8 de diciembre de 2004 - Prensa de Frente

CUESTIONAMIENTO ESTUDIANTIL AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ROSARIO

“Quienes hoy se encuentran reclamando más presupuesto, son los que generan negocios privados en la Universidad” 

La agrupación “El Grito” de la Facultad de Humanidades y Artes y el Frente Amplio Estudiantil “Santiago Pampillón”, con presencia en distintas facultades rosarinas, difundieron un comunicado tomando distancia, como integrantes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, de la reunión que el Rector Ricardo Suárez junto a otros miembros del Consejo mantuvieron ayer por la tarde en Buenos Aires con el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Dr. Juan Carlos Pugliese.

Esta corriente del movimiento estudiantil rosarino se plantea como objetivo “resistir el neoliberalismo y luchar por una Universidad pública, es decir, al servicio de las mayorías sociales”. Recientemente, junto a otras tendencias estudiantiles de la Universidad de La Plata, tomaron la decisión de aportar sus esfuerzos a la construcción, junto a movimientos piqueteros, grupos sociales y culturales, del Frente Popular Darío Santillán.

Reproducimos a continuación extractos del documento en el que explican los motivos del rechazo: 

Rosario, 7 de diciembre de 2004.

En el día de la fecha, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario se encuentra en Buenos Aires con motivo de tener una reunión con el Secretario de Políticas Universitarias, Dr. Juan Carlos Pugliese, a fin de manifestarle la preocupación de este cuerpo por el magro presupuesto universitario para el año 2005, que dificultaría la continuidad de las actividades de esta Universidad. En este sentido, y como integrantes (con un Consejero) del Consejo Superior, deseamos dejar sentada nuestra posición y los motivos por los cuales no participamos de esta reunión. 

