cuentas en Suiza, pago de sobornos, anomalías en la obtención de créditos .. es ley
Por . - Sunday, Feb. 06, 2005 at 4:05 PM

Entre los sumarios que ya estarían prescriptos se encuentran los del presunto ocultamiento por parte de Carlos Menem de una cuenta en Suiza, las posibles irregularidades en el manejo de regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz, el presunto pago de sobornos en los contratos IBM-Banco Nación e IBM-Anses y gran parte del expediente sobre las posibles anomalías en la obtención de créditos millonarios por el Grupo Yoma. Están prontas a prescribir, entre otras, la causa por la que fue preso el ex interventor en el PAMI Víctor Alderete; la que investiga el pago de coimas en el contrato IBM-DGI; la que indaga sobre la responsabilidad del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes en la doble contratación del publicista Dick Morris y la de los presuntos sobornos en el Senado, al menos en lo referente al ex senador Mario Cantarero y al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, los primeros en ser indagados.

Modificaron el Código Penal: el Congreso acortó los plazos de prescripción de delitos Desactivan causas vinculadas a graves casos de corrupción
La ley fue aprobada por todos los bloques sin debate previo; gran malestar en los tribunales federales




Una nueva ley, votada sin objeciones en Diputados y en el Senado, modificó el Código Penal cambiando los plazos de prescripción de las causas judiciales, lo que en los hechos provocará el archivo de importantes casos de corrupción.

La ley –promulgada por el Gobierno el 10 del mes pasado, en medio de la feria judicial de verano– cayó como una bomba en los tribunales federales porteños. Tres camaristas federales, un integrante de la Cámara de Casación Penal, siete jueces y cinco fiscales consultados por LA NACION advirtieron que la modificación al Código Penal significa no sólo la prescripción inmediata de numerosos expedientes, sino que, además, hará que muchos otros vayan camino hacia un pronto y casi seguro archivo.

Entre los sumarios que ya estarían prescriptos se encuentran los del presunto ocultamiento por parte de Carlos Menem de una cuenta en Suiza, las posibles irregularidades en el manejo de regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz, el presunto pago de sobornos en los contratos IBM-Banco Nación e IBM-Anses y gran parte del expediente sobre las posibles anomalías en la obtención de créditos millonarios por el Grupo Yoma.

Están prontas a prescribir, entre otras, la causa por la que fue preso el ex interventor en el PAMI Víctor Alderete; la que investiga el pago de coimas en el contrato IBM-DGI; la que indaga sobre la responsabilidad del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes en la doble contratación del publicista Dick Morris y la de los presuntos sobornos en el Senado, al menos en lo referente al ex senador Mario Cantarero y al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, los primeros en ser indagados.

La enumeración la hicieron funcionarios judiciales que intervienen o intervinieron en esas investigaciones.

"La gravedad institucional de esta ley es tremenda. Todavía no tenemos una magnitud de la cantidad de causas que van a prescribir, pero es muy alto el número de causas significativas y no significativas que están en esta situación", dijo a LA NACION el camarista federal Gabriel Cavallo.

"La ley va a introducir un factor de perdón en causas donde hay interés del Estado en perseguir el delito. Van a prescribir numerosas causas de delitos contra la administración pública", opinó el juez Rodolfo Canicoba Corral.

En Comodoro Py, casi todos los funcionarios coinciden con Cavallo y Canicoba Corral. LA NACION consultó a tres camaristas federales, un integrante de la Cámara de Casación Penal, siete jueces y cinco fiscales.

El presidente Kirchner promulgó la ley el 10 del mes pasado. Se publicó en el Boletín Oficial al día siguiente, en medio de la feria judicial. Desde el Ministerio de Justicia, el encargado de comunicar la postura oficial fue el subsecretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, que respondió por escrito. "Como beneficio de la reforma se puede destacar que la misma de algún modo dio fin a la incertidumbre respecto de qué actos interrumpen la prescripción y constituyen secuela de juicio. En cambio, como demérito puede destacarse que producirá un congestionamiento en los tribunales sobre todo durante la sustanciación de los procesos en la etapa de instrucción", agregó.

