CON JUECES ASÍ...LOS ARGUMENTOS JUDICIALES POR EL CONFLICTO EN SULFACID : Argentina Indymedia (( i ))

Teoría de la "debida moderación"

"No ejercimos violencia sobre los trabajadores como pretendía la orden judicial de Tutau", razonó el ministro de Gobierno. No se descarta que se abra una investigación por la actuación del magistrado sanlorencino.

Por José Maggi

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El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, se defendió ayer de las críticas suscitadas por la actuación policial en el conflicto laboral de la petroquímica Sulfacid, criticando duramente al juez correcional de San Lorenzo, Juan José Tutau, quien dio la orden de desalojar a los trabajadores de la puertas de la planta ya que "ponen en riesgo la fuente de trabajo y el libre ejercicio del comercio y los bienes de otros trabajadores y de los empresarios', por lo cual ordenaba a la policía "hacer uso de la fuerza pública con la debida moderación". "Este juez en lugar de ser árbitro se colocó la camiseta de la empresa", apuntó el titular de la cartera política, quien se mostró expectante ante la investigación que podría recaer sobre el magistrado. Mientras, sigue el paro hasta lograr la reincorporación de los tres despedidos.

La indignación de Rosúa con el juez Tutau se disparó luego que varios diputado que se reunieron con el juez en su despacho de San Lorenzo, revelaron que les había asegurado que él no había dado orden de desalojo ni mucho menos el nivel de despliegue policial.

Lo cierto es que este diario accedió al oficio Nº 87 fechado el 10 de febrero de 2005 dirigido al jefe de policía de la Unidad Regional 17 San Lorenzo firmado por Tutau donde solicitaba que "personal policial a su cargo se constituya en la empresa Sulfacid ubicada en avenida San Martín 1758 de la ciudad de Fray Luis Beltrán y proceda a establecer personal policial dentro y fuera de la fábrica en número suficiente a los fines que ni los bienes ni el personal que desee trabajar, pertenezcan o no al sindicato de dicha planta, se vea afectado y pueda por lo tanto seguir desarrollando sus tareas en forma normal, como así también se garantice la seguridad de dicha empresa haciendo cesar todo tipo de hostilidad dentro y fuera de la misma, debiendo dejar expedito el ingreso y egreso de la única puerta de entrada de dicha empresa para que siga funcionando normalmente permitiéndose de este modo el paso de todo tipo de vehículos".

Con el texto en sus manos Rosúa remarcó que "en una frase que no se acostumbra a poner porque no responde a un hecho, el juez señala que 'asimismo se pondrá en conocimiento de esas personas que las medidas adoptadas ponen en riesgo la fuente de trabajo y el libre ejercicio del comercio y los bienes de otros trabajadores y de los empresarios'.

Según el titular de la cartera política "esto suena a argumento elaborado por la empresa en el escrito en el que se solicitan las medidas, y que el juez toma como propio". A renglón seguido Tutau señalaba que "por ello se encuentra debidamente facultado para hacer uso de la fuerza pública necesaria con la debida moderación".

Según Rosúa la orden no era clara por lo cual se le preguntó al juez qué era lo que entendía por "debida moderación". "Si había que pegarle en la cabeza, en el cuello o en los pies", ironizó el ministro.

Pero el texto de Tutau no queda allí. Explica la teoría de la "debida moderación": "Con esta debida moderación para resguardar los bienes, el libre ejercicio del comercio y la integridad del personal policial, de la empresa y de los demás trabajadores de la planta y el tránsito vehicular de ingreso y egreso de dicha empresa, adoptándose las medidas de rigor".

Y agrega en el siguiente párrafo: "Además de producir el desalojo de dichas personas, deberá establecerse una custodia de la empresa en todos sus aspectos para que este tipo de medidas no se vuelvan a producir atento a la reiteración de este tipo de medidas, el conflicto imperante y a las tratativas negociadoras que se llevan a cabo en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional".

