Discurso del compañero presidente ante la Asamblea Legislativa
Por Aguante K! - Tuesday, Mar. 01, 2005 at 4:01 PM

"La resistencia a esos cambios quiere presentarnos cada problema de los existentes como producto de errores del gobierno, tratando de escudar detrás de los que se impacientan sus intenciones de preservación de sus intereses contrarios al conjunto. "Así, son funcionales unos a otros. Los partidarios del pasado y los que supuestamente quieren cambiar instantánea y mágicamente todo, se ayudan para intentar impedir cada mejora real y concreta."

Discurso del Señor Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa, en la Apertura de las 123º Sesiones del Congreso.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.-

Señores miembros del Congreso de la Nacion,
Pueblo de mi Patria:

Venimos a dejar inauguradas las sesiones del Honorable Congreso de la Nación, conforme lo dispone el inciso 8 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina.

Nuestra ley fundamental establece ésta como la ocasión en que el Presidente dá cuenta ante la Asamblea Legislativa del estado de la Nación.

De eso se trata. Tomar nota del estado en que los asuntos de la Nación se encuentran, repasar lo hasta aquí recorrido y marcar los rumbos que debemos seguir.

Sin hipocrecías, con la mano tendida para recibir los aportes que contribuyan a esclarecer más aún aquella situación, venimos a reflexionar con la finalidad de que se pueda resaltar el punto donde nos encontramos, el orden que los acontecimientos guardan y, en consecuencia el probable rumbo que seguirán los hechos.

Es un aporte que busca que podamos actuar como un conjunto, sabedores todos de cuánto podemos aportar para la prosecución de los grandes objetivos nacionales, en función de lo que ya hemos alcanzado y los logros que nos prometemos obtener.

No resulta ocioso en este momento y en este lugar recordar de donde venimos, para poder valorar la situación, en su exacta dimensión. Despojados de voluntarismos, sin subordinar a las urgencias lo que constituyen las decisiones estratégicas, ni proceder con lentitud en los procesos de modo que las tardanzas provoquen más daño que el sufrido y que estamos superando.

Son los hechos los que con toda contundencia marcan a veces cuánto hemos avanzado, cuánto nos falta por recorrer y otras tantas, cuánto cuesta reconstruír lo que ha sido destruído.

Aclaramos siempre que venimos de la más profunda crisis escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y es el calvario de Argentina. Superando con esfuerzo lo que constituyó la peor crisis de nuestra historia.

Hemos dicho adentro y afuera del país que no somos el gobierno del default, que no somos el gobierno de la convertibilidad, que no somos el gobierno del endeudamiento eterno.

Saben todos que no lo decimos para evadir los desafíos, ni para ahondar diferencias.

Tomamos sobre nuestras espaldas, con decisión y convicciones, las responsabilidades que la hora reclama a quienes contamos en este momento histórico con la iniciativa política.

Queremos suturar las terribles heridas que produjeron las políticas erradas aplicadas en el pasado. Queremos superar la frustración en que nuestra crisis nos sumiera.

Soñamos con dejar a quienes nos sucedan, un país mejor, un país donde el próximo gobierno pueda dedicarse a consolidar, no a reconstruír, a crear, no a restaurar, a hacer crecer con dignidad, no sólo a incluír venciendo la pobreza y la indigencia..

Nuestras crisis recurrentes han obstaculizado la permanencia de las políticas correctas, nuestros errores han impedido que se continúe un mismo rumbo.

No queremos volver al pasado. Queremos, con memoria, verdad y justicia, construír las bases de un sólido futuro.

En el centro de la construcción de aquel futuro está la recuperación de la dignidad nacional, la revalorización de la autoestima del pueblo argentino y la superación de la crítica vacía, el mal augurio constante.

Queremos dejar atrás el tiempo de la profecía siempre autocumplida, apostando siempre al fracaso de los demás y anunciando que todo va a salir mal.

El descrédito no se ha limitado al papel de las instituciones, ha calado mucho más hondo en el corazón de cada uno respecto de cada uno de los otros.

Los argentinos tenemos que revalorizar el valor de la solidaridad, reaprender la actuación conjunta, revalorizar lo colectivo sin ahogar las capacidades individuales que le aportan armonía por su diversidad y pluralidad.

Tenemos que recrear los valores nacionales tras nuevos paradigmas que permitan que nuestra bandera se extienda protectora sobre cada uno de los argentinos.

Después de la larga noche, después de ver de cerca los riesgos de la autodestrucción, después de haber sufrido los que nos tocó vivir, debemos mantener rumbo constante en el sentido que nos viene mostrando lo mucho que podemos hacer, las enormes posibilidades que ofrece nuestra rápida recuperación.

Aspiramos en este tiempo en que nos tocan las más grandes responsabilidades, a crear las condiciones políticas en las que se elija en función de las mejores cualidades mostradas por cada uno y no por la capacidad de criticar las acciones de los demás.

Pensar y actuar en positivo es lo que permitirá ir corrigiendo errores, perfeccionar sistemas e instituciones y dar continuidad a esquemas de probada eficacia.

Recuperar, reconstruír, reparar, es una parte de la tarea que el conjunto debe asumir. No se trata de hacerlo desde ningún lugar nostálgico, evocativo o de regreso al pasado.

Recuperar la escuela pública, reconstruír un sistema de salud pública, reparar con promoción y desarrollo social el daño provocado por la exclusión, volver a poner en pie a la industria nacional, revalorizar lo argentino, son parte de los necesarios cambios que debemos realizar para que la República Argentina construya su futuro mejor.

Recuperar, reconstruír, reparar, actuar, debe concretarse en una acción diaria y constante, con sentido de cambio.

Cambio responsable, calidad institucional, apego a la Constitución y a la ley, fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción, políticas activas para combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión, han sido y son parte de nuestros sueños.

No estamos dispuestos a dejar, en nombre de un pretendido pragmatismo, nuestros sueños, nuestros ideales y nuestras convicciones de lado.

Como sabemos que esos sueños no se concretarán mágicamente, estamos dispuestos dejar lo mejor de nosotros para hacerlos realidad.

Sabemos que no será fácil, porque se tocan importantes intereses. No tememos. No nos detendremos.

Sabemos que los que más impaciencia muestran son precisamente los grandes responsables de nuestra decadencia.

Los mismos que desguazaron el estado en función de sus intereses y negocios, los que se favorecieron con la pérdida y el retroceso del poder público, los mismos que se enriquecieron favorecidos por la permisividad interesada de otros tiempos, se quejan hoy por la ausencia de Estado, intentando nuevamente llevar agua para su molino a costa de los demás.

El pueblo argentino tiene memoria y sabe que los mismos que contribuyeron a generar gigantescos negocios a costa del erario público, o los que sólo supieron criticar pero fueron incapaces de resolver ni el más mínimo problema, no pueden ser los que reconstruyan el país.

Este tiempo de la historia continental y mundial está signado por el cambio a favor de los pueblos, y el pueblo argentinos es el principal protagonista de los cambios que estamos produciendo.

La resistencia a esos cambios quiere presentarnos cada problema de los existentes como producto de errores del gobierno, tratando de escudar detrás de los que se impacientan sus intenciones de preservación de sus intereses contrarios al conjunto.

Así, son funcionales unos a otros. Los partidarios del pasado y los que supuestamente quieren cambiar instantánea y mágicamente todo, se ayudan para intentar impedir cada mejora real y concreta.

