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Merlo: manejos mafiosos, pedidos de coima por protección
Por DRA. MATTAROLLO/ Alberto Sabulard - Monday, Jan. 17, 2005 at 1:31 PM

1) Toda esta persecución comenzó hace aproximadamente un año, cuando tomo intervención en la causa de la UFI N° 3 de Morón, IPP N° 187.242, caratulada Pappacena s/ Averiguación de ilícito.

En realidad ese fue el momento en que tomé contacto directo con lo que ya me venían relatando por el tema de Merlo (manejos mafiosos, pedidos de coima por protección, etc.).
Al Señor Rafael Pappacena hacía un tiempo que le venían pidiendo un “retorno” para que no tuviera problemas. Como los Pappacena son una familia de trabajadores y no tenían nada que ocultar o nada por lo que ser protegidos, no accedieron a los pedidos de esos policías que le solicitaban dicho “pago por protección”.
Es dable aclarar que esa familia se dedica al flete y colocación de columnas de alumbrado público, por lo que son sub-contratados por empresas que licitan en distintos municipios. Tienen camiones, y los mismos son herramientas de trabajo.
Un día, en el marco de los “procedimientos en comercios dedicados a la venta de autopartes” ingresa personal policial al “local comercial dedicado a la venta de autopartes” (en realidad, el domicilio particular de Pappacena) donde se observan –según el acta del procedimiento – “chatarra de automotores” y revisan la numeración de los camiones y del rastrojero, les dicen que es “todo trucho”, incluso la documentación y les secuestran los dos camiones y el ratrojero, procediendo incluso a romper documentación original delante de ellos. Aún a la fecha la Fiscalía sigue pidiendo a policía que remita las fotografías que ordenó el fiscal mismo en el momento del allanamiento. Dichas fotografías jamás fueron remitidas porque nunca se tomaron.
Cuando yo conozco a Miguel Pappacena, el mismo llevaba varios meses de intentar rescatar lo que quedaba de un camión y un rastrojero que continuaban secuestrados. A pesar de sus súplicas en Fiscalía, era tratado como un “delincuente” (Dra. Patricia Rico, del Cuerpo de Instructores).
Los vehículos llegaron a Comisaría conducidos por sus propios dueños, y al rescatarlos, al camión le faltaba la batería, todas las luces, le habían cambiado todas las cubiertas, etc.
El hecho denunciado por mi por escrito (IPP 206.679, de la UFI n° 1) aconteció en momentos en que la Fiscalía ordena la entrega del chasis de uno de los camiones. Debido al tiempo transcurrido y a la ansiedad de Pappacena por recuperar los vehículos, solicité que, en lugar de remitir la Fiscalía el oficio que ordenaba la entrega, a Comisaría, se me entregara en mano el mismo, y se me autorizara a diligenciarlo.
Cuando llego a la Comisaría de Barrio Matera, no me quisieron recibir el oficio ya que el sub comisario se encontraba descansando y si él no estaba, no podía dejarlo. Como mi intención era hablar con el subcomisario a fin de arreglar detalles de la entrega me retiré sin más, manifestándole al oficial que me atendió que yo debía trabajar y más tarde, cuando el subcomisario despertara, llamaría por teléfono para ultimar detalles, ya que como se debía entregar solo el chasis y el motor quedaría secuestrado, quería saber cómo arreglábamos para sacarlo. Mis clientes se ponían a disposición para realizar el trabajo ellos mismos.
Cuando lo llamo por teléfono, el subcomisario Palmieri se encontraba furioso. Me dijo que todo era “trucho”, que el no había visto el oficio pero que hasta que no hablara con el Fiscal no iba a entregar nada ya que era “todo trucho”. “En definitiva, Ud. acá no trajo nada. Y Ud. tendría que haber hablado primero conmigo, Rosana Beatriz (sugiriendo que contaba con mis datos personales), por el tema de los faltantes que denunció. Yo no tengo chorros entre mi personal.”
Fin de la historia, a fin de hacer entrega del chasis de ese camión debió acudir el Comisario Inspector a cargo de la zona, confeccionándose el acta de faltantes, los que fueron denunciados y tampoco a la fecha existe causa por “robo” de los elementos sustraídos en la comisaría.