Pero este no era el único oficio girado a la policía por el juez Tutau: el mismo día (10 de febrero) ordenó ubicar al secretario del Sindicato de Petroquímicos "Daniel Santillán, a Omar Camiletti, a Juan Giachelo, a los señores Ojeda y González, a Héctor Luna, a Osvaldo Gómez y a Carlos Frick por la probable comisión del delito de usurpación por actos turbatorios de la posesión, (previsto en el artículo 181 del Código Penal)" causa que tramita en el juzgado Penal Correcional del distrito Nº 12º.

El listado de "imputados mencionados precedentemente deben ser citados en forma urgente a sede policial y una vez que los mismos hayan comparecido quedarán en calidad de demorados a los fines del cumplimiento de medidas procesales de rigor: interrogatorio sumario, obtención de fichas dactiloscópicas, y confección de planilla prontuarial y con los antecedentes que los mismos registran se deberá consultar con esta magistratura el temperamento a seguir".

Según Rosúa, "en función de esta orden la policía fue a la casa de cada uno de los nombrados a pedir que se presentaran para poder tomarle las huellas. Entonces el diputado (Aldo) Strada me llamó para decirme que la policía estaba recorriendo las casas para cumplir el trámite. Así que yo personalmente di la orden de que la policía suspendiera esto, para que no fuera a domicilios donde los recibía la mujer o los hijos, algo que no tenía sentido. Y que en cambio se les enviara un escrito donde se los citara en la propia comisaría".

De igual modo Rosúa se refirió al enorme despliegue policial en Sulfacid, que llegó al ridículo de un corte de ruta protagonizado por la propia fuerza.

--Ministro, parece tener el triste privilegio de haber inaugurado en la provincia el piquete policial - señaló Rosario/12

--No es cierto. Me he convertido en el ministro que ha cumplido una orden judicial en gran parte desconociéndola porque no ejercimos violencia sobre los trabajadores como pretendía la orden judicial de Tutau. Tal es asi que no le quedaba alternativa a la policía de cumplir la orden judicial o caer en desobediencia. Entonces en lugar de la debida moderación de la que hablaba el juez, usamos el criterio moderación y experiencia del Ministerio y de la propia policía para que no hubiera acto de agresión alguna sobre los obreros. De manera que la medida judicial formalmente se cumplió pero no hubo una sola violencia sobre los obreros, ni hubo una sola violencia de los obreros sobre la policía. Lo cual habla de la madurez de todos los intervinientes ene se proceso.

-- Muchos piensan que este es un conflicto piloto en el cordón industrial, y ven que el Estado provincial se muestra por demás complaciente con la empresa.

-- No es cierto, los que piensan así están confundiendo. Aquí hay un juez que fue el que ordenó, y en nuestro esquema institucional el juez es el árbitro. Lo cierto es que aquí la impresión que da es que el juez en lugar de árbitro se colocó la camiseta de la empresa. Pero esto se verá cuando se investigue la actuación del juez.

Mas allá de la sana intención del periodista, que descontamos por su trayectoria, es claro que fue objeto de una vulgar maniobra por el Sr.Ministro de Gobierno de la provincia. El tema es central, no se puede atacar -con razón- a uno de los poderes embelleciendo al otro por carácter transitivo. La falacia de Rossua esta en la ´premisa de que el JUEZ DEBE SER EL ARBITRO DEL CONFLICTO. En principio el juez en cuestión es un juez penal, y en ningún caso un juez de esa competencia es un arbitro sino que su labor se limita a determinar la existencia o no de un delito y a establecer en caso de autoría la sanción penal con la que la legislación vigente reprime a tal obrar. De tal forma nunca podria ese juez ser un arbitro y en todo caso, -como es cierto- si se puso la camiseta de la patronal es porque la legislación de fondo y la procesal se ponen la camiseta de los patrones en sentido genérico al tipificar como delito el legitimo derecho a la lucha de los trabajadores, al priorizar el derecho de propiedad privada sobre el derecho al trabajo y al salario justo. Rossua viejo zorro quiere aparecer como oveja en el rebaño, pero es uno más del aparato estatal que no trepida en embestir a los trabajadores cuando de custodiar las ganancias de los monopolios se trata. Jose Maggi, esto no es contra vos. Lastima que publiques en un medio de circulación masiva tamaña trampa, esta vuelta te usaron con el cuento de que el juez estaba en un error.