Con el recuerdo de lo que nos tocó sufrir, con memoria de las responsabilidades que a cada uno le corresponden, los argentinos debemos profundizar los cambios, consolidar el crecimiento y ser optimistas respecto de nuestro futuro.

Tenemos la oportunidad y no debemos desperdiciarla. Tenemos que inaugurar una nueva época sobre la base de una política económica que asegure el crecimiento sustentable, con producción y empleo, con equilibrio fiscal, priorizando el consumo interno, la inversión, la creación de trabajo y la integración al mundo a través de la multiplicación de nuestra capacidad exportadora.

Una Argentina revitalizada por la mejora de su infraestructura con obras públicas que mejoren la calidad de vida de millones de compatriotas con mejor educación y más salud.

Tenemos que dar los pasos que nos permitan dejar atrás un país del que se adueñaron los intereses y proliferaran los genocidas, ladrones y corruptos, para ser una Nación que, sobre la base de un proyecto nacional reinstale la movilidad ascendente de modo que los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres.

Esto tiene que acompañar al cambio de los paradigmas. Los argentinos debemos poner las cosas en su lugar.

Basta de premiar al vivo, demos su lugar al inteligente. Basta de premiar la riqueza a cualquier costo, premiemos a los honestos. Basta de justificar las avivadas, premiemos al más trabajador.

Si no cambiamos en esto nos expondremos a tropezar siempre con las mismas piedras.

Tenemos que reinstalar en el centro de nuestra ética los valores de la solidaridad y asumir las responsabilidades individuales para que cada uno cumpla como debe sus obligaciones.

En medio de los viejos problemas, pero sin temores y buscando soluciones; enfrentando los que constituyen los nuevos desafíos y caminando en el buen sentido, los argentinos vivimos una etapa que debemos aprovechar para consolidar un nuevo tiempo y podemos ser racionalmente optimistas respecto de nuestro futuro.

En este marco histórico y social y con esta conceptualización política, es que abordamos lo que sin lugar a dudas es, en esta etapa histórica, el punto nodal de la cuestión argentina.

Hemos culminado, en estos días, el proceso de canje de nuestra deuda en cesación de pagos. La mayoría de los bonistas de la Argentina y de todo el mundo han presentado al canje sus bonos.

De esta manera, con gran esfuerzo, nuestro país ha dejado atrás el default, debiendo hoy considerarse íntegramente reestructurada la deuda argentina.

Por su complejidad en cuanto a número de títulos, monedas y jurisdicciones involucradas. Por su monto. Por las particularidades de la situación mundial que determinaron la ausencia de ayuda crediticia. Por haberse realizado en el marco de una reducción neta de deuda con los organismos multilaterales de crédito internacional, el proceso ha resultado único y excepcional.

Por vez primera en la historia argentina un proceso de reestructuración de deuda ha culminado con una drástica disminución del endeudamiento del país.


La República Argentina, con las excepcionales características que hemos señalado, ha podido concretar exitosamente el más gigantesco canje de deuda en cesación de pagos de la historia mundial y lo ha hecho en el marco de la concreción de la quita más grande de la historia.

En lo local, se trata de la primera vez que un proceso de reestructuración de deuda ha tenido activa participación del Parlamento, en observancia de las distintas competencias que cada uno de los poderes tiene en materia de empréstito público.

La República Argentina ha comprometido en ese proceso esfuerzos compatibles con nuestro crecimiento y priorizado las necesidades internas de modo que se trate de un esfuerzo sustentable.

Por primera vez podrá decirse que no se pagará deuda sobre el hambre y la sed del pueblo argentino.

El día jueves de esta semana informaremos al país los números exactos, en función de operaciones de última hora todavía en curso de procesamiento. Pero vale la pena destacar que una vez más, afortunadamente, economistas y gurúes vernáculos fallaron en sus pronósticos y políticos con vocación de oráculos y pitonisas se equivocaron en sus profecías, tambien una vez más.

A veces pienso que uno no puede equivocarse tantas veces y hacerlo siempre de buena fe.

Intuyo que algunos, que nunca han logrado construír un éxito propio sólo se reconocen a sí mismo en el fracaso del otro, aunque ese otro sea el pueblo argentino y no como ellos creen el fracaso del gobierno de turno.
La concreción de este logro, lejos de culminar con los problemas heredados, nos pone en ocasión de asumir con la misma firmeza nuevos desafíos.

En otro orden, en estos meses entramos en la última etapa de la renegociación de los contratos de servicios públicos. Sabemos que será una etapa de dura negociación en la que tambien este Honorable Congreso tendrá la palabra y es importante dejar explítamente aclarados algunos puntos.

Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendiente.

En esa discusión se decidirá, ni más ni menos, la calidad de los servicios que recibamos y las inversiones que los empresarios están dispuestos a realizar para garantizar la mejor prestación de aquellos.

El gobierno ha tomado a su cargo con responsabilidad la defensa del interés de los ciudadanos argentinos, de los usuarios de los servicios públicos y del pueblo.

El gobierno, en nombre de los ciudadanos argentinos, de los usuarios de los servicios públicos y del pueblo, exigirá contratos que aseguren la prestación del mejor servicio posible y para ello buscará comprometer las mayores inversiones de parte de quienes buscan su ganancia explotando esos servicios.

Tenemos plena conciencia que en esa discusión de intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen.

Se trata de una disputa desigual. Sabemos los formidables intereses, concretos y puntuales que están en juego.

Vaya por caso un ejemplo, una rápida aproximación al problema. De los 7.800 millones que los medios de comunicación, es decir la prensa oral, escrita o televisada, facturaron el año pasado en concepto de publicidad en nuestro país, la publicidad oficial apenas supera los 100 millones y el conjunto de las empresas que son su contraparte en esta negociación gastaron directa o indirectamente casi 1.200 millones.

Esto explica muchas cosas. Sólo se trata de saber leer.

Queremos arribar a buen puerto y por eso hacemos esta aclaración. Sabemos que discutimos intereses económicos y sabemos de qué lado estamos. Esta vez, el pueblo argentino tendrá en el gobierno el primer defensor de sus intereses.

Hay un punto de la discusión en que los intereses públicos y los intereses privados pueden compatibilizarse. La invitación, a los verdaderos empresarios que saben que en el capitalismo toda actividad económica implica riesgo, es para que discutan con buena fe para encontrar ese punto compatible en que existan un buen servicio y una ganancia razonable.

No se trata de una discusión respecto de si la regla debe ser la prestación pública o la prestación privada de los que constituyen los servicios públicos. No se trata de levantar banderas de estatización o de privatización. Se trata de sumar competitividad a nuestra economía, generar trabajo y dar servicios adecuados.

Quiero que se sepa que no tendremos problemas en aquellas renegociaciones que respeten esos parámetros. Buscamos eficiencia en la prestación del servicio y podemos obtenerla con un concesionario o asumiendo la función por parte del Estado.

No nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con uñas y dientes los derechos del pueblo argentino.

Esta renegociación tiene plazos otorgados por la ley y debe realizarse en nuestro país conforme a sus normas sin que deba inmiscuírse tribunal ni árbitro alguno por amañada que resulte la interpretación que de los tratados se haga para activar supuestas competencias.

Ningún tratado firmado por Argentina puede haber delegado en árbitros el manejo de la política económica ante una situación de emergencia. Las leyes argentinas garantizan hoy las inversiones extranjeras sin riesgo.

