Paradojas del desarrollo formoseño
Por Alejandro Linares - Tuesday, Dec. 28, 2004 at 4:15 AM
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La reconstrucción de la ruta provincial 28, en el centro-oeste formoseño, rodeada de fuertes reclamos por irregularidades, levanta una polvareda de dudas sobre un proyecto del gobierno de la provincia atravesado por la polémica.

Obra de la historia que se repite, la vida sencilla de productores ganaderos y comunidades pilagá, que piden participar en el diseño del plan, se ve amenazada por la inundación de sus campos, que se generaría por el levantamiento de la ruta de tierra que corta de norte a sur el inmenso bañado “La Estrella”. Éste recorre alrededor de 400 kilómetros desde la punta oeste de la provincia hacia el centro de la misma –400.000 hectáreas- y forma un espejo de agua que aumenta su extensión entre los meses de marzo y agosto. En esta época, se alarga como una alfombra plateada que rebota el sol contra los arbustos que enreda, los camalotes que arrastra y las especies exóticas de aves que llegan desde diferentes esquinas del cielo.
El proyecto del gobierno provincial pretende solucionar el problema de la integración territorial, dado que las aguas han destruido la ruta cuando superaron su nivel en tiempos de crecida, y manejar las mismas para la explotación agropecuaria y el uso humano. Para esto, inicialmente, se planeaba elevar la ruta 45 centímetros en un tramo de 40 kilómetros, reacondicionar el vertedero de desagüe y realizar compuertas que canalicen el agua.
El costo de la obra es de 29 millones de pesos, facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio Federal de Planificación, y la misma forma parte de un programa de dicho banco para la “recuperación de zonas afectadas por inundaciones”. Sin embargo, como una paradoja que dibuja el curso antojadizo del bañado, –o del gobierno provincial- la rehabilitación del camino aumentaría la zona inundable 6.000 hectáreas más que las 11.500 actuales, según indicó Luis de la Cruz, técnico ambientalista que trabaja con los pobladores criollos y las 10 comunidades pilagá que quedarían en peligro real de perder sus tierras por la llegada del agua.
Un estudio realizado por este especialista niega la garantía de transitabilidad con la reconstrucción planeada, y explica que los datos existentes y utilizados para el diseño, resultan insuficientes para determinar el grado de afectación que tendrá la obra en la vida y la economía de los pobladores.
La zona de la construcción forma parte del territorio pilagá, y en ella conviven las comunidades de Campo del Cielo, El Descanso -las más afectadas-, Pozo Perdido, Km. 30, La Bomba, El Simbolar, La Línea, Pozo Molina, Lote 13 y Laqtasantanyi, junto a familias ganaderas, algunas de las cuales trabajan allí hace más de 100 años.
Luego de persistentes reclamos de los afectados, la unidad ejecutora del proyecto en Formosa, la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), sugirió bajar a 15 centímetros el levantamiento de la ruta, pero ésto no significa ningún cambio sustancial para los reclamantes, pues, según ellos, se continúa inundando campos en forma permanente, y no se responde a exigencias de participación en el diseño de la obra.
Los cuestionamientos al gobierno van mucho más allá de planteos técnicos. En todo caso, éstos son sólo una parte de una discusión manchada por la tierra que vuela con el viento norte, que se vuelve brasa al sol, parece ahogar las quejas de aborígenes y criollos, y tapar la historia del bañado que merece ser contada.

De recorrido antojadizo...

