Movimiento campesino llama a ocupar bienes de Sánchez de Lozada
Por i de sarandí - Friday, Feb. 11, 2005 at 6:42 PM

- La Confederación de CAMPESINOS de Bolivia llamó hoy a los labriegos, mineros e integrantes del llamado "Movimiento sin techo" a ocupar las propiedades del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, tras una orden que puso en vigor la Fiscalía que impide la venta o traspaso de esos bienes. "Instruimos a las organizaciones sociales, a los mineros, que todas las minas de Gonzalo Sánchez de Lozada deben ser tomadas inmediatamente. También sus terrenos en las áreas rurales y no sólo de él sino de sus ministros", explicó a dpa Román Loyza, secretario de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores CAMPESINOS.

DPA, Fecha: 11/02/2005 06:21:00 p.m.
Titulo: Movimiento campesino llama a ocupar bienes de Sánchez de Lozada =
La Paz, 11 feb (dpa) - La Confederación de CAMPESINOS de Bolivia
llamó hoy a los labriegos, mineros e integrantes del llamado
"Movimiento sin techo" a ocupar las propiedades del ex presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada, tras una orden que puso en vigor la
Fiscalía que impide la venta o traspaso de esos bienes.
"Instruimos a las organizaciones sociales, a los mineros, que
todas las minas de Gonzalo Sánchez de Lozada deben ser tomadas
inmediatamente. También sus terrenos en las áreas rurales y no sólo
de él sino de sus ministros", explicó a dpa Román Loyza, secretario
de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores CAMPESINOS.
Convocó, además, al "Movimiento sin techo" a irrumpir en los
predios y edificaciones ubicadas en las ciudades.
"No podemos devolverle sus bienes a este ex presidente expulsado",
dijo Loayza, quien se sumó al llamado que formuló el "Movimiento sin
Tierra", cuyos líderes estiman que esos predios deben ser ocupados
"en reparación al daño causado al pueblo".
Loayza expresó su malestar por los informes que indican que
Sánchez de Lozada vendió sus acciones en la Compañía Minera del Sur
(Comsur) -con empresas que operan en Bolivia y Argentina- a la firma
suiza Glencore Internacional AG.
"No puede ser que este 'gringo' -como se conoce a Sánchez de
Lozada en Bolivia- venda sus negocios después de enriquecerse a
costilla de los pobres", subrayó.
Informes de prensa señalan que Glencore pagó 220 millones de
dólares por las acciones del ex gobernante, en una transacción que es
investigada por la Fiscalía para precisar la fecha en la que se
realizó.
El Ministerio Público puso en vigencia este jueves una orden que
impide la venta o traspaso de los bienes de Sánchez de Lozada, quien
enfrenta un juicio por las muertes ocurridas en la revuelta popular
que terminó con su gobierno.
La "anotación preventiva", como se conoce a esta figura jurídica,
prohíbe la negociación de los inmuebles del ex jefe de Estado en la
región La Paz, cuya capital homónima es la sede del gobierno, dijo el
fiscal de distrito, Jorge Gutiérrez.
La medida afecta a nueve propiedades de Sánchez de Lozada
-residente en Estados Unidos- y una de quien fuera su ministro de
gobierno, Carlos Sánchez Berzaín.
Al reaccionar al anuncio de los CAMPESINOS, algunos ex
funcionarios del gobierno de Sánchez de Lozada negaron que posean
"riquezas".
"No tengo ninguna riqueza que cuidar, no acumulé plata en ningún
momento de manera indebida (...) Estoy a disposición plena de la
justicia boliviana, tanto del Ministerio Público como de la Corte
Suprema de Justicia", dijo el ex ministro y actual senador Hugo
Carvajal, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
El ex funcionario Erick Reyes Villa dijo, por su parte, que tiene
la "conciencia tranquila".
Sánchez de Lozada y su gabinete enfrentan una acusación por
genocidio tras los sucesos violentos ocurridos en octubre de 2003 en
las ciudades de La Paz y El Alto, que dejaron al menos 56 muertos y
411 heridos, los cuales determinaron el fin de ese gobierno.
Las protestas surgieron del rechazo de la población a un proyecto
para exportar gas a Estados Unidos y México, que contemplaba el
eventual uso de un puerto de Chile, país con el que Bolivia mantiene
una reclamación territorial.
El juicio de responsabilidades fue autorizado por el Congreso en
2004 y pasó a manos de la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá
pronunciarse por la acusación para dar inicio a una causa en contra
de las ex autoridades o por el sobreseimiento, según establece la
ley.
dpa lb mv
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