No obligaremos a nadie a quedarse en la República Argentina haciendo beneficencia con su plata, ni pretendemos obligar a nadie a perder lo que es suyo. Quien quiera compartir el trabajo con nosotros, será bienvenido.





Sobre bases serias es necesario culminar un proceso de reestructuración de los contratos atendiendo los derechos de los consumidores, sobre todo los de bajos ingresos, el proceso e inversiones y la rentabilidad empresaria.

Para lograr simultáneamente esos objetivos deberá mirarse hacia delante, prestando atención a los flujos futuros de ingresos y utilidades sin quedar atados a contratos del pasado, que correspondían a un modelo económico y social que terminó siendo largamente inviable.

El modo en que avancemos resultará en buena medida condicionante del ritmo de nuestra recuperación. El modo en que lo hagamos cobrará importancia pues el avance tiene que producirse hacia la mayor eficiencia y la seguridad jurídica.

El establecimiento de reglas de juego claras y estables, debatiendo debidamente el marco regulatorio que hemos remitido y sancionando las normas respectivas, implicará una importante superación del pasado, sumando calidad institucional y control del Estado a un ámbito importante de la actividad.

En materia económica, los resultados de las políticas aplicadas son firmemente positivos en todos los planos. Solidez fiscal, baja inflación, recuperación del ingreso en progreso y, por ende, mejora del consumo, expansión de las inversiones, aumento y diversificación de las exportaciones y creación de empleo genuino, basamentan un proceso de consolidación.

La República Argentina lleva ya 11 trimestres consecutivos de aumento de la producción.

No sólo se pudo poner en marcha capital productivo inmovilizado, tambien se ha expandido la inversión y logrado notables aumentos de productividad.

La mejora de la productividad ha permitido incrementar la masa de salarios pagados tanto por el lado del mayor empleo, el incremento de las horas trabajadas y las subas de salarios.

La mejora de las economías regionales jugaron un papel central en la mejora del Producto y fueron el motor de la recuperación del país desde el interior.

El consumo y la inversión se expandieron, y en particular ésta, de la que depende mantener la expansión futura se encuentra, medida a valores corrientes y en relación al Producto Bruto Interno muy cerca de los valores históricos máximos.

Las exportaciones han llegado durante el 2004 a un récord histórico que supera los 34.000 millones y muestran una notable diversificación de mercados además de un fuerte incremento en las exportaciones industriales.

El superávit fiscal primario tanto de la Nación como de las Provincias se ubica en los mayores valores históricos de los últimos 50 años. La vigencia de la ley de responsabilidad fiscal brinda transparencia junto con los instrumentos adecuados para mantener esa solidez fiscal que hoy muestran las cuentas públicas.

La tasa de la inflación minorista para el total del año 2004 ha sido del 6,1 por ciento midiendo diciembre contra diciembre del año anterior.

El país no ha hecho uso del crédito externo y en forma neta ha hecho cancelación de deuda a los organismos internacionales de crédito en concepto de capital e intereses por casi 10.000 millones de dólares estadounidenses.

En ese marco fue importantísima la recuperación de reservas que ya se ubican en 20.000 millones de dólares, es decir 11.000 millones más (21.000 si adicionamos los pagos hechos).

Se han creado más de 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo de los cuales más del 70 por ciento corresponden al sector privado de la economía. Ello ha significado que la tasa de desmpleo se reduzca de casi el 25 por ciento a poco más del 12 por ciento.

Hemos logrado una fuerte reducción de la pobreza y de la indigencia. Estimamos que al menos 3,2 millones de personas han salido de la situación de pobreza y 3,5 millones de una situación de indigencia. Continuar estas políticas es decisión y tarea central del gobierno.

El sistema financiero funciona ya sin restricciones, se ha recapitalizado, refinancia una parte importantes de las deudas empresarias, sobre todo de las PYMES, al tiempo que el crédito nuevo, fuertemente contraído a causa de la crisis, vuelve a ser ofertado a tasas que son menores que las existentes en la década del 90.





Esta mejora de la situación que venimos detallando posibilita tambien que el Estado asuma un rol proactivo de la actividad a través de medidas muy puntuales:

Se encuentra en vigencia un régimen de devolución de IVA a las inversiones y de amortización acelerada por el cual una vez que los proyectos entren en régimen aumentarán unos 3.000 millones de dólares al año las exportaciones.

Se ha cubierto parte de la tasa de interés a empresas PYME para capital de trabajo y compra de bienes de capital nacionales por un total de 350 millones de pesos en el 2004, los que se ampliarán a 850 millones para este año.

Se promovió y puso en vigencia reglamentada la ley de promoción y expansión del software. Se ha recuperado la posición de país libre de aftosa con vacunación reabriendose más de 40 mercados externos.

Se realizaron acuerdos que permitieron la reapertura del Astillero Río Santiago, los talleres ferroviarios de La Plata, se construirá los radares en el país, se ha rehabilitado la fábrica de aviones de Córdoba.

Para crear una sociedad integrada, con movilidad social y con bienestar es necesario abordar con decisión los temas que constituyen el verdadero núcleo duro de nuestro programa de crecimiento sustentable, producción y empleo con justicia social.

Ese punto central del programa está constituído por la distribución del ingreso, las inversiones, la integración al mundo, la promoción de desarrollos teconógicos. Allí se sitúa el corazón del esquema de mediano y largo plazo de nuestra política.

Debemos continuar con un proceso gradual de mejora de la distribución del ingreso, y por ende en la afirmación del consumo como motor de nuestro crecimiento.

En ese camino es imperioso que evitemos pujas distributivas entre sectores y entre actividades. No debemos actuar con complacencia o facilismo. En la certeza de que no se puede ni crear ni dsitribuír riqueza a partir de la nada, debemos entender que el único proceso sólido es aquel en el que existe un efectivo aumento de la producción y cuenta con una adecuada distribución de los logros.

Los ingresos deben moverse al ritmo del aumento de las inversiones, del mayor empleo y de la productividad. Ignorar esto abrirá la puerta a estériles disputas generadoras de presiones inflacionarias.

Cada sector, cada actividad, muy especialmente aquellos que viven un fuerte proceso de expansión, inversión y aumento de utilidades, debe actuar con responsabilidad social.

La expansión de la producción requiere un fuerte proceso de inversiones en todo tipo de infraestructura, desde energía, caminos, comunicaciones. Esto requiere aunar el esfuerzo inversor del Estado como de las empresas privadas.

En el agro, la industria, la construcción y los servicios, la inversión debe subir por lo menos otros dos puntos y medio del Producto Bruto Interno. Desde el estado se favorecerá la inversión y reinversión productiva al tiempo de seguir la tendencia marcada en estos años de mayor presencia de impuestos que reflejan la capacidad contributiva (de ese modo la participación de ganancias en la recaudación total y respecto del IVA ha alcanzado niveles sin precedentes).

El crédito debe volver a constituírse en un instrumento del proceso de inversiones, especialmente de apoyo al financiamiento de las empresas PYMES. Las verdaderas barreras de entrada que existen por el stock de arrastre, originado durante la crisis, deberán seguir revisándose en función de las positivas perspectivas en materia de flujos futuros de ingresos y utilidades que muchas empresas hoy tienen.

Nuestra inserción en el mundo no debe estar signada por lo puramente financiero y, por ende, especulativo, que termina jugando a favor de la renta financiera y afecta la competitividad externa. Para nosotros inserción en el mundo debe ser comercio exterior e inversión extranjera productiva directa.