Desde el Frente Santiago Pampillón (Regional) y El Grito (Humanidades y Artes) decidimos no participar de esta medida, ya que está lejos de ser lo que el Rector Ricardo Suárez planteó en su momento que sería, más allá de la efectividad que entendamos que ésta tenga: “…una medida de protesta fuerte, violenta… (sic) por el ahogo presupuestario que estamos viviendo, como por ejemplo, que el Consejo Superior sesione en las puertas del Ministerio de Educación…” Lo que pretendió constituirse en “la primer medida” en el camino de una profundización de la lucha desde la Universidad pública por mayor presupuesto termina siendo una reunión, a puertas cerradas, entre el Secretario de Políticas Universitarias, Dr. Juan Carlos Pugliese, y el Consejo Superior de la U. N. R., en el Ministerio de Educación.
De todos modos, elaboramos este documento político con la intención de dejar sentada nuestra posición con respecto a la actual crisis de la Universidad pública, y la clara tendencia hacia su profundización a partir de las políticas llevadas adelante por el actual gobierno nacional, desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Posición que desde hace quince años viene siendo la misma: resistir al neoliberalismo y luchar por una Universidad verdaderamente pública, es decir, al servicio de las mayorías sociales.
Esto nos diferencia claramente del rector Suárez y de la totalidad de los decanos integrantes del Consejo que, junto a las organizaciones estudiantiles neoliberales –es decir, Franja Morada/UCR, MNR/PS y JUP/PJ- son los representantes de la corporación que desde la normalización de la Universidad se perpetuó en la función pública, perpetuando sus intereses y negocios, a la vez que se constituyó en la garantía de la aplicación de las políticas neoliberales mandatadas por los organismos representantes del capital trasnacional y por los sucesivos gobiernos “democráticos” ejecutores de las mismas.
Por todo esto, en primer lugar, nos parece importante pronunciarnos en torno al rumbo de la política general del gobierno nacional, en el marco de la cual se encuentra, y sólo podemos entender, la política hacia la Educación Superior.
En este sentido, nos parece claro que el actual gobierno más allá de lo declamativo y de algunos actos en el plano de la simbólico, demuestra en los hechos que su plan de gobierno se ubica en una total continuidad con las políticas llevadas adelante desde la dictadura militar pasando por todos los gobiernos “democráticos” del 83 a esta parte. 
Es así, que mientras el Presidente Kirchner y sus funcionarios, así como aquellos sectores que se sumaron a la construcción de la transversalidad, cooptados con el objetivo de constituirse en la fuerza propia hacia la disputa interna del bloque dominante, afirman estar llevando adelante un nuevo proyecto de país que quiebre con 30 años de neoliberalismo, al que denominan “un país en serio”, no hacen más que continuar y profundizar las mismas políticas neoliberales que se jactan de combatir.
De este modo, desde su asunción, el nuevo gobierno no respondió en lo más mínimo a las necesidades de las mayorías sociales, no se avanzó en la reversión de los índices de pobreza, indigencia y desocupación, se acentuó la desigualdad social, se sostuvieron los bajos salarios -mientras la canasta básica no deja de crecer-, se avanzó en la flexibilización laboral, se redujeron los planes sociales, y continúa la destrucción de la salud y la educación pública vía el desfinanciamiento.
Mientras tanto, el gobierno no duda a la hora de representar los intereses del Capital, habiendo licuado las deudas de los grandes grupos económicos, vía devaluación y pesificación, resarciendo a los bancos que se apropiaron del dinero de sus ahorristas y fallando –vía la nueva e “independiente” Corte Suprema- en contra de los mismos, pagando religiosamente cada uno de los vencimientos de la deuda con los organismos financieros que, sumados, implican una cifra récord en la historia, reconociendo la deuda con los bonistas del exterior más allá de los exabruptos discursivos, renegociando las tarifas de los servicios con las empresas privatizadas, y garantizando una reinserción post default de la Argentina al mercado mundial que siga redundando en beneficios para el capital concentrado y ninguno para los trabajadores y el pueblo.
Para esto, el gobierno, más allá de su discurso progresista en materia de DDHH, no duda en aplicar una sistemática política represiva. Desde la política de cooptación, desarticulación y aislamiento de los movimientos sociales, pasando por la judicialización de la protesta social que se manifiesta claramente en los más de 4000 militantes sociales procesados y más de 40 detenidos, constituyéndose en el gobierno post dictadura con más presos políticos, las órdenes de desalojo de las empresas recuperadas por sus trabajadores, hasta la represión cotidiana y sistemática de las fuerzas policiales y punteriles en los barrios de las grandes ciudades, y la militarización de la represión en aquellas zonas de constante conflictividad como Tartagal, Gral Mosconi, Caleta Olivia, Santiago del Estero, etc. Proceso en el que los estudiantes, docentes y no docentes no somos para nada ajenos, procesando, persiguiendo y amenazando en cada situación de conflicto universitario. Siendo el rector Suárez y este consejo superior activos aplicadores de esta política.
En síntesis, el actual gobierno continúa pagando la deuda externa y garantizando las superganancias de los grupos económicos concentrados con el hambre y la sangre del pueblo.
En este marco, la política en Educación Superior del gobierno nacional es absolutamente coherente.
En los últimos meses, el gobierno ha intensificado su ofensiva para reformar la Universidad. El principal argumento que esgrimen es que la Universidad no estaría adecuada a los cambios y nuevas necesidades que está habiendo en el país, para esto sería necesario reformular los contenidos y direccionalidades de la Educación Superior. Esto quiere decir, repensar la relación entre universidad y sociedad o como lo piensa el gobierno, entre universidad y mercado, con la intermediación activa del Estado Nacional. Para esto, y más allá de algunas innovaciones, la principal herramienta sigue siendo la aplicación de la Ley de Educación Superior. 
Esta ley, sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem, como parte fundamental de las políticas de choque neoliberal y respuesta a las “recomendaciones” del Banco Mundial, significó entre otras cosas la pérdida de la autonomía universitaria, la reducción de la participación estudiantil en los órganos de co-gobierno, tornando aún menos democráticas las decisiones en la Universidad, el acortamiento de las carreras de grado, las restricciones al ingreso, los obstáculos al egreso, la generación de pos-grados pagos, la estandarización de los contenidos vía “acreditación” de la Coneau y la venta de servicios y recursos al sector privado como principal forma de financiamiento.
Lejos de las declaraciones grandilocuentes del ministro Filmus y el secretario Pugliese acerca de la necesidad de rediscutir y modificar la ley, el gobierno la sigue aplicando, ya que sigue siendo efectiva para los intereses económicos que representa. 
En este sentido, el Gobierno ha modificado las pautas para asignar fondos a las universidades, a través de la creación de programas especiales, que sólo recibirán aquellas que, resignando su autonomía, se adecuen a los lineamientos de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que, como ya dijimos, responde, sin mediaciones, a los requerimientos del Banco Mundial.
Así es que ha relanzado la Ley de Educación Superior a través del plan de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) que, lejos de reducir las tasas de deserción de estudiantes, tenderá a la reducción de las carreras de grado con la implementación de "ciclos generales" y a la concentración en los posgrados arancelados.
Al mismo tiempo, el gobierno como parte de su política de continuidad en cuanto a la destrucción de la educación pública y la disminución del salario real de los trabajadores, presenta y aprueba un presupuesto para el año 2005 en el que, no sólo no revierte sino que profundiza la tendencia al desfinanciamiento de la educación superior, o sea, deja librada a las necesidades del mercado la formación de las futuras generaciones de profesionales en nuestro país.
Como indican diferentes estudios:

• Las universidades eran financiadas con un 0,54 por ciento del PBI hace diez años. El porcentaje que representa el presupuesto universitario desciende en el 2004 a un 0,48 por ciento.
• La inversión por alumno en términos reales es apenas el 32,57% de lo que el Estado invertía en el presupuesto aprobado en 1994.
• Nuestro país invierte 478,7 dólares por cada alumno, en tanto que Uruguay destina 2.057 dólares, Paraguay 4.012 dólares, México 4.688 dólares y Chile 7.483 dólares.
• Los salarios de los docentes universitarios se encuentran congelados desde 1992, habiendo decaído en su poder adquisitivo en más de un 70% en la década mencionada.
• Más de 30.000 Docentes trabajan GRATIS en la Universidad argentina.
• Los salarios de los Docentes Universitarios siguen siendo los más bajos de la historia y los peor remunerados de la Administración Pública Nacional.
• El ingreso de cada vez mayor número de trabajadores docentes a la franja de trabajadores cuya remuneración total no supera la línea de indigencia.