Al momento de retirar el Rastrojero (o lo que quedaba de él) llevamos nuestra propia cámara fotográfica a fin de poder demostrar que un vehículo sin volante, sin palanca de cambio, sin burro de arranque ni alternador, amén de las 4 cubiertas cambiadas (todas de distinta medida), nunca pudo llegar en esas condiciones a la comisaría siendo “conducido por sus dueños”.
Es en ese momento que la suscripta comienza a recibir amenazas, llamadas telefónicas, seguimientos, intentos de ingresos nocturnos tanto a mi domicilio como a mi estudio jurídico, en los cuales pudimos se identificó un automóvil Renault 18 color crema, el que mas de una vez fue visto por nosotros en la puerta de la Sub comisaría de Barrio Matera.

2) Luego, tomo intervención en algunas causas de los Tribunales de Faltas de Merlo. En una de ellas, el vehículo de mis clientes había sido secuestrado por el Juzgado de Faltas n° 2 de Merlo, cuyo Juez a cargo, Dr. Cravicich, luego de haberlo retenido durante 50 días, le impuso una multa ($1.900 más el valor del predio por cincuenta días) que superaba ampliamente el valor del vehículo (un Ford Falcon modelo 83), por lo que la misma resultaba confiscatoria.
Es así que apelo la sentencia, y, como la alzada de los Juzgados de Faltas es el Juzgado de Paz Letrado de Merlo, y a su vez la de éste último es directamente la Suprema Corte de la Provincia de Bs. As., es que hago reserva de caso federal por violar la sentencia artículos constitucionales como el derecho de propiedad y de libre tránsito.
El Juez del Juzgado de Paz Letrado de Merlo (Dr. EDUARDO DI FORTE) se excusa aduciendo “amistosa vecindad” con la suscripta (lo cierto es que somos solo vecinos).
Interviene entonces el Juzgado de Paz Letrado de Hurlingham, quien decreta la nulidad de todo lo actuado y restituye el vehículo inmediatamente a mis clientes sin costo alguno.
Con estos hechos, las amenazas se recrudecen. Comenzaron los seguimientos y las averiguaciones en el barrio sobre nuestro grupo familiar.
ACLARACIÓN: Hasta aproximadamente el mes de julio de 2004, yo ignoraba absolutamente de qué se trataba todo esto. Consideraba que las amenazas eran parte del riesgo del ejercicio de la profesión e incluso no daba crédito a los relatos de algunas personas que hasta me parecían fantasiosas cuando decían que eran perseguidos en Merlo, que los habían amenazado de muerte, etc. Yo misma le restaba importancia al tema. Me parecía un tema menor.
Cuando comienzo a hacer averiguaciones del tema, surge que en el partido de Merlo existen aproximadamente entre 4 y 5 mil remises “truchos” o “de oportunidad”. (Esto último significa que mucha gente que se encuentra sin trabajo, sale con su auto a tratar de trabajar llevando gente sin habilitación).
Pero veo que de todos esos autos que circulan, solo se secuestra a unos pocos, y siempre a los mismos.
Es así que me explican que, pagando $10 por auto por día, ciertas remiseras (tampoco habilitadas ni con autos habilitados) le entregan un cartel “MER SUR” “LA BARRERA”, “REMISES NORTE”, y otros, ya que van cambiando sus nombres, que advierten a los agentes de Tránsito que esos coches no deben ser parados ni molestados ya que “arreglaron”. La caja diaria producto de este comercio ilegal se repartiría entre: Tránsito del Municipio, Jueces de Faltas y de Paz Letrado, y Policía de Merlo. Parece ser que dicha “recaudación” es muy grande, y ese fue mi “gran error”: denunciarlo en una carta privada al Juez del Juzgado de Paz Letrado de Merlo, mi “vecino” (ya que me encontraba convaleciente en ese momento de una operación quirúrgica con graves complicaciones post operatorias, por lo que aún a la fecha me encuentro sin alta médica). En dicha carta, lo pongo en conocimiento, en primer lugar, de que soy una persona de trabajo y que mi profesión de abogada la ejerzo con orgullo y con principios. Los comentarios de otros colegas acerca de las “consecuencias” de tomar estos casos me parecían totalmente inaceptables.
TEXTUAL: “Hoy siento haber pateado un nido de vivoras muy grande. Supongo que la reacción es proporcional al tamaño del retorno (disculpe que lo diga en estos términos, pero amenazaron a mis hijos, y cuando se intenta tocar algo tan delicado, la reacción ya no interesa si a alguien le resulta desmedida).