En nuestro esquema de política económica sigue siendo fundamental un tipo de cambio realista, pro producción y pro empleo nacional.

Con y desde el Mercosur debemos proseguir negociaciones de apertura de mercados. La negociación con China, la relación con países en desarrollo, el Acuerdo Sur-Sur presentan un excepcional potencial de apertura e integración de mercados.

Usar hacia afuera como palanca el Mercosur no debe obstaculizar la profundización y la expansión hacia toda la comunidad sudamericana. La efectiva puesta en marcha del Tratado de Asunción, hoy cumplido sólo en forma parcial, debe asegurarnos beneficios equilibrados.

En la promoción del desarrollo tecnológico está la clave para la definición de un nuevo perfil productivo y ocupacional. Iniciativas como la alfabetización digital, nanotecnología, biotecnología, teconología satelital y nuclear para la paz cobran allí especial significación.

Volviendo al punto de las inversiones, debemos decir que, coherente con la importancia que al tema otorgamos, la República Argentina planifica y ejecuta Obra Pública de modo que para el año 2005 ascenderá a 4.606 millones de pesos que significarán un incremento del 51 por ciento respecto del año 2004.

En el año 2004 hemos ejecutado obras por la suma de 3.046 millones, es decir un 90 por ciento superior al año 2003 y un 300 por ciento más que en año 2002.

Hemos terminado más de 20.000 viviendas, estamos construyendo 70.000 viviendas y mas de 24.000 mejoramientos de viviendas y licitamos 103.000 viviendas y 55.000 mejoramientos.

El “Plan Federal de Construcción de Viviendas” (de 120.000 viviendas) y el “Plan Federal de Mejoramiento de Viviendas- Mejor Vivir” (140.000 mejoramientos) materializarán inversiones para este año de 2.200 millones, un 88 por ciento más que los 1.172 millones invertidos en el 2004.

La inversión del estado en vivienda permite crecimiento económico, generación de puestos de trabajo y mejora de la calidad de vida de los sectores más castigados por el modelo de exclusión precedente. Los obreros de la construcción pasaron de 111.609 en el tercer trimestre de 2002 a 212.412 en el tercer trimestre del 2004 y las estimaciones llevan esa cifra a casi 260.000 trabajadores en la actualidad.

En materia vial se ejecutaron obras por 1.057 millones de pesos y se prevé ejecutar para el 2005 1.367 millones. El total de licitaciones asciende a la fecha a 4.876 millones de pesos.

Además de la inversión en mantenimiento sobre el total de la red vial nacional, se ejecutan obras de importancia estratégica. El corredor vial Paso de Jama RN58, el Corredor de Capricornio RN81, la Ruta 40 en Mendoza, la Autopista Rosario Córdoba RN9, la Circunvalación de la Región Metropolitana de Buenos Aires RP6, la Ruta Nacional Nro. 3 en Tierra del Fuego y la Ruta Nacional 14.





En saneamiento se destaca el Programa Agua mas Trabajo, que ejecuta obras a través de cooperativas de desocupados que resultan así reingresados al mercado laboral y favorecidos por las propias obras ejecutadas.

62 millones de pesos en el 2004 y 72 millones para este año han permitido y permitirán inclusión y mejora de la calidad de vida.

Además del Programa Ferroviario, que incluye más de 250 obras que favorecerán a 2.000.000 de habitantes con una inversión de más de 3.000 millones de pesos hasta el 2008, se puso en marcha el Fondo Fiduciario de las Telecomunicaciones, se modernizarán las instalaciones del yacimiento carbonífero de Río Turbio, y se mejoran instalaciones portuarias.

Entre múltiples obras que resultarían de una muy extensa enumeración y que figuran en la memoria respectiva, cabe destacar la trascendencia del inicio de la construccion y ampliación de gasoductos que transportarán desde el Norte y desde el Sur, además del Patagónico que abstecerá pueblos cordilleranos.

En transporte de energía eléctrica, se construirán y finalizarán las líneas Mendoza-San Juan, Comahue-Cuyo, Noreste-Noroeste, Choele Choel-Puerto Madyn, Puerto Madryn-Pico Truncado, y se licitará la línea Pico Truncado-Río Gallegos. Así, podrá decirse que Argentina en materia energética es un país federal y verdaderamente integrado.

La recuperación del Correo y la constitución de Correo Oficial de la República Argentina S. A., han permitido preservar la continuidad del servicio, mantener las fuentes laborales, resguardar los bienes y obtener ganancias.

Focalizando en la calidad la prioridad tanto a nivel de gestión como de servicio, se obtuvo ya la certificación ISO 9001 para el servicio de operaciones telegráficas y se continuará la certificación para el resto de las áreas del Sistema de Gestión.

En lo energético no podemos dejar de destacar la estratégica creación de ENARSA, con la misión de participar en el mercado de hidrocarburos y energía.

ENARSA actuará para que el Estado disponga de instrumentos para que los recursos energéticos se exploten racionalmente, para el desarrollo de la infraestructura asociada de modo de asegurar disponibilidad y precio de los productos conmpatibles con el nivel de competitividad argentina e internacional. Dará un fuerte impulso a las áreas off-shore con sensibilidad ambiental, desarrollando yacimientos en zonas profundas hasta alcanzar un estado de madurez exploratoria de las mismas para satisfacer la demanda de gas y petróleo e impulsar el desarrollo industrial y sustentable de las regiones.

El turismo, como actividad socioeconómica estratégica presenta las mejores condiciones para convertirse en un motor y sostén de la actividad económica, la generación de empleo y la captación de inversiones.

Las estadísticas muestran que el número de llegadas de diferentes destinos al país en enero del 2005 se incrementó un 7,1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, y había crecido entre el 2003 y el 2004 un 11,1 por ciento hasta llegar al estimado de 3.000.000 de visitantes que generan un ingreso de divisas de alrededor de los 2.300 millones de dólares.

La sanción de la Ley Nacional de Turismo, la apertura de mercados como los de Israel, China, Federación Rusa y Escandinavia y la adopción del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable redundarán en un crecimiento importante de la actividad.

En materia de empleo, durante todos los meses de nuestro gobierno creció en forma ininterrumpida. Este es el período más prolongado de crecimiento del empleo que Argentina conoce desde hace más de veinticinco años.

Este crecimiento estuvo liderado por el sector industrial, cuyos puestos de trabajo exigen calificación técnica y profesional. Comenzó en el interior del país y, por primera vez en muchos años, la creación neta de empleo registrado superó al empleo precario.

Durante la década del 90 de cada 100 puestos de trabajo que se creaban sólo el 10 por ciento eran empleos registrados. Hoy el 70 por ciento de los empleos creados son formales, dignos y con protección social.

Las políticas activas marcaron una nueva etapa de la negociación colectiva. Los incrementos salariales otorgados por el Gobierno dinamizaron la negociación y 358 convenios colectivos que agrupan a más de un millón y medio de trabajadores permitieron mejorar salarios y reabrir materias de negociación como tiempo de trabajo, capacitación, seguridad y salud de los trabajadores.

El salario mínimo vital y móvil creció un 125 por ciento y hoy está fijado en 450 pesos. Las jubilaciones fueron elevadas en su piso un 36 por ciento y los haberes inferiores a 1.000 pesos se incrementaron un 10 por ciento.

Por virtud de estas medidas recién ahora podemos decir que no ha quedado docente universitario con nivel de ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Defender y reforzar el camino del crecimiento con creación de empleo decente y adecuada distribución del ingreso con previsibilidad y equilibrio en las relaciones laborales es central.

