Otra del Ministro Alen, corrupto y caradura
Por Colu - Tuesday, Mar. 22, 2005 at 12:53 PM

Luis Alen habría intentado usar 200 mil pesos que estaban asignados para equipar a la Policía para otros fines. Mientras tanto, la principal fuerza de seguridad local padece de las mismas carencias que en abril de 2004, cuando la Intervención Federal llegó a esta provincia. ¿Otro ejemplo de la transparencia federal?.

Parte de los anexos del informe que Pablo Lanusse dice presentar ante el Congreso de la Nación y ante el presidente Néstor Kichner, están elaborados por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Luis Hipólito Alen.
Es muy seguro que el barbado funcionario federal da cuenta de los logros que supuestamente tuvo durante su gestión al frente de una de las áreas más importantes del gabinete de la Intervención Federal.
También debe resultar innegable que Alen se equivoca y miente a sus “superiores” ya que desde su asunción en el cargo, ninguno de sus actos le valió el reconocimiento popular y, menos aún, de los especialistas en materia de seguridad y justicia.

CARENCIAS
La creación de foros de seguridad, de los cuales participan vecinos y policías, o la puesta en función de oficinas judiciales y de Juzgados del Crimen en todo el interior provincial o el ingreso de nuevos integrantes a la principal fuerza de seguridad de la provincia quedan tapados por los numerosos problemas que se suscitaron desde abril de 2004 a la fecha y que nunca supo resolver.
Alen jamás dotó a la Policía del equipamiento necesario para optimizar su funcionamiento. No sirve de nada entregar mobiliario, computadoras o resmas de papel.
Sus reiteradas críticas hacia el desempeño de los integrantes de dicha institución no se tradujeron en acciones centrales para cambiar de manera rotunda la imagen de la misma.
Tampoco le brindó a los comandantes de Gendarmería Nacional de los instrumentos vitales para desplegar una conducción medianamente eficaz.
En lugar de ello, prefirió utilizar fondos asignados a tales efectos para solventar otros gastos que, a criterio del ministro, se les asignaba el rótulo de necesarios.
Un ejemplo claro de la actividad desarrollada por este funcionario está representado por el expediente 352, código 125, iniciado con fecha 1 de febrero de 2005. Mediante este trámite, Alen pretendía sacar dinero que forma parte del presupuesto de la Policía para “regalar” esa plata a quienes él quisiera.
Fue a través de una resolución del Ministerio de Economía, Serie “B” Nº090, Alen consiguió la creación de una partida presupuestaria de 200 mil pesos caratulada “Subsidios a determinar por este organismo”, dinero afectado a la partida principal denominada “Equipos de Seguridad”.

MUCHA PLATA
Lo sugestivo de esta partida presupuestaria, asignada al Ministerio de Justicia y Seguridad a mediados de febrero, es que no se consigna el destino que se le imprimirá a dichos fondos, dejando al libre albedrío de la comunidad la posibilidad de dudar sobre la legalidad y legitimidad de la utilización de estos 200 mil pesos.
Una de las primeras especulaciones que se hizo en torno a este caso fue que Alen habría de enviar casi tres cuartas partes de ese presupuesto para colaborar con una escuela del interior provincial.
Pero resulta llamativo que este organismo de gobierno sea quien decida ayudar a un establecimiento escolar cuando tal acción le correspondería a la Secretaría de Educación.
Es que las “donaciones” del barbado ministro, a esta altura de la gestión federal, ya no resultan sorprendentes.
Tiempo antes de las elecciones generales, Alen se hizo el “Papa Noél” de los partidos políticos y no tuvo mejor idea que quitarle fondos a la Policía para entregárselos al Movimiento Teresa Vive, liderado por Mario Castillo, el que también se hizo acreedor de una computadora de última generación por decisión de este funcionario.

SIN RETORNO
Una de las características de la gestión de Luis Alen, como también del resto de las autoridades de la Intervención, es el envío de dinero bajo la denominación de subsidios sin rendición. Ello se presume contrario a los preceptos de transparencia debido a que estos fondos nunca tienen retorno, no se llevan archivos de facturaciones que justifiquen la utilización de esa plata.
Otra de las hipótesis que surgió a partir de que se conoció de la resolución Nº090 es que la plata, que debía ser destinada al equipamiento de la Policía local, podría ir a parar a las arcas de algunos empleados contratados en dicha repartición gubernamental, a manera de solucionar algunos problemas contractuales contraídos por este organismo.
“A Zamora le van a quedar varios muertos por levantar”, explicaba un allegado al Ministerio de Justicia y Seguridad. De esta dependencia gubernamental se desprenden otras dos áreas importantes, las cuales tienen el rango de subsecretarías.
A través de ellas asumió obligaciones con diferentes proveedores del Estado pero hasta el momento, los empresarios, deambulan por la Casa de Gobierno a la espera que este ministro firme las respectivas autorizaciones de pago. Según se pudo conocer, casi la mitad del presupuesto establecido para el corriente año ya estaría afectado a pagar las operaciones comerciales realizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, por lo que la nueva administración de gobierno deberá contemplar la posibilidad de extraer más fondos de sus reservas para hacer frente a las necesidades que se presenten en el segundo semestre del corriente año.
Quedan algunos interrogantes más por dilucidar, en especial, de parte del propio Luis Alen. La sanción de una Ley (acceso a la información), que permite conocer todos y cada uno de los actos de gobierno, podría comenzar a implementarse a partir de este momento aunque es bien cierto que hasta el momento, ninguna de las autoridades de turno se ha dignado en transparentar sus respectivas gestiones

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