En 1993, ante las recurrentes anegaciones de la ruta 28, se decidió levantarla y realizar un badén de asfalto (vertedero) de 700 metros –zona del camino más baja que permite el paso del bañado- además de compuertas que se abren o cierran según las épocas. La obra buscaba aprovechar el terraplén de la ruta para derivar agua hacia Las Lomitas –pueblo cercano y centro de la región- por medio de un canal paralelo. Tanto las organizaciones vinculadas a grupos pilagá como los productores locales coinciden en recordar que, en aquel momento, se cuestionó el proyecto por considerarlo inviable en ese lugar y se realizaron propuestas alternativas que no fueron escuchadas. Juan Carlos Godoy, de Incupo (Instituto Cultura Popular) sostiene: ”El proyecto del gobierno era regar todos los campos que estuvieran junto a la ruta 28, pero ese canal nunca funcionó porque la pendiente que existe desde el bañado es apenas de un metro, y como es un canal construido de tierra, se sedimentaba y ensuciaba. Se gastó mucha plata, cuando en realidad el agua nunca llegaba a Las Lomitas, ni regaba los campos”. Víctor Ruiz Díaz, productor de la zona y miembro de APROBAE (Asociación de Productores del Bañado La Estrella), recuerda que se utilizó el terraplén como embalse contradiciendo las sugerencias técnicas, y no se informó sobre los problemas que esto podía ocasionar. “Consecuencia de esa obra, hubo grandes inundaciones que han hecho perder a los productores mucho ganado. Pero era obvio que el agua tenía que romper esa ruta, y la rompió cuantas veces vinieron más de 3000 metros cúbicos por segundo, que eso es bastante normal en la zona,” afirma. Las pérdidas de campos y ganado, producto de la llegada sorpresiva del agua, nunca fueron reconocidas o resarcidas por gobierno alguno, y así lo demuestra la indignación que inquieta la voz siempre mínima y la tranquilidad tostada del rostro de Blas Gómez, pequeño productor criollo: “Parece que nadie midió consecuencias cuando hicieron el vertedero. A mí ya me está costando 100 animales y el gobierno no ve razones. Lo hicieron sin consultar, y cuando se me murieron 50 novillos juntos, no me los reconoció nadie”. Peor suerte le tocó a Daniel Torres, quien esconde la cabeza hirviendo bajo el sombrero mientras se seca el sudor que encauza en las arrugas de 52 años de sol: “Vino la obra del ´93 y el campo me desapareció. Perdí todo lo que tenía: casa, corral, alambrado. Nadie me reconoció lo que perdí hasta ahora y parecería que nunca me van a reconocer”. Envuelto en olor de campo, mitad tierra, mitad caballo, Benito Porcel, de 62 años, sintetiza: “Nadie reconoció lo que perdimos, ni a mí ni a nadie, nadie se acuerda de nosotros”. Tampoco los pilagá cazadores y recolectores han podido, al parecer, aprovechar los beneficios de las compuertas y canales, como sugiere José Domínguez, representante pilagá de la comunidad de Pozo Perdido: ”Nosotros no aprovechamos nada de agua ni pescados desde que hicieron la compuerta que está ahora. Antes podíamos aprovechar el agua y los pescados”.