Hemos cambiado el rumbo en materia de Trabajo, y a partir de la sanción de la ley 25.877 de Ordenamiento Laboral que vino a reemplazar una norma vergonzosa y repudiada por la sociedad argentina, los derechos y obligaciones que se derivan de la relación laboral operan en un marco claro de indiscutible legitimidad.

El Ministerio de Trabajo, en coordinación con la AFIP ha fiscalizado la situación frente a la seguridad social de más de 87.000 empresas y relevado a 300.000 trabajadores y este año reforzará su acción.

Aunando los esfuerzos con las administraciones provinciales para la implementación de planes y operativos conjuntos, se lograrán mayores éxitos en la lucha por erradicar el trabajo infantil y combatir el trabajo no registrado, que es trabajo ilegal y viola derechos fundamentales.

Junto con empresas, sindicatos, escuelas técnicas, centros de formación y organismos tecnológicos se retomó la tarea de capacitación profesional y se invierte en la educación y formación de trabajadores desocupados y en actividad.

La reformulación de los planes Jefes y Jefas de hogar permitirá promover la empleabilidad de los que perciben subsidio y proteger a las familias en situación de vulnerabilidad social.

En materia de Desarrollo Social, buscamos como Estado aplicar las políticas sociales con eje en la persona, la familia y la comunidad.

Creemos que las problemáticas se superan no sólo con las medidas de inversión y crecimiento que hemos adoptado, sino con compromiso ético. Este es el valor agregado que tratamos de ponerle a la inversión social

Priorizamos la promoción de oportunidades con el fin de crear desde la política social activos familiares, patrimoniales y comunitarios, instalando herramientas sociales, insumos y bienes para superar las carencias, no sólo materiales sino de oportunidades.

Tenemos en cuenta a la región, pues sólo a partir del conocimiento fehaciente de cada realidad se pueden garantizar acciones de impacto social.

Hacemos desde la gestión un trabajo intersectorial e interdisciplinario. Los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Educación, Planificación Federal y Economía gestionan las políticas sociales de manera asociada.

El instrumento articulador es el Consejo Nacional de Políticas Sociales, y el Consejo Consultivo Nacional integrado por organizaciones de la sociedad civil. Este último creado con una mirada integral en enero de este año.

Esta misma articulación intentamos construir con las distintas jurisdicciones provinciales y municipales, pues entendemos que promoviendo la participación de las organizaciones de la sociedad civil, estamos generando espacios institucionales que permitirán establecer procesos de desarrollo sustentable.

Un ejemplo de dicha articulación es la puesta en marcha del Programa de los Centros Integradores Comunitarios, llevados adelante a partir de gestiones y acuerdos realizados con actores nacionales, provinciales y locales.

En esta primera etapa se han formalizado las etapas previas a la construcción de 258 Centros. El CIC es el ámbito físico donde se desarrollarán acciones de salud y de promoción social, de creación y capacitación para el trabajo, de apoyo educativo, de estimulación temprana y desarrollo infantil para estar junto a las comunidades más vulnerables de nuestro país, viabilizando los derechos de los que menos tienen.

Otro ejemplo es la capacitación que estamos haciendo con líderes y actores locales de distintas organizaciones civiles, de base y religiosas, para consolidar mejores políticas.

El Programa Mi Pueblo, busca en aquellas comunidades que han quedado aisladas del crecimiento y desarrollo, poner al alcance de los ciudadanos soluciones de gestión adecuadas a sus necesidades. Este Programa es también una expresión concreta de la integración de esfuerzos y del impacto que produce en una comunidad el trabajar juntos. Hoy estamos en las provincias de Chubut, Jujuy, Corrientes, Río Negro, llegando a 33 municipios, y seguiremos trabajando con este criterio en otros territorios.

En los diversos planes nacionales que implementamos se expresan políticas sociales concretas, que articulan las acciones de los planes nacionales y provinciales en una Red Federal buscando la equidad.

Las Políticas Sociales así concebidas, hacen referencia directa a las necesidades sociales detectadas en cada territorio y, necesariamente, deben promover la participación activa de todos los actores locales para dar una eficaz respuesta a las mismas.

“El hambre más urgente”, consiste en un plan dirigido a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional.

Se constituyó en política de Estado en materia alimentaria, más allá de la emergencia, porque tiende a elevar la calidad de vida de toda la población y abarca el mejoramiento de la salud y la nutrición en el mediano y largo plazo. Este año la entrega de alimentos, módulos o tickets alcanzó a 4.460.000 personas.

Otra línea del Plan es el Refuerzo a los Servicios Alimentarios Escolares que beneficia a 1.221.543 alumnos.

Su finalidad es mejorar el nivel nutricional de los niños que asisten a escuelas en situación de mayor riesgo socioeducativo, de Nivel Inicial y 1º y 2º ciclo de Educación General Básica y/o Escuelas de Educación Especial de Gestión Pública Estatal, mediante el envío de fondos para refuerzo alimentario de las dietas financiadas por las jurisdicciones provinciales.

Con el apoyo que se brinda a estos comedores y a los comedores comunitarios hoy estamos llegando 1.985.470 personas.

Otra línea es la que trabaja el Ministerio de Desarrollo Social junto al INTA promoviendo huertas/granjas familiares y comunitarias. Se brindó asistencia técnica a aquellos que por su escala pueden transformarse en emprendimientos productivos.

La cantidad de beneficiarios totales que reciben asistencia en huertas es de 3.133.000 personas.

El Plan Familias es considerado central en nuestra política de Estado, porque busca promover los valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida armoniosa en familia.

Contempla acciones de protección, prevención, asistencia, acompañamiento y promoción. Llega con un plan de ingresos a 196.159 familias. Además, con el apoyo a 238 proyectos especiales para su fortalecimiento, trabaja con otras 140.000 familias de manera directa y 700.000 de manera indirecta. El eje es la mujer como movilizadora y transformadora.

Una presencia muy fuerte de contención la produce el Tren de Desarrollo Social y Sanitario, con el cual llegamos desde los tres corredores del país a 61.228 personas, y este año estamos habilitando un corredor más.

Otra línea de trabajo es el Programa de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo, que asistió a 38.052 jóvenes en 16 provincias y que permitió también el desarrollo de 94 proyectos especiales y la capacitación en gestión de políticas de niñez y adolescencia a 6.232 funcionarios de gobiernos locales.

Frente a la Violencia Familiar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual se llevaron adelante, además de acciones articuladas con las provincias, 24 instancias de capacitación. También hemos ejecutado proyectos específicos en violencia familiar, salud reproductiva, maternidad y paternidad responsable, Derechos y Ciudadanía.

Como parte del proceso continuo de capacitación se formaron cuidadores domiciliarios en todo el país para atender personas con discapacidad o con patología terminal. Se concretaron 74 proyectos especiales de apoyo a organizaciones de discapacitados.

El Programa para jóvenes tiende a trabajar muy fuertemente con este grupo etario, que ha sido uno de los más postergados en la década perdida para la equidad de los ’90.

Más allá de las cifras, este abandono debe ser revertido y hoy lo estamos haciendo desde la educación y la capacitación, en una política pública vigorosa, donde importa también el Desarrollo Social, que es lo que pretendemos hacer desde el Programa INCLUIR. Los programas específicos orientados a la juventud de manera directa favorecieron este año a 205.626 jóvenes y de manera indirecta a 140.000 jóvenes.