Queda claro, que el Gobierno Nacional en el camino de continuar con la política neoliberal que direcciona la Educación Superior hacia los intereses del capital, transformando el conocimiento en una mercancía transable en el mercado, combina una estrategia que, por un lado, consiste en la profundización de la aplicación de la LES y, por el otro, avanza en el recorte sistemático del presupuesto asignado a la educación superior.
Por todo esto, consideramos de extrema necesidad que desde la comunidad universitaria toda afrontemos decididamente la pelea por mayor presupuesto universitario y por la definitiva derogación de la LES.
Sin embargo, es necesario aclarar que mientras cada vez mayores sectores de los estudiantes, docentes y no docentes, en conjunto con los trabajadores y el pueblo, nos encontramos en la calle luchando por otra Universidad, es decir por otra sociedad; los decanos, el rector de la UNR y el CIN en conjunto con toda la corporación de funcionarios, intereses partidarios, estructuras clientelares y burócratas sindicales que representan, no hacen otra cosa que defender sus intereses creados, es decir el neoliberalismo en la Universidad, reafirmando día a día de que lado están.
Quiénes hoy se encuentran aquí, “reclamando más presupuesto”, son los que no dudaron en adecuar el estatuto de la UNR a la LES; los que restringen el ingreso en Derecho y Medicina; los que avanzan con los procesos de acreditación en cada una de las carreras, reformando los planes de estudio y las prácticas y pasantías pre-profesionales en beneficio de las empresas privadas; los que continúan generando negocios privados a partir de la venta de recursos a terceros; los que destinan gran parte del presupuesto en sostener sus estructuras clientelares y carreras políticas; los que se oponen a la lucha de los docentes por su salario; los que no convocan durante tres años a la Asamblea Universitaria y cuando finalmente lo hacen cierran el temario restringiéndolo a la legalización de sus negocios, los que persiguen a estudiantes y docentes, deslegitimando y judicializando sus construcciones gremiales, metodologías de lucha y reivindicaciones.
Somos profundamente conscientes, no sólo que las medidas de este tipo se hacen totalmente insuficientes si no se encuentran enmarcadas en una lucha basada en la autoorganización y movilización de los estudiantes, docentes y no docentes en su conjunto, sino también que la corporación universitaria nunca será un aliado en esta lucha, siempre estará del otro lado.
Estamos convencidos que la lucha por un mayor presupuesto universitario no puede escindirse de una lucha por transformar la Universidad. Y sabemos que es imposible transformar la Universidad sin que la transformación la trascienda, es decir, sin una real y radical transformación en la sociedad de la que forma parte. 
Por esto, es que vamos a estar como siempre en cada una de las facultades confrontando con la perversa lógica destructiva del neoliberalismo, hoy encarnada en la política universitaria del gobierno nacional y en los intereses de la corporación. Radicalizando la democracia y construyendo la Universidad que los trabajadores y el pueblo necesitamos. Vamos a dar batalla contra quienes creyeron –cómodamente– que los conflictos ya no existen, que la Universidad es ajena a las contradicciones de clase y la miseria planificada. Para nosotros la única Universidad posible es aquella que no le de la espalda a los conflictos sociales, que muy por el contrario, se encuentre en plena sintonía con los intereses de las mayorías. 
Entonces es necesario romper con las ilusiones reformistas que nos quieren hacer creer que es posible debatir la problemática del bajo presupuesto universitario sin cuestionar las bases reales donde se sostiene. 
Sólo junto a las luchas protagonizadas por los piqueteros, trabajadores y trabajadoras ocupados, campesinos, docentes y estudiantes es donde encontramos la fuerza motora para disputar, dentro y fuera de la universidad, por un cambio social. Un cambio social que suponga, entre otras cosas, derribar las bases de un sistema económico y político que garantiza la concentración de la riqueza social en manos del capital financiero y transnacionalizado.

Seguiremos luchando por:
• La derogación de la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación.
• La suspensión de las acreditaciones y disolución de la Coneau.
• La triplicación del presupuesto universitario.
• El aumento salarial para docentes. Ningún docente bajo la línea de la pobreza.
• No al trabajo gratuito en la Universidad.
• 25 millones de pesos en becas estudiantiles para la UNR.
• Basta de persecución a los que luchan. Desprocesamiento a los más de 4000 militantes procesados. Libertad a los presos políticos.
• No al pago de la fraudulenta deuda externa.


Santiago Pampillón (Regional)
El Grito (Humanidades y Artes)
en el
Frente Popular Darío Santillán

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