Camino Irregular

El 10 de Octubre del 2003 comenzó el recorrido –su lado público- zigzagueante y cuestionado del proyecto. Ese día se realizó en Las Lomitas la audiencia pública para dar a conocer los trabajos que se llevarían a cabo. En aquella oportunidad, se tomó nota de los cuestionamientos realizados al proyecto por parte de aborígenes y productores, pero no se modificó el mismo. Tanto el llamado a licitación, como el estudio de impacto ambiental ya habían sido hechos por el gobierno. Luis Zapiola, abogado de comunidades pilagá y ganaderos criollos, subraya que el BID establece en su reglamento, que dicho estudio debe estar a cargo de una entidad independiente y que esto no fue respetado. Del mismo modo, Juan Carlos Godoy, de Incupo, afirma que la ley prevé que los afectados deben tener el proyecto un mes antes de la audiencia para estudiarlo y discutirlo en el caso que lo crean conveniente, sin embargo la mayoría se enteró del mismo ese día. Además sostiene: “Presentaron como iba a ser la obra pero el proyecto nadie lo tuvo, lo tenían sólo ellos, por más que se haya pedido”. Blas Gómez, productor local, se suma al reclamo: “A nosotros nunca vinieron a decirnos que querían hacer esto, a preguntarnos qué nos parecía. Tenemos derecho a que, por lo menos, nos digan que quieren hacer, que nos den explicaciones. Nosotros tenemos una producción en marcha”.
El comité de medio ambiente del banco financiador pauta con claridad, en documentos puestos de Internet, “la necesidad de consultar a los grupos indígenas directa o indirectamente afectados por las operaciones financiadas por el Banco y de hacerlas participar en las etapas de identificación, diseño, análisis, ejecución y evaluación”. Godoy insiste al respecto: “El gobierno provincial no quiere entender que la participación indígena se tiene que dar desde el punto cero del proyecto”
Dejada atrás la discusión técnica por decisión política, comenzó el tiempo de la batalla legal: las comunidades de Campo del Cielo y El Descanso presentaron junto a productores locales, a través de un poder especial entregado a Luis Zapiola, un reclamo administrativo ante el gobierno provincial y el Ministerio Federal de Planificación, por el que dicho organismo ordenó detener las obras para analizar el caso.
Desde allí, denuncian las organizaciones comprometidas con la causa, comenzó un periodo de fuertes presiones y promesas sobre aborígenes y productores para que desistan de los reclamos, mientras los trabajos no se detuvieron. Las acusaciones apuntan a funcionarios del gobierno, punteros políticos y representantes del Instituto de Comunidades Indígenas (ICA). La tierra hecha piel, Jose Domínguez, pilagá de Pozo Perdido, se queja del trato que recibió en los últimos tiempos: “En el ICA no hay nada para nosotros. Lo comprobé cuando me llevaron a Formosa por la firma nada más, y me ofrecieron titulo definitivo, escuela, sala de primeros de auxilios, de todo; pero ya hace dos meses de eso y no veo nada. Pensaba que era cierto que me darían algo. Firmamos sin que se nos avise y hasta el día de hoy no sé qué es lo que firmamos, pero eran como cinco papeles”. Tereré en mano, mirada calma y fatigada, la voz se desprende serena de la boca de Bartolo Fernández, de la Federación Pilagá que nuclea a las 18 comunidades de la etnia en Formosa: “Se está apretando a todos los representantes de las comunidades indígenas y se los está buscando uno por uno a quienes firmaron el poder a Zapiola. Les hicieron promesas de darle lo que le falta a la comunidad y los representantes pensaron que eran ciertas, y por eso fueron a Formosa, pero cuando revocaron el poder, le dieron cositas muy chiquitas”.
Al comprobar el Ministerio Federal de Planificación la existencia de pobladores y pueblos originarios afectados por la obra, sugirió al gobierno provincial que realice las modificaciones técnicas y legales que permitan reanudarla y compensar posibles pérdidas, sin embargo, se mantuvo el hermetismo y los términos del proyecto. Hasta la fecha, los documentos públicos del mismo son escasos y escuetos, y la UCAP, unidad ejecutora, no respondió consultas sobre el tema.
En Formosa, donde la vuelta a la democracia sólo vio tres nombres del Partido Justicialista en los cargos de gobernador y vicegobernador, los protagonistas se repiten, y a veces, se contradicen. En 1985, el entonces gobernador Floro Bogado, entregó a los pilagá el título de propiedad de sus tierras ancestrales. El mismo funcionario, 19 años después y como vicegobernador, el 15 de Abril de este año, impulsó la aprobación, a libro cerrado y sobre tablas -sin tratamiento en comisión- de la ley de expropiación de las mismas tierras, con la cual el gobierno de Gildo Insfrán intentaba destrabar el problema legal. Se olvidaba, sin embargo, que la Constitución Nacional sostiene que las tierras aborígenes no son enajenables, y olvidaba también, que había organizado en la costanera de la ciudad capital, un Encuentro Latinoamericano de Culturas Indígenas para el día 17 de Abril.
Amenazado el territorio aborigen en su conjunto con la ley de expropiación, las comunidades pilagá decidieron presentar, por intermedio de su abogado, la solicitud ante la Oficina del BID en Washington, de la apertura del Mecanismo de Investigación Independiente; un recurso de amparo ante la Procuración General de la Nación- la cual ya reconoció la competencia de la Suprema Corte en la causa-; y el pedido de medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que ha pedido más información para abocarse al conocimiento de los hechos-. Ante los reclamos inmediatos y la repercusión del hecho, el gobierno decidió modificar la ley: cambió el término por el de “utilidad pública”, y dispuso que sean declaradas de utilidad pública las tierras afectadas por la obra.
Los representantes de las comunidades de Campo del Cielo y El Descanso finalmente revocaron los poderes entregados al abogado Luis Zapiola, para firmar, el 21 de Abril, un convenio con el BID, el Ministerio de Planificación Federal y el gobierno provincial, en el cual acordaron la ejecución de la obra. Con este arreglo, los trabajos se reiniciaron. Pero fueron suspendidos nuevamente en septiembre, pues el banco cortó el financiamiento y abrió el mecanismo de investigación. La zona fue visitada por técnicos extranjeros de la entidad interamericana en octubre pasado, y en los primeros días de diciembre, la representación del BID en Buenos Aires, autorizó la reanudación de la obra, sin indemnizar previamente a los afectados. Sin embargo, continúan los reclamos, el recurso de amparo sigue su curso, así como el mecanismo de investigación independiente puesto en marcha desde Washington.
Luis Zapiola reflexiona sobre la actual situación: ”Si la comisión interamericana de derechos humanos, la corte suprema y el BID tomaron nuestros reclamos, es porque los consideran razonables”.

“Diré que todo está perdido”