Parece ser que en Merlo, cuando uno se mete en temas “delicados”, pasa inmediatamente a ser “opositor”.
Crudamente la total connivencia que he visto personalmente entre las comisarías de Merlo, la Subsecretaría de Tránsito del Municipio y los Tribunales de Faltas, amén de algún concejal que resultaría dueño de ciertas remiseras, resulta totalmente repudiable.
No se trata de apoyar la ilegalidad. Se trata de ser justo; es decir, las ordenanzas no son para unos pocos (los que no tienen “contactos”, ya que ellos lo arreglan inmediatamente, sin tanto vericueto legal). Se trata de que la norma sea aplicable a todos. Si no es así, la misma deviene inconstitucional.
En Merlo la totalidad de las remiseras tienen uno o dos automóviles habilitados. El resto, no. Por lo tanto, el concepto que tanto maneja el Comisario Pampaloni (Cria. 1°) “está demorado por remisear” sería aplicable a aproximadamente el 95% de los remises que circulan por el partido.
Es decir, si Ud. tiene un accidente como tercero transportado en alguno de estos coches, el seguro no responderá, salvo que diga que es pariente del chofer, ya que la mayoría no tiene seguro como remis.
Y en esos coches el pasajero paga la misma tarifa que en un coche habilitado.
En cuanto a los remises de la ruta (v.gr. Ruta 200 Merlo-Marcos Paz), nótese, que a pesar de ser muchos, siempre se detiene a los mismos y siempre resultan secuestrados los mísmos vehículos. Hay que tener presente en el caso de estos coches todo el problema social que acarrea todo lo relativo a ellos.
En primer lugar, la mayor parte de los remiseros “truchos” tienen entre 45 y 60 años. Son gente que se encuentra excluida del sistema laboral, sin posibilidad de acceder a otro tipo de empleo, por lo que los prefiero conduciendo autos.
...
Que de esto se haya armado un comercio, y que el mismo beneficie a gente que en la puerta de su oficina tiene parados autos “truchos” y señala a la Ruta 200 como un antro, resulta deleznable. (me refería a las paradas de remises que están abajo del mismo Juzgado de Paz Letrado)
Para las remiseras MERLO SUR, LA BARRERA, etc., que cuentan en su staff con todo tipo de vehículos (algunos secuestrados en operativos, por supuesto no dirigidos por la policía de Merlo) resulta más que fácil, ya que simplemente con un logo pegado a sus parabrisas los automóviles van y vienen con total impunidad, levantando pasajeros en cualquier lado, sin ser siquiera molestados por Tránsito ni por sus secuaces de uniforme. Y si por error, alguno es secuestrado, inmediatamente se toca al padrino que todo lo puede, y el vehículo es entregado en forma inmediata.
Todo lo expuesto ha sido corroborado por mi, ha sido vivido en carne propia con clientes que tienen no menos de 20 causas por esta situación, y si Ud. alguna vez ha circulado por la Ruta 200 no creo que los únicos "remises truchos” que existan sean los de esta gente.
Por lo tanto, es un trago amargo que se reserva para unos pocos. Solo para los que no pagan los $10 que les pide tránsito para circular tranquilos.
Y hablo de total connivencia o funcionalidad a intereses de esta gente, ya que nadie, a pesar de ser vox pópuli pone límite alguno a esta vergonzosa situación.
Por eso, Dr. Di Forte, si se quiere erradicar de la ruta a los remises “truchos”, la forma no es a través de la “confiscación” de los autos, sino la correcta aplicación de la norma. Es decir a todos, y no solo a los no apadrinados.
Los manejos mafiosos de enviar mensajes interrogando vecinos acerca de mis actividades y las de mis hijos no me van a amedrentar, a pesar de haber realizado las denuncias pertinentes y que una fiscal funcional la archivara sin siquiera solicitar una medida. Es entonces que empiezo a darme cuenta de la existencia de una connivencia que se puede calificar de mafiosa entre algunos sectores del Poder Judicial (de Morón) y políticos relacionados con el Municipio.
No se qué haría Ud. en mi situación, pero todo lo sucedido me confirma que no estoy equivocada, y ya no solo me siento amenazada por mi profesión sino que han involucrado y amenazado a mi familia, por lo que no voy a dejar instancia superior tanto judicial, policial, periodística y política sin que conozca estos hechos..”