El fiscal de control administrativo de la Oficina Anticorrupción (OA), Abel Fleitas Ortiz de Rozas, se negó a hablar del tema. Según voceros del organismo, en la OA intentarán evitar la prescripción de las causas en las que interviene como querellante.

Desde el Ministerio Público tampoco hubo respuestas. Voceros del procurador general de la Nación, Esteban Righi, dijeron que no hablaría sobre una decisión del Poder Legislativo. LA NACION tampoco logró ubicar al fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido.

Qué dice la nueva ley

La ley N° 25.990, sancionada el 16 de diciembre, establece como únicas causales para la interrupción de la prescripción de un delito (esto es, para que el plazo de prescripción se interrumpa y comience a correr nuevamente desde cero) el primer llamado a indagatoria, la comisión de un nuevo delito, el requerimiento de elevación a juicio, la citación a juicio y una sentencia condenatoria.

Hasta ahora, en cambio, la prescripción también se interrumpía con un procesamiento o con una declaración de rebeldía, según la jurisprudencia mayoritaria de la Cámara Federal. Otros fallos también consideraban causales de interrupción de la prescripción el requerimiento de instrucción, la ampliación de la indagatoria y la prisión preventiva.

La nueva redacción obliga a los jueces a tramitar las causas más rápido para que no prescriban y responde así al derecho de todo imputado a que el juicio dure un plazo razonable. Ese fue el fundamento central de la ley, un texto que reúne iniciativas de los diputados Guillermo Johnson (PJ-Córdoba), Juan Carlos Godoy (Alianza Nuevo Espacio Entrerriano) y María Elena Barbagelata (Socialismo-Capital).

El problema es que si los procesos son lentos puede hacer que muchos delitos queden impunes.

Además, y de acuerdo con el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, la norma ya tiene efectos prácticos para las causas en trámite e, incluso, para las que ya fueron elevadas a juicio. Por el mismo principio, las consecuencias de la modificación no podrán ser evitadas con la sanción de una nueva ley.

El camarista Eduardo Freiler estimó que las causas en riesgo de prescripción son "mucho más de la mitad del total en el fuero federal". Ninguno de los funcionarios consultados pudo dar más precisiones sobre la cantidad de causas en esa situación. Pero todas las fiscalías y juzgados consultados por LA NACION comenzaron o están por comenzar un relevamiento en ese sentido, a la espera de las presentaciones de los abogados defensores.

En la causa de IBM-Banco Nación, por ejemplo, hubo tres planteos de prescripción desde la promulgación de la ley. En ese expediente, elevado a juicio por el juez Guillermo Montenegro en diciembre pasado después de más de diez años de investigación, están procesados, entre otros, el ex presidente del Banco Nación Aldo Dadone y el ex director de la institución Alfredo Aldaco.

Otra crítica coincidente entre jueces y fiscales fue que la promulgación de la ley los había tomado por sorpresa. "No conocíamos ningún proyecto en este sentido. Fue votado sin que se difundiera en los medios de comunicación", dijo Freiler.

La iniciativa se aprobó sobre tablas en Diputados el 18 de agosto de 2004, con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal y sin debate de por medio. Se convirtió en ley el 16 de diciembre pasado, en una sesión en la que se aprobaron otros 19 proyectos de ley, tras una breve introducción del miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Jorge Agúndez (UCR-San Luis).

Otro camarista respondió alarmado ante la consulta de este diario. "El texto de la ley es siniestro. Los delitos contra la administración pública tienen penas bajas y van a prescribir, por ejemplo, todas las causas contra María Julia Alsogaray", advirtió.

Pese a la taxativa redacción de la nueva ley, el rechazo que despertó en el fuero federal podría traducirse en acciones concretas para evitar el archivo de algunas causas. Uno de los jueces consultados anticipó que estudiará los pactos internacionales de lucha contra la corrupción para ver si es factible declarar la inconstitucionalidad de la reforma.

Un fiscal creyó ver una maniobra oscura tras la sanción de la ley. "Esto es una autoamnistía encubierta", dijo.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION
Con la colaboración de
Paz Rodríguez Niell



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