En cuanto a pensiones asistenciales no contributivas a la fecha brindamos cobertura a 410.000 personas; es necesario destacar que el otorgamiento de este beneficio en este año fue histórico. Teníamos más de 100.000 trámites pendientes que llevaban un atraso de hasta 14 años. Trabajando 24 horas con un fuerte apoyo del personal y de las Universidades, pusimos al día un área tan sensible para los argentinos.

En todo el país se asistieron a las familias vulnerables con una asistencia directa de elementos personales, equipamiento para la vivienda, etc., de 1.875.000 unidades.

El Plan Manos a la Obra también fue pensado con el objetivo de apoyar a las comunidades más vulnerables para que estas, progresivamente y a partir de su inclusión, puedan lograr un desarrollo social económicamente sustentable. El mismo ha permitido generar empleo y mejorar la calidad de vida de 410.000 emprendedores y sus familias, a través del desarrollo de 31.500 emprendimientos. Se apoyaron a 155 organizaciones dedicadas a las microfinanzas.

Desde la economía social, se orientó a mejorar el ingreso de la población vulnerable, pues entendemos que ello genera sociedad en la medida que establece relaciones entre identidades, historias colectivas, diversas competencias y ámbitos que enlazan las actividades productivas con la reproducción social.

Fortaleciendo la idea de crear activos familiares, patrimoniales y comunitarios e instalando herramientas sociales, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ha formado 2.499 nuevas cooperativas de trabajo en todo el país, comprendidas en los planes de emergencia habitacional, de agua y trabajo, Centros Integradores Comunitarios y Obra Pública Nacional en general.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el corriente año, ha devuelto y entregado el título comunitario de aproximadamente 300.000 hectáreas de tierra a comunidades originarias.

Se otorgaron 6000 becas a estudiantes pertenecientes a dichas comunidades del nivel medio.

También se benefició directamente a 56.000 personas e integrantes de las comunidades originarias, financiando proyectos tendientes a mejorar la producción tradicional y sus condiciones de vivienda y hábitat.

El Programa Arraigo benefició a 6.199 familias vulnerables ocupantes de tierras fiscales nacionales que obtuvieron su regularización dominial y boletos de compra-venta, a través de planes de pago que les permitan acceder al patrimonio. Es Estado creó el Banco Social de Tierras, para el registro de inmuebles que pueden ser afectados a fines sociales.

Nuestro objetivo como Estado es ayudar para que otros puedan. Estamos convencidos que es necesario trabajar por la generación de igualdad de oportunidades para poder efectivizar la justicia social.

Queremos un Estado para todos y no solo para unos pocos. Un Estado representativo, ético, conciente de su lugar y responsable de sus funciones, fruto de los valores, no sólo enunciados, que intentamos llevar permanentemente a la práctica.

En Salud Pública hemos puesto en marcha el Plan Federal de Salud, en un histórico acuerdo entre la Nación y las Provincias que busca fortalecer la atención primaria mediante la reforma del sistema para dotarlo de mayor equidad tanto en el acceso como en el financiamiento.

Por medio de la coordinación de los esfuerzos de las distintas jurisdicciones y con un enfoque centrado en la búsqueda de la salud para toda la población, se encaran simultáneamente los problemas tambien desde la eficiencia.

Tendremos un sistema más justo, con igualdad de oportunidades para toda la población, equilibrando las grandes diferencias que hoy tenemos y que se reflejan en las condiciones sanitarias.

El Programa Nacer Argentina contempla la protección integral de toda mujer embarazada sin cobertura explícita, hasta los 45 días posteriores al parto y a sus hijos hasta los seis años. Hemos empadronado ya a 100.000 beneficiarios y firmado convenios hasta el momento con 5 provincias.

La meta que nos planteamos es cubrir el 100 por ciento de la población beneficiaria del conjunto de provincias, lo que se estimamos en un total de 3 millones mujeres embarazadas y niños.

En el útlimo trimestre entregamos el botiquín Remediar número 400.000, llevando provistos ya 120 millones de tratamientos gratuitos a familias de bajos ingresos y alta vulnerabilidad. Las cifras evidencian el fuerte impacto redistributivo del Programa Remediar y su continuidad.

A la fecha, el 71 por ciento de los medicamentos recetados se consigna en nombre genérico, lo que marca el alto índice de aceptación que obtiene la aplicación de la ley de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico.

Iniciamos un procedimiento de regionalización de las obras sociales que permitirá un proceso de contratación de cobertura médica integral más ágil y con mayor poder de compra.

Se ejecuta la Encuesta Nacional de Nutrición, que significa el mayor estudio realizado hasta la fecha en el país en materia de nutrición.

El Programa Nacional de Médicos Comunitarios, que ya incorporó 1.100 médicos a los centros de atención e incorporará en meses más otros 2.000, implica capacitación de postgrado para una aención primaria orientada a la salud social y comunitaria. Se realiza con la colaboración de 17 Universidades y hacia fin de año estará formando 6.500 profesionales.

Por iniciativa de Argentina se ha creado la Comisión Intergubernamental de Salud y Desarrollo del MERCOSUR y Estados Asociados, con el objetivo de promover el desarrollo de investigaciones tendientes a la elaboración de estrategias regionales que incorporen la temática social y de salud en la agenda de integración sudamericana contribuyendo al progreso social y la disminución de la pobreza.


Normalizar una institución como el PAMI, significa devolver a nuestros mayores la dignidad de tener una obra social a su servicio.


Entendiendo que la clave para hacerlo estaba en lograr evitar que los recursos se pierdan a causa de la corrupción o de la ineficiencia, por un lado, impulsamos el cambio en el modelo de contratación, y por el otro, recuperamos prestaciones por años relegadas buscando brindar a nuestros abuelos una mejor calidad de vida.


Por cada peso que sacamos a la corrupción o a la ineficiencia, ganamos otro para mejorar la atención a los beneficiarios.


Cambiamos ya el modo de contratación en las Provincias de San Juan, Chubut y Entre Ríos. Seguiremos por Jujuy, Río Negro y Neuquén y así sucecivamente.
Con la Procuración General de la Nación hemos convenido establecer una Unidad Fiscal de Investigaciones dentro del PAMI, para investigar todas las denuncias de probables delitos.
El instituto paga al día a sus prestadores y los hospitales públicos empiezan a recibir lo que les corresponde por la atención de afiliados.
Se realizan licitaciones con importantes reducciones de costos que impactan conformando verdaderos precios de referencia para el sistema.
La relación entre los costos y la calidad de las prestaciones ha mejorado sensiblemente. Los mismos bienes son adquiridos con importantes bajas en los precios, lo que permite llegar con prestaciones a más afiliados.


En materia de Medio Ambiente, se ha llevado a cabo un proceso de revisión y construcción de una Nueva Agenda Ambiental 2004/2007, de fuerte carácter participativo e impronta federal, del que participaron 22 provincias, organizaciones de la sociedad civil y del sector empresario.

Hemos elaborado el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, y se hace un seguimiento constante de la situación a nivel nacional, además de dejar instituído el Centro de Información de Producción Limpia y Consumo Sustentable.

A través del Plan Nacional de Manejo del Fuego hemos transferido fondos a provincias y distribuído medios aéreos (helicópteros y aviones hidrantes), insumos para combatir incendios, como equipos para combatientes, ropa ingífuga, herramientas, motobombas, equipos de comunicaciones, mangueras, además de contar con la Brigada Nacional de combatientes con su propio equipo.

