| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
El Ejército uruguayo busca garantizar la impunidad.
Por reenvío red eco alternativo -
Saturday, Feb. 26, 2005 at 6:04 PM
Los altos mandos del ejército uruguayo le garantizaron a los ex militares que participaron en violaciones a los derechos humanos, que no permitirán que sean indagados por los crímenes que cometieron durante la dictadura militar.
Agencia Pulsar
URUGUAY Por lo menos cuatro generales del Ejército transmitieron a oficiales retirados que participaron de la dictadura militar uruguaya en la década de los años 70, que `no permitirán` que miembros de la fuerza sean indagados por la Justicia. Para la cúpula del ejército los ex militares no pueden ser juzgados porque se encuentran amparados en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Según publicó el diario "Últimas Noticias" varios militares retirados que torturaron, desaparecieron y asesinaron personas durante la dictadura, comunicaron al comando del Ejército su preocupación por "la falta de una señal clara del futuro gobierno sobre los derechos humanos".
El actual comandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti, tranquilizó a los temerosos oficiales, asegurando que mantendrá la misma postura de los anteriores comandantes en jefe del arma sobre este tema. En su mensaje de asunción, el pasado 1° de febrero, reivindicó la actuación de los comandantes de "todas las épocas".
El presidente electo Tabaré Vázquez, sólo anunció que investigará lo sucedido a los detenidos desaparecidos aplicando el Artículo 4 de la Ley de Impunidad, que transfiere la facultad investigativa al Poder Ejecutivo, que a diferencia de la Justicia, puede investigar pero no sancionar.
Por otro lado, varias de las denuncias judiciales que están en curso sobre estos temas, refieren a acontecimientos sucedidos antes o después del período de vigencia de la Ley de Impunidad.
El asesinato del matrimonio Martirena y de los militantes comunistas de la seccional 12 ocurrieron antes del golpe de Estado. A su vez, el crimen de Eugenio Berríos, agente de la policía secreta del ex dictador chileno Augusto Pinochet, ocurrió durante un período democrática. De todas maneras, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue declarada ilegal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
El próximo mes de octubre el gobierno del Frente Amplio deberá responder ante el organismo qué decisión piensa tomar al respecto.