El padre Francisco Nazar, sacerdote de la parroquia de Las Lomitas y comprometido con las comunidades originarias de Formosa desde hace más de dos décadas, advierte que ha tenido que abrir las puertas de su iglesia para que los productores de la zona realicen sus reuniones, pues aseguraban que sólo allí se sentían protegidos de la presión de punteros políticos.
Del contacto con los afectados, extrae algunas impresiones: “El criollo se está definiendo por defender su territorio. Saben muy bien que están entre la muerte y la vida, porque si el gobierno hace la obra, los campos se van a inundar y se tienen que retirar. Se dan cuenta que eso es muerte para ellos y para su futuro”.
Mentones chamuscados y ojos que evidencian la doma diaria del fuego celeste, una tonada cansina se cuelga lenta de los cinturones y las voces de alarma de los pequeños productores: “Si ellos lo hacen como lo quieren hacer, ahí perdimos. No nos dan ninguna esperanza de salvación. Yo no me quiero ir, no es fácil dejar las raíces. Queremos que al agua se la deje correr natural como vino con el bañado” dice Daniel Torres. Tan preocupado como él, se escucha a Mauricio Benítez, del paraje de Alto Alegre, “Si es que levantan la ruta, quedamos bajo agua. Vivimos de criar hacienda para vender. No tenemos estudios, no tenemos nada para ir a otro lado a trabajar. Si se hace la obra, nos tenemos que morir directamente. Somos nacidos y criados ahí, y si no nos molestan tenemos que morir ahí”.
Blas Gómez busca las palabras que se le escapan entre el aliento a tereré: ”Ahí quedó la vida de nuestros padres y va quedar la nuestra. Estamos decididos a seguir hasta las últimas consecuencias porque no tenemos otra. No somos capaces de sentarnos en un escritorio. Somos capaces de montar un caballo, arrear una vaca y hacerla producir; por eso no queremos abandonar nuestro campo. Desde ya, nos sentimos discriminados, despatriados, porque ahí está nuestra patria”.
Encorvado para hablar, Anator Chávez se hace más chiquito que sus ojos detrás de los lentes empolvados. Apenas se lo oye traer las frases con esfuerzo: “El gobierno nunca se anota en las pérdidas y muchas veces estuve bien solo. No avisó a nadie que iba a hacer la obra, y sobre tablas largaron la ley de expropiación después, es una barbaridad. Vamos a seguir hasta donde se pueda”. Cuando se le pregunta sobre la posibilidad de tener que mudarse, contesta: “Diré que todo esta perdido, diré que he vuelto ha perder. Tengo 65 años y no es un día, he vivido muchas cosas. El gobierno no escucha”.

Máquinas cubiertas de tierra

Envueltas en los remolinos polvorientos de caliente viento norte, las máquinas de la obra transpiran calcinadas las dudas de un proyecto que comenzó cuestionado, y en su camino, sintió los golpes de calor de una discusión que arde como la atmósfera que la rodea. En declaraciones al diario La Mañana de la capital provincial, del día 5 de Septiembre del 2004, el gobernador Insfrán criticó a quienes, según él, “mienten descaradamente y son responsables que el BID haya decidido paralizar la obra hidrovial de la ruta 28”. Explicó también en ese medio, que “todavía hay algunos necios que no entienden que esta obra no es de un gobierno en particular ni para beneficiar a un grupo de personas”.
Sin embargo, quienes critican el proyecto aseguran no oponerse a las mejoras en la ruta y la zona, sino al diseño y a los procedimientos con los que el gobierno las puso en marcha. Zapiola, luego de afirmar que no imaginaba que le costaría tanto ejercer la profesión en Formosa, dejó en claro la posición de sus defendidos: “Las organizaciones y comunidades que reclaman, no se oponen a la obra de reconstrucción de la ruta, pero sí al diseño del proyecto, porque va a inundar más tierras y por más tiempo de lo que inunda actualmente, porque se mantiene el peligro de que filtre el agua y se rompa el dique, porque no se respetó la directriz del BID que indica que las comunidades de pueblos originarios afectadas deben participar desde el diseño, porque no se dio participación ni conocimiento a las comunidades y productores, por violar los derechos de propiedad de las comunidades indígenas”.
Además de subrayar que el proyecto alternativo planteado supone un costo bastante menor sin perjudicar a nadie, el abogado coincide con el padre Nazar en denunciar la falta de información de la población y en dudar de las prácticas gubernamentales.”El gobierno estaba haciendo operativos de presiones muy burdos y muy fuertes, con aborígenes y criollos. Los aborígenes quedaron muy diezmados, porque los tienen como rehenes con la caja alimentaria, con la promesa que le van a entregar tierras, chucherías que les van dando. Campo del Cielo, una de las partes más afectadas por esta obra, está secuestrado totalmente. Han internalizado sus dirigentes que lo que dice el gobierno tiene que ser, pero sin consultar a sus bases. Todo el conocimiento que hay del bañado La Estrella es el rostro mentiroso del gobierno, porque ocultan la verdad, por ejemplo cuando dicen que el agua del bañado es agua dulce, y en realidad es salobre y aparte amarga”, sentencia el mismo sacerdote que denunció, hace algo más de un año en Telenoche Investiga, el secuestro físico de aborígenes en días de elecciones.
En el centro de Formosa, la tierra se adueña de todo, y en su paso, parece ensuciar con sospechas las prácticas del gobierno provincial. Donde la piel llora los fogonazos que machetean desde el cielo los campos, productores criollos y comunidades pilagá esperan la resolución de un conflicto que amenaza con ahogar su futuro.

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