La celebración, en Buenos Aires, de la reunión del Décimo Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Presidencia Argentina en la cumbre realizada en Kyoto, Japón, han marcado exitosamente la importancia brindada al cuidado del medio ambiente.

Plantear al mundo la existencia de acreedores ambientales como nuestro país y el conjunto de países en igual situación y la simétrica existencia de deudores ambientales, principalmente entre los países más industrializados y requerir justa reparacióne en el marco de ese Protocolo, puede ser un camino viable para el desarrollo ambientalmente sustentable.

Cambio climático, protección del bosque nativo y control de agua tienen que ser los ejes principales de una política de estado en materia ambiental, junto a provincias y municipios.





En materia de mejoramiento de la calidad institucional, en el marco de nuestra competencia funcional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hemos dado pasos trascendentes.

Hemos colaborado, con la Constitucion Nacional como marco, en una profunda renovación de la Corte Suprema de Justicia que era reclamada por la sociedad; hemos instaurando, autolimitando facultades propias, métodos de selección con participación y transparencia como nunca en la historia del país, y estamos produciendo la más gigantesca cobertura de vacantes en el Poder Judicial a que haya habido lugar en la historia de nuestra democracia, con similares métodos.



En cuanto a la relación de la función judicial y la sociedad, se crearon las condiciones para encarar el debate sobre la renovación profunda de la legislación de fondo, comenzando por la penal, esperando dejar concluída la realización del Digesto Jurídico al final de este año, tarea pendiente desde 1994 y auspiciamos el proyecto de ley que tras mas de ciento cincuenta años viene a cumplir la Constitución para instaurar el juicio por jurados en materia penal.

Para afrontar la crítica situación carcelaria, que evidencia años de desidia, desinversión e improvisación sumados al impacto de la grave crisis, hemos implementado un Plan Carcelario que contempla el aspecto edilicio, la formación del personal penitenciario y la relación entre el interno y la sociedad.

El Programa de Infraestructura Penitenciaria ha incluído convenios con provincias por un monto de 74.700.000 pesos. Se ha llamado a licitación para la construcción del Centro Federal del NOA, en Salta, el Complejo Federal del Litoral, en Santa Fe y el Complejo Federal de Condenados, en Buenos Aires. Se ha licitado tambien la ampliación de la Unidad 11 en Chaco, el Complejo Penitenciario Federal en Ezeiza y el de Marcos Paz, sumando en total 3.300 plazas en el corto plazo.

El Programa Nacional de Trabajo en Cárceles incluye el trabajo de 2700 internos, a los que se suman otros 939 que realizan cursos de capacitación. Setenta empresas se han interesado en emprendimientos productivos y siete de ellos ya se han concretado.

Continuamos desarrollando una política firme y decidida para contribuír a la comprensión de los derechos humanos como un rasgo esencial de la democracia y de la construcción de ciudadanía.

Sobre todo en nuestra Patria, asolada por la impunidad de gravísimas violaciones de los derechos humanos, es necesario recalcar que no hay democracia, seguridad ni Estado, sin estado de derecho y sin respeto irrestricto a los derechos humanos.

Guardando memoria de lo que nos pasó, sin anclarnos por ello en el pasado, la búsqueda de verdad y justicia y el fin de la impunidad son unas de las más preciadas banderas de nuestra sociedad y de nuestro gobierno.

Entre muchas otras importantes actividades destacables en materia de derechos humanos,encaradas con total apertura hacia el conjunto de las organizaciones no gubernamentales que operan en ese ámbito y en la comprensión de que la mejor reparación para las víctimas y la propia sociedad es el cambio profundo de las instituciones que facilitaron que hechos aberrantes quedarnan impunes, merece que destaquemos la creación del Espacio de la Memoria en lo que fuera la sede de la ESMA.

La continuidad del premio Azucena Villaflor de Devicenti, la creación del Archivo de la Memoria, la conformación de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como consecuencia del Accionar del Terrorismo de Estado, la colaboración con la búsqueda e identificación de restos, las indemnizaciones reparatorias, constituyen tambien aportes importantes en esta tarea.

Nada sólido se puede construír sobre los cimientos de la impunidad, el dolor no reparado, la injusticia y el ocultamiento de los crímenes aberrantes que truncaron una generación de argentinos y vaciaron de contenidos morales al Estado.

La justicia, la verdad y la memoria son presupuestos constitutivos de un nuevo Estado y del compromiso del Gobierno Nacional con los inclaudicables ejemplos éticos que por más de tres décadas vienen dando los organismos defensores de los Derechos Humanos, con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza.


Memoria, verdad y justicia es lo que perseguimos respecto de los excecrables atentados perpetrados contra la embajada de Israel y la AMIA, sufrimiento constante del pueblo argentino.

Con la finalidad del esclarecimiento y el castigo a los responsables, para evitar la impunidad y el encubrimiento, hemos ordenado a la Secretaría de Inteligencia el traslado, a partir de hoy, a la sede de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA, de las 400.000 fojas que componen los datos referidos a ambos atentados y se agrupan en 1.747 carpetas contenidas en 114 cajas.

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la República Argentina, en base al informe Grossman, promoverá la apertura de un proceso de solución amistosa, aceptando expresamente la responsabilidad del Estado en el punto vinculado a la denegatoria de justicia.

La educación es el único bien que contribuye a desarrollar las capacidades personales de nuestros ciudadanos al mismo tiempo que genera las condiciones de un desarrollo económico-social integrado y sostenido del país.

Una educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes es la principal estrategia que puede propiciar una Nación para generar una verdadera igualdad de oportunidades, de modo que sea la capacidad de cada uno de ellos y no su origen social el factor que determine el horizonte al que puedan acceder.

La falta de educación no sólo se convierte en una de las principales causas de la desigualdad social sino que está en la base de los procesos de marginación, desocupación y violencia social que se incrementaron durante las últimas décadas.

Por ello los objetivos fijados consisten en crear condiciones para la igualdad de posibilidades de acceso a aprendizajes de calidad, universalizar el egreso de los niveles básico y medio, incorporar más tempranamente al jardín a los niños con mayores necesidades, integrar masivamente la alfabetización digital y en una segunda lengua a todas las escuelas, aumentar el nivel de exigencia y dedicación al estudio de nuestros alumnos, mejorar las condiciones de trabajo y capacitación de nuestros docentes , recuperar la posibilidad de contar con un sistema educativo nacional con estructuras y calidad más homogéneas.

Hemos priorizado las políticas educativas y científicas con el objetivo de revertir los principales aspectos de una crisis causada por décadas de desatención.

Hoy podemos decir con orgullo que en menos de dos años hemos más que duplicado el presupuesto educativo del Estado Nacional.

No existe en la historia argentina un incremento de tal magnitud. Sumando los recursos que en los últimos días hemos volcado hacia el presupuesto universitario podemos afirmar que nos encontramos ante la participación más alta de inversión educativa del Estado nacional tanto respecto de la inversión total en educación del país como del porcentaje del PBI nacional.

No es esta una cuestión menor. Baste recordar que hace apenas un poco más de un par de años algún breve ministro de economía sostenía que la solución del país pasaba por la reducción de su presupuesto universitario.



Estos recursos nos han permitido comenzar el proceso de construcción de escuelas nuevas más importante de las últimas décadas, contribuir con becas para estudiantes, libros, guardapolvos, computadoras, útiles escolares y apoyos monetarios a las escuelas más necesitadas para avanzar en la igualdad de oportunidades educativas para todos nuestros chicos y chicas.

