor
recomendaron que el agua no se consumiera directamente ya que
no presentaba condiciones de potabilidad.

Desde el punto de vista económico, el "negocio" fue pésimo
para el Estado uruguayo. No sólo las empresas no cumplieron
con los cronogramas de obras previstos en los contratos, sino
que no hicieron efectivo el pago de los cánones previstos,
acudiendo a una serie de reconsideraciones contractuales con
el Estado, que asumió las pérdidas ocasionadas en cada caso.

Desde el punto de vista ambiental, la empresa Aguas de la
Costa (subsidiaria de Suez) fue responsable de la desecación
de la Laguna Blanca, la que utilizaba como fuente para la
potabilización. Precisamente por esta causa, los vecinos del
departamento de Maldonado han iniciado un juicio por daño
ambiental a la empresa.

Hacia una visión social del agua

El trabajo de la CNDAV partió de una visión del agua opuesta a
la visión que promueven las multinacionales. Enfrentada a la
visión mercantilista del agua, la Reforma Constitucional
promueve la consideración del agua como un bien común y su
acceso como un derecho humano.

El sistema electoral uruguayo prevé que una reforma
constitucional de iniciativa ciudadana deba contar con el
apoyo del 10% del electorado para ser elevada luego a la
consideración de toda la ciudadanía, en conjunto con las
elecciones nacionales (legislativas y presidenciales).

En Uruguay, los plebiscitos han sido el mecanismo tradicional
de los movimientos populares para resistir primero al
autoritarismo de la dictadura militar y luego a las "reformas"
privatizadoras de los gobiernos neoliberales.

En octubre de 2003, un año después de conformada, la CNDAV
presentó ante el Parlamento las 283 mil firmas necesarias para
la realización del plebiscito de reforma constitucional,
poniendo en marcha el mecanismo de plebiscito que se realizó
un año después junto a las elecciones nacionales.

El agua contra todo

La victoria del plebiscito del agua el pasado 31 de octubre
fue una verdadera victoria social. La CNDAV constituye un
amplio abanico de organizaciones sociales y políticas
enfrentadas a la concepción mercantilista del agua.

Entre sus fundadores se cuentan organizaciones como la
Comisión de Defensa del Agua y Saneamiento de Costa de Oro y
Pando, FFOSE (el sindicato de trabajadores de OSE, Obras
Sanitarias del Estado, empresa estatal encargada de los
servicios de agua y saneamiento), REDES-AT (Red de Ecología
Social, Amigos de la Tierra, Uruguay) y el Programa Uruguay
Sustentable. Luego de conformada se amplió, incluyendo a la
coalición de izquierda (el Frente Amplio, ganador de las
elecciones realizadas el mismo 31 de octubre) y a uno de los
sectores mayoritarios del Partido Nacional.

Sin embargo, a pesar de este respaldo político, el tema del
plebiscito por el agua fue secundario en la agenda política y
mediática. A esto se agregó que tanto las empresas
privatizadoras, como las empresas de agua de otros sectores
(por ejemplo, las embotelladoras) así como sectores
empresariales conservadores (latifundistas, forestales,
arroceros) realizaron un fuerte lobby político y mediático
contra la reforma.

En los meses previos a la campaña, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) polemizó públicamente con la CNDAV,
negando que "impusiera" condiciones al gobierno uruguayo y
rechazando la responsabilidad atribuida por la CNDAV al
contenido de la Carta Intención de 2002.

* Texto completo en:
http://alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=7176

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