25 de enero de 2005 - Prensa de Frente

1- los argumentos del escrache y el pedido de renuncia

Por qué aseguramos que Álvarez es responsable de los asesinatos de Darío y Maxi 

El Frente Popular Darío Santillán acompañará la movilización   de los familiares de la Masacre de Avellaneda hasta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad para repudiar la designación como secretario de Seguridad Porteño de Juan José Álvarez, mañana a partir de las 11 horas. El ex secretario de Seguridad Interior del gobierno de Duhalde fue uno de los máximos responsables de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y de la represión que se dio en el Puente Pueyrredón hace 31 meses. 
Álvarez, al igual que Duhalde repitió durante los últimos días de cuestionamientos a su designación que “los asesinatos  ocurrieron en la estación de Avellaneda, bien lejos de la jurisdicción que él controlaba, y que sólo intervinieron policías provinciales”. La represión que se cobró las vidas de dos militantes populares y dejó más de 40 heridos con balas de plomo, según consta en el expediente judicial y en los archivos hospitalarios, no fue sólo perpetrada por la policía bonaerense, sino que fue fruto de un operativo conjunto que incluyó a las tres fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería y Federal), y a la Bonaerense, bajo un mando común. 

Esta coordinación se venía efectuando desde los inicios de la gestión de Álvarez y bajo su conducción. El 10 de enero de 2002, en el diario Clarín podía leerse: “La Policía Federal, la Policía Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura Naval  empezarán a trabajar de manera conjunta (…) Voceros de la Secretaría de Seguridad de la Nación aseguraron que no será algo simplemente declamativo: se creará un área especial que se ocupará de la coordinación”. 
El 7 de junio de 2002, tres semanas antes de los asesinatos, explicaba el propio Álvarez en diálogo con la prensa, según consignó un cable de la agencia DyN, que el gobierno “está decidido a impedir” las protestas que cortaran los accesos a la ciudad. “Cuando se le preguntó si el gobierno actuaría con mano dura para controlar los piquetes, Álvarez sostuvo que no se trata de ‘dureza o blandura, sino de una decisión política. A la Ciudad no se la puede bloquear’, insistió y sostuvo que ‘habrá operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad para hacer frente a este tema”. Efectivamente, Álvarez dijo públicamente que habría operativos conjuntos, bajo su mando, para hacer frente a los piquetes. 
Otro cable de la agencia DyN, del día 27 de junio de 2002 difundido a las 03.02 hs, reprodujo las palabras del por entonces jefe de Gendarmería Hugo Miranda, quien reconocía que la Secretaría de Seguridad a cargo de Álvarez “desplegó más de dos mil efectivos bajo un mando común” para encarar la represión.
En el Puente Uriburu, la grabación de FM La Tribu registra claramente la voz del jefe de Prefectura diciendo: “tengo órdenes de reprimir, en cinco minutos procedo”. ¿De quién tendría órdenes de reprimir, sino de su jefe político y coordinador general del operativo, el Secretario de Seguridad? 
Una de las informaciones más reveladoras, que involucra a gran parte del gabinete duhaldista, a los jefes de las fuerzas represivas y a hombres de la Justicia, la brindó la agencia Infosic el lunes 17 de junio: “El gobierno nacional, la justicia y las fuerzas de seguridad avanzaron hoy en la definición de las directivas que deberán acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar protestas como los piquetes y otras acciones que interrumpan el tránsito en vías estratégicas, informaron fuentes oficiales (...) En los encuentros se debatió cuál será la actitud de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal, y la cobertura a su acción que tendrá en la Justicia, a través de los jueces y los fiscales federales en las próximas acciones de piqueteros que preocupan al gobierno. Las conclusiones deberán estar acordadas antes del jueves (sic), cuando los grupos piqueteros preparan interrumpir el tránsito en los accesos estratégicos a la Capital”. 
Una semana antes del 26, Juan José Álvarez y el ministro de Justicia Jorge Vanossi por parte del Gobierno, junto a los jefes de la Federal, Gendarmería y Prefectura, el jefe de los fiscales Nicolás Becerra y el fiscal Norberto Quantín, acordaban “la cobertura” que el accionar de las fuerzas represivas tendría en la justicia, que debería “acatar” las directivas del gobierno. 
Luego de la masacre, el gobierno impulsó la teoría de que "era un conflicto entre piqueteros y se habían matado entre ellos".
Álvarez declaró: “Los que manifestaron son otros (respecto de los cortes anteriores). Esta vez lo han hecho de una manera absolutamente violenta e irracional. Hubo personas dentro de la manifestación que pedían el auxilio de las fuerzas policiales porque veían correr peligro su propia integridad”; “Se han visto agresiones con una honda, con escopetas, armas y bombas molotov”; “Como ha denunciado un chofer de colectivos, lo ha bajado del mismo personal que estaba con escopetas”. Cualquier persona memoriosa recordará la imagen de Alfredo Fanchiotti, después de los asesinatos, diciendo cosas muy parecidas. Pero estas palabras, en forma textual, salieron de la boca del Secretario de Seguridad Álvarez en conferencia de prensa en la Casa Rosada. 
Demás está aclarar que no se encontró arma de fuego alguna a pesar de las más de 160 detenciones, y ningún policía había sido herido. Sabiendo que era el responsable del operativo conjunto de las cuatro fuerzas represivas: ¿Qué informes manejaba Álvarez? ¿Elaborados por quién? ¿Desconocía que no era cierto lo que estaba diciendo, criminalizando a las víctimas aún en momentos en que ni siquiera se había velado a los muertos? ¿La coincidencia del discurso de Álvarez con Fanchiotti, fue mera casualidad, o parte de una estrategia concertada previamente, como señalaba aquel cable de la agencia Infosic?
Y ante todos estos indicios: ¿cómo puede ser que de todas estas posibles líneas de investigación sobre las responsabilidades políticas, ninguna se haya tomado en cuenta? 

Dos años después, el gobierno de Aníbal Ibarra, responsable directo de la muerte de más de 180 jóvenes en República Cromañón, termina premiando a uno de los planificadores y ejecutores de los crímenes de Avellaneda. Así, se termina delegando la máxima función en materia de "seguridad" para la juventud en la Ciudad, en uno de los asesinos de Darío y Maxi.
Cuando la única respuesta de las instituciones del Estado es la impunidad, entonces, las sospechas se inclinan aún más sobre los sospechados, hasta convertirse en condena social. 

De esta manera, con la misma fuerza con que peleamos mes a mes por el juicio y castigo a los asesinos de Maxi y Darío, exigimos la renuncia de Alvarez y reclamamos que todos los responsables terminen en el lugar donde tienen que estar: tras las rejas. 

11.00 Concentración en Plaza Constitución

12.30 Escrache frente a la jefatura de gobierno

 Darío Santillán y Maximiliano Kosteki presentes ahora y siempre! 

Teléfonos de Prensa del Frente Popular Darío Santillán:

MTD Aníbal Verón: 15- 5489-1374
MUP: 15- 5738-9035/0221-1553-700781
UTL Sur: 15 - 5425 - 8845 
C.P. Agustín Tosco: 15 - 5962 - 2001
MRV 26 de Junio: 15 - 5146 - 8759
CTD "Trabajo y Dignidad": 15 - 4088 - 0486                    

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