También nos han permitido mejorar sustantivamente las condiciones salariales y laborales de nuestros docente. El incremento y la prórroga del incentivo docente, la reciente restitución de los derechos jubilatorios y el avance hacia un piso común de dignidad para el salario de maestros y profesores son ejemplos de esta postergada y merecida mejora.





Hace unos días, con motivo de anunciar algunas de estas mejoras pude recordar junto a docentes y dirigentes gremiales del sector que quien habla, a diferencia de muchos políticos, nunca había visitado la Carpa Blanca, pero que sin embargo, en estas decisiones y en otras tantas, estaba el espíritu de aquellas luchas.

Aquellos políticos dejaron en la carpa promesas que en el gobierno se encargaron de no cumplir y que tuvimos que pagar nosotros.

Sirva el ejercicio de memoria no como reproche sino como escuela de aprendizaje político por parte de cada argentino y de cada dirigente acerca de una forma distinta de hacer política. De un compromiso social diferente.

Pero no sólo hemos atendido el histórico deterioro de los aspectos materiales de las escuelas fortaleciendo las condiciones concretas con que se encuentran en las aulas diariamente docentes y alumnos.

También hemos dado enormes avances en dirección a estructurar un sistema educativo nacional profundamente fragmentado y anarquizado por falta de articulación entre las políticas juridisccionales y débil presencia del Estado Nacional.

En esta dirección hemos avanzado decididamente en generar parámetros nacionales que, con el acuerdo del Consejo Federal de Educación, permitan mejorar la calidad de la educación e igualar los aprendizajes que incorporan nuestros chicos y jóvenes en cualquier lugar del país donde vivan.



Esos parámetros nacionales, que nos permitirán homogeneizar los niveles de egreso de nuestros alumnos en todo el territorio nacional.

Así, entre otras acciones, hemos impulsado la Ley que fija un mínimo de 180 días de clase, los Núcleos Básicos de Aprendizaje que año por año proponen que es lo que nuestros alumnos deben aprender y modificado los mecanismos de evaluación para aumentar los niveles de exigencia y recuperar la cultura del esfuerzo que fuera patrimonio histórico de la educación argentina.

No menos esfuerzo presupuestario y político hemos volcado hacia las Universidades y el sistema científico-tecnológico.

Lo hemos hecho con profundo respeto por la autonomía académica y las características particulares que requiere la producción intelectual y científica.

Pero también compartiendo el compromiso de trabajar para mejorar la calidad académica, la excelencia y la pertinencia del trabajo a partir de generar desde el estado Nacional orientaciones claras respecto de la necesidad de volcar la formación de profesionales y la investigación científico tecnológica hacia las principales problemáticas sociales y productivas que enfrenta nuestro país.

Estamos convencidos que la creciente inversión que desarrollamos en este campo no favorece únicamente al sector social que puede acceder a los niveles superiores del sistema educativo.

Estamos invirtiendo en el conjunto de la sociedad, principalmente en quienes se benefician con el trabajo profesional y los avances científicos que producen nuestros egresados si, en lugar de encontrar otros destinos laborales fuera del país, se quedan para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida su pueblo.

Debemos expresar nuestro reconocimiento a la respuesta que hemos obtenido del conjunto de las Universidades y los Centros e Institutos de investigación científica.

Recuperando sus mejores tradiciones, vienen realizando grandes esfuerzos para volcar toda su potencialidad de trabajo y creación en las exigencias que requiere la construcción de un modelo de desarrollo alternativo.

Mejorar la educación es una tarea de largo plazo y deben fijarse los objetivos concretamente. Aspiramos a llegar en cinco años a destinarle por lo menos el 6 por ciento del PBI.

Como no queremos quedarnos en el simple discurso, hemos dispuesto que en un esfuerzo que vamos a compartir con las provincias que no puedan, a partir del mes de inicio de las clases, ambas jurisdicciones logremos que ningún docente de esta querida Patria quede por debajo de los 700 pesos.

Sabemos que esto no soluciona todo el problema, pero es un gran avance. El esfuerzo nacional, como en el tema del incentivo, y el esfuerzo que las Provincias hagan, será un aporte al mejor inicio del año escolar.

Debemos actuar con grandeza, participar ampliamente y favorecer la pluralidad, el desafío implica construir una sociedad del conocimiento, una sociedad donde la educación, la ciencia y la tecnología nos permitan acceder a los niveles de crecimiento e igualdad social que nuestros hijos se merecen.

En materia de relaciones federales entre la Nación y las Provincias, el Ministerio del Interior y el conjunto de la Administración Nacional han realizado una importante tarea de coordinación para que evitar que la existencia de distintas jurisdicciones opere en contra de los ciudadanos.

En materia electoral, en un hito que está destinado a producir cambios en nuestra cultura política, se ha sancionado la ley que posibilita la unificación de los comicios nacionales en una fecha permanente de nuestro calendario.

En materia de seguridad que encaramos como una política de estado, hemos retornado al esquema tradicional de concentrar en un ámbito propicio para la coordinación con las provincias el total de las fuerzas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad, Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y, ahora tambien, la recientemente creada Policía de Seguridad Aeroportuaria, integran un sistema civil de seguridad que respeta los lineamientos de la ley de Seguridad Interior y avanzan en la colaboración integrada.

La creación de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la conformación, con las Provincias, del Sistema Unico de Registros Criminales y la futura Red Unificada de Inteligencia Criminal, permitirán dotar de mayor eficiencia a la lucha contra los delitos, en especial los delitos graves.

Aunque se trata de un problema crónico que requerirá constantes esfuerzos para lograr avances sólidos que logren cambiar la percepción social, la coordinación detallada de esfuerzos con las Provincias, en especial con la que aparecía como el escenario más impactante en la materia, la Provincia de Buenos Aires, ha posibilitado desarticular las bandas profesionales más organizadas y limitado severamente la actividad de secuestros extorsivos que se desarrollaba, sobre todo en el conurbano.

Trabajamos incansablemente para lograr que el ejercicio del legítimo derecho ciudadano a expresarse libremente en reclamo de los más variados asuntos pueda realizarse en el marco del respeto a las leyes y los derechos de los demás ciudadanos.

La tarea disuasiva que se despliega, con personal desarmado e identificado, altamente capacitado para contener y prevenir desmanes, está dando frutos y se percibe una sensible mejoría que la ciudadanía advierte, valora y reclama.

Un despliegue permanente e incansable para lograr niveles de seguridad ciudadana propios de un país normal, infatigable vigilia para impedir la repetición de actos terroristas, constante alerta y lucha contra el narcotráfico y su versión económica, el lavado de dinero son las tareas en que diariamente debemos ocuparnos.

Por supuesto, la mejoría no llegará a la supresión total de ninguno de esos delitos, pero lo más importante es que nuestra acción ponga a los delincuentes a la defensiva y quede establecido que no habrá lugar para la impunidad ni el silencio cómplice.

Se trata de trocar el escenario de la corrupción estructural por un escenario hostil a la violación de las normas, y en este sentido podemos analizar como caso testigo el episodio de narcotráfico descubierto en Ezeiza en el que estaría involucrado el hijo del jefe aeronáutico del aeropuerto e integrantes de una empresa privada, circunstancia que, conocida por sus superiores, no bastó para la separación inmediata.

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