3) También aproximadamente en el mes de septiembre de 2004 se presenta en mi estudio un concejal quien me relata que viene hace tiempo siendo víctima de persecuciones políticas y que al año de asumir su nuevo mandato, le “armaron” ciertas situaciones y denuncias, designando dentro del Honorable Concejo Deliberante de Merlo una Comisión Investigadora.
Yo tomo la causa del Concejal Aguirre interviniendo como letrada en una QUERELLA que el mismo Concejal promueve contra una persona que lo denuncia en el Concejo. La Querella por calumnias e injurias ya se encontraba iniciada, y mi única actuación a la fecha fue pedir la elevación a juicio oral.
En fecha 16 de diciembre de 2004, el mismo Concejal presenta su defensa (redactada en mi estudio el día 13 de diciembre de 2004, conjuntamente con el Concejal, su señora, Graciela Almada y su secretario privado, Alejandro Masín).
4) Las amenazas se recrudecieron con la carta a Di Forte más la defensa del Concejal.
El día 24 de diciembre de 2004, un cliente del que me reservo sus datos por su integridad física, que vino a saludarme por las fiestas navideñas, me advierte que tuviera cuidado ya que en Merlo se comentaba que me iban a armar una causa para allanarme el estudio. Algo relacionado con armas. No le di mucha importancia, ya que tanto mi marido como yo somos instructores de tiro y tenemos armas con toda su documentación.
El día sábado 25 recibimos como todos los fines de semana desde que comenzó todo esto, muchas llamadas sin que nadie respondiera. Alrededor de las 18:30 hs. Mi marido responde el TE y una voz masculina le dice “DÉJENSE DE JODER CON EL TEMA MERLO PORQUE LOS VAMOS A HACER BOLETA, LOS VAMOS A MATAR, LES ESTAMOS PREPARANDO UN ALLANAMIENTO Y LOS VAMOS A EMPAPELAR CON UN PERRO (EN LA JERGA POLICIAL, UN ARMA ILEGAL)”.
El día 26 de diciembre de 2004, realizamos la denuncia en la Comisaría de nuestra jurisdicción (Merlo 2° - Padua), donde denunciamos estas amenazas y pusimos a disposición nuestro domicilio particular y el estudio para cualquier verificación que se quisiera efectuar. Asimismo, acompañamos toda la documentación con fotocopias legalizadas por personal policial de nuestras armas.
El día 30 de diciembre de 2004, alrededor de las 17:30 horas se presenta en mi estudio una patrulla de Merlo 3° - Parque San Martín (muy lejos de nuestro domicilio) con una orden de allanamiento para nuestro domicilio particular y el estudio. Lo único que me informaron fue que la denuncia que se había realizado era por “amenazas con armas”.
Pusimos a disposición la casa y el estudio, y también las armas que en ese momento estaban en la casa, con su correspondiente documentación, sin saber cuál era la denuncia, quien era el denunciante, cuando fue el hecho, a qué hora, etc. Esto inclusive hoy, al día 6 de enero y habiéndosenos otorgado la eximición de prisión que presenté el mismo día 31 de diciembre, no hemos tenido acceso a la Instrucción Penal Preparatoria.
El sistema es perverso, ya que quien delinque conoce a la perfección de qué se le acusa.
Al que le inventan una causa descabellada por personas totalmente desconocidas (por lo que sabemos hasta el momento) no sabe de qué tiene que defenderse.
Hoy, con la eximición de prisión debemos irnos como si fueramos delincuentes, escondernos, para que en este momento de feria judicial a los señores fiscales de instrucción funcionales al poder político no se les ocurra inventar algo nuevo y que esto provoque la revocación de la eximición de prisión.
El Fiscal a cargo de la IPP es el Dr. ACOSTA ARGAÑARAZ, quien antes de ser fiscal, fue letrado patrocinante del mismo Intendente Othacehé (TENGO EN MI PODER COPIAS DE SU PRESENTACIÓN COMO PATROCINANTE DEL INTENDENTE EN AL MENOS DOS CAUSAS). Hoy, por lo visto, sería fiscal “patrocinante”, al menos en esta causa.
A decir de un prestigioso penalista de Morón, cuando tomó conocimiento de estos hechos me manifestó que “los fiscales de Morón rindieron examen en la unidad básica”.
No tenemos contacto con nuestros hijos por temor fundado a que sean usados como rehenes por estos inescrupulosos amparados por la “justicia”.

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